Competencia entre organismos electorales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) están de competencia. Ante la Constitución, ambos organismos son del mismo rango y están diferenciados únicamente por sus funciones jurídicas y operativas. No obstante, estas no han sido bien delineadas y existe un espacio oscuro para la competencia antes que para la coordinación intergubernamental como lo manda la propia Carta Magna.

Luego de la batalla campal de dimes y diretes, ambas instituciones han pasado -al parecer- a la competencia en el terreno intelectual. Mientras que la ONPE ha organizado un ciclo de conferencias que tendrá lugar en sus instalaciones (en el Jr. Washington 1894) todo el mes de abril y mayo titulado "Los sistemas electorales en el Perú y el mundo, derechos políticos fundamentales: Voto Obligatorio y Voto Facultativo, La Ley de Partidos Políticos, El Voto Electrónico y El Voto de los residentes peruanos en el extranjero" donde expondrán diversos especialistas de nuestro medio como el Dr. Jorge Avendaño, Li. Elena Alvites de la Defensoría del Pueblo, el Dr. Francisco Eguiguren, Jorge Yrribarren y el Dr. Teófilo Altamirano, los tres últimos docentes de la PUCP; por su parte, el JNE ha organizado un seminario internacional "La función electoral en América Latina" que tendrá lugar el dia de hoy en el Hotel Sheraton de Lima a las 4 pm. Los expositores son especialistas en la materia electoral en países como Bolivia, México, Colombia y Uruguay.

Lo curioso de la actual situación es que la población puede verse beneficiada por la abundancia de información que se provea por ambos canales. Se ha elevado el nivel de competencia por parte de ambas instituciones lo que me parece muy positivo siempre y cuando se mantenga en ese nivel. Las desventajas, que las opiniones sólo sean compartidas exclusivamente en estos espacios. Es menester que la información sea compartida por todos los medios posibles para que la población tenga una opinión mas concreta del problema entre ambas instituciones.

Como sea, ya el profesor alemán Georg Jellinek, había escrito en su famosa obra, Teoría General del Estado, sobre la competencia entre organismos del Estado del mismo nivel y autonomía. Según este autor, la competencia llegará a tal punto que puedan suceder tres cosas: que una destruya a la otra, que una absorba a la otra ó que una haga que la otra sobreviva pero que sea como si no existiera. No obstante, la teoría de las relaciones intergubernamentales desarrollada por los académicos de Estados Unidos proponen que es posible que organismos del mismo rango convivan pacíficamente en tanto y en cuanto permanezcan el profesionalismo y el respeto entre los especialistas de instancias similares en una materia del gobierno. Esto no sucede en el caso del JNE ni de la ONPE. Pareciera que ambos quieren proteger su parcela, sin establecer relaciones de coordinación más allá de la época de contienda electoral.

De otro lado, detrás de la pelea entre ambos entes gubernamentales se esconde la pelea entre abogados y administradores. En este último grupo se suelen agrupar a distintas especialidades como economistas, sociólogos, ingenieros entre otros) que tienen capacidades administrativas distintivas que los abogados no manejan necesariamente. Está claro también, que los abogados tienen capacidades jurídicas distintivas que los administradores no necesariamente manejan y por lo tanto son fundamentales para el funcionamiento del Estado. Lo que pasa es que no se ha analizado empíricamente en nuestro país como hacer para que ambos grupos se entiendan y aprendan a convivir armónicamente para echar a andar las ruedas del Estado. Algo que por ejemplo ocurre perfectamente en las relaciones entre el MEF, MINCETUR y el BCRP.

Mi opinión es que debería impulsarse la investigación de las relaciones intergubernamentales exitosas y ver cuales de estas prácticas pueden ser promovidas en las relaciones de áreas del Estado conflictivas como la que protagonizan el JNE y la ONPE. Si ambas se especializan en sus funciones y mejoran sus relaciones no sólo institucionales sino entre sus profesionales enfocarían todas sus energías en problemas urgentes a resolver en la materia electoral (la fragmentación política, la relación con los partidos, el código electoral, etc).

No obstante, la realidad parece no ir por ese sentido, al menos mientras el JNE siga con su objetivo político de reunificación. Veremos pues como se resuelve este tema en los próximos días.

Una memoria de 84 años

El Banco Central de Reserva del Perú ha puesto a libre acceso en su página web las memorias institucionales desde 1922. Esta es una acertada decisión puesto que permite a los investigadores y estudiosos de las ciencias sociales tener a la mano una invalorable fuente de consulta sobre la historia económica peruana. Es un paralelo con las ciencias políticas y jurídicas que desde hace varios años cuentan con libre acceso a la legislación peruana desde el siglo XIX. En lo correspondiente a la economía, hasta hace muy poco tiempo sólo era posible revisar las memorias desde mediados de los noventa desde donde se podían obtener las series macroeconómicas más importantes del país de los últimos 30 años: Crecimiento, inflación, tipo de cambio, exportaciones, importaciones, balanza de pagos, reservas, entre otros indicadores fundamentales de nuestra economía.

Ahora, con esta apertura informativa desde uno de los organismos del Estado con mayor calidad técnica y autonomía política podemos revisar cómo las cuentas nacionales fueron ensombrecidas por la gran recesión americana y la economía de la guerra de los cuarenta; hasta cómo los fabulosos años 50 y 60 dieron luz al boom crediticio que prometía industrializar a nuestro país. Por otra parte, las memorias de los años setenta deben ser interesantes por documentar palmo a palmo los embates de la primera crisis petrolera y financiera internacional sobre nuestra economía. Las memorias de los ochenta deben representar con acierto las tímidas presentaciones de las crisis económicas de nuestra nación. En contraste, los noventa inaugura una época de especialización técnica nunca antes observado en nuestro país la que ha perdurado hasta nuestros días.

Las épocas democráticas se están volviendo ahora más transparentes y de libre acceso y control de la ciudadanía.

Felicidades al BCRP!

La cruzada ahorradora del JNE

La reciente conferencia de prensa ofrecida por el Jurado Nacional de Elecciones donde se presenta una propuesta sesgada de reunificación de dos de los tres organismos electorales que tiene actualmente el país hace eco de la voluntad política del actual gobierno para reformar al Estado bajo la hipótesis de que lo más barato es lo mejor. El sentido común sin embargo nos enseña que esto no siempre ocurre así. Lo barato puede salir muy caro. Sobre todo si tomamos en cuenta un aspecto tan fundamental como es el costo que como sociedad tenemos que incurrir para tener una democracia saludable.

La primera vez que el Perú asumió con madurez democrática el costo adicional de dedicar recursos escasos en unas elecciones que fueran limpias y transparentes fue el 2001. Esto fue así porque las elecciones del año 2000 habían resultado en un verdadero desastre. La falsificación del millón de firmas, el acceso desigual de los partidos políticos a la publicidad en los medios, el acoso sistemático del gobierno a los medios de comunicación de oposición y a la misión de observación electoral de la OEA; y la desidia de los organismos electorales ante las claras evidencias de fraude electoral fueron una cadena de eventos desafortunados que hicieron que el país estuviera al borde del colapso moral y político.

Es en este contexto que el cambio de régimen político, de uno autoritario a uno democrático, exigió la necesidad de invertir en unas nuevas elecciones generales que gozaran de indudables credenciales de eficiencia y transparencia técnica. Y se logró pero a un costo por elector de casi el doble de lo gastado durante el proceso electoral del año 2000. No obstante, nadie cuestionó la calidad técnica con la que los tres organismos electorales se desempeñaron quienes coordinaron adecuadamente sus funciones de acuerdo a ley.

Tabla 1 Evolución del costo de las elecciones 2000 - 2006

Año	Nuevos soles			Número de electores	Costo por elector US$
	Costo total elecciones generales	Costo total real 2006=100	Costo real por elector
2000	158,098,490	177,625,325	12.2	14,567,468	3.1
2001	308,275,694	346,697,698	23.3	14,906,233	5.9
2006	221,609,114	221,609,114	13.4	16,594,824	4.1

Elaboración propia en base a información del JNE

Luego de que la ciudadanía resolvió seguir el orden democrático y electoral como base para el desarrollo social y económico, los organismos electorales se vieron comprometidos a reflexionar acerca de sus funciones y realizar mejoras donde vieran que era conveniente para modernizar y estandarizar procesos y así conseguir en el mediano plazo una reducción en los costos electorales. Solo dos administraciones lo hicieron: la ONPE y el RENIEC. El JNE por su parte, no tuvo mejor parecer que emprender una larga y costosa cruzada por recuperar las funciones administrativas y logísticas que le fueron retiradas por la reforma constitucional de 1993; a pesar que las elecciones generales del 2001 y las elecciones municipales del 2002 probaran que el modelo de organización electoral que separaba las funciones jurídicas de las administrativas en distintos organismos funcionaba.

Esta lucha emprendida por el JNE aun no ha terminado. Y parece que no terminará a menos que cambie por voluntad propia su tradición política y se resuelva de una vez por todas el problema de la confusa atribución de funciones administrativas y jurídicas que todavía concentra este organismo. Mientras tanto, el sistema seguirá “sobrecalentado” y generará costos de transacción innecesarios a la ciudadanía. Reformar el Estado no es una mera cuestión de reducir el organigrama del gobierno con la finalidad de reducir costos como si se tratara de aplicar una regla de tres simple. Esta tiene que ver con la realización de un cambio pertinente en las relaciones de poder y representación entre los diferentes actores de una sociedad para dar lugar a una modernización administrativa exitosa del Estado para bien del ciudadano y el estado de derecho. Ambos procesos se vivieron vertiginosa y exitosamente el 2001 ¿Por qué marchar en un sentido contrario a esta reforma para encarecer el diseño en vez de mejorarlo?

El talón de aquiles de Sierra Exportadora

El negocio de las alcachofas y de las cebollas producidas en el Valle del Mantaro tienen los días contados. Esto puede poner en peligro una de las políticas más prometedoras para el desarrollo económico de nuestros andes: Sierra Exportadora. Me explico. Mientras que las alcachofas se destinan para el consumo de países de la Unión Europea y Estados Unidos (ya sea semiprocesada o fresca), las cebollas se orientan a satisfacer fundamentalmente el consumo directo de la población limeña y piurana (fresca). Las alcachofas (Cynara scolymus L.) y las cebollas rojas (Allium cepa L.) son sembradas en esta región en aproximadamente 250 has y 2 mil has, respectivamente. Estas tierras forman parte de las más de 1.5 millones de has que son regadas por el agua del río Mantaro de 724 Kms de longitud y los efluentes de siete lagunas principales: Junín, Huascacocha, Tragadero, Marcapomacocha, Coyllorcocha, Paca y Huichicocha, donde se producen otros alimentos de primera necesidad tales como la papa, el maíz, la cebada, el haba, entre otros.

La cebolla roja es una de las bases principales de la alimentación popular peruana. Se la utiliza como base para el aderezo de la mayoría de los guisos de menestras y carnes; y, también como insumo básico para la mayoría de las ensaladas frescas, las zarzas, y también para el emblemático ceviche peruano. Sin cebolla, por lo menos el 80% de los platos que forman parte de la variada gastronomía peruana dejarían de existir o por lo menos no contarían con el sabor tan particular que este ingrediente provee. Esto significa que el sector económico de transformación de los alimentos tendría un serio limitante para su desarrollo y consolidación si se comprueba que la cebolla proveniente de Huancayo y Tarma están contaminados.

Por su parte, el principal destino de las alcachofas es el mercado internacional, ya sea en conserva (corazones enteros, o por cuartos apertizados, marinados o en aceite o congelados) o fresca, destacando dos países: España y Estados Unidos. Como bloques regionales de consumo, en realidad, la demanda principal de alcachofas frescas proviene de la Unión Europea donde destacan luego de Francia e Italia, España, Holanda, Alemania, Francia, Reino Unido entre otros países. En Estados Unidos, el ingreso de nuestras alcachofas frescas en igualdad de condiciones con las provenientes de Chile y Colombia, se dio luego de que se levantaran las restricciones fitosanitarias en julio del 2002. Este producto ha sido analizado por Mincetur por ser uno de los más competitivos de nuestra oferta exportable y eventualmente este puede ser un producto bandera del Programa Sierra Exportadora.

No obstante, la razón de que el negocio de estos productos y sus industrias derivadas se vengan abajo es por el impacto a mediano y corto plazo que tendrán los crecientes niveles de contaminación observados en el valle ya sea por tierra, aire o lluvia. Este problema pone en riesgo dos de los objetivos centrales del Programa Sierra Exportadora: i) Desarrollar y consolidar el mercado nacional e internacional; y, ii) Consolidar y ampliar una oferta competitiva de productos en la sierra peruana en función de la demanda real nacional e internacional.

Las fuentes de contaminación del río Mantaro son los relaves sin tratar de la actividad minera de la empresa Doe Run (ubicada a tan solo 124 kms del valle), el desembalse de aguas negras de la Central Hidroeléctrica del Centro (ubicada a una distancia similar) y el vertido de aguas servidas del sistema de alcantarillado de las ciudades ubicadas a lo largo y ancho de la cuenca del Mantaro. De manera específica, se ha detectado que las aguas del río Mantaro contienen elementos como arsénico, trióxido de nitrógeno, cadmio, zinc, cobre y plomo, en cantidades que superan ampliamente los límites permisibles para el consumo humano.

Hace una semana tuve la oportunidad de estar en esta zona, y realmente el escenario me pareció muy deprimente. Caminé por la vía principal desde Santa Rosa de Sacco hasta la altura de las oficinas principales de Doe Run. Los niños y niñas del colegio José Carlos Mariátegui toman su bus al costado de las refinerías de plomo y cobre. El río acogió sin reclamo el desembalse de aguas negras de la central hidroeléctrica aprovechando la crecida del rio Yauli. Un circuito de teleféricos transportaba el mineral de desecho hacia al costado de la carretera central formando unos nuevos andes de un negro mortal. Vi la fotografía de esta área en Google Earth y ya se puede apreciar con claridad el área que va cubriendo desde una posición relativa de 500 mts de altura. No por gusto, hace poco esta ciudad fue calificada como una de las top ten más contaminadas del mundo.

Si nuestro actual gobierno no toma en serio lo que en verdad significa competitividad para nuestro país, el tiempo de vida de nuestros proyectos comerciales más ambiciosos fracasarán penosamente. Lo que es peor, incluso nuestra industria moderna más original y variada, la gastronómica, que promueve Gastón Acurio y los miles de peruanos que tienen su restaurancito en New York o París, fracasará pues los alimentos que se producen en nuestros andes estarán totalmente prohibidos de entrar por estos lares por causa de no haber implementado una estrategia racional e inteligente de manejo ambiental.

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Un buen lugar para ir conociendo algunos datos concretos sobre la contaminación originada en La Oroya puede visitarse todosobrelaoroya.org

Bajo el umbral financiero

La reciente crisis de la bolsa de valores china puede ser perjudicial para nuestro país como lo fueron las sucesivas crisis financieras de fines de los noventa. Puede decirse que buena parte del fracaso del gobierno fujimorista fue su incapacidad de hacer del Perú un país que pueda afrontar con éxito las crisis financieras internacionales. Mucho pedir? Tal vez sí. Pero puede ocurrir que esta crisis oriental nos agarre cual tsunami antes de que el actual gobierno tenga tiempo para hacer algo importante con los recursos extra que tenemos en las arcas fiscales.

La revista trimestral del FMI, Finanzas y Desarrollo, acaba de publicar varios artículos que abordan el problema de la globalización financiera. Se titula "Las dos caras de la globalización financiera". El primer artículo hace una revisión muy interesante sobre la teoría estándar que inspira las actuales políticas públicas en materia financiera. Ella señala que la globalización financiera per se permite que se haga una más eficiente distribución del capital internacional de modo que impulse el crecimiento económico y reduzca la volatilidad del consumo. La realidad sin embargo estaría demostrando que en la mayoría de los casos eso no ha estado ocurriendo así. Entonces, se hace una propuesta teórica alternativa que explicaría esta situación. Se reconoce la importancia de los potenciales canales de beneficio colateral (desarrollo local del mercado financiero, desarrollo institucional, mejor gobierno, disciplina macroeconómica) para hacer que la globalización financiera tenga un impacto positivo en el crecimiento y en la productividad total de los factores (donde se incluiría por supuesto la mano de obra) lo que finalmente reduciría la volatilidad del consumo. Sin embargo, el artículo hace énfasis en la necesidad de poner atención en lo que denomina las "condiciones umbrales" de estos canales que en realidad serían cinco en total:

1. Desarrollo del mercado financiero
2. Calidad institucional
3. Gobierno
4. Políticas macroeconómicas
5. Integración comercial

Si el país en cuestión se encuentra debajo de los umbrales mínimos de calidad en estos cinco aspectos, entonces la globalización financiera tendrá un efecto significativo en el riesgo de crisis mas no necesariamente se traduciría en un impacto negativo o positivo en el crecimiento económico o en la productividad total de los factores. En contraste, si el país se encuentra por encima de los umbrales mínimos de calidad en los aspectos señalados, con seguridad la globalización financiera tendrá un efecto positivo en el crecimiento económico y en la reducción del riesgo del país.

Si tuvieramos que ordenar intuitivamente los factores señalados arriba para el caso de Perú para hacernos una idea de cual de los aspectos hemos avanzado más creo que tendríamos lo siguiente: 4 - 1 - 5 - 3 - 2. Como se puede apreciar, hemos avanzado de manera desigual y tal vez en el orden menos adecuado. El cambio institucional, es decir de las reglas de juego son necesarias y fundamentales en nuestro país para incentivar el crecimiento económico a través de la reducción de los costos de transacción. Esta teoría ha sido propuesta y validada por varios estudiosos e incluso hay premios nobel de economía por esta razón (North, 1993). Es probable que solamente en el punto 4 estemos por sobre el umbral de calidad y en el resto de los puntos por debajo. Esto nos coloca en una situación desventajosa frente a lo que podría suceder en nuestro país ante una crisis financiera internacional de magnitud.

El segundo y último artículo que comentaré brevemente trata sobre la paradoja del capital. En ella nuevamente se cuestiona la teoría estándar que explica que el capital debe fluir, en términos netos, desde los países más ricos hacia los pobres. Es decir, los recursos financieros deben fluir de aquellos países que tienen un mayor capital físico por trabajador donde los retornos al capital son bajos, a aquellos países donde tienen un menor capital relativo ya que se cuentan con oportunidades de inversión no explotadas. Esto en teoría debería ocasionar que los países más pobres mejoren por un mayor acceso a los recursos financieros para invertir en capital físico como equipo, maquinaria e infraestructura. Esta inversión debería mejorar finalmente sus niveles de empleo e ingreso y con ello elevar sus respectivos niveles de vida. La paradoja es que los datos revelan que los recursos financieros en realidad fluyen de los países más pobres a los más ricos. Qué es lo que sucede? El artículo plantea algunas respuestas que a mi modo de ver no atacan el problema de fondo: que tal teoría ostenta un problema no resuelto motivado por convicciones antes que por deducciones lógicas de la misma, propone libre movilidad del capital pero no libre movilidad de la mano de obra para que el esquema funcione y obtenga un equilibrio en favor de los niveles de vida de los habitantes de ambas latitudes.

En fin, este número esta muy interesante y merece profundizar en las ideas que se exponen en el. Tambien vale la pena indagar sobre las cuestiones institucionales que debemos resolver para que nuestro país pueda salir si no exitoso, al menos no tan chamuscado de una eventual dragonada financiera iniciada tan solo unos dias atrás.

Un oscar para Alan

Las recientes premiaciones de la industria del cine hollywoodense no han hecho justicia con el premio al mejor actor. Alan García por su actuación en curso, "Todos los hombres y mujeres del Presidente" y una segunda nominación (increíblemente) por "Todo se compra, todo se vende". Y es que a pesar que la actuación de Don Alan Gabriel García Pérez no convence en ninguno de los dos casos, le ha puesto bastante punche a su carrera actoral desde su reaparición en la escena política peruana el 2006. Veamos grosso modo, las interpretaciones que le valdrían la premiación.

En la primera película hemos podido apreciar el notable contraste de cómo Alan García resuelve una crisis ministerial recurrente: si es una mujer con buenas credenciales técnicas, no aprista, esta debe salir de todas maneras expulsada del sistema; si es un varón, hay que recriminar severamente la desidia e implementar una solución técnica recomendada por un viejo amigo aprista como lo es Luis Alva Castro, pero hay que evitar su salida. Había que perdonarle la vida. Fueron realmente sensibles sus siguientes líneas:

Cuando yo he visto el caso de los famosos patrulleros o el caso de las ambulancias, yo sé que no hay inmoralidad por parte del ministro, pero hay dejadez, negligencia, desidia porque todos necesitamos saber a qué precio se compra y no dejar eso en manos de la comisión, de la oficina de administración, no señor. Necesita cada ministro y cada funcionario seguir al día de qué se está comprando y a qué precio, y siempre exigir un menor precio. (tomado de El Comercio 2/3/7)

La manera diferente de resolver el asunto se debió al sexo del representante ministerial o al tipo de ministerio que se encontraba propicio al copamiento? El público parece inclinado a pensar que es lo segundo. Este hecho me sigue haciendo pensar sobre cómo Alan actuará en las próximas crisis con sus ministros y ministras. Hay dos carteras sensibles en mi opinión: el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo los cuales tienen ad portas una coyuntura muy desafiante: la firma del TLC con USA. Yo creo que independientemente que exista un paso exitoso o de fracaso en este asunto, Alan García tendrá el camino libre para llamar a un nuevo compañero al frente de cada una de estas secretarías.

La segunda película revela igualmente una actuación farsante. Primero vimos asombrados a Alan vendiendo el Boeing 737 presidencial (señal según el de la juerga Toledista y herencia indeseable del fujimorismo) y luego los vehículos presidenciales modelo Imperial Le Baron y Chrysler New Yorker que se encargaron de transportar a los presidentes que gobernaron el Perú entre 1970 y 1980 (señal no explicitada de Velasco, Morales Bermúdez y Belaúnde). Ni bien se estuvo haciendo la subasta, el presidente tuvo que dejar el martillo y salir volando a resolver un problema doble y real: la compra sobrevaluada de camionetas y ambulancias realizada por el Ministerio del Interior y de Salud respectivamente. Mientras fungía de vendedor-reformador, el escenario le obligó a dedicarse a cosas que realmente valen la pena cuando de Reforma del Estado hablamos.

Cabe resaltar que Alan ha tomado varios papeles secundarios en estos últimos meses. Primero fue un humilde monarca rezando junto al Cardenal. Luego fue un activista acérrimo de la pena de muerte. Después se le vio liderando el recorte de sueldos y la eliminación de OPDs como una forma innovadora de reformar el Estado. También obtuvo una notable caracterización como padre responsable de reconocer a su hijo fuera del matrimonio fuera de la carrera electoral. Algunos apreciaron sus dotes de bailarín postreaggetonero en unas cuantas apariciones populares ha tenido. Y finalmente, ahora ha decidido convertirse en un activista en favor de las empleadas del hogar como un preludio a la celebración del día internacional de la mujer. En suma, una retafila de actuaciones magras y estúpidas.

No sé si James Cameron lo podrá llamar con este cv para que protagonice algún papel en algún documental provocador como el reciente que realizó acerca del probable descubrimiento de la tumba de Jesús, María y su hijo Judas. O quizá, un cuentista nacional como Garrido Lecca (su actual Ministro de Vivienda) se le ocurra incluirlo dentro de sus tan originales propuestas artísticas como Piratas en el Callao o Dragones destino de fuego. Un blockbuster estaría a punto de comenzar, pero como sucede en la mayoría de este tipo de películas taquilleras, no siempre cuentan una buena historia a pesar de los asombrosos efectos especiales; ni sus protagonistas merecen mayor reconocimiento a pesar que reciben siempre una buena tajada por su actuación.

Gobernar por la ley, no por la fe

Se acaba de lanzar una importante iniciativa legal en favor del Estado moderno en nuestro país: La ley de igualdad religiosa. De aprobarse, es probable que en poco tiempo tengamos un Estado de derecho eficaz donde las capacidades de todos puedan expandirse sin impedimento y lograr así una sociedad más equitativa y justa. No obstante, es necesario avanzar más allá de la propuesta de esta ley, de un Estado que brinda beneficios y exoneraciones por igual a todas las entidades religiosas como a sus creyentes (véase art. 10 y arts. 20 al 26 de la iniciativa), a un Estado neutralmente religioso. Un Estado laico.

El Estado de derecho es aquel tipo de Estado donde prima el imperio de la ley. Es un Estado que mediante el principio de legalidad protege los derechos fundamentales de cada uno de sus ciudadanos. Un Estado estamental por su parte, es aquel donde las desigualdades entre grupos sociales cerrados y el resto de la sociedad están institucionalizados. Es decir, en el Estado estamental, la desigualdad es legal entre los diferentes grupos sociales o estamentos. El centro de los derechos no es la persona sino los privilegios de unos pocos respecto del resto de la sociedad.

Nuestro Perú todavía es un Estado estamental. Lucimos como la Europa del siglo XIII o quizá siendo más considerados, como la Europa del siglo XVII. Existen desigualdades legales garantizadas (y a veces defendidas) por el Estado que privilegian a ciertos grupos de poder. Históricamente la iglesia católica y los militares han tenido privilegios protegidos por el Estado por sobre el resto de la sociedad. Nuggent prefiere llamarlos las sociedades tutelares o las órdenes tutelares.

En ese sentido, la iniciativa puesta en cuestión, estaría abogando por una situación más justa respecto de la anterior, cuando la iglesia católica era la única que recibía los beneficios tributarios, exoneraciones, inafectaciones, entre otras ventajas que no necesariamente son reclamadas por esta. Este es un reclamo tradicionalmente señalado por ciertos grupos evangélicos que difiere totalmente de la propuesta de un Estado no confesional. Es decir, aquel Estado que no tiene injerencia alguna en cuestiones de fe. ¿Qué pasará por ejemplo cuando se advierta cierta preferencia del Estado para celebrar convenios de colaboración con una nueva confesión distinta a la católica? (art. 27). Es probable que ante esta eventualidad la iglesia católica argumente falta de equidad respecto de su participación en cuestiones que también tenga competencia o experiencia. Y lo haría con justa razón. Como se puede observar, esta nueva situación es virtualmente insostenible por cuanto la competencia interreligiosa por los favores del Estado son incompatibles con el desarrollo de la democracia.

Con todo, la iniciativa legal tiene varios aciertos en lo que corresponde al ejercicio de actividades consecuente con los principios de fe y conciencia personales (ver por ejemplo el art. 14). Entre ellos quiero destacar el último inciso que señala lo siguiente:

i) Guardar el dia de descanso que considere sagrado su religión, sin tener que estar obligado a ir a trabajar o estudiar.

Este punto tiene un alto valor para varias confesiones no católicas, entre ellas la adventista, la judía, la musulmana, entre otras. En particular, la adventista ha tenido una notable contribución en la construcción de un Estado laico sentando precedentes muy importantes en ese sentido. En el aspecto laboral, destaca el caso de un médico adventista que trabajaba en un organismo estatal el cual le obligó a trabajar en sábado, día considerado de descanso por su religión. Este problema es reseñado y evaluado por Marco Huaco en su libro, Derecho de la Religión (pp. 264-265):

En el año 2001 el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse en un caso de este tipo a propósito de la demanda de Acción de Amparo interpuesta por un médico Adventista contra el Seguro Social de Salud (ESSALUD) a fin de que no se le obligue a trabajar los días sábados. Durante los últimos cinco años de la relación laboral, la demandada había establecido los horarios de trabajo mediante la estructuración de un rol que incluía laborar los días sábados pero no se incluyó al demandante dentro de las labores sabatinas puesto que sus jefes inmediatos y la alta dirección del hospital conocían que pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, uno de cuyos preceptos conlleva la observancia del día sábado como día dedicado al culto, pues es el "Día del Señor o Día de Reposo Cristiano". No obstante esto, en febrero de 2001 sus superiores consideraron que ello constituía un privilegio injustificado por lo que cambiaron de decisión y lo programaron para laborar los sábados. Ello motivó que interpusiera un recurso judicial para cuestionar esta decisión. Después de haber sido declarada infundada la demanda tanto en primera como en segunda instancia, finalmente el TC se pronunció declarándola fundada mediante STC 895-2001-AA/TC pues podía efectuarse la ponderación sin sacrificar el derecho de libertad religiosa del médico y su práctica religiosa no vulneraba el orden público. Los vocales en minoría señalaron por el contrario que el permitir al médico observar su día religioso de reposo era un privilegio o concesión que en cualquier momento podía retirársele.

El segundo caso, es el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en favor del caso de un estudiante de una universidad privada peruana que no podía seguir estudiando porque dicha entidad no tenía la flexibilidad suficiente para adaptar sus requisitos académicos y administrativos que respetaran su derecho a rendir culto en el día sábado, tal como sostiene su religión. Este caso también es reseñado por Huaco y comentado en su web aquí.

En resumen, la iniciativa de ley tiene sus aciertos en lo que respecta a las relaciones entre personas, pero tiene graves desaciertos en lo que respecta a la dinámica de las organizaciones religiosas y políticas. Todavía se concibe al Estado como un terreno abierto donde establecer una parcela propia. En este caso, el de las entidades religiosas. Hay entonces amigos, mucho que hacer. En un blog pasado comenté los beneficios de tener un Estado laico desde un punto de vista económico, sustentado en los argumentos de Posner. Volveré a revisarlos para exponerlos en un próximo post.