El precio de dejar de ser antifujimorista

Carlos Meléndez ha escrito sobre un concepto que el denomina "la economía moral del antifujimorismo": esa forma de entender la política peruana en la que ser antifujimorista terminó siendo, para algunos, algo más que una posición política. Era pertenecer al lado democrático, decente y moralmente correcto.

Meléndez observa ahora, no sin ironía, que algunos de quienes ocuparon ese lugar han terminado trabajando para el gobierno de Keiko Fujimori. La pregunta que plantea en ese sentido es interesante: ¿Qué ocurrió con aquella frontera moral?

Pero antes de ello, quizá falta otra pregunta: ¿Por qué esa frontera dejó de tener valor político?

El antifujimorismo que ganaba elecciones

Durante años, el antifujimorismo fue una fuerza electoral formidable. Alejandro Toledo llegó a Palacio en julio de 2001 después de encabezar la Marcha de los Cuatro Suyos tan solo un año antes. Una década después, Ollanta Humala derrotó a Keiko en 2011 encabezando una coalición que tuvo al antifujimorismo como uno de sus principales elementos aglutinadores. Cinco años mas tarde, PPK hizo lo mismo en 2016. Incluso Susana Villarán construyó buena parte de su capital político dentro de ese espacio.

El antifujimorismo no era solamente una oposición. Era una promesa: la de que había otra manera de hacer política.

Pero, esa promesa se erosionó a lo largo de esos 25 años. Toledo terminó condenado el 2024 por el caso Odebrecht. PPK enfrenta investigaciones y juicios por sus vínculos con la constructora brasileña. Villarán admitió aportes de Odebrecht y OAS. Alan García murió antes de poder enfrentar judicialmente las acusaciones que pesaban sobre él.

No todos estos casos son iguales, pero políticamente produjeron un efecto semejante: la corrupción dejó de ser atribuible de manera exclusiva al fujimorismo. El antifujimorismo perdió su monopolio moral.

De la mayoría absoluta a la cooptación

Conviene no perder de vista la cronología pero, esta vez desde otro ángulo. En 2016 el fujimorismo obtuvo una mayoría absoluta en el Congreso, con más de 70 escaños. Gobernaba por números absolutos: no necesitaba construir puentes con otras fuerzas políticas, le bastaba y sobraba su propia bancada. Con K.

Pero el cierre del Congreso por Vizcarra en 2019 cambió esa ecuación. El fujimorismo perdió esa mayoría, pero esta situación le obligó a aprender a ganar algo distinto: la capacidad —y la necesidad— de construir alianzas, en particular con una izquierda conservadora que compartía con la derecha una misma desconfianza hacia los "caviares" que se creían la reserva moral del país.

Ahí nace el patronazgo como estrategia, no como rasgo constante de Keiko: cuando ya no le alcanzaba con los votos propios, había que ofrecer algo a cambio de los ajenos. Un ministerio, una embajada, una dirección, una candidatura, una banca. Eso tiene un nombre menos escandaloso que corrupción —patronazgo político— y cuando sirve para incorporar adversarios, cooptación. El mecanismo puede ser perfectamente legal; su naturaleza política, sin embargo, merece ser discutida.

Montesinos necesitaba comprar voluntades —con fajos de billetes— una por una. Keiko, sin esa mayoría de 2016, aprendió algo más eficiente: no hace falta que todos sean fujimoristas, basta con que muchos tengan razones para trabajar con el poder. Es, casi al pie de la letra, la segunda de las 48 leyes del poder que popularizó Robert Greene: aprender a usar a los enemigos en beneficio propio.

Tres formas de cruzar la frontera

El fenómeno que señala Meléndez no es uniforme; tiene grados. A diferencia de su columna, que ilustra el patrón con un antifujimorista hipotético y compuesto, acá vale la pena mirar casos reales y verificables, aunque sin necesidad —ni certeza— de reconstruir la biografía laboral privada de cada uno.

Está el caso técnico: alguien sin cargo partidario acepta una posición dentro del aparato del Estado. Sheput —crítico del fujimorismo antes de asumir como ministro de Trabajo— es quizás el ejemplo más representativo de la idea de Meléndez: el antifujimorista que podría haber terminado enviando su CV con "algunas sugerencias de puestos", como escribe en su columna.

Está el caso del operador: Rospigliosi, antifujimorista visceral de vieja data, que también terminó, con el tiempo, del otro lado. Su caso importa porque muestra que esto no es solo pragmatismo de una nueva generación: incluso los más duros cruzan la frontera cuando cambia el mercado político.

Está también el caso de la conversión plena: Hernando Guerra García, crítico del fujimorismo, terminó como congresista —y vocero— de esa misma fuerza. Este nivel no requiere ni siquiera un aporte técnico a cambio: solo lealtad declarada.

De la misma cantera del PPC surgen dos variantes más. Luis Galarreta, opositor reconocido hace ya bastante tiempo, hoy preside el Consejo de Ministros. Beingolea, invitado al gabinete por el propio Galarreta, terminó disputando —como ministro de Cultura— que el futuro del LUM se decida en su sector y no en Justicia; no está claro si busca protegerlo o controlar los términos de su desmontaje, pero es él quien, por el momento, decide. 

Pero el caso que mejor cierra la lista es otro: Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, figura entre los nombres solicitados para representar al Perú en Washington. No se trata de un antifujimorismo faccioso ni de carrera política doméstica, sino del antifujimorismo más doctrinario y de mayor proyección internacional que tuvo el país: el que sostuvo, durante tres décadas, que un triunfo de los Fujimori equivalía a una reivindicación de la dictadura. Si ni siquiera esa posición escapa a la lógica del nombramiento, la tesis se sostiene con más fuerza que con cualquiera de los casos anteriores.

El recurso más escaso

Aquí aparece una variable que suele quedar fuera de estas discusiones: el empleo. En un país donde la informalidad laboral sigue siendo enorme, una posición estable dentro del Estado vale mucho más que el salario. Significa continuidad profesional, redes, visibilidad y, para un político, la posibilidad de sostener una carrera.

Por eso la pregunta no debería ser solamente por qué un antiguo antifujimorista acepta trabajar para Keiko. También habría que preguntar qué precio tiene hoy seguir siendo antifujimorista, cuando esa etiqueta ya no garantiza una victoria electoral pero el gobierno sí puede distribuir posiciones y construir alianzas. Lo que antes parecía traición puede ser, simplemente, una decisión racional dentro de un mercado político.

El Congreso que juntó a los extremos

La última legislatura mostró hasta dónde llegó esta transformación: los extremos políticos se encontraron para combatir a un enemigo común, el "caviar", el "progre", el "caviarón". Esa coalición no reunía solo a la derecha; incorporaba también a sectores de izquierda que desconfiaban de una que se había acostumbrado a presentarse como reserva moral.

La antigua división entre izquierda y derecha —también la de fujimoristas y antifujimoristas— perdió capacidad explicativa. Lo que empezó a importar fue quién tenía acceso a los recursos del poder y quién podía distribuirlos.

Por eso Keiko puede haber ganado algo más que una elección. La victoria de Keiko en 2026 no significa que los peruanos hayan olvidado los años noventa, ni que las críticas contra Alberto Fujimori hayan perdido validez. Significa que el antifujimorismo dejó de funcionar como veto electoral, en parte porque el propio sistema político fue destruyendo, durante quince años, las fronteras morales sobre las que ese veto se sostenía.

El fujimorismo aprendió otra cosa: no necesita que todos sean fujimoristas. Le basta con que muchos tengan razones para trabajar con él. Ahí está, quizás, la diferencia entre Montesinos y Keiko. Montesinos necesitaba comprar voluntades. Keiko tiene algo más poderoso: el control de un paisaje político lleno de posiciones que repartir.

No hace falta un sobre. Basta un nombramiento.

¿Puede el BCRP sobrevivir a Velarde?

Hay preguntas que pueden estar mal formuladas y, sin embargo, esconder una preocupación perfectamente legítima.

Eso ocurrió esta semana en el Senado, durante la presentación de Julio Velarde para su ratificación como presidente del Banco Central de Reserva. El senador Humberto Morales preguntó por la relación entre la inflación de Estados Unidos y la inflación peruana. La pregunta fue rápidamente convertida por algunos medios en una muestra de ignorancia económica.

Creo que se cometió un error.

No porque la pregunta, tomada literalmente, sea técnicamente correcta. La inflación de Estados Unidos no se traslada automáticamente a la inflación peruana. Pero una cosa es corregir una pregunta y otra muy distinta es descalificar la preocupación que existe detrás de ella.

Y esa preocupación es bastante sencilla: ¿Cómo aquello que ocurre en las grandes economías y en los mercados internacionales termina afectando los precios que pagamos los peruanos?

Esa era una oportunidad para explicar.

La economía que llega desde afuera

Un congresista no tiene por qué ser economista. Su obligación es representar a ciudadanos que, en su inmensa mayoría, tampoco lo son. Cuando formula una pregunta sobre algo que afecta sus vidas, corresponde que el especialista explique.

La respuesta podía haber sido muy sencilla.

Si el dólar se fortalece, puede afectar los precios de los productos que importamos. Si aumenta el precio internacional del petróleo, puede subir el costo de los combustibles, del transporte y de muchas actividades productivas. Si cambian las condiciones financieras internacionales, también pueden producirse movimientos en el tipo de cambio y en los flujos de capital.

En otras palabras, lo que ocurre fuera del Perú puede terminar afectando la economía peruana por distintos canales. No estamos hablando de una ocurrencia.

El propio Banco Central estudia estos mecanismos. Sus investigaciones analizan precisamente cómo los shocks externos, los movimientos del tipo de cambio y los cambios en los precios internacionales pueden transmitirse a la inflación peruana.

Por eso, aunque la pregunta de Morales pudo ser técnicamente imprecisa, la preocupación que contenía no lo era.

La pregunta no debía ser simplemente si “la inflación de Estados Unidos causa la inflación peruana”. La pregunta relevante era otra:

¿Hasta qué punto los acontecimientos económicos y políticos que ocurren fuera del Perú terminan afectando los precios que pagamos dentro del Perú?

Y esa pregunta tiene una respuesta económica.

La respuesta que se perdió

Velarde podría haber dicho:

"No exactamente. La inflación de Estados Unidos no se traslada automáticamente a la inflación peruana. Pero existen mecanismos por los cuales un shock externo puede afectarnos: el tipo de cambio, los precios internacionales, las condiciones financieras y otros factores. Precisamente por eso el Banco Central estudia estos fenómenos."

Con eso habría cerrado la discusión y, de paso, habría explicado economía a millones de peruanos.

En cambio, la conversación terminó concentrándose en si el senador sabía o no sabía economía.

Y ese es un debate bastante menos importante.

Porque si cada vez que un político formula una pregunta técnicamente imperfecta respondemos descalificando su desconocimiento, terminamos olvidando algo elemental: preguntar también es una forma de representar a quienes no tienen conocimientos especializados.

El ciudadano común no tiene porqué saber qué es un shock externo, cómo funciona el pass-through cambiario o qué diferencia existe entre inflación subyacente e inflación total. Pero lo que sí sabe es que cuando sube el dólar, cuando aumenta el petróleo o cuando ocurre una crisis internacional, algo puede terminar cambiando en los precios de los productos que consume diariamente.

La tarea de una institución como el BCR no es burlarse de esa intuición. Es explicar cuánto de ella es correcto y cuánto no.

El problema no es Velarde

Defender la legitimidad de la pregunta de Morales no significa desconocer los méritos de Julio Velarde.

Todo lo contrario.

Velarde representa para muchos peruanos algo que tiene un enorme valor: la defensa de la autonomía del Banco Central frente al poder político. En un país donde las instituciones han sufrido tantas veces la presión de los gobiernos de turno, esa independencia merece ser protegida.

Pero hay que tener cuidado con convertir una virtud institucional en una dependencia personal.

Velarde no es el BCR.

El Banco Central es una institución y debe ser capaz de sobrevivir a sus presidentes, incluso a aquellos que han tenido un desempeño extraordinario.

Hace años que Velarde ocupa un lugar central en la historia económica reciente del país. Es comprensible que su nombre esté asociado a la estabilidad monetaria. Lo que no debería ocurrir es que terminemos creyendo que la estabilidad depende de que una determinada persona permanezca indefinidamente en el cargo.

Eso sería exactamente lo contrario de lo que significa construir instituciones.

El Banco Central no necesita monarcas

Hay una paradoja en todo esto.

El principal legado de Velarde debería ser precisamente haber contribuido a fortalecer una institución que no dependa de una persona. Sin embargo, la narrativa construida alrededor de su figura parece haber producido, por momentos, el efecto contrario: como si la estabilidad monetaria del Perú necesitara necesariamente de su permanencia.

Una institución republicana no puede depender de monarcas.

Y aquí conviene recordar algo que el propio Velarde ha señalado. Al referirse a su eventual sucesión, ha mencionado que dentro del Banco Central existen dos personas que podrían asumir la presidencia sin poner en riesgo la autonomía y la continuidad de la institución. La primera es Adrián Armas economista jefe y la segunda es Paul Castillo actual gerente general del cambio. Y la terna puede completarse con Álex Contreras, ex ministro de economía, también con trayectoria dentro del BCR. Es un reconocimiento importante, porque demuestra que la fortaleza del BCR no está concentrada en una sola persona.

Entonces, ¿Por qué deberíamos pensar que el relevo de Velarde constituye una amenaza para la estabilidad monetaria? Velarde puede haber sido un excelente presidente del BCR. Puede incluso haber sido uno de los mejores que ha tenido el país. Pero eso no lo convierte en indispensable.

El Banco Central cuenta con profesionales y economistas de larga trayectoria capaces de asumir responsabilidades de primer nivel. El relevo generacional no debería ser visto como una amenaza, sino como una prueba de que la institución funciona.

Una institución fuerte no es aquella que encuentra al hombre indispensable. Es aquella que puede reemplazarlo sin perder su rumbo.

Y quizá ahí está la verdadera medida del legado de Velarde: no que el Perú necesite a Velarde para mantener la estabilidad monetaria, sino que el BCR sea suficientemente sólido como para que Velarde pueda irse algún día y la estabilidad permanezca.

Una pregunta incómoda merece una respuesta

Hay, finalmente, una cuestión que va más allá de Morales y de Velarde.

En una democracia, las autoridades técnicas también tienen una responsabilidad frente a quienes ejercen representación política. El hecho de que una pregunta provenga de un congresista no la convierte automáticamente en una buena pregunta. Pero tampoco la convierte en una pregunta indigna de ser respondida.

Morales fue elegido por ciudadanos. Puede equivocarse. Puede formular mal una pregunta. Puede incluso desconocer aspectos técnicos de aquello que está preguntando.

Pero precisamente para eso existen las instituciones especializadas.

Un presidente del Banco Central tiene algo que un senador probablemente no tiene: la capacidad técnica para tomar una pregunta sencilla y convertirla en una explicación que ayude a entender cómo funciona la economía. Esa oportunidad se perdió.

Y quizá habría sido mucho más útil para el país escuchar una breve lección sobre cómo los shocks internacionales llegan a nuestra economía que una discusión sobre quién sabe más de economía.

Porque detrás de la pregunta de un senador hay, finalmente, una pregunta que millones de peruanos podrían hacerse:

¿Por qué lo que ocurre al otro lado del mundo termina afectando lo que pago aquí?

Esa pregunta puede ser imperfecta. Pero no es ignorante.

Merece una respuesta.

¿Quién tendrá la llave del presupuesto 2027?

El viernes 28 de agosto, dentro del plazo constitucional, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley dePresupuesto del Sector Público para 2027, junto con las leyes de Endeudamientoy de Equilibrio Financiero. El titular es sencillo: el presupuesto crece poco, un 3,5%, de S/257.562 millones a S/266.506 millones. Aparentemente, este dato dice poco.

La pregunta políticamente relevante no es cuánto crece el presupuesto, sino quién queda con capacidad para decidir sobre ese crecimiento. Y allí aparece una historia bastante distinta: mientras se incrementan fuertemente algunas partidas de inversión y gasto visible, una parte extraordinariamente grande del aumento queda concentrada en la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

1.     La reserva y el poder

De los S/8.945 millones adicionales del presupuesto, S/6.917 millones —el 77% del incremento total— corresponden a Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, que pasa de S/30.080 millones a S/36.997 millones, un aumento de 23%. Es dinero adicional que se quedará con el administrador de la caja.

El contraste es revelador. La función Educación prácticamente permanece estancada (+0,7%); Salud cae 2,1%; Orden Público y Seguridad cae 3,3%; Saneamiento disminuye 30,1% y Vivienda 32%. En cambio, Transporte aumenta 16,5%, Defensa 25,3%, Protección Social 16,9% y Justicia 10,2%.

Hay, por tanto, dos presupuestos dentro del mismo presupuesto: uno que asigna recursos a destinos relativamente identificables y otro que concentra recursos cuya utilización se decidirá posteriormente.

Pero hay una disociación entre el discurso oficial de la prioridad ("seguridad") y el destino real del gasto —Defensa crece con fuerza, Orden Público y Seguridad cae. Quien defina en qué se traduce ese 25.3% adicional —modernización de equipamiento, despliegue territorial, u otra prioridad en la función Defensa— será, de facto, quien termine narrando qué significó para el país "priorizar la seguridad" en 2027.

Esto importa especialmente porque el presupuesto 2027 será negociado por primera vez bajo un Congreso bicameral y fragmentado. El clásico estudio de Carranza, Chávez y Valderrama sobre la economía políticadel presupuesto peruano describía ya la utilización de la asignación presupuestal como instrumento de negociación entre el poder Ejecutivo y el Congreso. El escenario de negociación del presupuesto 2027 agrega una dificultad: ahora esa negociación ocurre en dos cámaras.

La pregunta es qué parte de la torta llega a esa negociación ya repartida y qué parte permanece bajo control del Ejecutivo.

2.     El antecedente de agosto

Aquí es donde el proyecto de presupuesto deja de ser solamente una proyección y encuentra un antecedente concreto. El 5 de agosto, mediante el Decreto Supremo N.° 155-2026-EF, el Gobierno transfirió S/2.532 millones desde recursos no comprometidos de diversas entidades hacia la Reserva de Contingencia del MEF. El argumento fue financiar prioritariamente intervenciones vinculadas con el Fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana.

Casi todo el dinero provino del Gobierno Nacional. Entre los principales aportantes estuvieron Transportes y Comunicaciones (S/371,6 millones), Salud (S/291,6 millones), Educación (S/254,2 millones), Desarrollo Agrario y Riego (S/183,5 millones), Vivienda (S/152,7 millones) y Defensa (S/125,4 millones).

El mecanismo es importante por una razón que va más allá de ese decreto: demuestra que la Reserva de Contingencia no es simplemente una cifra que aparece en la Ley de Presupuesto. Es también un instrumento que el Ejecutivo puede alimentar durante el ejercicio mediante transferencias presupuestarias.

Y hay una coincidencia particularmente llamativa: Transportes fue el pliego que más recursos aportó al barrido de agosto y, al mismo tiempo, Transporte es una de las funciones que más crece en el proyecto 2027, con S/3.689 millones adicionales.

No necesariamente significa que se trate literalmente de los mismos soles. Pero sí muestra algo más importante: el Ejecutivo puede retirar capacidad de gasto de las entidades durante el año y luego volver a asignarla desde el centro, modificando quién decide sobre esos recursos.

3.     ¿Quién hará las obras? Más GOLEs y menos GOREs

El cambio tampoco es neutral territorialmente. Los gobiernos regionales pasan de manejar S/59.461 millones en 2026 a S/58.672 millones el 2027: una reducción de 1,3%. Pero el dato más significativo está dentro de esa cifra: su gasto de capital cae 17,4%, equivalente a S/2.622 millones menos para inversión.

Los gobiernos locales, en contraparte, aumentan su presupuesto de S/35.796 millones a S/41.222 millones. Su gasto de capital crece 23,8%, unos S/3.543 millones adicionales.

No estamos, entonces, ante un simple aumento o disminución del gasto subnacional. Hay una redistribución de la capacidad de inversión: menos margen para los gobiernos regionales y bastante más para los municipios. Y esto ocurre precisamente cuando las autoridades que serán elegidas el 4 de octubre asumirán la gestión de sus comunas en enero de 2027. El presupuesto, por tanto, no solo distribuye dinero. También distribuye capacidad política para hacer obras y atribuirse resultados.

4.     Ni impuestos ni deuda, es el canon

Hay otro dato que merece atención. El presupuesto no está creciendo porque el Gobierno haya abierto significativamente el espacio fiscal mediante mayor endeudamiento o una recuperación importante de los ingresos tributarios.

Los Recursos Ordinarios caen 2%, mientras los recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito disminuyen 23,4%. El gran salto está en los Recursos Determinados, que aumentan 25,6%, de S/44.856 millones a S/56.348 millones.

Es decir, una parte importante del crecimiento descansa en recursos vinculados al canon, regalías y otras fuentes determinadas, cuya evolución depende en buena medida del comportamiento de los precios de los commodities y de las reglas de distribución existentes. El presupuesto crece, sí. Pero no estamos ante una expansión equivalente de la capacidad fiscal discrecional del Estado.

5.     Entonces, ¿Qué se está negociando?

Esta es, finalmente, la cuestión que debería importar en la discusión parlamentaria del presupuesto. Por un lado, hay recursos visibles y territorialmente atribuibles: más inversión municipal, más Transporte, más Defensa y más Justicia. Son partidas que pueden convertirse en obras, proyectos, infraestructura o resultados políticamente identificables. Por otro, hay una concentración extraordinaria en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia: S/6.917 millones, equivalentes al 77% de todo el incremento presupuestal.

Eso cambia la naturaleza de la negociación. El presupuesto 2027 no solo está diciendo cuánto gastará el Estado. Está diciendo cuánto se repartirá por adelantado y cuánto quedará pendiente de decisión. En un año de elecciones regionales y municipales y con un Congreso bicameral sin mayoría propia, esa diferencia importa.

Porque el poder no está únicamente en decidir cuánto dinero hay. Está también en decidir quién puede decidir sobre él después.

Nadie tiene la culpa

El gobernador de Loreto no tiene la culpa. Él no jaló ninguna soga. Él sólo quebró la pequeña vasija que colgaba de una cinta el 3 de agosto, frente a un colegio nuevo de 38 millones de soles, con la conciencia tranquila de quien entrega una obra a tiempo para el calendario que importa: ha anunciado su candidatura a la vicegobernación en la misma fórmula que lo sucede —"Loreto merece seguir su desarrollo", dice el lema—, y una inauguración puntual siempre luce mejor en el calendario político que una liquidación bien cerrada. La foto ya se tomó.

El sistema de seguimiento de inversiones públicas del Estado tampoco tiene la culpa. Durante ocho meses, entre octubre de 2025 y mayo de 2026, dejó constancia de que la obra estaba atrasada. Pero durante ese periodo no encontró ningún riesgo que reportar. Las dos cosas convivieron tranquilamente en el mismo sistema, como si una no tuviera nada que ver con la otra. Y siete días después de la ceremonia del 3 de agosto, el propio reporte del MEF seguía marcando "Gestión del Proyecto: 0%" y "Liquidación: 0%". El Estado sabía que la obra estaba atrasada, y sabía que ni siquiera se había cerrado administrativamente; lo escribió, mes tras mes. Pero nadie pareció preguntarse qué significaba ese atraso ni qué podía estar quedando pendiente.

El Gerente Regional de Infraestructura tampoco tiene la culpa. Su firma aparece en los documentos que correspondía aprobar y, aparentemente, dentro de las facultades que tenía. No decidió que los alumnos demolieran una pared. Pero justamente por eso hay que mirar los documentos que dejó la obra: quién debía retirar la infraestructura antigua, quién debía verificar que todo estuviera terminado y quién quedó finalmente responsable de lo que no se hizo. Porque una obra puede estar formalmente terminada y, sin embargo, dejar un problema sin dueño.

La empresa constructora no tiene la culpa. Construyó dos cisternas nuevas y un tanque elevado nuevo, tal como decía el expediente técnico, letra por letra. Tenía, además, un especialista en seguridad en obra con el 100% de su tiempo dedicado a la obra —a su obra, la nueva—. Que esas estructuras viejas —el tanque y la pared que quedaron de la infraestructura anterior— no aparecieran en ninguna partida del contrato no sería un incumplimiento: sería, literalmente, lo que dice el papel. No se puede incumplir una tarea que nadie encargó. Pero precisamente por eso hay que revisar el contrato, los TDR, el expediente técnico y el acta de recepción: para saber si efectivamente nadie la encargó, si estaba prevista en otra partida o si alguien dejó de cumplir una obligación que sí estaba contemplada. Esa diferencia no es un detalle: puede ser la diferencia entre una tragedia sin responsable aparente y una cadena de responsabilidades perfectamente identificable.

El director del colegio no tiene la culpa. A él le entregaron un colegio flamante y, pegado a la entrega, un tanque de agua y una pared, ambos de la infraestructura vieja, que alguien tenía que sacar de en medio, aparentemente sin presupuesto ni maquinaria y sin que nadie se lo pusiera por escrito en ningún documento. Alguien tenía que resolverlo. Él resolvió lo que tenía a mano: alumnos de cuarto y quinto. Si esa fue efectivamente la secuencia, habrá que preguntar quién le trasladó esa tarea, con qué autorización, con qué recursos y bajo qué medidas de seguridad. Porque recibir una obra no debería significar recibir también las obligaciones que quedaron sin resolver durante su ejecución.

El profesor no tiene la culpa. Él no inventó una práctica en la que la nota podía convertirse en incentivo para que los alumnos hicieran trabajos peligrosos; probablemente ya la vio antes de que él llegara. Y cuando el tanque resistió la primera vez que le jalaron la soga, eso no fue una advertencia: fue, para cualquiera que lo viera, la prueba de que no pasaba nada. Esa misma certeza —que tirar de una estructura vieja con una soga o una comba era un trabajo escolar más, no un peligro— fue la que llevó a los chicos hasta la pared que sí cedió. Pero también aquí corresponde preguntar: ¿Quién dispuso la actividad?, ¿Qué instrucciones recibió el docente?, ¿Qué medidas de seguridad existían?, ¿Y por qué una actividad de demolición terminó vinculada a una calificación escolar?

El padre de Taylor no tiene la culpa. Cuestionó las faenas de su hijo sin llegar a prohibírselas, que es, en su mundo, la forma en que un padre educa sin ahogar. Y cuando su hijo, de vuelta del colegio, le pidió una comba, la alquiló y se la dio —como se la habría dado un padre a un hijo de dieciocho años que ya trabaja, que ya aporta, que ya casi es un hombre—. No sabía que aquella herramienta terminaría siendo parte de la escena de su muerte. Y tampoco parece razonable convertirlo en el responsable de una decisión que, dentro de su mundo, podía parecer simplemente una forma más de ayudar a su hijo a terminar el colegio.

Y Taylor —aquí la ironía se detiene, porque no hay nada gracioso que decir— Taylor tampoco tiene la culpa. Tenía dieciocho años, cursaba el quinto de secundaria con el atraso que comparte con uno de cada seis alumnos de su región, y quería terminar el colegio para postular a la Marina de Guerra. Le pidió la comba a su padre porque quería resolver rápido lo que el profesor le pedía y volver a lo suyo: salir de la necesidad. Murió haciendo lo que un hijo, un alumno y un joven que quiere salir adelante suele hacer: cumplir lo que le piden los adultos en quienes confía.

Así que ahí está: el gobernador, el sistema, el gerente, la empresa, el director, el profesor, el padre y el propio Taylor, cada uno con una razón que puede resistir el interrogatorio. Ocho explicaciones, ocho decisiones que pueden parecer razonables por separado. Y, sin embargo, hay un fiscal que ya formalizó cuatro delitos contra dos personas, un padre que enterró a su hijo entre una multitud y una ciudad que además está en pie de lucha en la calle por el precio de la gasolina.

Puede que la pregunta esté mal planteada. Puede que "quién tiene la culpa" sea la pregunta de un sistema que solo sabe mirar hacia atrás, buscando a quién sancionar, en vez de mirar hacia adelante y preguntarse qué eslabón hay que rediseñar para que la próxima cadena de decisiones razonables no vuelva a terminar sobre un adolescente. Pero mirar hacia adelante no significa renunciar a mirar hacia atrás: significa reconstruir la cadena completa para saber dónde estuvo la responsabilidad de cada uno. El contrato, el expediente técnico, los TDR, las actas de supervisión y recepción, los reportes del MEF y las decisiones tomadas en el colegio tienen que decir qué ocurrió y quién debía hacer qué.

Porque si una tragedia puede producirse cuando cada decisión parece razonable por separado, entonces el problema no estaba únicamente en una persona. Estaba también en el espacio vacío entre una firma y la siguiente: ese espacio que nadie diseñó, que por eso nadie corrige y que seguirá ahí, esperando la próxima pared, el próximo colegio, el próximo Taylor.

Trabajo infantil: el costo de mirar hacia otro lado

A Taylor lo despidió una multitud. Tenía 18 años y todavía terminaba la secundaria en un colegio de Iquitos, donde murió ayudando —con otros alumnos— a derribar una pared del plantel por la nota de un curso. Lo enterraron mientras la ciudad, en las calles, protestaba porque el subsidio al combustible ofrecido por el gobierno no fuera focalizado sino universal. Duelo y protesta parecen dos noticias distintas, pero nacen de lo mismo: una economía masivamente informal donde trabaja toda la familia —adultos y menores— y un Estado que solo aparece para prohibir en el papel o inscribir beneficiarios en una plataforma.

El primer impulso ha sido buscar un culpable —el profesor o el director— o hablar de una falla de seguridad, como si el problema hubiera sido la falta de un casco o un guante. Ambas lecturas empequeñecen el caso. El propio padre, que culpa al docente, admitió que su hijo ya venía trabajando en otras faenas y que él lo había advertido, aunque no le había prohibido seguir haciéndolo: no hubo confrontación con la escuela, hubo tolerancia. Taylor es el símbolo de un extremo: el del trabajo infantil peligroso, una costumbre más que un escándalo. Para saber cómo actuar es necesario definir bien el problema.

De dónde viene

Que los niños trabajen no nace de padres desnaturalizados, sino de una norma muy enraizada en nuestra sociedad: trabajar es sinónimo de formación para la vida. La OIT lo documenta —se asocia con la responsabilidad hacia la familia—, y muchos padres no necesariamente aspiran a que sus hijos vayan a la universidad, sino que aprendan a trabajar. En 2012, cuando visitaba la zona de influencia del proyecto Semilla, una docente de un pueblo cafetalero me contó con orgullo que en época de cosecha, todo el pueblo se paralizaba. El colegio cerraba y los niños bajaban a los campos a recoger el valioso cerezo del café para pagarse con ese jornal el uniforme. El Estado prohíbe desde Lima; la familia y la comunidad valoran; y el Estado está más ausente donde la práctica es más fuerte.

Qué tan novedoso es

No es nuevo: es un problema estructural y cíclico. Con la pandemia y las escuelas cerradas, la tasa de trabajo infantil nacional saltó al 32.1% en 2020, y aunque luego bajó, seis departamentos siguen sobre sus niveles previos. La estrategia nacional (ENPETI) venció en 2021 y dejó cinco años sin marco con presupuesto propio. Tratar cada tragedia como novedad es parte de por qué persiste.

Qué tan grave es

Lo que está en juego es doble. Primero, la vida: que los niños que empiezan trabajando en la chacra pasen luego, en su adolescencia, a fumigar con agroquímicos, limpiar a machete o demoler, no son "apoyo"; son trabajos peligrosos que la ley prohíbe para menores y que el Convenio 182 de la OIT llama las peores formas de trabajo infantil. Taylor y su amigo, ambos mayores de edad y aún en el colegio, son también expresión de una escolaridad retrasada por el trabajo. En Loreto —cuya capital es Iquitos— el atraso escolar en quinto de secundaria llegó al 17.5% en 2025, el más alto del país, y a contracorriente del resto subió tras la pandemia. Taylor era la regla, no la excepción. Ese atraso anticipa a qué empleos quedan expuestos: cuanto antes entran al mercado, los únicos que están a su alcance —moto, carga, machete, agroquímico, construcción— son los más peligrosos. Y el jornal que compra el uniforme exige sacrificar el estudio, una de las pocas salidas reales de la pobreza..

Qué tan extendido está

Mucho, y más de lo que dicen las cifras: al cierre de 2025, el 21.9% de los peruanos de 5 a 17 años —1.8 millones— trabajaba, con una brecha enorme entre el 14% urbano y el 51.5% rural. Y como las faenas escolares y el ‘apoyo’ en la chacra no se perciben como trabajo, no se declaran. Lo que no se nombra no se cuenta.

En Lima, nos gusta imaginarlo lejos, en la escuelita rural. Pero el caso del colegio de Taylor desconcierta: urbano, enorme —más de 700 alumnos según la web de Escale-MINEDU—, de turno tarde, con la matrícula cayendo de 235 en primero a 79 en quinto. Si el trabajo infantil se esconde ahí, el 14% urbano subestima bastante. Y el contexto lo acerca más: Iquitos protesta por el combustible porque casi todos viven de una ‘motokar’, la misma economía informal donde los hijos empiezan a trabajar temprano. Duelo y protesta son dos caras de lo mismo.

Qué se puede hacer

El Gobierno acaba de aprobar un Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Infantil, pero su antecesora (ENPETI) murió por falta de presupuesto y por la tolerancia social; sin recursos, este corre igual suerte. Hacen falta tres cosas. En primer lugar, es preciso contar con instrumentos que cambien la ecuación familiar: transferencias condicionadas, mejores retornos de la educación y apoyo a quienes, como Taylor, luchan por terminar la educación básica a pesar de la extraedad. Segundo, se necesita fiscalización de la lista de trabajos peligrosos —agroquímico, machete, demolición—, no para hacerlos más seguros para un menor, sino para sacarlo de ellos: no es un problema de seguridad y salud en el trabajo, es que ese trabajo no debería existir para él. Tercero, se requiere trabajar sobre la norma: no moralizar a los padres, sino ampliar sus expectativas para que la formación para la vida incluya la escuela en vez de competir con ella.

Una lección que deja la coyuntura es que, si el Estado está dispuesto a montar en semanas una plataforma para subsidiar a decenas de miles de conductores de motokar, la ausencia de iniciativa frente al trabajo infantil no es una fatalidad: es una elección.

Si Iquitos despidió a Taylor con una multitud, aunque no era una figura pública, quizá fue porque su historia resultaba demasiado familiar: trabajar, con paga o sin ella, poner en riesgo la vida y, al mismo tiempo, intentar terminar el colegio. La ciudad no solo enterró a un joven; se reconoció en una realidad que alcanza a muchos hogares. Por eso su muerte debería ser más que una tragedia y más que un accidente laboral: debería obligarnos a preguntarnos cuánto trabajo infantil estamos dispuestos a tolerar antes de considerarlo un problema de Estado. Si podemos movilizar recursos y construir plataformas en semanas para atender una emergencia económica, también podemos hacerlo para que un niño que necesita apoyo no tenga que ganarse un uniforme o su nota arriesgando la vida. Taylor no debería ser otro nombre que recordemos después de una tragedia.

Debería ser el momento en que dejemos de llamar “apoyo” a aquello que la ley llama trabajo infantil peligroso. 

El costo de definir mal un problema

Cómo una ley que busca proteger el sábado podría terminar encareciendo el acceso al empleo

¿Puede una ley pensada para proteger a un grupo terminar perjudicándolo? Puede, y no por mala intención, sino por mal diseño. Es lo que, opino, ocurre con la norma que establece el sábado como día no laborable compensable a favor de los trabajadores cuyas creencias los llevan a guardar ese día, y que el Poder Ejecutivo observó el 20 de agosto.

Lo digo como uno de los aproximadamente 440 mil miembros de la Iglesia Adventista que cree que el derecho a guardar el sábado debe ser respetado; por eso mismo hago esta reflexión desde dentro y sin personalizarla. Fue lo primero que saltó a la vista al discutirlo entre hermanos: una norma pensada para blindar el empleo de quienes ya lo tienen podría, en la práctica, encarecer la empleabilidad de los jóvenes adventistas que aún buscan el suyo.

Primero, definir bien el problema

En el curso de política económica que dicto en la UNI insisto en una idea que casi nunca se respeta: el punto de partida de toda política pública no es el fenómeno que se quiere combatir, sino cómo se define su origen. De esa definición depende la solución. Un mismo hecho —un trabajador presionado a laborar el sábado— admite lecturas distintas: ¿Se trata de un vacío legal que exige una ley nueva, o es más bien un problema de aplicación de normas que ya existen? Definir mal el problema garantiza una mala solución, por más buena voluntad que se ponga.

Aquí está la primera falla. El problema que esta ley pretende resolver —que un adventista sea obligado a trabajar el sábado— ya tiene protección en el Perú desde hace más de veinte años. En 2002, el Tribunal Constitucional resolvió el caso Lucio Valentín Rosado Adanaqué (STC 0895-2001-AA/TC): un médico adventista de EsSalud a quien el hospital, tras años de respetarle el sábado, empezó a programarle turnos ese día. El Tribunal amparó su derecho por la vía de la objeción de conciencia, sin ninguna ley especial. Y era un caso difícil —empleado antiguo, empleador estatal, servicio esencial—; aun así, la acomodación resultó exigible.

Si el problema que el proyecto de ley 4610/2022-CR buscaba resolver, se hubiera definido con precisión, se habría advertido que la protección ya existía —en la Constitución, en la Ley de Libertad Religiosa y en la jurisprudencia— y que faltaba, si algo, mejorar su aplicación, no crear una norma paralela. Por no hacerlo se cayó en el defecto que el Ejecutivo señala: sobrelegislación, una ley que se superpone a lo ya vigente y añade dispersión en lugar de claridad. El error de método terminó produciendo el error jurídico.

Segundo, el trámite desplazó el costo

Hay un problema adicional, y proviene del propio Congreso. El debate parlamentario introdujo un cambio que, a primera vista parece algo menor, pero en verdad altera todo: la disposición que exige acreditar la confesión al inicio de la relación laboral. La defensa pública de la ley se resume en una idea noble —la fe no debería costarle a nadie su puesto de trabajo—, y es imposible no estar de acuerdo con esta declaración. Pero esa frase alude a un empleo que la persona ya tiene, y el texto observado no protege la permanencia: interviene en el ingreso. Y ahí, en vez de proteger, encarece: obliga al postulante a revelar su religión cuando aún compite por el empleo. Contra un despido hay derecho que invocar; contra una no contratación no hay nada, salvo un "elegimos a otro candidato" que nunca se explica.

Y esto no es especulación. Los estudios de correspondencia —currículos idénticos que solo difieren en la religión declarada— muestran el efecto: un experimento en el sur de Estados Unidos halló que quienes revelaban una identidad religiosa recibían alrededor de 26% menos respuestas de los empleadores. Ante ese riesgo, a una minoría le conviene ocultar su afiliación; una norma que obliga a exhibirla al inicio del vínculo empuja justo en la dirección que la perjudica. Los más expuestos son los jóvenes adventistas que buscan su primer empleo: sin trayectoria que compense la señal religiosa, son quienes más fácilmente quedarían fuera.

Tercero, la acomodación razonable ya funciona

La mejor prueba de que no hacía falta una ley rígida la ofrece la propia iglesia. En sus establecimientos de salud, los sábados no hay consultorios regulares, pero sí un equipo mínimo de emergencia con médicos, enfermeras e incluso cajeros. Y no solo allí: en los edificios de la iglesia hay vigilantes que cumplen turno el sábado. Son labores de necesidad y cuidado —la vida y la seguridad de las personas— que la propia observancia admite, y a nadie se le ocurre cuestionar a esos hermanos ni sancionarlos. La comunidad ya acepta, en la práctica, que un mínimo de cobertura es razonable. Eso es la acomodación razonable que el reglamento vigente de la Ley de Libertad Religiosa ya ordena: armonizar el día de reposo con la jornada, sin absolutismos y sin obligar a nadie a declarar su fe para conseguir empleo.

La intención de proteger el sábado es legítima; la pregunta es si se eligió el mejor instrumento. Y hay un agravante: buena parte de quienes hoy defienden la norma apoyan la idea noble del eslogan, no el texto que se aprobó, porque nunca se hizo evidente la diferencia. Ni la iglesia ni sus miembros trabajadores fueron consultados sobre ese cambio.

Conversemos, entonces, sobre qué mecanismos pueden defender mejor a los miles de jóvenes adventistas que quieren trabajar sin riesgo de discriminación. La respuesta empieza por donde debió empezar todo: definiendo bien el problema. Y si lo definimos bien, veremos que el camino no es una ley que expone al trabajador antes de contratarlo, sino fortalecer la acomodación razonable que la propia comunidad ya practica cada sábado.

El costo de no saber quién manda a quién

A pocas horas de que Galarreta sustente las facultades legislativas ante la Cámara de Diputados, el gobierno de Keiko Fujimori no necesita que la oposición lo desgaste: se desgasta solo.

En apenas una semana de agosto se acumularon cinco episodios que revelan un mismo patrón: ministros y presidenta hablando en direcciones distintas sobre los mismos asuntos, en público y sin que parezca existir un libreto común antes de salir a cámara.

1. El LUM. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, propuso trasladar el Lugar de la Memoria del Ministerio de Cultura al suyo, alegando que necesita "un relato moderado". El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, lo desautorizó públicamente: los museos, dijo, son competencia de su cartera; "lo demás son opiniones". Hasta hoy no hay decreto ni pronunciamiento de la propia Keiko. Dos ministros discutiendo en la prensa sobre una decisión que, en cualquier caso, ninguno de los dos puede tomar por sí solo.

2. Los trenes. El ministro de Transportes, Rafael Rey, aseguró que los vagones donados por Caltrain fueron en realidad comprados por la Municipalidad de Lima, contradiciendo la versión que López Aliaga sostuvo durante años. Keiko salió después, en un live de TikTok, a zanjar el tema en sentido contrario al de su propio ministro: "Por supuesto que se van a hacer. Los trenes en este momento se encuentran en ProInversión". Ninguno mencionó al otro.

Y el proyecto sigue dependiendo de una concesión —la de Ferrovías Central Andina— que ni Rey ni la presidenta han resuelto y que, además, es una de las piezas que el propio paquete de facultades busca destrabar.

3. El Fenómeno del Niño. El ministro de Economía, Elmer Cuba, pidió "no exagerar por un poco de agua en las rodillas" mientras el sur de Lima colapsaba por una lluvia intensa el domingo. La presidenta lo corrigió en cámara, parada en la misma zona de emergencia: "el ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño". Cuba se disculpó horas después.

4. Inflación de combustibles. El subsidio al diésel para transportistas fue anunciado el 14 de agosto último. Este será destinado a mototaxis y peque-peques de la selva —"por primera vez en la historia", anunció Keiko— depende de un registro de beneficiarios que todavía no existe y que, según los propios gremios, requiere coordinación con las municipalidades.

Construir ese padrón desde cero, con alcaldes como filtro, es justamente el tipo de intermediación que en el Perú suele terminar costando más de lo que debería.

5. La Remuneración Mínima Vital. El aumento a S/1,300 —en dos tramos, S/100 y S/70— ya fue anunciado por la propia presidenta durante su discurso inaugural ante el Congreso. Lo que queda pendiente es el ritual: Sheput convoca al CNTPE para "buscar consenso" entre sindicatos y empresarios, aunque él mismo ha aclarado que "la palabra final la tiene el Gobierno" y que, si no hay acuerdo, "igual el Gobierno va adelante".

Es difícil imaginar una mesa de diálogo con menos incentivos para dialogar. Si el resultado ya está decidido, a los sindicatos les conviene bloquear el quórum antes que legitimar con su presencia una cifra que ellos no negociaron.

La ironía de fondo es todavía mayor: en campaña, Keiko llamó "aplauso fácil" y "populista" a la propuesta de Roberto Sánchez de elevar el sueldo mínimo a S/1,500. Quince días después de jurar, convirtió una versión propia de esa misma idea en una de sus primeras medidas.

Cinco episodios, un mismo patrón.

El problema no parece ser simplemente de comunicación. Es algo más elemental: el gobierno todavía no parece haber resuelto quién decide qué, ni quién habla en nombre de quién.

La presidenta termina interviniendo después de los hechos: corrige públicamente a sus propios ministros, contradice sus versiones o anuncia medidas que el aparato del Estado todavía no parece saber cómo implementar.

Y sobre ese escenario le toca mañana a Galarreta hacer, él solo y desde la tribuna, el trabajo de ordenar lo que cinco ministros y una presidenta no han conseguido ordenar en tres semanas.

No obstante, hay aquí, una paradoja institucional.

Si el Congreso anterior no hubiera desactivado la investidura obligatoria, mañana sería el día en que la Cámara de Diputados tendría que definir con votos —y no solo con declaraciones— si respalda a este gobierno.

Sin esa obligación, ¿Qué le queda realmente a Galarreta?

Pechar solamente.

Y hacerlo sabiendo que, del otro lado, nadie está obligado a responderle.

Ese quizá sea el problema más incómodo para el Gobierno: mañana no tendrá que defender solamente sus facultades legislativas. Tendrá que demostrar que existe, efectivamente, un gobierno detrás de ellas.

Obras son amores, son palabras, son show

𝑼𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒆𝒗𝒆 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒏𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒄𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂

Que el llamado "alcalde dibujito" haya enviado una excavadora para derribar un mural pintado por niños —lleno de flores, girasoles y el sol naciente del Japón— es una de las imágenes más elocuentes de la política limeña municipal reciente. No porque se trate únicamente de una controversia sobre una obra pública, sino porque obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar un gobernante convencido de que construir basta para justificar cualquier decisión.

Fuente: Composición de Infobae (ver aquí)

La escena tiene como protagonista a Franco Vidal, alcalde de Ate con apenas treinta años, convertido en una de las figuras políticas de mayor crecimiento en redes sociales y que ya habla de disputar la presidencia de la República en 2031. Para entender por qué un alcalde distrital puede alimentar semejante ambición no basta mirar TikTok o Kick. Hay que mirar una tradición política mucho más antigua.

Durante décadas Lima se construyó bajo un pacto tácito. Primero llegaron los asentamientos humanos; y después de los votos, aparecieron la luz, el agua, el desagüe y las pistas. La obra pública no solo resolvía necesidades: legitimaba a quien la ejecutaba. Ese pacto sobrevivió al crecimiento de la ciudad y terminó convirtiéndose en una forma de hacer política.

Ricardo Belmont bautizó una nueva tradición que sobreviviría a varias generaciones de alcaldes: "Obras son amores". La mejor manera de decirle a Lima que se le quería era construir. Construir, esta vez, para movilizarse. El Trébol de Monterrico, el túnel de la Plaza Dos de Mayo y los dos puentes sobre el Rímac que enlazaron El Agustino con San Juan de Lurigancho fueron mucho más que infraestructura: fueron la demostración tangible de ese afecto político.

Luis Castañeda Lossio llevó esa idea un paso más allá. Su lema fue "Mis obras son mis mejores palabras". Mientras las denuncias de corrupción crecían, él prefería responder con la construcción de pasos a desnivel, escaleras amarillas en los cerros y puentes peatonales antes que con conferencias de prensa. Una innovación que llevó su sello fue la creación de los Hospitales de la Solidaridad, que permitió ampliar el acceso de miles de limeños a servicios de salud de bajo costo. El mensaje era claro: las obras hablaban por él. Fue precisamente en esos años cuando terminó de instalarse en el imaginario popular la lógica del alcalde que "roba, pero hace obra", aunque él siempre rechazó esa frase.

Rafael López Aliaga heredó esa tradición, pero incorporó un elemento distinto: la velocidad. Su marca de gobierno ha sido demostrar que las obras pueden ejecutarse en tiempo récord, dejando de lado lo que considera una burocracia técnica excesiva y los "trámites caviares" que, según sostiene, mantuvieron paralizada a Lima durante décadas. La culminación de los tramos pendientes de la autopista Ramiro Prialé, el puente a la altura de Las Torres y la Vía Expresa Sur fueron presentados como pruebas de esa capacidad para hacer en meses lo que otros demoraban años. Sin embargo, esa misma apuesta por la celeridad abrió un debate sobre sus costos. Los accidentes registrados en la Vía Expresa Sur, los nuevos cuellos de botella generados al final de la Prialé y las dificultades evidenciadas durante las pruebas del tren donado por Caltrain —desde el descarrilamiento de un vagón hasta la necesidad de adaptar túneles, curvas y futuras estaciones— alimentaron las críticas de quienes advertían que acelerar las obras no podía sustituir la planificación técnica. La obra debía hacerse rápido, aun cuando ello significara asumir después el costo de corregirla.

Franco Vidal representa la siguiente mutación de ese linaje. La obra ya no solo debe ejecutarse ni hablar por sí misma: debe convertirse en espectáculo. Cada intervención se transmite en vivo, cada maquinaria forma parte del contenido que consumen cientos de miles de seguidores y cada inauguración alimenta una comunidad digital que acompaña al alcalde casi en tiempo real. La obra deja de ser solamente infraestructura: también se convierte en contenido. Lo importante ya no es solo construir, ni siquiera construir rápido, sino hacerlo frente a una cámara. Más obras, más show.

Sin embargo, existe una diferencia mucho más importante. Belmont, Castañeda y López Aliaga, con estilos muy distintos, terminaron reconociendo ciertos límites cuando sus proyectos chocaban con comunidades organizadas o con propiedades privadas o públicas formalmente consolidadas. Belmont buscaba acuerdos antes de iniciar grandes intervenciones urbanas; Castañeda terminó retrocediendo frente a la resistencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y López Aliaga modificó el trazo final de la autopista Ramiro Prialé cuando la obra alcanzó el club residencial Los Girasoles de Huampaní.

Pero Vidal parece haber decidido prescindir de esa lógica desde el inicio de su gestión. Amparado en la fuerza de una comunidad digital extraordinariamente movilizada, convirtió la demolición en una marca de gobierno: rejas vecinales, establecimientos privados, viviendas y ahora incluso el patrimonio de una comunidad centenaria.

De allí la importancia del caso de la Asociación Okinawense del Perú. La excavadora municipal ingresó a un complejo privado con más de un siglo de historia, utilizado por cientos de familias para actividades deportivas y culturales, y derribó el cerco decorado con murales elaborados por niños. No era una invasión ni un asentamiento informal. Era una institución con títulos de propiedad que no rechazaba la obra pública, sino que exigía que esta respetara el debido procedimiento.

La controversia terminó trascendiendo al distrito. El Ministerio de Economía desactivó el proyecto de inversión —al determinar que se ejecutaba sobre propiedad privada y no cumplía las normas del sistema de inversiones— y la Municipalidad Metropolitana de Lima retiró a Ate la competencia sobre esa vía. Más allá de los aspectos administrativos, el episodio dejó instalada una pregunta política: ¿Hasta dónde puede llegar un alcalde cuando la obra pública se convierte en la principal fuente de legitimidad?

La interrogante resulta todavía más relevante porque Vidal ya no es solamente un alcalde distrital. Como otros burgomaestres del país, busca proyectarse más allá de su jurisdicción apoyado en una combinación de obras visibles y comunicación directa con la ciudadanía. En su caso, las redes sociales amplifican esa estrategia hasta convertirlo en un fenómeno político que la clase dirigente limeña todavía parece subestimar. Hace apenas unas semanas recorrió el sur del país acompañado de un popular streamer, congregando —según registros difundidos en sus propias redes— multitudes de jóvenes en plazas y parques de Tacna, Moquegua y Arequipa.

Quizá el debate de fondo no sea Franco Vidal, sino el modelo político que representa. Durante décadas los limeños aprendieron a valorar a sus alcaldes por las obras que dejaban, sobre todo por aquellas que reducían el tiempo perdido en una ciudad cada vez más congestionada. Ese criterio permitió cerrar brechas largamente postergadas, pero también fue desplazando una pregunta igualmente importante: ¿Cómo se hicieron esas obras y qué límites estaba dispuesto a respetar quien las ejecutaba?

Tal vez esa sea la verdadera evolución de este linaje de alcaldes. Cada época encontró una manera distinta de legitimar al alcalde que hacía obra. Primero fue el afecto. Después el silencio. Luego la celeridad. Hoy es el espectáculo.

Obras son amores. Obras son palabras. Obras son show.

Cada etapa amplió un poco más el poder de quien construía. La pregunta que deja abierta Franco Vidal es si, en ese recorrido, también hemos ido desplazando los límites que ese poder debería respetar. Porque si la obra termina justificándolo todo, la discusión ya no será quién construye más, sino qué estamos dispuestos a permitir en nombre de quien construye. La respuesta no la dará Ate ni Franco Vidal. La darán los peruanos cuando decidan si este linaje termina en un municipio en las próximas elecciones regionales y municipales 2026... o si continúa desde Palacio de Gobierno en 2031.

El cazador de presidentes

«Por mis hijos, para construir una mejor Policía Nacional y combatir el crimen, la extorsión, pero sobre todo la corrupción en el poder, sí, juro.»

— Harvey Colchado, al juramentar como diputado (Caretas 24.07.2026).

El diputado más votado del país, con 143 244 votos, aceptó ocupar el tercer lugar en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. No la presidencia que su respaldo parecía justificar, sino la segunda vicepresidencia. Quien no lo conoce podría leerlo como modestia, o incluso como una derrota. Creo que es exactamente lo contrario: una jugada. Odiseo no regresa a Ítaca convertido en rey ni entra por la puerta grande; vuelve disfrazado de mendigo, deja que los pretendientes se confíen mientras devoran su casa y solo entonces, cuando nadie lo mira, tensa el arco. Colchado como segundo vicepresidente parece encarnar ese mismo disfraz: adentro para verlo todo, demasiado abajo para convertirse en el blanco principal.

Conviene recordar de quién hablamos. Antes de convertirse en el rostro más visible de las investigaciones por corrupción política, el coronel Harvey Colchado participó en operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado, entre ellas la captura del cabecilla senderista Artemio. Más tarde, al frente de la Diviac (Dirección de Investigaciones de Alta Complejidad), estuvo detrás de algunas de las intervenciones más delicadas de la historia reciente del país: la diligencia en la vivienda de Alan García en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht; la detención de Keiko Fujimori y de parte de la cúpula de Fuerza Popular en el caso Cócteles; la captura del presidente Pedro Castillo cuando intentaba llegar a la embajada de México tras su intento de cerrar el Congreso; y el allanamiento de la casa de la ex presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, episodio que terminó costándole la jefatura de la Diviac y, más tarde, el pase al retiro.

No es un hombre de un solo bando: es el cazador de los poderosos, sin distinción de color político. A la derecha, al Apra, al maestro de Chota y a la presidenta que hoy gobierna les ha puesto la mano encima. Y cuando el poder lo expulsó, regresó por donde ya no podían impedirle el paso: por el voto. Los 143 244 votos que obtuvo hicieron de él el diputado con mayor respaldo ciudadano del país.

Su arma nunca ha sido la del gobierno. Su instrumento es el expediente, y su doctrina consiste en investigar antes de que el daño se consuma, no después. El arco es paciente y certero; dispara desde lejos. No hace falta imaginar hacia dónde podría apuntar: ya derribó a Keiko Fujimori una vez, y ahora que ella viste la banda presidencial, aparece como el pretendiente más grande de la sala.

Desde esa perspectiva, aceptar un lugar aparentemente modesto parece responder a un cálculo político. Desde la segunda vicepresidencia preserva lo más valioso de su capital político: una reputación de incorruptible que la presidencia de la Mesa, con sus inevitables cuotas y negociaciones, podría desgastar. Además, se ubica cerca del centro de gravedad de la Cámara convirtiendo su posición en una suerte de seguro político. Disolver la Cámara de Diputados ya había sido planteado en marzo por López Aliaga como una posibilidad constitucional; hacerlo con el parlamentario más votado del país sentado en ella tendría un costo político mucho mayor, pues podría ser percibido también como el silenciamiento del representante con mayor respaldo ciudadano. Su sola presencia eleva el precio de cualquier aventura de ese tipo.

No deja de ser revelador que, al juramentar como segundo vicepresidente, ya no insistiera en la lucha contra la corrupción, sino en el «restablecimiento del equilibrio de poderes» y la construcción de «una verdadera nación». Quizá entendió que, desde el Congreso, su papel ya no consistirá únicamente en perseguir delitos, sino también en impedir que el poder vuelva a concentrarse sin contrapesos. Después de todo, un investigador combate a quienes violan la ley; un parlamentario también tiene la responsabilidad de proteger las instituciones que impiden que ese abuso llegue a convertirse en norma.

Pero tampoco conviene idealizarlo demasiado, y ahí reside quizá la característica que lo convierte en la pieza menos predecible del tablero: su arco no apunta hacia un solo lado. No pertenece a la izquierda; pertenece, sobre todo, a su propia trayectoria. Los castillistas que hoy integran la coalición votaron una Mesa que tiene como segundo vicepresidente al hombre que condujo la captura de su líder. Tuvieron que tragarse ese sapo. Esa independencia es, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su mayor soledad. Es leal a su regreso, y a nadie más.

En una serie sobre hombres deshechos por una armadura prestada o por un hambre que nunca se sacia, Colchado representa el reverso: el único cuyo poder parece ser verdaderamente suyo y que lo administra con la paciencia de quien sabe esperar. Si alguien vuelve a casa en esta historia, apostaría por él. Aunque conviene no olvidar cómo termina la Odisea: el regreso de Odiseo no es un abrazo. Es el momento en que tensa el arco y cambia para siempre el orden de la casa que encontró.

Más allá del sombrero chotano

«Rechazamos la deslealtad; los acuerdos se cumplen.»

— Roberto Sánchez, al suspender a una senadora de su propia bancada por no mostrar su voto en la elección de la Mesa Directiva del Senado. (RPP, 26.07.2026)

Que un líder tenga que castigar en público a una de sus senadoras a los pocos días de instalado el Congreso no es una muestra de fuerza: es la confesión de que sus tropas no son enteramente suyas. Y la deslealtad que Sánchez condena no es un desliz moral aislado. Es el primer producto visible de una máquina que acaba de encenderse.

Keiko Fujimori gobierna en minoría y sin la elevada popularidad que gozaba su padre. Un gobierno así solo puede sobrevivir negociando. En política parlamentaria esto suele traducirse en dos mecanismos: alcanzar acuerdos entre bloques o alterar la composición de esos bloques atrayendo, de manera individual, a parlamentarios hacia el oficialismo. El segundo camino se vuelve especialmente atractivo cuando la oposición llega fragmentada y sin un liderazgo consolidado. Y las izquierdas llegaron así: cuatro bancadas sin una cabeza común, unidas por la aritmética más que por un mando, cada una con su propia clientela política y sus propios agravios. Esa baja cohesión no es un detalle mínimo: es la condición que transforma la negociación entre bancadas en una negociación con individuos. Donde el titular ve una traición aislada, puede estar apareciendo un patrón: el precio que un gobierno ofrece y que una alianza sin cohesión tiene dificultades para rechazar. Una bancada cohesionada resiste mejor esas presiones; esta todavía debe demostrar que puede hacerlo.

Pero el problema de fondo va más allá de Roberto Sánchez. Las elecciones y el Congreso premian virtudes distintas. Una campaña puede construirse alrededor de símbolos compartidos, identidades o liderazgos prestados; un Parlamento, en cambio, exige autoridad cotidiana para mantener unida a una coalición. La elección concede representación; el Congreso pone a prueba el liderazgo. Y ambas cosas rara vez coinciden.

Para entender por qué esa diferencia resulta tan decisiva conviene volver a una imagen de la literatura griega, específicamente en La Ilíada. Patroclo no entra a la guerra con su propia gloria: entra con la armadura prestada de Aquiles, el mejor guerrero, que se ha retirado a su tienda y se niega a combatir. Los troyanos, al ver el bronce del héroe ausente, retroceden; los mirmidones avanzan. Patroclo los empuja hasta las murallas de Troya y por un instante parece que tomará la ciudad. Pero la armadura no lo convierte en Aquiles. Apolo lo aturde, Héctor lo remata y —esto es lo esencial— le arrancan la armadura del cadáver. Muere dos veces: pierde la vida y pierde lo prestado.

Sánchez llegó a la segunda vuelta con una armadura que tampoco era completamente suya. El sombrero chotano era apenas la pieza más visible de un conjunto de símbolos prestados. Fue a la elección envuelto en el vehículo político de Pedro Castillo, preso en su tienda, y en la alianza con el antaurismo. Con ese bronce prestado reunió al Perú del Sur y de los Andes y estuvo a un paso de tomar la Plaza de Armas: perdió por menos de cincuenta mil votos. La elección demostró que aquella coalición era suficiente para competir por la Presidencia. El Congreso está revelando que quizá no baste para ejercer el liderazgo de quienes la integran.

Por eso la tropa que hoy intenta conducir no termina de disciplinarse: es un campamento de fidelidades distintas —castillistas, antauristas, maestros, senadores del Sur— y cada uno sigue mirando a su propio Aquiles político. Suspender, desde la jefatura del partido y sin siquiera una curul, a quien conserva su escaño es un gesto con escaso filo: se puede castigar la deslealtad, pero no fabricar una lealtad que nunca terminó de construirse. Y, como ocurrió en la elección de la Mesa Directiva, la próxima deserción quizá no cruce el pasillo de frente: bastará con alterar una cédula de votación. Una ausencia repentina. Una demora inusitada. La armadura ya muestra sus primeras grietas.

La segunda pérdida puede ser más lenta y más profunda: la del liderazgo sobre el conjunto de la izquierda. El "Consenso por la Democracia", que reunió a Juntos por el Perú con Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, no constituye todavía un ejército; es, sobre todo, una alianza de conveniencia parlamentaria. La prueba apareció en el reparto del poder. La única presidencia que la oposición consiguió —la Cámara de Diputados— no quedó en manos de un dirigente de Sánchez, sino de Óscar Reto, de Buen Gobierno, el partido de Jorge Nieto, que pocos días antes había acusado públicamente a Juntos por el Perú de albergar personas vinculadas al Movadef y, aun así, terminó integrando la misma coalición. La alianza sigue a los números, no a un mando político. Sánchez es apenas uno de cuatro excandidatos presidenciales, cada uno con su propia bancada, ninguno con autoridad indiscutida sobre el conjunto y todos obligados a disputar un mismo espacio de representación.

Y ahí aparece el verdadero riesgo que anticipa la Ilíada. Lo peor que le ocurre a Patroclo no es morir: es que le arrebaten la armadura. Ese es también el desafío de Sánchez: convertir en liderazgo propio una legitimidad prestada, cuyo símbolo más visible fue el sombrero chotano. Si no lo consigue, el respaldo político del Sur —el mismo que lo llevó a disputar la Presidencia voto a voto— empezará a buscar otros portadores: los propios senadores andinos, un eventual resurgimiento del castillismo o alguna figura nueva que la indignación de esa base termine consagrando. En la epopeya, el cadáver de Patroclo se convierte en el centro de una batalla feroz porque griegos y troyanos no pelean por el hombre, sino por el bronce que llevaba puesto. Esa puede ser la escena que se aproxime para la izquierda peruana.

La pregunta, entonces, ya no es simplemente si Roberto Sánchez logrará conservar el liderazgo que hoy reclama. La verdadera incógnita es quién terminará vistiendo esa armadura. Porque, al final, la política suele confundir dos victorias distintas. Una consiste en representar una mayoría electoral. La otra, mucho más difícil, consiste en conducirla cuando el poder obliga a negociar todos los días. Roberto Sánchez ganó la primera batalla. El Congreso decidirá si también puede ganar la segunda.

El Congreso que sobrevivió a sus creadores

"Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores. Muy triste". Con esas palabras, la presidenta electa Keiko Fujimori describió el país que recibirá el próximo 28 de julio.

El diagnóstico no carece de fundamento. Después de varios años de deterioro fiscal, crecimiento del gasto permanente y debilitamiento de las reglas presupuestarias, el margen de maniobra del próximo gobierno será mucho menor que el que tuvieron administraciones anteriores. Sin embargo, existe una paradoja que apenas empieza a discutirse: parte de la arquitectura institucional que hoy dificulta gobernar fue consolidada durante los años en que el Congreso se convirtió en el principal contrapeso del Ejecutivo al punto de subordinarlo.

Los griegos conocían bien esta clase de tragedias. Contaban la historia de Erisictón, un rey que decidió talar el bosque sagrado de Deméter para construir un gran salón de banquetes. La diosa no lo castigó con un rayo ni con una muerte inmediata. Lo condenó a un hambre imposible de saciar. Cuanto más comía, más hambre tenía, hasta terminar devorándose a sí mismo. El castigo no fue el árbol que cayó, sino la fuerza que él mismo había liberado.

Algo parecido puede ocurrir en la política. Durante casi una década, el Congreso fue acumulando poder frente al Ejecutivo. Vacancias, censuras, interpelaciones, leyes con creciente impacto fiscal y un protagonismo legislativo cada vez mayor alteraron el equilibrio institucional. Ese proceso no tuvo un único responsable. Participaron distintas bancadas, sucesivos gobiernos y decisiones del propio Tribunal Constitucional. El fujimorismo fue, sin duda, uno de los protagonistas más importantes de esa transformación, pero no el único.

En paralelo, también se fue talando otro bosque: el de la disciplina fiscal. La flexibilización de las reglas de gasto, la aprobación de normas con elevado impacto presupuestario y la erosión progresiva de los límites fiscales redujeron la capacidad de respuesta del Estado. El Consejo Fiscal advirtió reiteradamente estos riesgos. Pero, como la ninfa del mito que intenta impedir que el árbol sea derribado, podía advertir; no podía detener el hacha.

Ahora aparece Deméter. En el mito representa la fertilidad y la cosecha. En términos contemporáneos, representa algo mucho más prosaico: la realidad fiscal. Los mercados no negocian con discursos; las cuentas públicas tampoco. Cuando el déficit aumenta, la deuda crece y el gasto permanente desplaza la inversión pública, la restricción termina imponiéndose. No es un castigo moral. Es una consecuencia.

La paradoja para el nuevo gobierno es evidente. Si desea recuperar capacidad de gestión, necesitará disciplina fiscal, reconstruir márgenes presupuestarios y adoptar decisiones inevitablemente impopulares. Pero deberá hacerlo con una legitimidad electoral estrecha y frente a un Congreso que durante años aprendió a ejercer poder con creciente independencia del Ejecutivo. Incluso si recientes decisiones del Tribunal Constitucional restituyen atribuciones al Gobierno en materia presupuestaria, la dinámica política construida durante los últimos años no desaparecerá por una sentencia.

Lo verdaderamente interesante es que muchas de las bancadas que participaron en ese proceso ya no estarán presentes en el nuevo Congreso bicameral. Desaparecieron, se fragmentaron o fueron reemplazadas por otras fuerzas políticas como resultado del voto ciudadano. Sin embargo, la institución permanece.

Quienes han trabajado en el Congreso conocen bien un fenómeno curioso. Los nuevos parlamentarios absorben con rapidez una cultura institucional que se transmite casi como una tradición oral. Una de sus expresiones más repetidas sostiene que el Congreso es "el primer poder del Estado", aunque la Constitución nunca le atribuya formalmente esa condición. Más allá de la exactitud jurídica de la frase, esa convicción termina moldeando la forma en que muchos legisladores entienden y ejercen sus atribuciones. Las personas cambian; las instituciones también aprenden. Acumulan atribuciones, generan incentivos y terminan transmitiendo una cultura propia a quienes llegan a ocuparlas.

Esa es quizá la mayor ironía de este momento político. El Congreso que asumirá funciones no será el mismo en sus integrantes, pero sí heredará buena parte de las atribuciones, prácticas e incentivos acumulados durante los últimos años. Ningún Parlamento suele renunciar voluntariamente a las cuotas de poder que ha conquistado. Entre los pocos protagonistas de ese proceso que permanecerán en la escena política estará precisamente Fuerza Popular, aunque esta vez desde el Ejecutivo. La fuerza política que durante años encontró en un Congreso fortalecido una herramienta eficaz para controlar gobiernos adversarios podría descubrir ahora que esa misma institución constituye el principal límite para gobernar.

Existe, por supuesto, otra lectura posible. Algunos sostendrán que el verdadero bosque sagrado no era la disciplina fiscal, sino los derechos sociales, y que el problema no es el crecimiento del gasto sino la persistencia de profundas brechas sociales. Es un debate legítimo. Pero incluso desde esa perspectiva permanece una verdad difícil de eludir: ningún Estado puede responder eficazmente a una crisis cuando ha reducido su capacidad financiera para hacerlo.

La historia de Erisictón no es una profecía. Es una advertencia. Todavía es posible reconstruir consensos, restaurar la disciplina fiscal y redefinir el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero las tragedias griegas enseñan que los mayores peligros rara vez provienen del adversario. Con frecuencia nacen de las propias decisiones y de las instituciones que esas decisiones terminan moldeando.

Quizá esa sea la verdadera prueba del próximo gobierno. No administrar únicamente el Estado que recibe, sino gobernar una arquitectura institucional que, junto con muchos otros actores, contribuyó a construir. Porque las instituciones tienen memoria. Sobreviven a sus creadores, adquieren vida propia y, en ocasiones, terminan imponiéndose incluso sobre quienes contribuyeron a crearlas.

La estación terminal de las aspiraciones presidenciales

En política existen trayectorias que parecen lógicas, pero que la historia se encarga de desmentir. Una de ellas es la idea de que la alcaldía de Lima constituye el trampolín natural hacia la Presidencia de la República. La intuición resulta seductora: quien gobierna la ciudad más importante del país debería estar mejor preparado para gobernar el Perú. Sin embargo, la evidencia muestra exactamente lo contrario.

La pregunta es sencilla: ¿Algún alcalde de Lima ha llegado a Palacio de Gobierno utilizando la Municipalidad como plataforma de partida? La respuesta, desde el retorno de la democracia en los ochenta, es negativa.

Los intentos comenzaron hace décadas. En 1985, dos exalcaldes de Lima disputaron la Presidencia desde extremos opuestos del espectro político. Luis Bedoya Reyes, fundador del Partido Popular Cristiano, obtuvo alrededor del diez por ciento de los votos. Alfonso Barrantes, el alcalde más popular de la izquierda peruana y creador del programa Vaso de Leche, quedó segundo detrás de Alan García y decidió no participar en la segunda vuelta. Ni la derecha ni la izquierda encontraron en la alcaldía un camino hacia Palacio.

La historia continuó repitiéndose. Ricardo Belmont, alcalde durante los primeros años de la década de 1990, fue derrotado ampliamente por Alberto Fujimori en 1995. Alberto Andrade, reconocido por la recuperación del centro histórico y la modernización de Lima, inició la campaña del 2000 encabezando las encuestas como principal opositor al régimen; terminó tercero con apenas el tres por ciento de los votos. Luis Castañeda Lossio, tres veces alcalde y probablemente uno de los gestores municipales más populares de las últimas décadas, postuló en 2011 y quedó relegado al quinto lugar.

No se trata de una coincidencia aislada. Se trata de un patrón que atraviesa gobiernos, partidos e ideologías.

¿Por qué ocurre? Porque el liderazgo municipal de la capital y el liderazgo presidencial responden a lógicas distintas. Un alcalde es evaluado principalmente por su capacidad para ejecutar obras, resolver problemas urbanos y administrar una ciudad compleja. Un candidato presidencial, en cambio, necesita construir un relato nacional, articular alianzas territoriales y conectar con un electorado mucho más diverso que el limeño. Son habilidades relacionadas, pero no equivalentes.

En otras palabras, Lima no es el Perú. La popularidad obtenida administrando la capital no necesariamente se traduce en respaldo en la costa, la sierra y la selva. Gobernar una metrópoli y representar un país son desafíos diferentes.

La dirección y el sentido de las carreras políticas también resulta punto interesante a destacar. Más de una figura nacional encontró en la Municipalidad de Lima un espacio para reinventarse después de una derrota presidencial. Luis Castañeda perdió la elección del año 2000 antes de conquistar la alcaldía. Susana Villarán fue candidata presidencial en 2006 y solo cuatro años después ganó la Municipalidad. La flecha parece correr en un solo sentido: la derrota nacional puede conducir a Lima, pero Lima no conduce a la Presidencia.

Ese patrón histórico vuelve inevitable mirar con cautela cualquier intento de convertir la alcaldía en plataforma presidencial. La historia no demuestra que sea imposible, pero sí que ha sido extraordinariamente improbable. Ningún alcalde de Lima ha conseguido romper esa barrera durante más de cuatro décadas.

Toda regla puede encontrar una excepción algún día. Sin embargo, quien aspire a ser el primero deberá enfrentarse no solo a sus rivales políticos, sino también a una evidencia histórica persistente. Hasta ahora, la Municipalidad de Lima no ha sido la estación de partida hacia Palacio de Gobierno.

Ha sido, más bien, la estación terminal de las ambiciones presidenciales.

La renuncia más costosa de las elecciones generales 2026

Esta mañana, en el hemiciclo, un ingeniero agrícola de 75 años juró como senador de la República "por Dios, la patria, por mi familia, por la memoria de mis señores padres, y por la memoria del mejor presidente que ha tenido el Perú, Alberto Fujimori". Lo hacía por Renovación Popular, pero el nombre que eligió para definir su identidad política no fue el de su partido, sino el del régimen del que proviene. Esa distancia entre la etiqueta partidaria y la lealtad política explica, mejor que cualquier otra cosa, cómo llegó hasta ese escaño.

La pregunta no es por qué juró Absalón Vásquez. La pregunta es por qué Rafael López Aliaga decidió no hacerlo. En abril, 1'993,905 peruanos votaron por él como senador. Ese voto expresaba una expectativa concreta: que ejerciera la representación que acababan de confiarle. Sin embargo, renunció a ella.

La explicación oficial es conocida. López Aliaga sostiene que no puede juramentar porque considera fraudulento el proceso electoral y hacerlo implicaría convalidarlo. El problema es que ese argumento se aplica de manera selectiva. Mientras él rechaza asumir el cargo, su bancada sí recibió credenciales, se instaló en el Congreso y ejerce plenamente sus funciones. Si el origen del Parlamento fuera realmente ilegítimo, la coherencia exigiría desconocerlo por completo, no solo abstenerse de jurar personalmente.

Por eso la explicación resulta insuficiente. Renunciar a un mandato otorgado por casi dos millones de ciudadanos tiene un costo político demasiado alto para justificarse únicamente con un gesto simbólico.

La respuesta podría encontrarse en la persona que ocupó finalmente ese escaño.

Absalón Vásquez no es un dirigente cualquiera de Renovación Popular. Es uno de los cuadros históricos del fujimorismo. Fue ministro de Agricultura de Alberto Fujimori, posteriormente su asesor en temas agrarios y nunca ha ocultado su identificación con ese proyecto político. Su incorporación a la lista de Renovación Popular fue reciente y ocurrió por invitación de López Aliaga.

Lo singular no es solo su trayectoria política. También posee un perfil técnico poco común. Es ingeniero agrícola, especialista en manejo de cuencas, cosecha de agua y desarrollo rural, precisamente los temas que adquieren relevancia cuando el país enfrenta la amenaza de un Fenómeno del Niño intenso.

Aquí aparecen dos hipótesis plausibles.

La primera es política. A sus 75 años, el escaño puede entenderse como un reconocimiento a uno de los últimos referentes históricos del albertismo, alguien que no había conseguido llegar al Senado por voto propio.

La segunda mira hacia el futuro inmediato. Si el próximo gobierno debe enfrentar una emergencia climática desde sus primeros meses, contar dentro de la bancada con alguien que conoce el aparato estatal y el sector agrario puede tener un valor estratégico. En ese escenario, la llegada de Vásquez deja de ser un simple reemplazo y pasa a formar parte de una preparación política para una eventual crisis.

No es posible demostrar cuál de estas explicaciones es la correcta. Lo que sí puede afirmarse es que ambas resultan más consistentes que la versión oficial basada en la coherencia frente al supuesto fraude.

En política, las decisiones importantes rara vez se toman para sustituir un nombre por otro equivalente. Se toman porque la persona elegida aporta algo que ningún otro puede aportar. Absalón Vásquez no era un accesitario cualquiera. Esa es precisamente la razón por la que su llegada merece una explicación.

Quizá el tiempo termine revelando cuál era el verdadero propósito. Si el nuevo bloque entre Fuerza Popular y Renovación Popular se consolida y Vásquez adquiere un papel relevante en la respuesta frente a un eventual Fenómeno del Niño, la hipótesis técnica cobrará fuerza. Si no ocurre, la interpretación del premio político será probablemente la más convincente.

En cualquiera de los dos casos, la pregunta inicial permanece intacta: ¿Por qué Rafael López Aliaga renunció a representar a casi dos millones de electores? La explicación oficial no basta. Y mientras no aparezca una mejor, el nombre de Absalón Vásquez seguirá siendo la pieza que hace que toda la operación resulte, al menos, inteligible.

El gobierno antes del gobierno

Entre la proclamación de resultados y la juramentación del 28 de julio existe, en toda democracia presidencial, una zona gris: el presidente electo no es todavía presidente, pero ya no es solamente candidato. Lo que distingue a las transiciones es cómo se administra esa zona gris. Y lo que estamos viendo en el Perú de estas semanas es algo más que una transición ordenada: es un gobierno operando antes de existir jurídicamente.

Los indicios son públicos, aunque dispersos. Keiko Fujimori se presenta ante el país bajo el título de presidenta electa —cuentas oficiales, conferencias de prensa, agenda protocolar— cuando la investidura congresal aún no ocurre. Acudió al Banco Central de Reserva y, según ha trascendido del propio Julio Velarde, le solicitó permanecer al frente del ente emisor por cinco años más, pedido que él habría aceptado. El mensaje a los agentes económicos es transparente: continuidad, estabilidad, previsibilidad. Pero conviene detenerse en la forma antes que en el fondo: la designación del presidente del BCRP corresponde al Poder Ejecutivo en funciones y su ratificación al Congreso. Una presidenta que aún no jura no designa; anuncia. Y sin embargo el anuncio produce efectos reales en los mercados y en las expectativas. Es gobierno de facto en su expresión más pura: actos sin forma jurídica que generan consecuencias como si la tuvieran.

A este cuadro se suma una pieza de otra naturaleza, resuelta días atrás por el Tribunal Constitucional. En la sentencia del caso Belén (Expediente 00018-2023-PI/TC), el TC estableció como criterio vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en la iniciativa de gasto: los congresistas ya no tienen iniciativa para incrementar gastos que incidan en el presupuesto anual ni que impacten hacia el futuro, y todo proyecto con efecto fiscal deberá coordinarse con el Ejecutivo y contar con informe de sostenibilidad del MEF. Más allá del mérito técnico de la doctrina —que lo tiene, y sobre el cual volveré en otra entrega—, el dato político es el momento: la principal herramienta de poder fiscal que el Congreso acumuló en el último quinquenio le fue retirada dos semanas antes de que asuma un nuevo Ejecutivo. Quien reciba la banda el 28 de julio gobernará con una chequera que sus predecesores no tuvieron. Ni podrían haber aspirado si los resultados de la segunda vuelta hubieran sido distintos.

El patrón que emerge, entonces, no es el de una presidenta electa esperando su turno, sino el de un despeje sistemático de la pista: certidumbre monetaria asegurada por adelantado, iniciativa fiscal recuperada por vía jurisprudencial, y un Congreso saliente que aprueba en sus últimos días normas cuyo beneficiario natural es el gobierno entrante. Entre estas últimas, una merece especial atención: la que traslada al fuero militar policial el juzgamiento de los excesos cometidos por policías y militares en el control del orden interno, sustrayéndolos del fuero civil donde la Corte Interamericana ha establecido reiteradamente que corresponde juzgar violaciones de derechos humanos. No hace falta atribuir intenciones para señalar el efecto objetivo de la norma: reduce el costo esperado del uso de la fuerza en escenarios de protesta social. Un gobierno que llega con casi la mitad del electorado en contra debería querer más contrapesos sobre el uso de la fuerza, no menos.

Y ahí está mi escepticismo de fondo. Toda esta ingeniería preinaugural parece diseñada bajo una premisa: que es posible asegurarse cien primeros días sin fricción. La historia política peruana —y la naturaleza misma del poder— sugiere lo contrario. El poder genera oposición por el solo hecho de ejercerse; la mitad del país que no votó por este proyecto no va a desaparecer porque el BCRP tenga titular confirmado ni porque el Congreso haya perdido la iniciativa de gasto. La fricción no se elimina; se posterga, y la fricción postergada suele regresar con intereses. Un gobierno que blinda su arranque removiendo contrapesos no reduce el riesgo de crisis: reduce los amortiguadores disponibles cuando la crisis llegue.

Quedan preguntas abiertas que este espacio seguirá con atención. ¿Internalizará el nuevo Reglamento del Congreso bicameral la doctrina del TC, o la resistirá? ¿Qué contendrá el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo debe enviar antes del 30 de agosto, elaborado en su mayor parte por un gobierno que ya no estará para debatirlo? ¿Y en qué moneda cobrará un Congreso al que se le retiró el poder de gasto pero conserva los nombramientos y el control político? Las respuestas dirán si estamos ante la normalización institucional que los mercados celebran o ante algo distinto: la reasignación del poder acumulado en estos años hacia su nuevo administrador.

Hay, además, un actor que no firma pactos ni respeta pistas despejadas. El ENFEN proyecta ya un evento El Niño con probabilidad de magnitud fuerte hacia fines de este año, justo sobre el calendario del debate presupuestal y de los primeros cien días. Puede que sea el clima —y no la política— el que vacíe la expectativa de gobernar como en una luna de miel sin tropiezos: los matrimonios, hasta los mejor arreglados, se prueban recién cuando llega la primera tormenta.

Por ahora, lo único verificable es que el gobierno empezó antes del gobierno. Y que en el Perú, la informalidad —hasta la del poder— siempre encuentra quien le preste formalidad después.