Problemas con el nuevo indicador de pobreza

Social Watch ha presentado hace poco un indicador de pobreza alternativo al elaborado por el Banco Mundial. Este indicador, llamado ICB (Índice de Capacidades Básicas) deja de lado los complicados y costosos procedimientos necesarios para calcular el nivel de ingreso o de consumo de las familias, por un conjunto de indicadores que son más eficientes y sencillos de obtener. Estos permiten observar y comparar con facilidad los logros obtenidos en los niveles de vida de la población, centrados en las dimensiones de salud y educación de la población, ya sea intertemporalmente, a escala nacional o subnacional, o entre países según sea requerido. 

La lectura obtenida de este indicador calculado para 176 países deja un panorama desalentador frente al forzado y exagerado optimismo del Banco Mundial sobre sus nuevas cifras de pobreza: apenas 21 países han logrado avanzar significativamente, en tanto 77 países se encuentran estancados o en peor situación que la observada a principios de siglo. De estos últimos, se estima que los países del Africa Subsahariana alcanzarían un nivel de vida aceptable en el siglo XXIII.

Personalmente, valoro esta propuesta alternativa para la medición de la pobreza, al incorporar un enfoque de capacidades, ya probado previamente por el Indice de Desarrollo Humano desarrollado por el PNUD sobre la base del marco teórico propuesto por el laureado premio Nobel, Amartya Sen. Sin embargo, encuentro que el ICB sufre de importantes debilidades técnicas y prácticas que ocasionan que su cálculo, interpretación y posterior utilización en la formulación y evaluación de políticas públicas sea poco recomendada.

Revisemos las razones por las que sustento tal declaración. 

Comencemos revisando la metodología propuesta para elaborar el ICB (ver aquí, pdf). 

De acuerdo con el cuadro de texto extraido del documento metodológico del ICB, nos damos cuenta que estamos ante un indicador resumen tan simple que puede ser calculado por cualquier persona que cuente por lo menos con educación secundaria básica. Es probable que se halla hecho tal declaración en el Informe del ICB 2008 porque existen muchos países y localidades del mundo donde muy posiblemente ese sea el único recurso humano disponible para valorar su respectivo nivel de vida promedio. 

Pero la simplicidad de cálculo del indicador en cuestión, no puede ser invocada como si del criterio de la navaja de Occam se tratara. Como se sabe, se recurre a este criterio cuando teniendo dos teorías que producen mas o menos el mismo resultado, se descarta la que es más compleja o costosa. Es un criterio de eficiencia metodológica en la ciencia. Pero este no es el caso para el indicador propuesto, aunque en el límite, en algo ayuda este principio para atraer la atención sobre el mismo. Ciertamente, la teoría que sustenta la medición de la pobreza a través del conteo de personas por debajo de un determinado nivel de ingreso o consumo de referencia se ha vuelto innecesariamente compleja a través del tiempo. Atrás ha quedado el prolijo y didáctico trabajo realizado por J. Rowntree para medir el nivel de vida de los pobladores de York, Inglaterra, publicado a principios del siglo XX (ver aquí, google books). 

Dicha investigación palidece ante el proceso de la medición y evaluación de la pobreza que se ha convertido en una maquinaria compleja de recolección, procesamiento y análisis de la información que es dominado por muy pocos investigadores a nivel mundial con acceso oportuno y privilegiado a las bases de datos de las Encuestas de Hogares que se aplican en países en desarrollo. Esta oportunidad les permite obtener rentas académicas ricardianas por encima de otros investigadores del orbe por la publicación novedosa de sus análisis desde centros que ganan legitimidad por fomentar este proceso de producción de conocimiento para la formulación y evaluación de políticas en todo el mundo. 

Con ello, los crecientes problemas y convulsiones sociales patentes en el mundo en desarrollo chocan abiertamente con la historia descrita por el programa de investigación vigente, dominado por el lema misional, "a world free of poverty". Resulta poco creíble explicar que la pobreza haya bajado significativamente cuando los países desarrollados no han cumplido con la cuota de su compromiso de ayuda oficial para el desarrollo de los países más pobres. También resulta poco creíble que la pobreza haya bajado en un entorno macroeconómico pujante para los países en desarrollo -vivido hasta hace poco-, cuando los niveles de desigualdad global han probado ser iguales o más elevados que en los últimos treinta años. Pero finalmente, resulta poco creíble apreciar los cambios en los niveles de pobreza (ya sea a favor o en contra) cuando las cifras no pueden ser validadas o reproducidas de una manera más o menos razonable y ventajosa por investigadores de los países que son beneficiarios del Banco. Paradójicamente, cada vez van aumentando los casos de gobiernos locales o nacionales que buscan medir la pobreza de manera alternativa e independiente del Banco, como son los casos de New York o la propia China. Esta es una práctica saludable que considero debiera ser incentivado en nuestro país, y en general en los países suramericanos.

Un segundo problema encontrado en la construcción del indicador es el de la equiponderación de los tres componentes. No se formula un criterio razonable para sustentar dicha ponderación igualmente prioritaria para los componentes del ICB. Este problema también fue señalado para el caso del Indice de Desarrollo Humano, sin embargo, la discusión generada en torno al ranking del avance de los municipios elaborado sobre la base del IDH terminó cuando se señaló que los tres componentes del IDH son igualmente deseables por una determinada sociedad.

Un tercer problema es el hecho es que, en realidad, luego de una observación detenida de los indicadores existe un sesgo a priori en la medición de las cuestiones de salud en detrimento de las educacionales. En efecto, los componentes "sobrevivencia de menores de 5 años" y "porcentaje de madres atendidas por profesionales de la salud" forman parte del componente salud; mientras que el indicador "porcentaje de niños que llegan a 5 grado de primaria". Tenemos 2 contra 1. ¿A qué obedece dicho diseño? ¿Es más importante la salud que la educación? ¿Son los indicadores de salud más importantes que los de educación como para que para este último quede subrepresentado? Es probable que algunos profesionales, sobre todo de la salud señalen que sí. Pero esta ponderación puede imprimir una mayor velocidad a los cambios en los niveles de vida si sólo se hace énfasis en el tema de salud, compensando el poco o nulo avance que se pueda lograr en el componente educativo.

Un cuarto problema, más grave, se encuentra al evaluar lo que cada uno de los indicadores estaría representando y que no.  En el caso de la cobertura educativa, está claro que países como el Perú por ejemplo, tiene asegurado el acceso a la educación básica universal, pero la calidad ofrecida por el sistema de educación pública es tan baja que diversas mediciones realizadas señalan que nuestro país queda entre los últimos lugares del ranking de países que forman parte de estos estudios. Por ello, antes que un indicador de cobertura, sería preferible utilizar un indicador de calidad para el componente educativo. 

En el caso de la mortalidad infantil existe mayor consenso sobre la pertinencia y objetividad de su uso. Pero es el indicador de porcentaje de partos atendidos por profesional especializado el que en algunos contextos puede generar problemas de lectura. En efecto, en el caso peruano, se han evidenciado diversos problemas en torno a la falta de pericia profesional del personal calificado para asistir en los partos, provocando que las madres, mas allá de las cuestiones culturales, prefieran no ser atendidas por este personal. De alguna manera, las perversas políticas de control de la natalidad aplicadas en el reciente pasado han contribuido a esta desconfianza frente al personal calificado para que atienda los partos ocurridos en las áreas rurales principalmente.

Finalmente, haría poca justicia en someter este indicador a los axiomas de monotonicidad y transferencia propuestos por Sen. Digo esto porque Sen los formuló sobre la base del indicador de ingreso per cápita (ver aquí como se usan estos criterios para evaluar la pertinencia del índice FGT, Jstor):

• Axioma de Monotonicidad: Ceteris paribus, una reducción del ingreso para una persona, debe incrementar la medida de la pobreza.
  
• Axioma de Transferencia: Ceteris paribus, una transferencia pura de ingreso de una persona pobre a otra que es más rica debe incrementar la medida de la pobreza.
  

Dado que el indicador propuesto por Social Watch no utiliza el indicador del ingreso, sino que más bien lo evita, los axiomas señalados pierden relevancia para evaluar las características deseables que debería tener un indicador novedoso para medir la pobreza. 

Es importante señalar que el indicador ICB, tampoco podría cumplir con el axioma de descomponibilidad en subgrupos poblacionales señalado por Foster, Greer y Thorbecke en el documento de investigación revisado más arriba, debido a su fijación en el indicador de ingresos/consumo tal como está propuesto. Sin embargo, es posible encontrar indicadores ICB para subgrupos poblacionales, siempre y cuando se puedan identificar los datos para los indicadores componentes para los subgrupos especificados.

Por las razones señaladas, creo que el nuevo indicador de pobreza propuesto por Social Watch necesita una mayor discusión para poder recoger con mayor precisión los niveles de vida de la población que pretende caracterizar.  Con todo, asiento con la idea de proponer indicadores alternativos al fijado por el Banco Mundial en torno al consumo/ingreso ya que este ha provocado la pérdida del foco en dimensiones más amplias para valorar los niveles de vida de la población de los países en desarrollo, y diseñar políticas más asequibles para cada una de las realidades que se pretende mejorar.

Finance and Development: An inescapable congruence

Reproduzco a continuación el reciente artículo que escribí para Latindadd, en inglés, gracias a Choike - International Financial Institutions in Latin America Monitor (ver aquí fuente).

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Source: Latindadd
Raúl Mauro
Tue Jul 08 2008

The recent UN meeting held with civil society last June 18, in the context of the Follow-up International Conference on Financing for Development, has gone over several of the speeches made within this space and, at the same time, has reinforced the actions aimed at solving the difficult global equation between finance and development, with a view to the declaration that may be obtained in Doha next November 2008.

A first speech, to which the papers by Vitalice Meja (AFRODAD), Lidy Napcil (Jubilee South) and Josefa Francisco (Development Alternatives with Women for a New Era) contributed, is that which claims the elimination of conditionalities on development aid; especially those associated to external debt cancellation and relief programmes. In both cases, it was evident that the assistance being currently given to developing countries has the nature of political and financial patronage, which limits (and in other cases, cuts short) their own efforts to overcome poverty and inequality issues. An aspect not analysed in depth, for instance, is the negative impact of the conditionality conceived as ‘positive’, when assistance is attached to gender issues. This sort of approach jeopardizes a broader notion of society development such as the mutual responsibility within families. In that sense, it is vitally important not only to appeal to an increase in the level of resources for development financing, but also to the need for implementing a reform concerning the goals and priorities of the assistance provided by wealthier countries to developing countries. This reform must nourish from the experiences containing best practices regarding management of official development aid, including the rendering of accounts as regards both the countries receiving aid and the Northern and Southern civil society. This would contribute to strengthtening democracy in those countries benefitting from development aid and debt programmes, by enabling them to select and implement their own development strategies based on key principles contained in documents such as the Monterrey Consensus and the Universal Declaration of Human Rights.

A second speech, of a more systemical order, is the one connected with the redefinition of the role played by the Bretton Woods international organizations compared to the poor performance these have had in order to overcome current global-scale financial, monetary and trade imbalance. José Antonio Ocampo’s paper was highly explicit in this regard. This would result from the excessive dependency on the international reserve system on a single national currency (the US dollar) and the lack of a global finance regulatory scheme, allowing for the coordination of macroeconomic policies between countries. The need to set forth the “dependency on a [non-domestic] global reserve currency, together with the creation of macroeconomic policy coordination mechanisms” as a remedy, and the adoption of a countercyclical approach for world financial regulation is therefore evident. This would be possible if there was an institutional regulatory scheme of global dimension, such as an international debt court where over-indebtedness cases could be brought forward, just as bankruptcy cases are dealt with in the existing courts nationwide, avoiding ad-hoc solutions tried out by the WB or the IMF, overburdened with excessive conditionalities and social and economic pressures.

In parallel with this discussion, there is the funding problem for mitigating and adapting humankind to climate change effects. This was Philo Morris’s contribution, a representative of the Society of Catholic Medical Missionaries. These effects, as will be noticed, may be conceived as ‘systemic’ to the world economic growth pattern and their financing must therefore issue from it, governed by the principle: “whoever pollutes must pay”. The proposed policy, in that regard, is that the Doha paper should formulate the creation of differentiated funds for financing programmes regarding adaptation and mitigation of adverse effects of climate change, in a holistic development approach which includes people and their environment; otherwise, the achievement of the Millennium Development Goals (MDG) shall be jeopardized.

Another of the significant financing proposals regarding the achievement of MDGs came from Josep Xercavins, of the Ubuntu Forum Secretariat, who emphasized the dimensions of several ‘non-traditional’ development indicators. Some outstanding examples are, for instance, the annual amount allocated to International Development Aid (USD 103.7 billion), the United Nations, World Bank, and IMF annual administrative costs (USD 5.1 billion), the estimated bank loss owing to the financial crisis (USD 565 billion), the world military spending (USD 1158 billion), climate change adaptation costs (USD 50 billion), illicit capital flows (USD 1600 billion), migrant remittances (USD 240 billion), among others. Facing these figures, there appears a significant amount that might be collected (little more than USD 43 billion) at a very low rate (0.005%) applied to international financial transactions. This is the CCT tax (tax on financial transactions), whose antecedent is the Tobin tax proposal formulated by Nobel prize-winning economist James Tobin. This tax would not generate any imbalances in the huge capital masses being freely transferred worldwide and yet they would contribute to achieve some of the jointly agreed development goals set for 2015.

Finally, Gyeke Tanoh’s intervention, of Third World Network Africa, points out the huge imbalance accumulated in global trade, in terms of its structure and governance, dimensions which pose a real challenge to discuss a consensual proposal in Doha, aimed at solving it. The example used by Tanoh limits itself to the African reality, where trade liberalization has privileged a growth pattern based on raw material exports, which have yielded great profit for the invested capital but have decapitalized sectors that are strategic to broad-based financial and social development, such as manufacture and agriculture. At the same time, the region has been exposed to risks connected with international prices and financial shocks by excessively focusing its economies on the production and export of commodities, especially minerals. Additionally, imports are undermining domestic agricultural economies by bringing in subsidized foods, thus exacerbating inequities in local trade and fostering a society dependent on imported or donated foods. This experience is not far from that of Latin American countries. In this way, the idea that trade is serving as a development tool is put in doubt, and an evil scheme of dependency and inequity is rather promoted. As regards this, the proposal is for urgent measures to be developed and implemented at international and national levels so as to deal with vulnerabilities, particularly as regards food sovereignty, an assessment of international trade standards, the implementation of a progressive tax reform regarding the extractive sector, among other specific proposals which deserve greater analysis and discussion.

In conclusion, one can underline the importance of having held this meeting, despite the poor attendance on the part of the countries’ delegates, since a key agenda for discussion in Doha has been provided, in the context of a consensual global institutionality. Crises, such as those we are witnessing at present, seem to give shape to a necessary prelude in order to propose a new global financial, monetary and trade order which promotes a fairer and more balanced development in our countries.

En Perú era ingeniero, aquí soy albañil

En Forbes ha salido un artículo donde se comenta la situación laboral de los migrantes altamente calificados en los Estados Unidos. El artículo en cuestión presenta en su introducción la experiencia de una compatriota nuestra llamada Inés Gonzáles Lehman, una migrante legal en los Estados Unidos, casada con un americano. En Perú, ella era la directora de un equipo de marketing de una empresa de alta tecnología. Ahora, en Estados Unidos, ella se encuentra sacando copias y contestando llamadas telefónicas iniciando una probable carrera laboral en la base misma de una empresa. La gran experiencia acumulada por esta mujer está siendo desperdiciada por el mercado americano. ¿Por qué? Algunas de las razones que explican esta situación, según el artículo son:

• Falta de conocimiento de como funciona la industria americana.
• Falta de conocimiento acerca de ofertas laborales.
• Falta de un círculo de compañeros de estudios o de trabajos previos que les puedan ayudar a colocarse en nuevos empleos.
  
• Incapacidad de presentar sus habilidades de tal forma que haga atractiva su contratación. La mayoría gasta esfuerzos en hacer un curriculum vitae lleno de títulos cuando los empleadores prefieren saber los logros concretos que ellos han alcanzado a fin de poder contratarlos.
  
• El sistema americano es muy efectivo para proveer empleos de baja remuneración.
• La percepción de los empleadores gringos de que un boliviano o un peruano no pueden ser ingenieros. La mayoría de ellos no tiene un entrenamiento para reconocer habilidades y experiencia específicas de migrantes calificados que pueden ser altamente productivos.
  

El artículo comenta las posibilidades que habrían tenido los migrantes altamente calificados para obtener visas legales para trabajar si hubiera progresado la propuesta de reforma migratoria en el Senado americano. De hecho, los migrantes profesionales saben hacer bien su trabajo, pero no saben como conseguir el adecuado, o simplemente el mercado le impide ubicarlo con facilidad. Esta realidad se constata a diario cuando ven al médico polaco trabajando como portero, al ingeniero pakistaní doblando servilletas en un restaurante, o al contador libanés manejando un taxi. Las cifras oficiales del US Census Bureau son elocuentes: de los inmigrantes calificados que llegaron en la última década a los Estados Unidos, 42% son latinoamericanos, 21% asiáticos, y 18% son europeos. Casi la totalidad de ellos se encuentran realizando trabajos para los cuales no se necesita ningún tipo de calificación profesional.

No obstante, el texto también presenta lo que algunas empresas como JP Morgan Chase están haciendo en la actualidad: buscando personal migrante altamente entrenado que ya vive en el país para ubicarlos en empresas altamente competitivas. Esto lo hacen a través de organizaciones sin fines de lucro como Upwardly Global, con sede en San Francisco, quienes se encuentran interesados en promover mayores oportunidades para los migrantes altamente calificados. De hecho su página web tiene un pensamiento inspirado de Isabel Allende que parece guiar su filosofía:

Often immigrants and refugees are exiled from the mainstream workforce. Upwardly Global helps them begin their job search, develop their talent and improve their lives and the lives of others.

El testimonio de Inés Gonzáles es enfático: "En Perú, yo era alguien. Aquí no era nada". No obstante, luego de ser ubicada en un empleo donde es probable que ascienda en lo suyo dice: "Ahora me siento que soy un activo. Ahora soy productiva."

Ojalá que nuestros compatriotas con alta calificación puedan lograr su sueño peruano en tierras americanas.

La Oroya es Ancón

Con esas palabras, un amigo de mi trabajo, muy vinculado al tema medioambiental, me comentó lo que me parecería el problema de la contaminación de la minería de la Oroya si viera la que acontece en Cerro de Pasco. Sinceramente, espero no horrorizarme tanto, de tener oportunidad de conocer esa región, al estar prevenido de su tan precaria situación. Casualmente, apareció ayer sábado una tímida nota relacionada con el tema, en el Diario El Comercio, casi oculta entre varios avisos publicitarios y noticias poco trascendentales, que reproduzco a continuación:

PASCO. EL COSTO DE LA ACTIVIDAD MINERA
Investigan presencia de metales pesados

Toman muestras de sangre en medio millar de personas que viven en poblados mineros

Un equipo de diez científicos estadounidenses ha empezado a recorrer diversos barrios pobres de Cerro de Pasco para realizar una investigación sobre la contaminación de metales pesados en esa población. Hasta el momento han tomado muestras de sangre de más de medio millar de menores y madres gestantes de los centros poblados de Chaupimarca y Paragsha, ubicados a pocos metros de la zona donde la minera Volcan realiza actividades extractivas a tajo abierto. Por el distrito de Chaupimarca, ubicado al norte de la ciudad de Cerro de Pasco, circulan las espesas nubes de polvo que generan más de 15 explosiones diarias que realiza la actividad minera. Paragsha también es afectada por los agentes contaminantes de esta actividad.

Los resultados de la investigación científica, financiada por la minera Volcan, se darán a conocer en los próximos dos meses, informó la doctora Valencia Altamirano Mattos, de la Dirección Regional de Salud de Pasco.

Esperemos a ver cuán grave es la situación y cómo es asimilada por el Estado y la sociedad civil.

De hecho, los blogs enlazados en Google Earth brindan información empírica sobre la contaminación del aire en la zona.


Que nos quiere decir el gráfico superior? Aparte de indicarnos la fecha y las coordenadas exactas donde se ha tomado la foto, se nos da una valoración de la calidad del aire, donde aparece "Environmental Quality: 20". Esta calificación corresponde a la tabla de valoraciones de la Farm Bill del 2002 donde se establece que, en el caso de la calidad del aire, una calificación de 20 puntos significa la máxima disponible para la presencia de residuos solidos y químicos en el aire que respiran los cerreños. Así que es muy probable que el estudio que se está realizando en la actualidad no haga otra cosa que certificar la extrema contaminación de los habitantes de la zona.

Una desgracia mayúscula que debe servir para redefinir nuestro concepto de bonanza macroeconómica y competitividad frente a los TLC. Y yo diría también de la medición de los niveles de vida. De qué vale que tengan buenos ingresos los pobladores de la zona respecto de lo que podrían obtener en otras actividades, si no se les está compensando por la contaminación que absorben y que transmiten a sus futuras generaciones!

Asistidos y tutelados

Cuál es la naturaleza de la relación establecida por los programas sociales promovidos por el Estado y los beneficiarios? O de una manera más amplia... Cuál es la naturaleza de las relaciones promovidas por el gasto social en los ciudadanos que son calificados como pobres? Qué consecuencias tienen sobre el bienestar y el desarrollo de nuestro país? Estas preguntas (con algunas variantes) me han estado persiguiendo estos últimos años a propósito de la discusión sobre la poca efectividad de los diferentes proyectos, programas y en general, las políticas sociales que han sido implementadas para combatir la pobreza que aqueja a nuestro país. La hipótesis general que he venido barajando es que las políticas sociales se han implementado en un contexto económico, político y social particulares: una economía primario exportadora, concentrada en una élite empresarial que tiene una estrecha relación con los gobiernos de turno y amparados en la conducción de al menos dos sociedades autónomas y tutelares: los militares y el ala conservadora de la iglesia católica; lo que ha promovido una serie de valores, esquemas mentales y prácticas que han desalentado la creación de riqueza masiva en la población y, por lo tanto, han mantenido a la sociedad peruana en un equilibrio desigual y empobrecedor de una parte importante de ella. Pasaré a explicar un poco lo que significo con esta posición.

Una primera delimitación que es preciso realizar es que ha habido un cambio en el paradigma de cobertura de las políticas sociales. En el pasado (hablo específicamente antes del gobierno de Fujimori), el gasto social era concebido como universal. Todos tenían derecho a recibirlo por la calidad de ciudadanos y no por otra razón calificadora. Ejemplo de ello pretendía ser el Programa del Vaso de Leche, diseñado e implementado por el alcalde de la ciudad de Lima de mediados de los ochenta, Dr. Alfonso Barrantes Lingán, para quien el derecho al vaso de leche diario era para todos los menores en edad escolar. Todos sin exclusión de ningún tipo. Nunca se habló específicamente de los desnutridos o los desposeídos, o de algunos otros criterios de filtración a favor de los pobres o algún concepto similar. Sin embargo, conforme se fue implementando el programa, se priorizó en algunos grupos de riesgo pues era racional comenzar por allí. En muy poco tiempo, al parecer, el programa tuvo éxito de cobertura y el apoyo mayoritario de distintos actores institucionales de la época. No obstante, al migrar el diseño de este programa a un esquema nacional parece ser que comenzaron varios de sus problemas que no son mi objetivo discutir en este post. Debe quedar en claro sin embargo, que este programa seguía manteniendo su concepción original: todos los menores tienen derecho a acceder a un vaso de leche diario. En contraste con los programas sociales diseñados e implementados antes de los noventa, en el presente, se concibe que el gasto social es focalizado. Tienes que calificar como pobre para que puedas acceder a él. Si no calificas, entonces no tienes derecho a recibir ni un centavo del gasto social porque le restas opciones a otro que si califica. Esto guarda relación con la idea de que el Estado debe ser eficiente en el manejo de sus recursos y por ello el concepto de focalización es particularmente importante para el diseño de todos los programas que este vaya a implementar.

Una segunda delimitación es que a pesar que teóricamente uno pueda describir a los pobres por criterios objetivos a fin de ser intervenidos con las políticas públicas, con el enfoque y metodologías que fueran, en la práctica estamos trabajando con personas. Los que son calificados como pobres, no son seres pasivos. Son seres activos. Con cosmovisiones y racionalidades. Con expectativas y culturas. Ellos responderán de una manera u otra inesperadamente a la intervención de cualquier programa social al cual tenga acceso. No existe una sola reacción a una determinada acción como en la física o la química. A toda acción, en las ciencias sociales, puede contraponerse una decena de reacciones como mínimo. No obstante, la teoría de la focalización, en la mayoría de los casos, supone que el pobre es un ser pasivo y que a un determinado estímulo le corresponderá una determinada reacción prevista. Tamaña falacia. El principio de incertidumbre de Heisenberg, para el caso de las ciencias sociales, debería redefinirse señalando que sólo se puede estimar la probabilidad de que el que es calificado como pobre tomará como suyas las mejores propuestas que se le brinde independientemente de nuestra intervención y totalmente consecuente con lo que él califique como mejor para él. Es decir, nuestra propuesta interventora, es una propuesta en el margen de otras que el potencial beneficiario maneja y que evaluará según su particular conjunto de valores y paradigmas que maneje. Esto nos lleva a considerar cual es el mundo subjetivo de las personas con las que trabajamos.

Lo anterior, no quiere decir que no sean racionales. Que es la tercera delimitación que realizo. Para explicarlo contaré un par de experiencias recogidas por mi no tan vasta experiencia en campo con beneficiarios de proyectos de ONGs y programas estatales. La primera corresponde a la oportunidad que tuve para realizar un par de grupos focales en la ciudad de Huancavelica el 2004, donde les pregunté que les parecía a ellos (los beneficiarios de un proyecto) que en los diarios, revistas y libros oficiales se les califique como el departamento o región más pobre del Perú. Las respuestas no se hicieron esperar: aunque reconocían que tenían una serie de carencias, les molestaba profundamente el que ellos carguen con ese calificativo cuando se enfrentan a la necesidad de buscar un trabajo o inscribirse en un colegio en areas más urbanas. En efecto, los entrevistados mencionaron que ellos no dicen que son naturales de Huancavelica, sino de Huancayo o de alguna otra ciudad principal del Perú para poder conseguir trabajo porque si no, corren el riesgo de que sus potenciales empleadores los rechacen porque asocien con el huancavelicano o huancavelicana adjetivos prejuiciosos como analfabeto, pobres extremos, ignorantes, etc. La segunda experiencia corresponde a otro grupo focal que conduje en San Marcos, Cajamarca. Inmediatamente después que terminé la reunión, la líder del grupo de campesinos avisó a los participantes que se quedaran para discutir sobre su participación en otros dos proyectos (ambos promovidos por el Estado) del que iban a recibir a sus evaluadores próximamente. Volteé sorprendido por la iniciativa, pero luego reflexioné. El proyecto para el que fui contratado era uno de una canasta de proyectos y programas del que eran beneficiarios estas personas, con criterios e indicadores de selección correspondientes a paradigmas teóricos muy diversos seguramente. Mi conclusión: los pobres, son pobres pero eficientes. Esta frase no me pertenece. La primera vez que lo leí fue de un libro antiguo escrito por el profesor Adolfo Figueroa (1981). No obstante, tampoco fue suya. Esta frase pertenece a Theodore Schultz, premio nobel de economía de 1979. Desde el punto de vista de los beneficiarios, cabe la perfecta posibilidad racional de que maximicen sus beneficios a partir de diversificar su cartera de proveedores de servicios de desarrollo.

Reuniendo las tres delimitaciones paso a señalar lo siguiente: el cambio de paradigma de cobertura de las políticas sociales desde un esquema universal a un esquema focalizado ha dado pie para restablecer una relación que definiremos provisoriamente como clientelar entre los beneficiarios y los operadores del programa o proyecto social. Nótese que señalo restablecer ya que en el pasado también han existido relaciones clientelares que analizaré sus características en otro post. El concepto de relación clientelar la tomo de Auyero (2001) el cual expongo literalmente a continuación:

[El clientelismo es] una institución frecuente en las democracias de países subdesarrollados, no universalista, que se presenta como relación de intercambio entre dos personas pero que es, en realidad, una relación de dominación, de la que participan ciertos individuos (los patrones) que prestan determinados servicios, bienes o favores a otros (clientes) que los retribuyen con fidelidad, asistencia, servicios personales, prestigio o apoyo político o electoral. Entre ambos (patrones y clientes) puede encontrarse a los denominados mediadores, que ejercen una especie de intermediación entre los servicios, bienes o favores que provienen del patrón y la fidelidad, asistencia, servicios personales, prestigio o apoyo político que provienen de los clientes. El clientelismo tiene dos aspectos en sí mismo: lo que se intercambia específicamente y lo subjetivo (tan o más importante que el intercambio), considerado como un conjunto de creencias, presunciones, estilos, habilidades, repertorios y hábitos que acompañan a los intercambios (...)

En el caso que el operador sea una ONG se presume que existe únicamente un intercambio estrictamente comercial, ya que el paradigma definido es: pobre-cliente/ONG-proveedor. Ello no exime que exista una ganancia de legitimidad o ascendencia de la institución ante la población, dependiendo del éxito de los proyectos ejecutados, situación que luego puede usarse como un activo político en determinados espacios de acción que quedará en manos de la organización realizarlo o no, para bien de suyo y de sus beneficiarios o no. En el caso que el operador sea el Estado, es explícito que además del intercambio estrictamente comercial, existe una oportunidad para el intercambio político. "Yo te proveo de servicios de desarrollo y tu votas por mí" es una hipótesis natural que emerge acerca de la relación entre el Estado y el beneficiario. Evidencia acerca de ella se ha presentado en investigaciones acerca del gasto ejecutado por Foncodes durante los noventa. El problema no era que este gasto estuviera mal focalizado, sino que este se gastaba en época pre-electoral (Schady, 1999). Por su parte, alguna vez le escuché a Bruno Seminario, valga la redundancia en un seminario sobre pobreza SIPAN, esquematizó bien al modelo económico y político promovido por Fujimori: "liberalismo en las ciudades y populismo en la sierra". Por qué esta última relación es perversa? Básicamente porque no elimina el problema de la pobreza. Hace que esta sea funcional a los objetivos políticos de los intermediarios.

Lo interesante de la anterior discusión es que en ambos casos existe una conjunción evidente y natural entre lo público y lo privado. La diferencia principal, según mi punto de vista, radica en que en la relación ONGs-ciudadanos los recursos son privados (asociaciones privadas con fines públicos); en tanto que en la relación Estado-ciudadanos, los recursos son públicos. Esta distinción nos sirve para fijar la idea que aun cuando en ambas relaciones existen intercambios objetivos (bienes y servicios) y subjetivos (ideas, creencias, estilos, hábitos, etc.) queda por determinar quienes proveen la carga subjetiva en cada uno de los canales definidos, ya que al menos desde un punto de visto teórico, los bienes y servicios provistos por ambos operadores en el límite son homogéneos. La carga subjetiva en el caso de las ONG está predeterminada por el paradigma particular que maneja el organismo donante. En el caso del Estado, la carga de valores y creencias debería estar predeterminada por principios de justicia, tal como señalara Rawls en su momento, justicia como imparcialidad. No obstante, en la práctica, existen una serie de actores que rigen desde una esfera tutelar (Auyero los llamará patrones en su modelo, en tanto que a los operadores llamará mediadores) que son los que intervienen dotando de una carga particular de valores a los programas sociales que se ejecutan. Esto determina por definición una mecla parcializada en la relación Estado-ciudadano predeterminada por las sociedades tutelares, las que puede postularse como inoportunamente inequitativa, a pesar de los buenos sentimientos que puedan inspirarlas.

Entendida asi la situación quiero enfatizar en el título del presente artículo. El gasto público ejecutado en políticas sociales establece un intercambio tutelar y clientelar con la población beneficiaria. Se presenta desde el plano asistencial para terminar en el plano tutelar clientelar. Es una relación no libre de prejuicios, puesto que utilizando recursos públicos se persiguen fines públicos con criterios tutelares (privados) con beneficios políticos para los operadores de las políticas. Un ejemplo claro de esta situación la percibí en la reciente inauguración del Instituto Superior Tecnológico Juan Pablo II en Manchay, donde estuvieron presentes el Presidente Alan García, el Cardenal Juan Luis Cipriani, el nuncio apostólico Rino Passigatto, el Ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca, el Ministro de Salud Carlos Vallejos y la Ministra de Solidaridad de Trento (Italia) Iva Berasi. En esta inauguración se produjeron discursos con objetivos políticos muy claros: mientras que Alan arremetió contra sus críticos por las ambiguas reformas implementadas durante los tres primeros meses de su gestión, Garrido Lecca tuvo oportunidad para seguir con el autobombo respecto al programa Agua para Todos. Entre tanto, el Cardenal y el nuncio apostólico arremetieron contra el gobierno anterior por no cumplir con sus promesas y mostrar que ahora si tenían algo concreto con lo cual ir en pos del desarrollo (pero que no todo iba a seguir siendo gratis para que no se acostumbren) al que no hay que exigir mayor transparencia que solamente el agradecimiento ante la solidaridad espontánea mostrada por un grupo de personas con sensibilidad social (en concreto, los ciudadanos de Trento, la conferencia episcopal italiana, parroquias locales y la Corporación peruana Wong).

Un segundo ejemplo, se encuentra en el significativo acto de cargar las andas del Señor de los Milagros por parte del Presidente del Poder Judicial a la par que "imploró perdón " a la imagen y rogarle por bendiciones para que los jueces dicten justicia. Es que esto basta para que la reforma en el poder judicial quede olvidada como el resto de reformas que se han propuesto para este sector? De qué tipo de justicia estamos hablando? Y en general de qué tipo de Estado estamos hablando si Alan García (presidente de la república), Luis Castañeda Lossio (Alcalde de Lima Metropolitana), Mercedes Cabanillas (Presidente del Congreso y evangélica), y una larga lista de autoridades más le rindieron pleitesía a la imagen olvidando que son representantes de todo un pueblo que no necesariamente es católico. En el caso de Alan, percibo que este acto le sirvió para comprar el posterior silencio del Cardenal cuando se destapó el tema de su sexto hijo concebido recientemente fuera del matrimonio.

Un tercer caso (que en realidad es la suma de una lista de eventos que se están dando relacionados a un mismo tema) es el que tiene que ver con las políticas de salud reproductiva y sexual, específicamente la provisión de la píldora del día siguiente (Anticoncepción Oral de Emergencia - AOE). Este tema fue tratado con amplitud en el reciente Seminario Internacional "Fomentando el conocimiento de las libertades laicas " realizado en la ciudad de Lima el 2 y 3 de noviembre del presente, destacando las intervenciones inconsecuentes del tutelaje de la iglesia en este tipo de políticas públicas. Cómo avanzar hacia la modernidad y la justicia de un pueblo si existen actos de sumisión y tutelaje tan abiertamente declarados por las autoridades de un país elegidos a través de procesos democráticos e imparciales? Sirve de poco tener cifras tan pasmosas respecto a las muertes de madres y niños por complicaciones del embarazo y otros problemas relacionados como para que a pesar de ello se siga recomendando su no uso? Contrastando con lo ocurrido con el gobierno de Toledo, quien inauguró su gobierno bajo una ceremonia sincrética antes que católica, pero que cuando participó del Te Deum al salir de el, fue abatido por las críticas del actual Cardenal, arribo a la conclusión de que las desigualdades surgidas por un marco tutelar explícito diluyen los beneficios potenciales que se podrían obtener por la implementación de las políticas sociales por parte del Estado.

Pretendo realizar un análisis comparado de este problema del tutelaje y las formas desigualitarias que ellas predeterminan con los países que nos rodean, en especial Bolivia, Chile y Argentina, pues en estos países también se han dado estos problemas muy recientemente. En realidad, el título que lleva el presente post, está inspirado en el ensayo compilatorio preparado por Silvia Duschatzky titulado "Tutelados y asistidos" (2000). Tal como le comenté a un amigo, especialista en el tema de separación de la iglesia y el Estado, mi impresión es que la relación se presenta ante la sociedad desde la asistencia social hacia el tutelaje (asistidos y tutelados), aunque en verdad la organización e implementación se da en el sentido inverso (tutelados y asistidos) tal como se titula el libro que comento.

A pesar de lo señalado, me quedan sin embargo por resolver algunas preguntas, como por ejemplo, Por qué las intervenciones de proyectos realizados por ONGs inspiradas en valores que bien podrían ser compartidas por las órdenes tutelares vigentes o en paradigmas y valores distintos son altamente beneficiosos y no lo son tanto cuando se implementa desde la administración pública? Una respuesta tentativa es que la multiplicidad de intervenciones desde las ONGs, sea el paradigma que fuere, son competitivas y sucede que el beneficiario podrá escoger cuales le son convenientes o no, como explicaba mas arriba segun su particular inversión de portafolio, maximizando su bienestar. Por el contrario, cuando ellas son implementadas desde el Estado, si existe un orden tutelar o patronal superior que busca regir con su particular conjunto de valores, está monopolizando y privilegiando una sola estrategia de intervención y establece una competencia desleal con intervenciones micro inspiradas en otros esquemas. La consecuencia de ello es que no se maximiza el valor público social. No obstante, el problema no es tanto el monopolio, ya que por definición el Estado tiene esa naturaleza en su accionar, sino mas bien en que los valores en que se fundamenta este monopolio sean de tipo tutelar en vez de fundamentarse en valores de justicia como imparcialidad o equidad en el sentido expresado por Rawls. Mientras persista esta situación abiertamente tutelar en la implementación de las políticas sociales (que las entiende fundamentalmente asistenciales) tendremos una sociedad inequitativa y con resistencia al cambio que potencialmente puede generar una mayor productividad competitiva y equitativa (North, 1994). De aquí mi pesimismo en lograr el desarrollo como la expreso en "la quimera del desarrollo en el Perú".

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Bibliografía

• Auyero, Javier (2001) "La política de los pobres". Argentina: Editorial Manantial.
  
• Duschatzky, Silvia (2000) "Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas públicas y subjetividad". Serie Tramas Sociales. Argentina: Editorial Paidos.
• Figueroa, Adolfo (1981) "La economía campesina de la sierra del Perú". Lima: PUCP.
  
• Mauro, Raúl (2005) "La quimera del desarrollo en el Perú. Estilos de crecimiento y pobreza". Lima: desco.
  
• North, Douglass (1994) "Institutional change: a framework of analysis". Washington University.
  
• Rawls, John (1971) "A theory of Justice". The Belknap Press of Harvard University Press.
• Schady, Norbert (1999) "The Political Economy of Expenditures by the Peruvian Social Fund (FONCODES), 1991-95". The World Bank.

ONG: Enemigos imaginados

Este fue el titulo original de un libro escrito hace algún tiempo por uno de los analistas políticos mas importantes de la institución para la que trabajo, el historiador Eduardo Toche. En aquellos tiempos, (primer semestre del 2003) ya se había aprobado una ley que daba forma a la política de fiscalización de las ONGs por parte del Estado por iniciativa de la congresista de Perú Posible (partido de gobierno) Celina Palomino. Hoy, en tiempos apristas, Mauricio Mulder entre otros compañeros se han pronunciado a favor de tal fiscalización y tras algunas jugadas al interior del Congreso se ha aprobado, en primera votación, el proyecto de ley que obliga a las ONG a registrarse para ejecutar proyectos de desarrollo social. No es la primera manifestación intolerante de este gobierno (que habría estado dirigida a algunas instituciones como el IDL por su trabajo en temas derechos humanos entre otros), ya que nuestro actual presidente, Don Alan García Pérez, habría promovido el retiro de César Hildebrant del diario La Primera por ventilar de una parte, el embarazoso asunto de su hijo fuera del matrimonio y, cuestionar por otra, la campaña de la rubéola que en otros países había sido fuertemente criticada por sus efectos secundarios indeseables, sobre todo para la mujer.

¿Cuál es la razón por la cual el Estado ha estado recurremente buscando fiscalizar a las ONG? Como bien recuerda Eduardo Ballón, quien prologa el libro de Eduardo Toche, ella estriba en el carácter competitivo o alternativo de los proyectos de desarrollo social implementados por las ONG a los programas y políticas implementadas por el Estado. Este no es un conflicto reciente. Citándo sus palabras:

Los intentos del Estado por "controlar" a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs) en nuestro país, son casi tan viejos como ellas. Contra lo que frecuentemente se piensa, las relaciones entre los distintos gobiernos de turno y estas instituciones definidas por una identidad "por negación" (no gubernamentales), por lo general han estado marcadas por el conflicto y la competencia. Desde los tiempos ya lejanos del velasquismo, aquellas han tenido frecuentemente relaciones difíciles con el Estado, desde donde -con la reiteración que exigían las sucesivas crisis de la relación de los gobiernos con la sociedad- se lanzaban acusaciones genéricas contra ellas y se intentaban establecer mecanismos más rígidos de control sobre su acción.

Así, a lo largo de los años, han sido acusadas de "organizaciones extranjeras", "financieras de la subversión", "refugios del terrorismo", "aliados del narcoterrorismo", "negociantes de la pobreza", etc. Paralelamente, se han creado y recreado distintos registros de inscripción y variados mecanismos de vigilancia estatal sobre sus actividades. Desde los distantes años en los que se organizó la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, mucha agua ha corrido bajo los puentes. (pág. 9).

Toche entonces nos asegura,

(...) los pretextos y las justificaciones usados por las autoridades del Estado para atacar a las ONG son, de alguna manera, semejantes a pesar de las distancias en el tiempo, las diferencias de los contextos y los disímiles estilos de los gobernantes. Remarcamos así la sospecha de que existe alguna explicación profunda para comprender esta reiteración, en la que seguramente actúan los prejuicios y las discriminaciones habituales en la que nos desenvolvemos todos los peruanos. (pág. 12).

Así, la pregunta de fondo es, desde mi perspectiva, si verdaderamente ambos actores (el Estado y las ONGs) son proveedores alternativos de bienes y servicios de desarrollo a los beneficiarios más importantes de ellos, es decir los pobres, desde por lo menos hace cuarenta años ¿Cuál ha sido el impacto conjunto de ambos entes en esta clase social?

Según mi particular punto de vista, sustentado en mi libro "La quimera del desarrollo en el Perú. Estilos de crecimiento y pobreza", ambos cuerpos organizativos forman parte de un juego sociopolítico en el cual el pobre es un actor pasivo. Mi propuesta interpretativa sin embargo va un poco más allá de la anterior concepción: no es ni siquiera importante el que exista realmente o no pobres, sino personas a las cuales se las pueda calificar como tal para que el tablero de juego siga abierto a la recepción de recursos para financiar la superación de la pobreza porque los verdaderos beneficiarios de ella son los que trabajan en cualquiera de los dos equipos. En otras palabras, en el Perú (y probablemente en los países vecinos) se ha instalado un sistema competitivo compuesto por:

i) Los programas de superación de la pobreza del Estado, los que surgen por doquier con el financiamiento del BID o del BM, algunos sobreviven a varios gobiernos luego de complicados procesos políticos y sociales, otros quedan en el camino y desaparecen, y,
ii) Los proyectos de las ONGDs que trabajan con los mismos enfoques y tipos de beneficiarios definidos por el BID o el BM o las agencias de cooperación internacional, pero muchas veces con un mayor nivel de control en sus procesos puesto que estos necesitan garantizar resultados para ganar nuevos proyectos,

Ambos jugadores luchan por los recursos de la cooperación en nombre de la superación de la pobreza, sin que necesariamente estos existan. A que me refiero con esto último. Desde que el Banco Mundial pronunciara por primera vez la aparición de los pobres como problema de desarrollo, el problema de la operacionalización del concepto de pobreza ha sido un lugar común en esta organización. Desde el concepto operativo del dólar como mínimo de consumo o ingreso diario para obtener a los pobres extremos, y los dos dólares como mínimo de consumo o ingreso diario para estimar los pobres en general, el concepto de pobreza ha venido sufriendo una expansión en sus dimensiones comprendidas (Razafindrakoto y Roubaud, 2001:8). Inicialmente, fue solo el consumo, luego se incorporó los déficits en servicios sociales (NBIs). Posteriormente se incorporó la falta de recursos, lo que fue secundado por el concepto de vulnerabilidad. Seguidamente se habló de la dignidad para finalizar con conceptos más elaborados que incorporan la idea de autonomía.

La expansión de estos conceptos ha tenido como efecto la necesidad constante de encontrar nuevos pobres. Ante la disminución de estos por la implementación de políticas y acciones coherentes con un determinado enfoque ya sea de los proyectos de las ONG o de los programas del Estado era preciso encontrar una forma de incrementar el número de ellos incorporando nuevos enfoques con nuevas dimensiones de la pobreza. En ese sentido, esta expansión del concepto ayudó a que la maquinaria de lucha contra la pobreza sobreviviera por sí misma independizándose de los que verdaderamente son pobres: los excluidos sistemáticamente por la sociedad por causa de la falta de un mercado de trabajo desarrollado. Esta formulación, se parece muy en el fondo, pero con otros términos a la famosa ley de hierro de Michels enunciada para el caso de los partidos políticos, el que conocí posteriormente a través del curso de Partidos Políticos conducido por Fernando Tuesta Soldevilla.

Es curioso notar, que los que trabajan para las ONGs o el Estado son profesionales y técnicos intercambiables (habría que incluir un sector que aparece piola en este juego: la universidad). Depende cuáles son las señales de mercado que envíen los diferentes organismos del Estado para que inmediatamente sean absorbidos nuevos valores y luego reciclarlos ante el cambio de un ministro, una restructuración del Estado, o el cambio de un gobierno. Este mecanismo ha funcionado bien en los últimos años (segun mi modesta radio de amplitud de percepción). La alta dirección del Estado se ha estado nutriendo de los especialistas más destacados de las ONGs y las universidades, en una suerte de relación mutuamente beneficiosa para ellos mismos y por consiguiente para los pobres. Casos existen en gran cantidad: técnicos y políticos surgidos en las canteras de las ONGs que luego fueron llamados para formar parte de algún organismo del Estado para entonces lograr un mayor impacto (tanto en términos de cobertura como de calidad) de su experiencia ganada previamente. Cuando terminan su labor, algunos regresan a retomar sus funciones previamente dejadas y otros logran catapultarse a una mejor posición en algún organismo internacional, incluso los propios Banco Mundial, BID u otro vinculado a su especialización. La relación entonces es clara: ONG, proyectos y programas de pequeña escala que brindan experiencia a sus técnicos que luego serán promovidos al Estado para conducir programas y políticas de mayor envergadura. Cuando termina su hora, estos técnicos regresan a las ONGs o sino buscan promoverse a organizaciones de alcance continental.

En este sistema, los pobres o el pueblo o el ciudadano de a pie, son sólo un ente distante, pasivo, fácilmente olvidable, redefinible. Si se ha beneficiado, en buena hora, pero no importa, ya se encontrará una nueva definición para incluirlo en un nuevo proyecto que lo redefinirá como pobre otra vez, sea cierto o no. Los beneficiarios de primer nivel (los ejecutores de proyectos o implementadores de políticas) ya saltaron a un nivel superior para conducir sus destinos. En este punto, no cabe rasgarse las vestiduras. Simplemente, asi funciona el sistema, a pesar que uno se resista a creer que esto es asi. Pero en mi opinión, esto es así porque la creación del concepto de pobreza ha sido poco bienaventurada por nuestro país: los excluidos de la modernidad por no acceder a un empleo en un sistema capitalista fueron redefinidos como pobres y entonces el Perú perdió el tren del desarrollo. Piénsese un poco. En el pasado el problema fundamental era buscar un modelo de desarrollo capitalista que incluyera a las grandes mayorías en empleos de calidad y alta productividad. Ahora, el problema fundamental es quien es el mejor actor para transferir recursos para ayudar a los pobres a dejar tal situación. Atribuyo este cambio al fracaso de las operaciones de crédito que llevaron a la crisis de la deuda externa de los países latinoamericanos ocurrido durante los ochenta, lo que motivó una redefinición de la provisión de recursos de parte de los paises del norte a los nuestros.

El ejemplo de los países asiáticos y quizá del propio Chile puede llevarnos a pensar que las estrategias de desarrollo, ya sean de las propias ONGDs o de los organismos del Estado, deben considerar en primerísimo lugar que es necesario implementar un modelo capitalista, que transforme y no que extraiga unicamente depredando nuestros recursos sin siquiera beneficiarnos directamente, que exporte pero que también desarrolle un mercado interno, que brinde empleo y no migajas a través de los programas sociales, que promueva la existencia de ingenieros en miles de especialidades y no solo carreras ensayistas, en fin que promueva el concepto de desarrollo como un Perú lleno de empleos dignos y altamente productivos y no solamente un Perú que intente superar la pobreza únicamente.

En suma, mientras el concepto de desarrollo en nuestro país siga basándose en la superación de la pobreza a través de la distribución de las migajas (de quienes quieren darlas) antes que en la creación de un mercado de trabajo competitivo e incluyente de las grandes mayorías, las pugnas sociopolíticas entre el Estado, las ONGDs y las universidades servirán de telón de fondo para los excluidos de los beneficios de dicho sistema carente de creación de riqueza productiva.

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Bibliografía

• Mauro, Raúl (2005) "La quimera del desarrollo en el Perú. Estilos de crecimiento y pobreza". Lima: desco.
• Razafindrakoto, Mirelle y Roubaud, (2001) “Les multiples facettes de la pauvreté dans un pays en développement : Le cas de la capitale malgache". Document de travail DT/2001/07. France: DIAL.
  
• Toche, Eduardo (2003) "ONG. Enemigos imaginados". Lima: desco.