El costo de las elecciones adelantadas

Si bien la democracia no se reduce a celebrar elecciones generales o sub-nacionales, no se puede concebir una democracia sin elecciones regulares. De esta manera, buena parte del costo de la democracia es la organización de elecciones.

El costo histórico de la ejecución de elecciones generales es muy reducido en términos del PBI, siendo la única excepción las elecciones de transición democrática celebradas el 2001 año en el que alcanzó el 0.17% del PBI. Luego, el costo de las elecciones generales siempre se ha ubicado por debajo del 0.1% del PBI. En términos comparativos, las medidas presupuestadas para reactivar la economía durante el 2014 tuvieron un costo calculado en 4,204 millones de soles, equivalentes a un 0.7% del PBI, esto es 10 veces el costo promedio de las elecciones de los últimos 29 años[1].

Gráfico 1 Presupuesto de Elecciones Generales como Porcentaje del PBI

Elaboración propia con información JNE-INEI

Con respecto a las elecciones de transición democrática de 2001, ha habido mucha crítica sobre el elevado costo presupuestal en el que se incurrió con respecto a las elecciones de 2000. En efecto, entre 2000 y 2001, el presupuesto aumentó en 329% debido a los servicios innovadores que se implementaron en las elecciones de 2001 para garantizar la transparencia y velocidad en la presentación de los resultados del voto popular. No obstante, si se compara el mismo tipo de servicios contratados entre las elecciones de 2000 y 2001, el incremento presupuestal fue de 6.5%.

Tabla 1 Comparación del costo presupuestal de elecciones generales 2001 versus 2000, soles

Fuente: ONPE

El incremento presupuestal observado entre 2011 y 2006 obedece a que se introdujeron innovaciones para la votación de los extranjeros y se incluyeron las elecciones para el Parlamento Andino.

A pesar del incremento de presupuesto que se ha venido observando desde el 2001, este se ha mantenido estable en términos del costo presupuestal por elector en una cifra cercana a los 15 soles por persona.

El anuncio por parte del gobierno de un presupuesto de 700 millones de soles para la organización de elecciones generales resulta en una cifra bastante alta, ya que casi duplica el costo por elector observado de los años anteriores. No obstante, es posible que se esté considerando en ese costo, el presupuesto de dos elecciones seguidas, el referéndum para aprobar la reforma constitucional que viabilice el adelanto de elecciones y las propias elecciones generales adelantadas. De esta forma el costo por elector se ubica en un promedio de 14.35 soles por elección.

Tabla 2 Presupuesto y Padrón de Electores de las Elecciones Generales 1990 - 2019

* Presupuesto anunciado por el MEF para el Presupuesto 2020. El padrón corresponde para el Referéndum Nacional del 9.12.18.

1. Fuente: BCRP. Para el 2019 información del MMM 2020-2022.

2. Fuente: INEI-ONPE.

Una pregunta que quedaría en el tintero es ¿Si el gasto electoral del 2001 fue tan alto, pudo este haber servido de estímulo para la economía peruana? Es muy probable que el gasto electoral haya tenido un impacto positivo en los sectores no primarios (comercio y servicios) ya que según la web de Transparencia del MEF más del 92% del presupuesto programado se ejecutó antes del mes de junio en servicios diversos tales como capacitación, papelería, cómputo, comunicaciones y transporte (1ra vuelta electoral se realizó el 8 de abril, y la 2da vuelta se realizó el 3 de junio). El resultado fue una recuperación del crecimiento de 0.6% durante ese año.

Gráfico 2 Comportamiento del PBI trimestral, 2000-2001

Elaboración propia con información de INEI

De lo anterior se podría deducir que el impacto de ejecutar elecciones adelantadas sería positivo en la medida que estimula la demanda interna por bienes y servicios terciarios fundamentalmente que podría ser de al menos medio punto de crecimiento del PBI.

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[1] MMM 2016-2018 pág. 48 y MMM 2016-2018 Revisado, pág. 34.

¿Puede la reforma anti-corrupción tener un impacto positivo en la economía?

Una de las preguntas centrales sobre la reforma para combatir la corrupción es si esta tiene retornos económicos positivos para el país. Los economistas han abordado esta pregunta desde hace varios años a través de diferentes estrategias estadísticas, comparando varios países a nivel global, siendo uno de los más destacados el economista italiano Paolo Mauro.

Las hipótesis en competencia son dos. En el extremo perverso, la corrupción puede ser positiva para la economía debido a que evita los trámites burocráticos acelerando la inversión privada y por tanto incrementando el crecimiento económico. En el otro extremo, la corrupción es negativa debido a que desvía recursos escasos que podrían haber sido aprovechados para generar un mayor nivel de inversión y por tanto de crecimiento económico.

De acuerdo con este investigador, él ha encontrado evidencia robusta para la segunda hipótesis, de manera que, para un determinado país, una reducción exitosa de la corrupción se traduce en mayor inversión privada, un mayor nivel de crecimiento económico pero no necesariamente se obtiene un mayor gasto público.

En efecto, en su artículo “Los efectos de la corrupción en el crecimiento, inversión y gasto público: un análisis transversal de países” publicado en el libro “Corruption and the global economy” de junio de 1997, se reportaron los siguientes resultados:

• Una mejora de 2 desviaciones estándar en el índice de corrupción se encuentra asociado con un incremento de 4 puntos porcentuales en la inversión privada y un medio punto porcentual en el PBI per cápita.
• Esto significa que en el caso peruano, si ocurre que gracias a una reforma anti-corrupción exitosa mejorara su posición en dos puntos pasando del lugar 35 al 37 en el ranking internacional de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, se traduciría en una mejora de la inversión privada pasando de 18% del PBI a 22%, mientras que el PBI per cápita se incrementaría ya no en 1.9% sino en 2.4%.
• El mismo estudio reporta que no se ha encontrado evidencia de que una mejora en la lucha contra la corrupción tenga un impacto positivo en el gasto público, pero sí en su estructura. Específicamente se ha encontrado que la reducción en la corrupción mejora el gasto en educación. De esta manera, una mejora de 2 desviación estándar en el índice de corrupción internacional se encuentra asociado con una mejora de medio por ciento del PBI. 
• Lo anterior significa que si el Perú mejora su posición en el ranking internacional de corrupción pasando del lugar 35 al 37, el gasto público en educación aumentaría de 3.5% del PBI a 4% del PBI. 

En conclusión, una reforma política exitosa que reduzca la corrupción en nuestro país de manera que mejoremos de manera importante nuestra posición en el ranking internacional de corrupción, traerá consigo un mayor nivel de inversión privada, un mayor nivel de crecimiento económico y una mejor distribución del gasto público a favor de la educación pública. Estos impactos se añaden a las previsiones de mejora que contempla el país en cuestión asumiendo que la corrupción no cambia. Pero si la corrupción disminuye, tendríamos estos impactos adicionales como beneficio.

Inseguridad y déficit alimentario en EEUU y Perú

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. ha publicado hoy las cifras de inseguridad alimentaria en su país (Ver aquí). De acuerdo con el reporte, existe inseguridad alimentaria cuando se limita el acceso a alimentos adecuados por falta de dinero y otros recursos. La buena noticia para los EE.UU. es que el porcentaje de hogares que ha experimentado inseguridad alimentaria durante el 2018 ha descendido hasta los niveles observados previos a la crisis económica de 2007, es decir 11.1%.

En el caso del Perú no contamos con una estadística oficial que aborde el problema de la "inseguridad alimentaria". No obstante, desde el 2001, se introdujo la medición del concepto de "déficit calórico" según el cual se averigua si el hogar está sufriendo dificultad para cubrir sus necesidades alimentarias. Coloquialmente, es una estadística "dura" de cuánta población está sufriendo episodios de hambre porque no logra cubrir con sus ingresos su requerimiento mínimo de calorías para las actividades que realiza. En el fondo, es una estadística que se parece a la norteamericana.

Se puede apreciar, que en el caso peruano, relativizando las diferencias metodológicas interanuales, podemos apreciar que ha habido una leve reducción de este indicador pasando de 34.9 a 33.5% el 2018, con cierta tendencia a seguir a la baja durante el 1er trimestre de 2019. Sin embargo, los niveles observados en estos tres últimos periodos son similares a los que teníamos al inicio del boom exportador de minerales, es decir en el periodo 2001-2003.

Las mejoras obtenidas por el largo periodo de crecimiento económico ahora parecen diluirse por la persistente desaceleración económica. Es posible que además del término del boom minero exportador se haya añadido la repentina migración asimilada por nuestra sociedad provocando este aumento inusitado de la estadística del "hambre". No obstante, el impacto será temporal en la medida que la mano de obra adicional genere su respectivo aporte al PBI y se vuelva así el equilibrio de la dinámica productiva y de consumo interno. Una consecuencia de que persistan muchos hogares en situación de déficit alimentario es que los niños sufran un aumento en la desnutrición crónica o aguda, un escenario indeseable para nuestro país ad portas del Bicentenario.

Perú reduce su déficit calórico, pero persiste prevalencia pre-boom exportador

Cabe entonces prestar especial atención a este indicador pues no podemos seguir siendo un ejemplo de la paradoja de ser uno de los países líderes en la cocina internacional y al mismo tiempo, con altos niveles de desnutrición, anemia y tuberculosis.

¿Está preparada la fuerza laboral peruana para dar un salto en la productividad laboral?

No se trata de evaluar la mano de obra peruana en términos de cual es el nivel educativo promedio con el que cuenta. Se trata de que podamos tener una idea vaga de si efectivamente nuestra fuerza laboral puede responder a las demandas de la dinámica productiva que está constantemente en cambio.

Una estadística reportada por la OCDE puede darnos vislumbres sobre cuál es la situación en la que nos encontramos. El gráfico nos presenta el porcentaje de individuos de la fuerza laboral de varios países que no cuenta con habilidades básicas para su desempeño laboral, es decir, lenguaje, matemáticas y solución de problemas. El único país latinoamericano que aparece es Chile, un vecino con el que solemos compararnos por el cobre y otras perlas más.

Resulta que para comenzar Chile ocupa el último lugar de los países comparados, que forman parte de la OCDE. Pero lo más dramático es que un poco más del 40% de su fuerza laboral no cuenta con las habilidades básicas para desempeñarse en el mercado de trabajo. Esto significa un fuerte desafío para impulsar la productividad laboral a pesar de contar con recursos y avances en otras dimensiones.

Con todo el debate que se ha abierto a escala global sobre el futuro del trabajo, ¿Cuál creen que sea el porcentaje correspondiente para nuestro país? ¿50%, 60%, 70%? Con una población con tal precariedad en su capital humano básico acumulado, no hay estrategia de formalización que sirva bajo la excusa de elevar la productividad. Lo que no ha podido garantizar nuestra política educativa, ¿Lo compensará una reforma en nuestra política laboral?

El ahora trillado PNCP tiene dentro de sus 9 objetivos, uno que aborda esta problemática (OP2). Sin embargo, es preciso señalar que el debate público parece orientarse más sobre cómo flexibilizar las relaciones empleador-trabajador (OP5) antes que definir las políticas y programas que impulsen la capacitación laboral como una forma concreta para elevar la productividad del trabajo.

Cuando la tristemente célebre ley "pulpín" estuvo en boga, tuve la oportunidad de escuchar en el Congreso a varios sindicatos conformados por jóvenes que para mi sorpresa su reclamo prioritario era precisamente ese: que no podían costear, ni tenían tiempo, para estudiar y especializarse y poder así conseguir un trabajo mejor remunerado. Se sentían esclavos de las empresas en las que trabajaban y les indignaba terriblemente que una reforma laboral busque recortarles los pocos derechos laborales que la actual ley todavía les reconoce.

La idea es que los propios jóvenes desean elevar su productividad, pero la empresa no les brinda la oportunidad ni las facilidades para hacerlo. El costo social es que al no hacerlo, pronto ese joven envejecerá y se perderá la productividad que pudo haber aportado en empleos más productivos. Luego la empresa lo verá como costo porque las relaciones laborales serán más asfixiantes y demandantes que solo un nuevo joven tolerará. Resultado, toda una cohorte poblacional quemada.

Es necesario actuar de manera consistente. Hagámoslo por los jóvenes y por el Perú.