La gran estafa

El Presidente de la República acaba de respaldar políticamente la denuncia realizada por la Ministra de La Mujer, Virginia Borra, acerca de que el Censo Nacional aplicado el año pasado por el INEI, bajo la administración de Farid Matuk, ha sido una "estafa" a todos los peruanos. Estas fueron sus palabras:

Ese censo fue una estafa porque no se hizo en el mismo momento y en todo el Perú. En realidad, se hizo un muestreo cuyos resultados se están proyectando a nivel nacional

Asimismo, el Presidente de la República argumentó que este procedimiento ha ocasionado que algunos distritos no han mostrado un crecimiento en el número de habitantes, hecho que contrastaría seriamente con la realidad. Cabe recordar que ya el Primer Ministro había respaldado previamente a la Ministra, quien hace algunas semanas fue puesta en el ojo de la tormenta por la contratación de personal que carecía de las condiciones mínimas para cumplir adecuadamente con las responsabilidades de la alta dirección en su despacho.

Por su parte, Farid Matuk, ha esbozado dos argumentos centrales: el debilitamiento del sistema de monitoreo nacional impulsado por organismos multilaterales como el Banco Mundial , el BID y la CEPAL (el cual sirve para evaluar los avances o retrocesos en torno a problemas centrales de nuestra sociedad como lo son la desnutrición y la pobreza) ya que no se ha designado hasta la fecha al nuevo Jefe del INEI desde hace más de tres meses de su renuncia; y por otra parte, el hecho de que las cifras del censo ya han sido utilizadas por el actual gobierno para establecer sus principales objetivos políticos como reducir la pobreza desde 48% y la desnutrición desde 25% a 20%. Con ello argumentó que el Presidente "no esta informado" o que la Ministra habla simplemente por "ignorancia".

Sea como fuera, la declaración de Alan García se realizó en el marco de una reunión realizada con los virtuales alcaldes de Lima Metropolitana, donde la mayoría de ellos han declarado que el INEI habría subestimado el verdadero número de habitantes de sus respectivos distritos lo que afecta en buena cuenta el monto de ingresos que les corresponde según la ley municipal de asignación de recursos del FONCOMUN. Léase por ejemplo las declaraciones de los virtuales alcaldes de Comas, San Martín entre otros aquí. No obstante, la propia ley marco para la distribución de recursos advierte que no necesariamente el tener una mayor población relativa se traduce en una mayor asignación puesto que se deben tomar en cuenta una serie de indicadores relativos a las necesidades básicas insatisfechas para priorizar el gasto según las características de cada distrito (véase paso 2):

Para los municipios de las provincias de Lima y Callao, los siguientes criterios que buscan favorecer a la zona que presenta mayores necesidades básicas insatisfechas:

• Población
• Tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años
• Hogares que se caracterizan por tener al menos un niño que no asiste a la escuela
• Hogares sin agua dentro de la vivienda
• Hogares sin desagüe dentro de la vivienda
• Hogares sin alumbrado eléctrico
• Hogares con vivienda improvisada
• Hogares con 3 o más personas por dormitorio

Es decir, el hecho de que existan condiciones agravadas de pobreza en un determinado distrito limeño, aparte del efecto poblacional, aseguraría una mayor provisión de recursos a favor del mismo (Véa aquí el mapa del Perú que representa la distribución de los recursos 2006 usando el Censo 2005). Dado que en general para la mayoría de distritos limeños las condiciones de pobreza son estacionarias o propensas a decaer, existe un incentivo natural para los nuevos alcaldes (que ni siquiera han sido oficializados sus cargos) para declarar que el Censo no sirve y que es necesario recontar a los pobladores de sus respectivos distritos. La hipótesis es por lo tanto que un nuevo censo debería encontrar un mayor número de ciudadanos que los que se contó el año pasado, cuestión bastante lógica, al menos por definición. Estaríamos tomando una medición en un año distinto al que se realizó la anterior medición oficial, por lo tanto debería existir una variación natural en el número de habitantes. Pero probablemente, los virtuales alcaldes estén deseando encontrar un número significativamente mayor al estimado por el INEI el año pasado, cuestión que operacionalmente es difícil de estimar.

Qué ganarán los alcaldes con un nuevo censo? Particularmente, creo que nada adicional. Probablemente el nuevo censo encuentre un número mayor de pobladores corroborando las presunciones de los alcaldes de manera independiente, pero este mismo resultado anulará las posibilidades de obtener algunos soles de más para su distrito que sus contrapartes puesto que los otros distritos también habrán crecido poblacionalmente en similar proporción. Habrán sido los "tontos útiles" de esta jugada maestra.

Qué ganará el APRA? Pues creo que mucho. Aparte de ganar tiempo para buscar y elegir a su nuevo pontífice estadístico, conseguirá reestimar la línea de base para evaluar el progreso de su gobierno. En ese sentido, no creo que la hipótesis de Matuk sea viable. Creo que el APRA no quiere desmantelar el sistema de monitoreo. Sólo quiere redefinir sus valores de inicio, lo que según el discurso presidencial de apertura involucra probar que el nivel de pobreza heredado era más elevado de lo que se pensaba. Un valor apetecible puede ser el 54% de pobreza observado en el 2000 por ejemplo. De esta manera, al término de los cinco años reglamentarios de gobierno, si obtenemos un 45% de pobreza en vez de haber obtenido un magro éxito de 3 puntos porcentuales, el efecto puede ser mucho mayor: 9 puntos de reducción. Con este logro, el APRA habrá logrado pasar a la historia como el gobierno más exitoso de la moderna democracia peruana y así borrar su tormentoso pasado.

El Banco Mundial y otras entidades ganarán una nueva oportunidad para hacer estudios o colocar algún nuevo crédito para la realización del nuevo censo, si es que están dispuestos a refinanciar este estudio, en caso que otras entidades o gobiernos lo hagan antes.

Un ganador imprevisible sería el inefable profesor Félix Murillo, quien luego de tantas condecoraciones otorgadas por el Fujimorismo, podría ser nuevamente convocado para dirigir otra vez al INEI, ya que sería el único profesional experimentado frente a otros respetables competidores en la conducción de estos menesteres. Hasta ahora me causa cierta gracia la vez que lo encontré vendiendo libros de computación en una de las últimas ferias del libro Ricardo Palma que se dan en la comuna miraflorina. Pues es posible que deje de escribir e imprimir estos manuales para escribir e imprimir la historia cuantitativa económica y social de nuestro país.

Los grandes perdedores: Farid Matuk con algunas críticas y demandas adicionales en su haber que minarán aún más su capacidad de aparecer como un técnico respetable (algo que parece que nunca ha podido desarrollar durante su gestión frente al INEI); Alejandro Toledo, como el presidente que no redujo la pobreza a pesar del crecimiento económico sostenido observado durante su gobierno; otros políticos y tecnócratas más que me faltan identificar por algo de sueño que me embarga en este momento.

No quiero terminar sin embargo sin evaluar si la población en general es un ganador o perdedor de este juego. Creo que es un perdedor, pues finalmente el APRA estaría quebrando un sistema de censo decenal implementado durante la gestión anterior. Este censo tiene una metodología de recojo de datos anual que permite generar información útil con representatividad provincial con sólo un año de desfase (metodología que podemos denominar "censo película") el que se inicia con el conteo que hemos visto el año pasado; algo que es técnicamente imposible de obtener con la metodología del censo "fotografía" que era el que se utilizaba antiguamente. Los problemas del censo "fotografía" son serios pues la información "envejece" rápidamente y no sirven para evaluar los niveles de vida de manera tan dinámica como con la otra metodología. Además, es más difícil pelear por un presupuesto del "censo fotografía" cada diez años que tener una partida dedicada para medir los cambios demográficos anualmente a través del "censo película".

En conclusión, la gran estafa, con afán de remisión política a costa de la realización de un nuevo censo con una metodología en desuso, ya se está gestando.

Estado laico peruano: E pur si mouve!

Acaba de darse un paso importante a favor de la necesaria separación entre el Estado y la iglesia en nuestro país, aquella separación que forma parte troncal de la discusión teórica acerca del Estado moderno promovida por sendas figuras de la ciencia política como Maquiavelo, Hobbes, Locke, Hegel entre otros. El disparador? La reciente resolución del Tribunal Constitucional sobre el uso o no del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), el cual notifica su decisión a la ciudadanía de esta manera:

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar fundada la demanda de cumplimiento, interpuesta por un grupo de ciudadanas contra el Ministerio de Salud para que se garantice la información y la previsión sobre el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) en todos los establecimientos de salud a su cargo en estricto acatamiento de las normas técnicas vigentes, debidamente aprobadas por el propio Ministerio, y del mandato constitucional de eficacia de los mandatos legales y de los actos administrativos.

El texto completo de la resolución puede verse aquí. A pesar de este avance, la reforma todavía es parcial en lo que corresponde a la puesta en punto de las políticas de salud sexual y de salud reproductiva ya que contienen varias aristas que es necesario conciliar, tal como lo señalan diversos especialistas.

Todavía no hemos visto la reacción de la Iglesia. Puede ser que la respuesta natural se parezca a la realizada por las autoridades eclesiásticas de la época de Galileo con el propio Galileo, aunque esta vez puede aparecer revestida con el poder de una base científica antes que la sola interpretación católica enarbolada entonces. No obstante, como bien han revelado Kuhn, Habermass, Sartori y otros, la ciencia en realidad no es objetiva. Es objetivada por el consenso. Es un proceso político ganado por un paradigma particular.

Con todo, el actual Ministro de Salud, Carlos Vallejos, ya ha señalado una clara posición en favor de un Estado peruano moderno y neutral: cada ciudadano es libre de escoger el sistema de planificación familiar más conveniente de acuerdo a sus principios y criterios. Y estos principios y criterios pueden ser promovidos por las distintas iglesias que forman parte de nuestra sociedad. El ciudadano elegirá sobre la base de su libre albedrío cual se ajusta más a su subjetividad. La mayor competencia y tolerancia entre religiones favorecerá la religiosidad de la población peruana tal como lo sustenta Richard Posner en su libro Análisis Económico del Derecho, argumento que ya habíamos presentado en su momento.

El paso hacia la modernidad del Estado peruano, contra vientos de intolerancia y tutelaje, hace que exclame con optimismo: E pur si mouve!

Dinámica del sistema de partidos políticos peruano

En contraste con el análisis unidimensional numérico de clasificación de los sistemas de partidos políticos realizado por Maurice Duverger en su libro Los partidos políticos, Giovanni Sartori construye una teoría más amplia para describir lo que sería una tipología de los sistemas de partidos políticos según el grado de fragmentación y de polarización que los partidos tienen entre sí. La ventaja de esta segunda aproximación es que explica con mayor naturalidad y precisión la dinámica de poder existente en los sistemas políticos de diferentes países del mundo.

Por ejemplo, en el caso peruano, a partir de los noventa, cabe destacar como el sistema político peruano se comportó en un primer momento mostrando las características de un partido hegemónico. En efecto, la presencia de varios partidos contendientes con el partido de gobierno fujimorista no significaba que este fuera un sistema de partidos competitivo. Todo lo contrario. Este era más bien un sistema no competitivo pues el gobierno Fujimorista impedía una competencia oficial por el poder (ya sea por la vía jurídica o de facto) haciendo todo lo posible para que estos no contaran con las condiciones mínimas de equidad en cada proceso electoral. De esta manera no se podía asegurar que hubiera alguna posibilidad de alternancia en el poder donde Fujimori despotricaba cada vez que podía a los partidos políticos existentes a la vez que contaba con el apoyo mayoritario de la población.

Luego, en las elecciones entre Toledo y Fujimori, se podría hablar que apareció brevemente un sistema de pluralismo moderado, con tendencia bipartidista, puesto que aunque estaban presentes la mayoría de los partidos de oposición que en el sistema hegemónico eran “partidos de segunda”, ellos cobraron cierta capacidad de coalición para dar soporte político a la principal figura carismática opositora del Fujimorismo: Alejandro Toledo. Por esto se podría decir que era un sistema competitivo compuesto aparentemente de dos fuerzas opositoras, pragmáticamente distantes (uno democrático y el otro corrupto), siendo una de ellas la que concentraba a varios partidos de oposición débilmente coalicionados y la otra ubicada en el oficialismo. Cualquiera de los dos podía obtener el poder con apretada diferencia electoral.

Al término del gobierno de Toledo, se inició una nueva competencia electoral que tiene visos de convertirse de un sistema bipartidista medianamente polarizado (en las elecciones presidenciales) a uno de pluralismo altamente fragmentado mas no necesariamente polarizado (en las recientes elecciones municipales). Esto se debe a que en el primer caso, el competidor más importante de los partidos más democráticos (Alan García y Lourdes Flores) era Ollanta Humala el que estableció un discurso belicista y hasta cierto punto ideológicamente conflictivo con las otras opciones. En la segunda vuelta electoral, el grado de polarización se incrementó de tal manera que el hecho de haber ganado Alan García determinó la fragmentación atomizada de la representación que intentaba cohesionar Ollanta Humala.

No obstante, lo curioso del anterior fenómeno es que este ha estado acompañado por el proceso de fragmentación interna del partido aprista. En efecto, la dirigencia aprista no ha podido mantener la cohesión política y electoral a favor de su partido. Esto podría explicarse en parte a los resultados adversos de continuar con la campaña de derechización del APRA para ganar votos durante las elecciones presidenciales que se tradujo luego en la no provisión de cargos públicos a los miembros del partido por el sólo hecho de contar con el carnet aprista. Un mecanismo subyacente puede explicar este cambio de sistema político tan vertiginoso: el elector peruano tiene un comportamiento distinto según el espacio y momento político que corresponda.

Efectivamente, el peruano parece no tener lealtades políticas. Sólo se configuran comportamientos buscadores de renta. Es probable por ejemplo que durante las elecciones presidenciales, el APRA haya tenido una mayor preferencia electoral ante la expectativa de lograr puestos de trabajo en un futuro gobierno. En las elecciones municipales, las contiendas políticas locales cobran mayor relevancia y el partido aprista aparece lejana en la ciudad capital y por lo tanto irrelevante para elegirlo en la boleta electoral. Sea como fuere, Giovanni Sartori, permite ordenar la discusión acerca de la dinámica electoral y su análisis conduce a implementar políticas que mejoren el nivel de institucionalidad democrática para beneficio de la ciudadanía y la representación.

La política de dar las espaldas

Leyendo un artículo del suplemento dominical del Diario El Comercio titulado "El terrible mercado de imágenes: ley de cine, sí" escrito por Ricardo Bedoya (5/nov/2006/pág. 13), quedé impresionado por el diagnóstico realizado por este especialista sobre el mercado que afrontan los productores de películas peruanas frente a los productores hollywoodenses. Veamos a continuación:

El cinematográfico es un mercado distorsionado, desigual, manejado por un oligopolio hegemónico, excluyente, restrictivo, que admite solo más de lo mismo, es decir, películas que llegan a las salas con sus costos de producción pagados por la exhibición internacional y amparadas en campañas publicitarias de dimensión planetaria.

Es esto cierto? Antes de responder a esta pregunta, primero es necesario destacar algo de teoría. Desde el punto de vista formal, la afirmación propuesta por Bedoya pertenece al ala reformista o intervencionista del debate iniciado a principios del siglo XIX entre los economistas y filósofos europeos sobre si el orden económico de un país debía ser dejado a la mano invisible propuesta por Adam Smith ("dejar hacer, dejar pasar") o si por el contrario debía proponerse la intervención del Estado para lograr el bienestar de la población.

Según Smith, el bienestar agregado de una población podía alcanzarse si se le dejaba al libre albedrío a las personas para que produjeran bienes y servicios para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, el egoismo de cada persona en la sociedad motivará a que uno ofrezca bienes o servicios a los demás, no por el bienestar de los otros, sino el de uno mismo. Esto traerá como resultado que haya un mayor bienestar general como si una mano invisible hubiera estado conduciendo a todos inconcientemente a este resultado. En este esquema, como es evidente, no hay espacio para el intervencionismo estatal.

No obstante, con la crisis social y económica acaecida luego de algunos años de apogeo de la revolución industrial, que reveló la aparición de un ejército de trabajadores con sus familias pobres y huérfanos en las calles, propuso las coordenadas para la aparición de las ideas reformistas que proponían la necesidad de intervención del Estado para resolver estos problemas. Los escritos más sombríos sobre los perversos efectos del capitalismo sobre la sociedad y el individuo se escribieron desde esta ala reformista y son los que han servido de insumo e inspiración para un conjunto de políticas integradoras de la sociedad, las llamadas políticas sociales. Personajes como Malthus, Marx, Sismondi, entre otros nombres pueden asociarse con este torrente intelectual.

A pesar de lo señalado, la post modernidad parecería estar enseñándonos que ambos debates no son necesariamente divergentes. Quizá nunca estuvieron en conflicto en la práctica. Existen espacios de integración entre estas perspectivas que pueden combinar el diseño y la implementación de políticas de libre mercado en el marco de un Estado fuertemente promotor del bienestar social, en tanto y en cuanto, exista un liderazgo y un plan de desarrollo claramento definido. Esto es algo que en mi opinión adolece nuestro país. Aplicando la ley a favor de determinados sectores productivos se puede elevar el nivel de competitividad de los mismos.

En efecto, el Fujimorismo de principios de los noventa implementó políticas inspiradas en la consigna "solo mercado" arrasando con las medidas que protegían a una serie de mercados que naturalmente se encontraban en desventaja frente a la competitividad mundial. Adicionalmente, arrasó también con una serie de medidas que tenían como objetivo invertir, apostar, dinamizar o nivelar algunos sectores productivos como el que motivó mi indagación para este post: la industria del cine, que en realidad, en mi concepción, tiene una propuesta más abarcadora, la industria del arte que incluyen al teatro, la pintura, la música, la escultura, etc. En una sola palabra, el arte.

A pesar de la agria experiencia con el Fujimorismo, la industria del cine ha establecido algunas acciones competitivas para compensar un ambiente interno tan adverso. Como resultado, cada vez más y con mayor frecuencia que antes se presentan películas de buena manufactura nacional. Muchas veces existe una subvención cruzada desde los medios de comunicación (prensa escrita y televisión) para asegurar el máximo de taquilla en la presentación de estas películas. Tómese por ejemplo el reciente caso de los dibujos animados por computadora (Dragones, destino de fuego y Piratas del Callao de la firma peruana Alpamayo Entertainment) ambos inspirados en los cuentos de Hernán Garrido Lecca, actual Ministro de Vivienda del gobierno aprista. La cinta Dragones... obtuvo un récord de taquilla de más de 90 mil espectadores en sus primeros cuatro días de estreno que superaba a producciones extranjeras como Superman Regresa, Cars, entre otras superproducciones hollywoodenses. Resultados positivos también se han encontrado con Madeinusa de la novel directora Claudia Llosa o la reciente Mariposa Negra del veterano Francisco Lombardi, los que han tenido que buscar financiamiento en fuentes alternativas frente a la inmovilidad del Estado peruano (que no es exclusiva para esta industria), ganando concursos internacionales o siguiendo estrategias tipo joint venture con productores y actores de países con mayor desarrollo comercial que el nuestro. Y no solamente en temas que lindan con la realidad y la ficción, sino también en diversos interesantes documentales como el reciente De Arequipa a la luna, del cineasta Alvaro Mejía.

Cabe resaltar que los escritores peruanos tienen una notable capacidad para proveer de ideas para ser presentadas en el cine como auténticos blockbusters. Tómese por ejemplo el caso de La mujer de mi hermano, película inspirada en una novela escrita por el multifacético Jaime Bayly. O sino la cinta La Fiesta del Chivo que lleva el mismo nombre de la novela escrita por el reconocido Mario Vargas Llosa.

Es decir que, a pesar que el Estado peruano no ha cumplido con su compromiso (ley 26370) de entregar el 100% de los recursos destinados para fomentar la industria del cine local (al parecer sólo ha entregado entre el 10 y el 12% de los aproximadamente millón y medio de dólares anuales), existe un potencial peruano en la industria del cine que está dando sus resultados. Los recursos contenidos o promovidos por esta ley permitirán establecer un fondo concursable para promover iniciativas cinematográficas de mayor alcance y calidad a las ya presentadas. Es una suerte de apalancamiento que los llevará a un mayor nivel de productividad y eficiencia en el mercado local y global. Puede ser que incluso esto significa que el Estado estarían "nivelando el piso" desde el cual competir con otras productoras. Desde ese punto de vista, estoy de acuerdo con las siguientes afirmaciones de Bedoya:

(...) Las leyes de cine no son mecanismos proteccionistas y creadores de privilegios como alguien ha dicho. Al contrario, son normas que aplican correctivos para que las películas del país encuentren las condiciones mínimas de equidad para competir en un mercado que no es libre ni igual para todos (...)

(...) Al Estado se le pide que reconozaca esa realidad tratando de compensar las distorsiones y no regalando dinero o financiando películas con recursos públicos. La incumplida ley de cine no es una piñata. Los premios que otorga a los mejores proyectos cubren apenas una parte del costo de producción. El resto debe ser financiado por los propios productores, hallando inversionistas nacionales o extranjeros (...)

Qué otros mercados funcionan como las señaladas por la industria del cine? Pues se pueden identificar varias, por su gran similitud en el tipo de relación que establece el Estado con ellas: la política de dar las espaldas. Estas se aplican en temas que están tan estrechamente relacionados al peruano como ser humano como lo son los deportes alternativos al fútbol (surf, artes marciales, vóley, natación, gimnasia, etc.), el libro (en sus diferentes formas), el artista, la educación básica, la investigación, etc, etc. Hasta cuando será posible que el Estado peruano se comporte como quien tiene que pedir limosnas para promover ayuda social en nuestro país? No sería más eficiente y competitivo implementar la reforma tributaria que elimine las exoneraciones de una serie de sectores privilegiados de nuestra economía para promover otros negocios en el país? En el caso de las mineras, por qué se ha llevado la discusión por el lado de los impuestos a las sobreganancias en vez de discutir el modelo de crecimiento que surgió luego de sufrida la enfermedad holandesa y entonces provocar la reforma? Este es un tema que merece mayor análisis que espero abordar en un próximo post.
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- El cuadro pertenece a Salvador Dalí titulado "Muchacha de espalda" pintado en 1925.

El hombre que depuraba

Mauricio Mulder, abogado, congresista y secretario general del Partido Aprista Peruano, señaló en una reciente entrevista al diario El Comercio (12/nov) la cantidad aproximada de militantes que su partido tenía:

"Eso no es real [que el PAP tenga 800 mil militantes en su padrón], el partido tiene menos. Debe tener 300 mil o 350 mil. Y activos deben ser 100 mil militantes".

Este dato contrasta abiertamente con la información preliminar proporcionada el 7 de agosto, por el director nacional de Organización y Movilización del Apra, Wilber Bendezú, quien manifestó que tenían alrededor de 650 mil militantes en su padrón. Este directivo aprista mencionó que en la semana de la entrevista iban a colocar su padrón de militantes en Internet, tal como ya lo han hecho otros partidos como Perú Posible y Somos Perú según lo ordena la respectiva Ley de Partidos Políticos. Ello nunca ocurrió quiza porque la propia ley no propone ninguna sanción al respecto. En efecto, lo que la ley de partidos políticos señala es lo siguiente (Titulo IV, art 18):

Artículo 18°.- De la afiliación

Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a un partido político. Deben presentar una declaración jurada de no pertenecer a otro partido político, además de cumplir con los requisitos que establezca el Estatuto.

Quienes se afilien a un partido político durante el período a que se contrae el artículo 4° de esta ley, sólo adquieren los derechos que su Estatuto contempla a los cuatro meses de concluido el proceso electoral.

El partido político entrega una vez al año el padrón de afiliados actualizado al Registro de Organizaciones Políticas para su publicación en su página electrónica.

No podrán inscribirse, como candidatos en otros partidos políticos, movimientos u organizaciones políticas locales, los afiliados a un partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con cinco meses de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral que corresponda, o cuenten con autorización expresa del partido político al que pertenecen, la cual debe adjuntarse a la solicitud de inscripción, y que éste no presente candidato en la respectiva circunscripción. No se podrá postular por más de una lista de candidatos. (subrayados del autor)

Cabe destacar, que en este artículo así como en el resto de ellos no se utiliza la palabra "militante". Unicamente se conoce al "afiliado". Así, de acuerdo con las palabras de Mulder, y usando la terminología apropiada de acuerdo con la ley, su despacho estaría realizando la depuración de los 800, 650 ó 100 mil "afiliados" que tendría su partido desde el mes de marzo del presente. Los procedimientos seguidos son el cruce de información con "... Reniec, Infocorp, certificados de antecedentes penales y del registro judicial de condena...".

Lo curioso de estas declaraciones es que ninguno de estos registros contiene información sobre la militancia o no de los miembros, sino más bien acerca de su historia crediticia, si forman parte del cuerpo electoral y si tienen antecedentes penales o judiciales de algún tipo. Está claro que se entrecruzan dos razones políticas para que el Apra no haya publicado su padrón en la internet como lo menciona la ley:

• La detección por parte de la Prensa de dos "militantes" (al parecer de larga data) vinculados estrechamente con el narcotráfico. Las supuestas oscuras relaciones entre el APRA y grupos paramilitares, terroristas y de narcotráfico han sido material para escribir un sinúmero de ensayos. Creo
• La auto cuestionada metodología de inscripción de "militantes" realizada el 2002 la cual, según el propio Secretario General, se realizó de manera "desordenada en la puerta de los mercados y en varios lugares públicos...". Probablemente, la gran motivación para inscribir a los afiliados de manera tan abierta haya sido la posibilidad de obtener el carnet aprista y con ello asegurarse una opción laboral dentro del sector público. Esta es una hipótesis que en la práctica la población maneja en su imaginario y que eventualmente está promoviéndose al interior del aparato estatal tal y como fue durante fines de los años ochenta.
  

Qué nos dice la ciencia política respecto a los términos que hemos estado utilizando casi indistintamente para aquellos que se vinculan a un partido político? El grado de participación de las personas respecto de un partido político ha sido conceptualizado por Duverger en su famoso libro Los Partidos Políticos (2006:120 en adelante), posteriormente explicado y ampliado por Panebianco (en su libro Modelos de Partido, 1990:69 en adelante), en al menos tres círculos concéntricos definidos a continuación:

1. Electores: son los que votan por los candidatos propuestos por el partido cada vez que se organizan elecciones.
2. Afiliados o simpatizantes: es algo más que un elector pero menos que un militante, ya que no sólo vota por el partido sino que también lo defiende (puede ser en las conversaciones coloquiales entre amigos o familiares) y lo subvenciona si es preciso en ocasiones llegando a ocupar algunos cargos periféricos a la organización política, pero no forma parte del núcleo central dirigencial del partido. Duverger llega a comparar a este tipo de personas como aquellos que no tienen una adhesión formal (no han firmado ningún documento) al partido como si de un concubinato si hablara en contraste con la idea de formalidad de la relación que se daría en un matrimonio.
3. Militantes: usando las palabras de Duverger "(...) éstos se consideran miembros del partido, elementos de su comunidad; aseguran su organización y su funcionamiento: desarrollan su propaganda y su actividad general. Los miembros de comités de los partidos de cuadros son militantes".

Dado que los afiliados no son militantes, la ley contendría un contrasentido pues obliga (afortunadamente sin penalizar) que se registre una persona como si tuviera un comprometimiento formal con el. El grado de compromiso variará según la particular distribución de incentivos colectivos (identidad) e incentivos selectivos (materiales, cargos, entre otros) que ofrezca el partido hacia ellos, tal como lo recuerda Panebianco. Duverger tiene problemas para operacionalizar el número de afiliados por la vaguedad de su definición. Una estrategia recomendada por este autor sería por ejemplo saber cuántos leen el periódico del partido el cual se podría estimar por el tiraje vendido del mismo. No obstante, un ejemplar pueden ser leídos por dos o tres. O sino, no necesariamente puede un afiliado estar interesado en comprar el diario del partido. Por eso termina por recomendar la aplicación de una encuesta para realizar la medición de este círculo.

Mediciones que pueden aproximarse a la magnitud de la militancia y la afiliación se encuentran en las encuestas realizadas por la Universidad de Lima , aunque desfortunadamente no están asociadas a un partido en particular. Así que sería la medición de las personas que pertenecerían a los círculos concéntricos de los partidos vigentes en las fechas en que se aplicaron las encuestas. De acuerdo con ellas tenemos las siguientes estimaciones:

	set 2003	Jun 2004	oct 2005
Militantes %	9.0	9.3	6.0
Simpatizantes %	39.7	n.d.	31.4

Estos datos han sido estimados utilizando encuestas probabilísticas polietápicas de alrededor de 600 personas entrevistadas (error 4.03%, nivel de confianza 95.5%) para los residentes de Lima Metropolitana y el Callao entre 18 y 70 años, que son los que forman parte del cuerpo electoral activo en cada sufragio. Si prorrateamos estos datos podríamos decir que habrían un poco más de 318 mil militantes sólo en Lima y Callao y cerca de 1.9 millones de personas que son simpatizantes de algún partido político vigente a la fecha en tales periodos. Respecto a la primera cifra, esta no está muy lejana de los 200 mil militantes que en algún momento estimó el secretario de la ONG Transparencia. En cuanto a la segunda, es un número exagerado? pues falta realizar una mayor cantidad de mediciones a través de encuestas que puedan confirmar esta evidencia. Hasta que no las tengamos, esta es la aproximación es la más concreta al respecto. A menos que nos pongamos a cuestionar la metodología implementada por la Universidad de Lima en estas encuestas, las que en general ya tienen un conjunto de técnicas estandarizadas que son de dominio público en la academia. Por otra parte, es necesario manifestar con claridad que he aplicado estos porcentajes a la cantidad total de personas que forman parte del padrón electoral del 2006 preparado por el RENIEC el cual de hecho contiene un fuerte componente de datos sin depurar (ya sea por muertes, viajes al exterior, subregistro, etc.) que no son captados con eficacia al cierre del mismo.

Qué parte de los casi 320 mil militantes estimados por la U. de Lima para la capital peruana forman parte del APRA? Es probable que Mulder no esté muy lejos de sus cálculos que ha realizado quizá "a ojo de buen cubero" estimados en casi 100 mil. Este grupo habría asegurado el voto de los 868 mil que estimaron su preferencia en al partido de la estrella, los que en rigor representan menos del 15% del padrón electoral. Si estos dan el límite del círculo concéntrico periférico, está claro que en el esquema de Duverger los simpatizantes deben conformar un número menor o igual a este límite. Es probable que el Secretario del partido aprista se habría referido a este límite electoral como su probable número de personas a ubicar en su registro, lo cual por definición es imposible de lograr. Con todo, podemos realizar el análisis, grosso modo, de la estructura de participación del partido aprista: 100 mil militantes, un tercio de millón de simpatizantes y un gaseoso número de electores fieles o advenedizos de entre 300 a 400 mil electores más.

Mientras Mauricio Mulder, el hombre que calcula o mejor dicho depuraba, estime el número real de sus militantes, químicamente estéril y religiosamente inmaculado, podremos tener una idea de la capacidad del partido para proponer un encauzamiento de la voluntad popular y la democracia en nuestro país. Por lo pronto, el partido sólo brinda información de su cúpula dirigencial formal en su página web , haciendo que este aparezca más como un partido de cuadros antes que de masas. No obstante, la incapacidad del partido para haber copado con eficacia los cargos públicos en la administración del Estado y el hecho que encontremos serias sorpresas entre sus propuestas de candidatos a lo largo y ancho del país (algo que la prensa podría investigar a escala nacional pero que no lo hace porque en el apretado mercado de escándalos que se venden en la ciudad capital no podrían ser colocados como pollo a la brasa) nos hace pensar que ni siquiera es un partido de cuadros sino más bien en un partido reducido a una base principalmente parlamentaria (según la idea de Sartori) con una larga lista de militantes arribistas (en el sentido de Panebianco). Terminará pronto sus cálculos el Dr. Mulder? Esperemos que en aras de la transparencia cumpla con la presentación de sus militantes cuando menos.

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Bibliografía

- Duverger, Maurice (2006) "Los partidos políticos". México: Fondo de Cultura Económica.
- Panebianco, Angelo (1990) "Modelos de partido". Madrid: Alianza Editorial.
- Foto tomada del Diario La Primera.

Asistidos y tutelados

Cuál es la naturaleza de la relación establecida por los programas sociales promovidos por el Estado y los beneficiarios? O de una manera más amplia... Cuál es la naturaleza de las relaciones promovidas por el gasto social en los ciudadanos que son calificados como pobres? Qué consecuencias tienen sobre el bienestar y el desarrollo de nuestro país? Estas preguntas (con algunas variantes) me han estado persiguiendo estos últimos años a propósito de la discusión sobre la poca efectividad de los diferentes proyectos, programas y en general, las políticas sociales que han sido implementadas para combatir la pobreza que aqueja a nuestro país. La hipótesis general que he venido barajando es que las políticas sociales se han implementado en un contexto económico, político y social particulares: una economía primario exportadora, concentrada en una élite empresarial que tiene una estrecha relación con los gobiernos de turno y amparados en la conducción de al menos dos sociedades autónomas y tutelares: los militares y el ala conservadora de la iglesia católica; lo que ha promovido una serie de valores, esquemas mentales y prácticas que han desalentado la creación de riqueza masiva en la población y, por lo tanto, han mantenido a la sociedad peruana en un equilibrio desigual y empobrecedor de una parte importante de ella. Pasaré a explicar un poco lo que significo con esta posición.

Una primera delimitación que es preciso realizar es que ha habido un cambio en el paradigma de cobertura de las políticas sociales. En el pasado (hablo específicamente antes del gobierno de Fujimori), el gasto social era concebido como universal. Todos tenían derecho a recibirlo por la calidad de ciudadanos y no por otra razón calificadora. Ejemplo de ello pretendía ser el Programa del Vaso de Leche, diseñado e implementado por el alcalde de la ciudad de Lima de mediados de los ochenta, Dr. Alfonso Barrantes Lingán, para quien el derecho al vaso de leche diario era para todos los menores en edad escolar. Todos sin exclusión de ningún tipo. Nunca se habló específicamente de los desnutridos o los desposeídos, o de algunos otros criterios de filtración a favor de los pobres o algún concepto similar. Sin embargo, conforme se fue implementando el programa, se priorizó en algunos grupos de riesgo pues era racional comenzar por allí. En muy poco tiempo, al parecer, el programa tuvo éxito de cobertura y el apoyo mayoritario de distintos actores institucionales de la época. No obstante, al migrar el diseño de este programa a un esquema nacional parece ser que comenzaron varios de sus problemas que no son mi objetivo discutir en este post. Debe quedar en claro sin embargo, que este programa seguía manteniendo su concepción original: todos los menores tienen derecho a acceder a un vaso de leche diario. En contraste con los programas sociales diseñados e implementados antes de los noventa, en el presente, se concibe que el gasto social es focalizado. Tienes que calificar como pobre para que puedas acceder a él. Si no calificas, entonces no tienes derecho a recibir ni un centavo del gasto social porque le restas opciones a otro que si califica. Esto guarda relación con la idea de que el Estado debe ser eficiente en el manejo de sus recursos y por ello el concepto de focalización es particularmente importante para el diseño de todos los programas que este vaya a implementar.

Una segunda delimitación es que a pesar que teóricamente uno pueda describir a los pobres por criterios objetivos a fin de ser intervenidos con las políticas públicas, con el enfoque y metodologías que fueran, en la práctica estamos trabajando con personas. Los que son calificados como pobres, no son seres pasivos. Son seres activos. Con cosmovisiones y racionalidades. Con expectativas y culturas. Ellos responderán de una manera u otra inesperadamente a la intervención de cualquier programa social al cual tenga acceso. No existe una sola reacción a una determinada acción como en la física o la química. A toda acción, en las ciencias sociales, puede contraponerse una decena de reacciones como mínimo. No obstante, la teoría de la focalización, en la mayoría de los casos, supone que el pobre es un ser pasivo y que a un determinado estímulo le corresponderá una determinada reacción prevista. Tamaña falacia. El principio de incertidumbre de Heisenberg, para el caso de las ciencias sociales, debería redefinirse señalando que sólo se puede estimar la probabilidad de que el que es calificado como pobre tomará como suyas las mejores propuestas que se le brinde independientemente de nuestra intervención y totalmente consecuente con lo que él califique como mejor para él. Es decir, nuestra propuesta interventora, es una propuesta en el margen de otras que el potencial beneficiario maneja y que evaluará según su particular conjunto de valores y paradigmas que maneje. Esto nos lleva a considerar cual es el mundo subjetivo de las personas con las que trabajamos.

Lo anterior, no quiere decir que no sean racionales. Que es la tercera delimitación que realizo. Para explicarlo contaré un par de experiencias recogidas por mi no tan vasta experiencia en campo con beneficiarios de proyectos de ONGs y programas estatales. La primera corresponde a la oportunidad que tuve para realizar un par de grupos focales en la ciudad de Huancavelica el 2004, donde les pregunté que les parecía a ellos (los beneficiarios de un proyecto) que en los diarios, revistas y libros oficiales se les califique como el departamento o región más pobre del Perú. Las respuestas no se hicieron esperar: aunque reconocían que tenían una serie de carencias, les molestaba profundamente el que ellos carguen con ese calificativo cuando se enfrentan a la necesidad de buscar un trabajo o inscribirse en un colegio en areas más urbanas. En efecto, los entrevistados mencionaron que ellos no dicen que son naturales de Huancavelica, sino de Huancayo o de alguna otra ciudad principal del Perú para poder conseguir trabajo porque si no, corren el riesgo de que sus potenciales empleadores los rechacen porque asocien con el huancavelicano o huancavelicana adjetivos prejuiciosos como analfabeto, pobres extremos, ignorantes, etc. La segunda experiencia corresponde a otro grupo focal que conduje en San Marcos, Cajamarca. Inmediatamente después que terminé la reunión, la líder del grupo de campesinos avisó a los participantes que se quedaran para discutir sobre su participación en otros dos proyectos (ambos promovidos por el Estado) del que iban a recibir a sus evaluadores próximamente. Volteé sorprendido por la iniciativa, pero luego reflexioné. El proyecto para el que fui contratado era uno de una canasta de proyectos y programas del que eran beneficiarios estas personas, con criterios e indicadores de selección correspondientes a paradigmas teóricos muy diversos seguramente. Mi conclusión: los pobres, son pobres pero eficientes. Esta frase no me pertenece. La primera vez que lo leí fue de un libro antiguo escrito por el profesor Adolfo Figueroa (1981). No obstante, tampoco fue suya. Esta frase pertenece a Theodore Schultz, premio nobel de economía de 1979. Desde el punto de vista de los beneficiarios, cabe la perfecta posibilidad racional de que maximicen sus beneficios a partir de diversificar su cartera de proveedores de servicios de desarrollo.

Reuniendo las tres delimitaciones paso a señalar lo siguiente: el cambio de paradigma de cobertura de las políticas sociales desde un esquema universal a un esquema focalizado ha dado pie para restablecer una relación que definiremos provisoriamente como clientelar entre los beneficiarios y los operadores del programa o proyecto social. Nótese que señalo restablecer ya que en el pasado también han existido relaciones clientelares que analizaré sus características en otro post. El concepto de relación clientelar la tomo de Auyero (2001) el cual expongo literalmente a continuación:

[El clientelismo es] una institución frecuente en las democracias de países subdesarrollados, no universalista, que se presenta como relación de intercambio entre dos personas pero que es, en realidad, una relación de dominación, de la que participan ciertos individuos (los patrones) que prestan determinados servicios, bienes o favores a otros (clientes) que los retribuyen con fidelidad, asistencia, servicios personales, prestigio o apoyo político o electoral. Entre ambos (patrones y clientes) puede encontrarse a los denominados mediadores, que ejercen una especie de intermediación entre los servicios, bienes o favores que provienen del patrón y la fidelidad, asistencia, servicios personales, prestigio o apoyo político que provienen de los clientes. El clientelismo tiene dos aspectos en sí mismo: lo que se intercambia específicamente y lo subjetivo (tan o más importante que el intercambio), considerado como un conjunto de creencias, presunciones, estilos, habilidades, repertorios y hábitos que acompañan a los intercambios (...)

En el caso que el operador sea una ONG se presume que existe únicamente un intercambio estrictamente comercial, ya que el paradigma definido es: pobre-cliente/ONG-proveedor. Ello no exime que exista una ganancia de legitimidad o ascendencia de la institución ante la población, dependiendo del éxito de los proyectos ejecutados, situación que luego puede usarse como un activo político en determinados espacios de acción que quedará en manos de la organización realizarlo o no, para bien de suyo y de sus beneficiarios o no. En el caso que el operador sea el Estado, es explícito que además del intercambio estrictamente comercial, existe una oportunidad para el intercambio político. "Yo te proveo de servicios de desarrollo y tu votas por mí" es una hipótesis natural que emerge acerca de la relación entre el Estado y el beneficiario. Evidencia acerca de ella se ha presentado en investigaciones acerca del gasto ejecutado por Foncodes durante los noventa. El problema no era que este gasto estuviera mal focalizado, sino que este se gastaba en época pre-electoral (Schady, 1999). Por su parte, alguna vez le escuché a Bruno Seminario, valga la redundancia en un seminario sobre pobreza SIPAN, esquematizó bien al modelo económico y político promovido por Fujimori: "liberalismo en las ciudades y populismo en la sierra". Por qué esta última relación es perversa? Básicamente porque no elimina el problema de la pobreza. Hace que esta sea funcional a los objetivos políticos de los intermediarios.

Lo interesante de la anterior discusión es que en ambos casos existe una conjunción evidente y natural entre lo público y lo privado. La diferencia principal, según mi punto de vista, radica en que en la relación ONGs-ciudadanos los recursos son privados (asociaciones privadas con fines públicos); en tanto que en la relación Estado-ciudadanos, los recursos son públicos. Esta distinción nos sirve para fijar la idea que aun cuando en ambas relaciones existen intercambios objetivos (bienes y servicios) y subjetivos (ideas, creencias, estilos, hábitos, etc.) queda por determinar quienes proveen la carga subjetiva en cada uno de los canales definidos, ya que al menos desde un punto de visto teórico, los bienes y servicios provistos por ambos operadores en el límite son homogéneos. La carga subjetiva en el caso de las ONG está predeterminada por el paradigma particular que maneja el organismo donante. En el caso del Estado, la carga de valores y creencias debería estar predeterminada por principios de justicia, tal como señalara Rawls en su momento, justicia como imparcialidad. No obstante, en la práctica, existen una serie de actores que rigen desde una esfera tutelar (Auyero los llamará patrones en su modelo, en tanto que a los operadores llamará mediadores) que son los que intervienen dotando de una carga particular de valores a los programas sociales que se ejecutan. Esto determina por definición una mecla parcializada en la relación Estado-ciudadano predeterminada por las sociedades tutelares, las que puede postularse como inoportunamente inequitativa, a pesar de los buenos sentimientos que puedan inspirarlas.

Entendida asi la situación quiero enfatizar en el título del presente artículo. El gasto público ejecutado en políticas sociales establece un intercambio tutelar y clientelar con la población beneficiaria. Se presenta desde el plano asistencial para terminar en el plano tutelar clientelar. Es una relación no libre de prejuicios, puesto que utilizando recursos públicos se persiguen fines públicos con criterios tutelares (privados) con beneficios políticos para los operadores de las políticas. Un ejemplo claro de esta situación la percibí en la reciente inauguración del Instituto Superior Tecnológico Juan Pablo II en Manchay, donde estuvieron presentes el Presidente Alan García, el Cardenal Juan Luis Cipriani, el nuncio apostólico Rino Passigatto, el Ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca, el Ministro de Salud Carlos Vallejos y la Ministra de Solidaridad de Trento (Italia) Iva Berasi. En esta inauguración se produjeron discursos con objetivos políticos muy claros: mientras que Alan arremetió contra sus críticos por las ambiguas reformas implementadas durante los tres primeros meses de su gestión, Garrido Lecca tuvo oportunidad para seguir con el autobombo respecto al programa Agua para Todos. Entre tanto, el Cardenal y el nuncio apostólico arremetieron contra el gobierno anterior por no cumplir con sus promesas y mostrar que ahora si tenían algo concreto con lo cual ir en pos del desarrollo (pero que no todo iba a seguir siendo gratis para que no se acostumbren) al que no hay que exigir mayor transparencia que solamente el agradecimiento ante la solidaridad espontánea mostrada por un grupo de personas con sensibilidad social (en concreto, los ciudadanos de Trento, la conferencia episcopal italiana, parroquias locales y la Corporación peruana Wong).

Un segundo ejemplo, se encuentra en el significativo acto de cargar las andas del Señor de los Milagros por parte del Presidente del Poder Judicial a la par que "imploró perdón " a la imagen y rogarle por bendiciones para que los jueces dicten justicia. Es que esto basta para que la reforma en el poder judicial quede olvidada como el resto de reformas que se han propuesto para este sector? De qué tipo de justicia estamos hablando? Y en general de qué tipo de Estado estamos hablando si Alan García (presidente de la república), Luis Castañeda Lossio (Alcalde de Lima Metropolitana), Mercedes Cabanillas (Presidente del Congreso y evangélica), y una larga lista de autoridades más le rindieron pleitesía a la imagen olvidando que son representantes de todo un pueblo que no necesariamente es católico. En el caso de Alan, percibo que este acto le sirvió para comprar el posterior silencio del Cardenal cuando se destapó el tema de su sexto hijo concebido recientemente fuera del matrimonio.

Un tercer caso (que en realidad es la suma de una lista de eventos que se están dando relacionados a un mismo tema) es el que tiene que ver con las políticas de salud reproductiva y sexual, específicamente la provisión de la píldora del día siguiente (Anticoncepción Oral de Emergencia - AOE). Este tema fue tratado con amplitud en el reciente Seminario Internacional "Fomentando el conocimiento de las libertades laicas " realizado en la ciudad de Lima el 2 y 3 de noviembre del presente, destacando las intervenciones inconsecuentes del tutelaje de la iglesia en este tipo de políticas públicas. Cómo avanzar hacia la modernidad y la justicia de un pueblo si existen actos de sumisión y tutelaje tan abiertamente declarados por las autoridades de un país elegidos a través de procesos democráticos e imparciales? Sirve de poco tener cifras tan pasmosas respecto a las muertes de madres y niños por complicaciones del embarazo y otros problemas relacionados como para que a pesar de ello se siga recomendando su no uso? Contrastando con lo ocurrido con el gobierno de Toledo, quien inauguró su gobierno bajo una ceremonia sincrética antes que católica, pero que cuando participó del Te Deum al salir de el, fue abatido por las críticas del actual Cardenal, arribo a la conclusión de que las desigualdades surgidas por un marco tutelar explícito diluyen los beneficios potenciales que se podrían obtener por la implementación de las políticas sociales por parte del Estado.

Pretendo realizar un análisis comparado de este problema del tutelaje y las formas desigualitarias que ellas predeterminan con los países que nos rodean, en especial Bolivia, Chile y Argentina, pues en estos países también se han dado estos problemas muy recientemente. En realidad, el título que lleva el presente post, está inspirado en el ensayo compilatorio preparado por Silvia Duschatzky titulado "Tutelados y asistidos" (2000). Tal como le comenté a un amigo, especialista en el tema de separación de la iglesia y el Estado, mi impresión es que la relación se presenta ante la sociedad desde la asistencia social hacia el tutelaje (asistidos y tutelados), aunque en verdad la organización e implementación se da en el sentido inverso (tutelados y asistidos) tal como se titula el libro que comento.

A pesar de lo señalado, me quedan sin embargo por resolver algunas preguntas, como por ejemplo, Por qué las intervenciones de proyectos realizados por ONGs inspiradas en valores que bien podrían ser compartidas por las órdenes tutelares vigentes o en paradigmas y valores distintos son altamente beneficiosos y no lo son tanto cuando se implementa desde la administración pública? Una respuesta tentativa es que la multiplicidad de intervenciones desde las ONGs, sea el paradigma que fuere, son competitivas y sucede que el beneficiario podrá escoger cuales le son convenientes o no, como explicaba mas arriba segun su particular inversión de portafolio, maximizando su bienestar. Por el contrario, cuando ellas son implementadas desde el Estado, si existe un orden tutelar o patronal superior que busca regir con su particular conjunto de valores, está monopolizando y privilegiando una sola estrategia de intervención y establece una competencia desleal con intervenciones micro inspiradas en otros esquemas. La consecuencia de ello es que no se maximiza el valor público social. No obstante, el problema no es tanto el monopolio, ya que por definición el Estado tiene esa naturaleza en su accionar, sino mas bien en que los valores en que se fundamenta este monopolio sean de tipo tutelar en vez de fundamentarse en valores de justicia como imparcialidad o equidad en el sentido expresado por Rawls. Mientras persista esta situación abiertamente tutelar en la implementación de las políticas sociales (que las entiende fundamentalmente asistenciales) tendremos una sociedad inequitativa y con resistencia al cambio que potencialmente puede generar una mayor productividad competitiva y equitativa (North, 1994). De aquí mi pesimismo en lograr el desarrollo como la expreso en "la quimera del desarrollo en el Perú".

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Bibliografía

• Auyero, Javier (2001) "La política de los pobres". Argentina: Editorial Manantial.
  
• Duschatzky, Silvia (2000) "Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas públicas y subjetividad". Serie Tramas Sociales. Argentina: Editorial Paidos.
• Figueroa, Adolfo (1981) "La economía campesina de la sierra del Perú". Lima: PUCP.
  
• Mauro, Raúl (2005) "La quimera del desarrollo en el Perú. Estilos de crecimiento y pobreza". Lima: desco.
  
• North, Douglass (1994) "Institutional change: a framework of analysis". Washington University.
  
• Rawls, John (1971) "A theory of Justice". The Belknap Press of Harvard University Press.
• Schady, Norbert (1999) "The Political Economy of Expenditures by the Peruvian Social Fund (FONCODES), 1991-95". The World Bank.

Empleo de calidad debe ser la base de la riqueza del Perú

La famosa cita atribuída al sabio italiano Antonio Raimondi ("El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro") me vino a la mente al revisar un estudio recientemente comentado por el diario norteamericano The New York Times, el cual aborda la famosa pregunta de la economía política: cuál es la base de la riqueza de una nación? Será los recursos mineros?, nuestra diversidad cultural?, o nuestra diversidad de microclimas? Estos son conceptos pre capitalistas de la riqueza de una nación. En la actualidad, según señala el artículo, los economistas y políticos responderían señalando que la riqueza de una nación se fundamenta en la implementación de un conjunto de buenas políticas y la calidad de las instituciones de ese país. No obstante, de acuerdo con el Profesor Gregory Clark, de la Universidad de California, identifica que la calidad de trabajo es un factor fundamental que explica el dinamismo del crecimiento económico. El que existan trabajos de mala calidad desalienta la inversión y por lo tanto se pereniza el problema de la pobreza para futuras generaciones. Bajo este entorno, las instituciones que promueven un mayor nivel de crecimiento económico nunca se desarrollarán.


Según este punto de vista, cualquier ayuda financiera o asistencia técnica para implementar programas o políticas no tendrán resultados positivos a menos que se promueva el incremento de la calidad del trabajo del país que se trate. Ambos factores, serán unicamente remedios para calmar los síntomas pero nunca resolverán las causas del subdesarrollo o la pobreza. Y la explicación es bastante sencilla. Lo malo de la ayuda extranjera, según Clark, es que esta promueve la llamada "trampa malthusiana", aquella situación en la que las ganancias logradas en los niveles de vida (reducción de la mortalidad, saneamiento, etc.) son diluidas por un incremento imprevisto de la población.

Un fenómeno así por ejemplo, se ha detectado en el caso del Programa Juntos recientemente implementado en nuestro país: a fin de no perder el registro como beneficiarias del programa, algunas madres se están embarazando lo que les asegurará seguir recibiendo los 100 soles mensuales que les correspondería según los requisitos de Juntos. Lo único que tienen que seguir haciendo es asegurar que sus hijos vayan a la escuela y se atiendan en las postas médicas como requiere el programa. Esto implica que no necesariamente se cuestiona a la ayuda o cooperación al desarrollo por presentar indicios de corrupción, sino mas bien por su inefectividad para resolver el problema del desarrollo por los incentivos que ella propone a la población beneficiaria (no buscar trabajo) y al gobierno que recibe esos recursos (no promover la calidad del mercado de trabajo).

En el Perú, la promoción de un mercado de trabajo altamente competitivo se ha traducido en como reducir los costos remunerativos (básicamente los llamados costos no salariales) antes que en incrementar los niveles de productividad de los mismos con la consiguiente elevación de su remuneración, es decir de su calidad en general. Esta situación es consecuente con lo que he llamado "la quimera del desarrollo en el Perú" puesto que se está promoviendo el desarrollo de la población en base al concepto de pobreza en vez de fundamentarlo en el concepto del trabajo de calidad. La "dádiva para los pobres" en vez del "trabajo de calidad" no generará la riqueza que tanto necesita nuestra población para ser un país competitivo. Es curioso que Alan, ayer haya reafirmado tal objetivo y sin embargo las acciones que está implementando se basan en el concepto de la dádiva y no de la promoción del trabajo digno o de calidad.

Ayer en la noche escuché la entrevista que le hiciera Jaime de Althaus a Susana Pinilla, actual Ministra de Trabajo, en la hora N, donde este periodista le cuestionaba acerca de la Ley General del Trabajo, y le increpaba acerca de los elevados costos no salariales que muestra nuestra economía en el ranking mundial lo que nos ponía casi igual que los países africanos más pobres del planeta (según el reciente informe Doing business 2006 del Banco Mundial). La Ministra replicó llevando el tema hacia la comparación con países como Chile donde los trabajadores perciben mejores salarios que en el nuestro. Eso sin embargo no contradecía al periodista. Así que revisé la fuente directamente aquí y descubrí lo siguiente (en lo referente al empleo):

Este documento se prepara a partir de una encuesta distribuida a una muestra de empresas locales legales para indagar sobre tres cuestiones fundamentales: contrato, despido y regulación de las horas de trabajo de estas empresas. Se recoje también información de la legislación pertinente con la que se completa el análisis de dicho estudio. No obstante, para poder realizar las comparaciones con el resto de países donde se ha implementado la encuesta se realizan algunas suposiciones importantes para hacer las interpretaciones correctas y consecuentemente implementar políticas acordes con ella:

Respecto al trabajador, los supuestos son:

• Es un empleado de sexo masculino de tiempo completo sin puesto ejecutivo que ha trabajado en la misma compañía por 20 años.
• Percibe un salario más beneficios equivalentes al salario promedio del país durante todo el período de su empleo.
• Es un ciudadano legal con esposa y 2 hijos. La familia reside en la ciudad más populosa del país.
• No es miembro del sindicato de trabajadores, a menos que la afiliación sea obligatoria.

Respecto de la empresa, los supuestos son:

• Es una compañía de responsabilidad limitada.
• Opera en la ciudad más populosa del país.
• Es de propiedad nacional 100%.
• Opera en el sector manufacturero.
• Tiene 201 empleados.
• Se atiene a todas las leyes y regulaciones pero no otorga a los trabajadores más beneficios que los obligatorios por ley.
• Está sujeta a los acuerdos colectivos de trabajo en los países en que dichos acuerdos cubren más de la mitad del sector manufacturero.

Tomando en perspectiva estas condiciones, podemos ver que el estudio es abiertamente sesgado, es decir para quien no se tomó el trabajo de revisar la metodología del estudio y hacer afirmaciones periodísticas irresponsablemente. El estudio parece tener más una perspectiva de hacer recomendaciones de negocios coherente para empresarios tanto locales como globales o en todo caso para ejercer presión sobre los gobiernos nacionales para implementar políticas que faciliten realizar negocios con condiciones laborales mínimas, tomando en cuenta varias desigualdades por definición: no toma en cuenta a la mujer, no toma en cuenta a los jóvenes, no toma en cuenta a los que perciben salarios alrededor del salario mínimo, no toma en cuenta a los solteros o convivientes, no toma en cuenta al resto de ciudades más importantes del país (en nuestro caso pueden ser Arequipa, Trujillo, Chiclayo, etc.), ni tampoco a los sindicalizados, un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Criticando los supuestos por el lado de la empresa, está claro que en nuestro país la gran empresa (que comprendería la categoría escogida para el estudio del BM) no ha sido la principal generadora de empleos en nuestro país. Las cifras relativas al peso de la economía informal son abrumadoras y las presenta el mismo estudio: casi el 60% de la economía es informal, en tanto que el ingreso per cápita anual es 2.61 dólares. A pesar de estos datos, estamos incluso mejor que países europeos como por ejemplo: España. Entonces me pregunto: por qué si España está en peores condiciones laborales según el ranking presentado por el estudio del Banco Mundial es que los peruanos pugnan como uno de sus principales destinos migratorios? la respuesta se encuentra en las cifras contrastantes respecto a Perú: apenas el 22.6% es el peso de la economía informal en la así llamada madre patria y su ingreso percápita anual es 10 veces más alto. Es decir, su calidad de empleo es marcadamente superior al nuestro.

Concluyo entonces que es necesario cambiar la apuesta por el desarrollo sustentada en proveer paliativos para la pobreza hacia una estrategia que promueva el empleo de calidad. Ojalá que el nuevo marco regulatorio permita hacerlo en conjunción con las políticas implementadas por otras instancias en el Ejecutivo. Que el trabajo de calidad, es decir, altamente productivo, con sistemas de mejoramiento o de oportunidades para incrementar el capital humano para las grandes masas, con correspondientes incrementos en la remuneración sean la base de la riqueza del Perú.