¿Cómo mejorar el desempeño del Congreso? Aportes desde la economía

Publicado en la revista Cuarzo Económico, en Julio 2013.

Todos detestan al Congreso, pero muy pocos tienen propuestas para mejorar su aprobación. Una de estas propuestas novedosas se encuentra contenida en la reciente aparición del dossier Perú Económico que presenta el estudio denominado "Ranking Legislativo". Este ranking realiza una diagnóstico de cuáles son las bancadas –y congresistas- cuyos proyectos de ley generarían un mayor crecimiento y desarrollo económico. Este es un estudio típico de la rama denominada análisis económico del derecho (AED). Para evaluar las bondades y debilidades del diagnóstico presentado es necesario conocer la metodología que siguieron los autores del ranking, la cual paso a describir a continuación.

La metodología es doble puesto que en realidad no se presenta un solo ranking para calificar los proyectos de ley, sino dos. En primer lugar tenemos el ranking del crecimiento económico, es decir aquel que evalúa el impacto sobre el crecimiento económico. Para este caso, se procedió con un proceso de filtrado y recojo de 142 proyectos de un universo aproximado de 2 mil proyectos de ley presentados por los congresistas, que el equipo investigador identificó tendrían un impacto directo en el PBI, específicamente sobre los componentes del gasto agregado más importantes: consumo, inversión, exportaciones netas y compras del Estado. La calificación del impacto se estableció siguiendo una escala tipo Likert (en cualquier sentido, positivo alto, positivo, nulo o negativo, negativo alto) a la cual se le asoció un puntaje aditivo de tal manera que a mayor puntaje, mayor calificación positiva o negativa respectivamente para cada congresista o bancada en particular.

En segundo lugar tenemos el ranking del desarrollo económico, es decir aquel que evalúa el impacto sobre el desarrollo económico. Para este caso, se procediócon la selección de un conjunto aleatorio de proyectos de ley presentados por cada uno de los 130 congresistas elegidos para el periodo 2011-2016, dos por cada uno de ellos, para valorar el impacto que estos proyectos tendrían sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en sus componentes principales: salud y calidad de vida, educación e ingresos. Sólo se lograron acumular 255 proyectos porque no todos los congresistas habían presentado proyectos a la fecha de cierre del muestreo. La calificación abordada no es muy clara, puesto que se menciona que se ha realizado un promedio de las calificaciones parciales para cinco indicadores definidos por el equipo investigador, estos son: impacto de la propuesta, exposición de motivos, análisis costo beneficio, lenguaje claro y beneficio para el desarrollo económico. De los cinco indicadores, sólo el último parece ser el más concreto puesto que en este se valora si el proyecto de ley en cuestión aporta a los indicadores parciales del IDH. No está claro porqué las ponderaciones son distintas para cada indicador, ni tampoco se ha reportado cuales son los pesos específicos de cada uno de ellos.

El informe presenta los resultados a nivel individual para el ranking del crecimiento económico. A nivel individual, los top-10 serían los congresistas: Luis Galarreta, Manuel Merino, Eduardo Cabrera, Jesús Hurtado, Carlos Bruce, Ángel Neyra, Fernando Andrade, Modesto Julca, Gustavo Rondón y Marco Falconí. En el otro extremo (los 10 últimos) que afectarían negativamente al crecimiento económico se encontrarían los congresistas Jorge Rimarachín, Héctor Becerril, Kenji Fujimori, Claudia Coari, Justiano Apaza, Teófilo Gamarra, Cecilia Chacón, Jaime Delgado, Javier Diez Canseco y finalmente Tomás Zamudio. No se presentan los datos para el resto de congresistas, lo cual habría sido ideal para conocer su aporte específico al crecimiento económico y el desarrollo económico del país.

A nivel de bancadas, el informe presenta los resultados para ambos rankings. La bancada que habría propuesto la mayor cantidad de proyectos de ley que aportarían positivamente tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo económico es el de Concertación Parlamentaria, conformado por los cuatro congresistas del Partido Aprista Peruano y los congresistas independientes Carlos Bruce (ex Perú Posible) y Renzo Reggiardo (ex Fujimorista). En el otro extremo, la bancada de Gana Perú es la que, por decir lo menos, realizaría un aporte menor al crecimiento económico que el resto de bancadas; mientras que la bancada fujimorista (Fuerza Popular) es la que menos aportaría al desarrollo económico, siempre en relación al resto de bancadas.

Ilustración Bancadas según ranking de proyectos legislativos pro crecimiento y pro desarrollo económico - Elaboración propia sobre la base de dossier Perú Económico

El informe añade una evaluación transversal específica a todos los proyectos de ley, con el cual concuerdo plenamente, la debilidad de la sección titulada “Análisis Costo Beneficio de la presente ley”. De acuerdo con el estudio de Semana Económica, el 83% de los proyectos de ley presentados por los congresistas de la actual legislatura, no realiza un análisis mínimo que evidencie el impacto de la legislación en la economía (p.19). Otro estudio similar, realizado por la ONG Reflexión Democrática1 para la anterior legislatura 2006-2011, reportó que luego de revisar 967 propuestas sólo un 6.5% de ellas tenían un análisis costo beneficio adecuado. Esto significa en resumen, que existe alrededor de un 10% de probabilidad de encontrar un proyecto de ley bien elaborado en cuanto a la medición del impacto costo beneficio de la misma.

En línea con los hallazgos realizados, las recomendaciones del estudio de Semana Económica no se hacen esperar. El Congreso de la República debe contar con una unidad de Estudios Económicos lo que redundaría en un beneficio para la democracia. Esta unidad, se encargaría en la práctica de formular de manera adecuada e independiente, es decir, de manera técnica, la medición y el balance de los costos y beneficios que un determinado proyecto de ley puede tener. Esta información sería volcada sobre los congresistas para que ellos tomen las decisiones informadas sobre la “riqueza que crearían o destruirían sus leyes, y rendirían cuentas ante el electorado ciudadano”. Hasta aquí todo bien aunque su pretensión es a mi parecer exagerada. Voy a explicar por qué.

En efecto, antes que nada, es preciso conocer un poco más de la realidad parlamentaria para tomar en cuenta cuáles son los límites de esta propuesta2 . En primer lugar, los congresistas contratan un equipo de tres o cuatro asesores para su despacho para que les ayuden a elaborar sus proyectos de ley. La elección de estos asesores no necesariamente se basa en criterios técnicos, sino más bien políticos. Muchos de estos asesores son militantes de algún partido afín, pero esto no es necesario para todos los casos. Por lo general existe una tendencia a contratar abogados pues son los que tienen las herramientas necesarias para elaborar los proyectos de ley. Pero recientemente ha habido una mayor preocupación por contratar profesionales de otras especialidades, en especial economía para abordar con mayor expertise los temas que van cobrando importancia en el quehacer económico nacional a través de nuevos proyectos de ley.

En segundo lugar, los congresistas procuran formar parte de tres o cuatro de las 24 comisiones ordinarias existentes en el Congreso para ejercer sus facultades legislativas, de fiscalización y representación. La elección de dichas comisiones se hace tomando en cuenta la experiencia previa del congresista, que no necesariamente está dictada por la profesionalización. Pero cada congresista es consciente que es en esta primera arena política, donde la discusión y la argumentación serán las herramientas necesarias para aprobar o rechazar los proyectos de ley. Las comisiones que por naturaleza tienen que ver con cuestiones económicas son casi la mitad del total disponibles:

• Economía, banca, finanzas, e inteligencia financiera,
• Presupuesto y cuenta general de la república
• Producción, micro y pequeña empresa y cooperativas
• Agraria
• Energía y minas
• Defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos
• Comercio exterior y turismo,
• Trabajo y seguridad social
• Transportes y comunicaciones
• Vivienda y Construcción
• Inclusión social y personas con discapacidad

Cada comisión cuenta con un equipo de asesores, los cuales elaboran un dictamen para cada uno de los proyectos de ley que son derivados a la comisión, incorporando las discusiones y las consultas pertinentes realizadas a las entidades públicas o privadas que tienen competencia o interés con la materia del proyecto de ley en cuestión. La composición de los asesores de estas comisiones se reparte, como es de esperar, mayoritariamente entre abogados y minoritariamente entre economistas, los cuales son colocados por los congresistas de acuerdo con su especialidad y capacidad para atraer a los mejores talentos posibles a esta instancia. Es preciso resaltar que cuando las comisiones remiten su proyecto de ley al Ministerio de Economía y Finanzas para que brinde su opinión técnica, lo hacen porque los congresistas juzgan necesario evaluar el impacto de un proyecto determinado sobre el presupuesto público o el mercado en general. Es en esta instancia que el MEF cumple el rol “independiente” al cual alude el director de la revista Semana Económica puesto que los técnicos de este organismo realizan el control de si la ley propuesta está duplicando alguna legislación preexistente, o si ocasiona un costo efectivo al erario nacional aun cuando el proyecto señala que no lo hace. Si ocurre cualquiera de las dos situaciones, el proyecto termina siendo descalificado inmediatamente, puesto que no se puede legislar sobre algo que ya está normado, ni se puede incurrir en un gasto sobre el presupuesto pues está prohibido por ley que el congresista tenga iniciativa de gasto3 . De crearse una unidad de Estudios Económicos debería cumplir un rol similar al del MEF, pero al interior del Congreso. Pero este debería tener el nivel de legitimidad suficiente entre los congresistas como para que su opinión sea tomada con el mismo peso “político” del que gozaría la opinión emitida por el propio MEF.

Pero es preciso notar que no todas las veces es al MEF a quien se le solicita opinión técnica. Depende de la comisión y de la naturaleza de la materia que legisla el proyecto para que se solicite opinión a las entidades que son pertinentes. Aquí se incluyen ministerios, universidades, especialistas reconocidos en la materia, gremios empresariales, sindicatos, etc. Estas consultas pueden ser materializadas a través de la organización de seminarios, foros, audiencias, y todo tipo de eventos que los congresistas consideren necesario para que tanto ellos como la opinión pública se vayan informando de la importancia de la ley en debate. Así, cuando concluye el proceso de consulta y discusión, la secretaría técnica de la comisión que tiene prioridad sobre el proyecto, realiza el dictamen definitivo del mismo sobre la base de las consultas y debates realizados con la recomendación para su aprobación o envío al archivo. Una vez que se ha programado el último debate sobre el proyecto, se puede proceder a un último ensayo de defensa por parte del congresista que presentó el proyecto originalmente y luego se procede al voto a nivel de la comisión. Si gana, el proyecto pasa a la lista de proyectos que serán discutidos en el Pleno o de lo contrario el proyecto es enviado al archivo. No se volverá a discutir un proyecto similar hasta que se abra una nueva legislatura y algún congresista desee volver a presentarlo con mejoras o adiciones.

Flujograma de un proyecto de ley - Elaboración propia

El pleno del Congreso es la máxima instancia de debate de los proyectos de ley que arriban a ella. Aquí existe un conjunto adicional de asesores, los asesores de bancada, que ayudan a los congresistas de una determinada bancada para que tengan los insumos necesarios a la mano para que sus intervenciones durante el debate sean lo más persuasivos posibles. Se busca de esta manera lograr el máximo de aprobación o el mínimo de rechazo para un proyecto de interés de la bancada que entre al debate. En el caso de una bancada de oposición, los asesores de este nivel proveerán todos los elementos necesarios para descalificar el proyecto de ley que está en debate del oficialismo buscando que este sea rechazado con la máxima cantidad de votos posibles. En este nivel de asesores, la distribución de especialistas me parece que es más equilibrada en términos de las especialidades que a nivel de los despachos y comisiones técnicas. Pero esto es sólo una percepción. Es necesario realizar mayor investigación en términos del quehacer político y técnico para producir el éxito o rechazo de los proyectos de ley en general.

Como se puede apreciar hasta este punto, el carácter democrático de todo este proceso no se basa exclusivamente en la supuesta independencia del MEF para opinar sobre un determinado proyecto de ley. Pero es cierto que por la preeminencia que tiene este organismo sobre el resto del Estado, su opinión suele ser la más importante y la que finalmente determinará la suerte del proyecto en cuestión. Es casi como un poder de veto en la práctica. Esto es así a menos que la oposición y la agenda pública hayan tomado conciencia de la importancia de dicha ley y por lo tanto se comience a apreciar la presión mediática sobre el destino de la misma. La lógica que guía todo este proceso es la de la argumentación y la persuasión4 . Pero es obvio que se despliegan diversos juegos políticos y alianzas de poder para lograr la aprobación o rechazo de un determinado proyecto sobre todo si existen intereses compartidos por los actores relevantes del proyecto en el escenario parlamentario. La consolidación de estas alianzas puede involucrar la renuncia temporal de principios antes sostenidos -si es necesario- con la finalidad de oponerse a un proyecto de ley presentado por el gobierno de turno5 .

Teniendo en cuenta todo este proceso, ¿Resulta relevante la creación de la oficina de investigaciones económicas en el Congreso? Creo que una dependencia como esta al interior del Congreso podría ayudar a mejorar el sustento del análisis costo beneficio, pero eso no limitaría la necesidad de que se realice la consulta oficial necesaria al MEF para obtener su opinión técnica política definitiva, que en la práctica resulta ser como una “bendición” de parte de este organismo. Para minimizar la probabilidad de rechazo de estas iniciativas, la práctica parlamentaria obliga que el Congresista realice las coordinaciones necesarias con el MEF para asegurar que su proyecto de ley no vaya a ser rechazado en el camino de consultas interinstitucionales. En ese sentido, el cliché “Este proyecto de ley no irrogará gasto alguno al erario nacional”, suele ser una frase efectista de lo que se considera ha sido una efectiva coordinación del congresista interesado que busca hacer viable una iniciativa legislativa de su autoría. Desde ese punto de vista, la existencia de una oficina de estudios económicos podría ser poco relevante e incluso redundante. Si logra tener un protagonismo tecnocrático, es probable que sea visto como un territorio de colonización del MEF en el Congreso (tal como lo es en la actualidad, a través de algunos congresistas, voceros y asesores en las comisiones respectivas), lo que haría incómoda su actuación y grande la tentación a ser ‘recuperada’ políticamente por el tipo de profesionales que se seleccionarían para conformarla. De hecho, la práctica parlamentaria de contratar personal para cubrir los cupos correspondientes asignados a cada partido o bancada determina que incluso las oficinas más técnicas sean cubiertas precisamente por personal afín a cada partido. Este el caso del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso peruano (DIDP)6 . Esta oficina se encarga de realizar investigaciones especializadas sobre diversos temas que requieren las comisiones del congreso o los propios despachos de los congresistas. La calidad técnica de este departamento no ha sido puesta en cuestión, sin embargo, ha merecido el apoyo de diversos programas de agencias internacionales para fortalecer su rol, entre ellas se destaca la provista por el Instituto Republicano Internacional7. No obstante, se espera que su protagonismo e importancia sea visto recién en el largo plazo.

En el corto y mediano plazo creo que sería más importante realizar una reforma en la selección de los especialistas que asesoran no sólo a nivel del despacho de cada uno de los congresistas, sino también a nivel de las comisiones técnicas y las bancadas. En teoría, la comisión de economía y la de presupuesto de la República serían las dos comisiones que por naturaleza deberían manejar como herramienta básica la técnica del análisis Costo Beneficio para que puedan informar convenientemente a los Congresistas sobre las debilidades o ausencias sobre este componente en sus proyectos de ley. Pero está claro que ésta es una técnica que deberían dominar la mayoría de economistas que asesoran en el Congreso.

A manera de conclusión, es importante recalcar que las iniciativas que buscan mejorar la performance del parlamento peruano son bienvenidas, sobre todo si viene desde una de las áreas de la ciencia sociales más desarrolladas como es la economía. Pero sería justo completar el panorama del diagnóstico con otras áreas de la temática abordada por el parlamento, como por ejemplo Justicia, Constitución, Relaciones Exteriores, entre otros que conforman la otra mitad de comisiones establecidas en el Congreso peruano. De otro lado, la recomendación de establecer una oficina de estudios económicos sería poco recomendable puesto que su existencia no limita la necesidad de solicitar opinión técnica concluyente al MEF o de organismos similares en el Ejecutivo para determinar la viabilidad final de un proyecto de ley. De otro lado, no sería posible garantizar la independencia técnica de una oficina como la propuesta puesto que dependería de los cupos de profesionales a ser cubiertos para su conformación. Si la mayor parte de los cupos asignados se encuentran bajo la disposición del partido mayoritario, es muy probable que las opiniones técnicas tiendan a sustentar este sesgo. En última instancia, esta oficina siempre tenderá a convertirse en un escenario adicional para la batalla política. En contraste, creo yo que sería más recomendable asegurar que en la composición de los equipos de asesores que asisten tanto en los despachos de los congresistas, como en las comisiones y las bancadas existan economistas destacados que dominen las herramientas clave de su campo para mejorar la calidad de la producción legislativa. Estos economistas podrían establecer grupos de trabajo de asesoramiento transversal que ayudarían en la práctica parlamentaria a asegurar que la dimensión técnica de los proyectos de ley esté resuelta con la más alta calidad profesional, facilitando así el diálogo político de los congresistas.

• 1 Reflexión Democrática, “Análisis Costo – Beneficio de los proyectos de ley (Presentados en la legislatura 2006 – 2011)”, Informativo Nº 91, 25 mayo de 2013.
• 2 Delgado-Guembes, César (2012) “Manual del Parlamento. Introducción al estudio del Congreso Peruano”. Lima: Oficialía Mayor.
• 3 Delgado-Guembes, César. Obra citada. Pág. 579
• 4 Majone, Giandoménico. “Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas”. México D.F.: FCE, 1997
• 5 Me refiero en concreto al curioso caso del rol opositor asumido por el Fujimorismo durante el presente gobierno. Ante el debate del proyecto de ley del Servicio Civil, en contraposición histórica a su rol como gobierno durante los noventa en el que despidieron a miles de trabajadores del sector público por la política de privatizaciones, los fujimoristas se cuentan en la actualidad como los mayores defensores de los trabajadores del Estado. Sobre este tipo de juegos, su mecanismo y su desenlace puede verse Tsebelis, George (1991) “Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics”. California Series on Social Choice and Political Economy.
• 6 Puede visitarse esta oficina y sus informes elaborados en la siguiente dirección web: http://www.congreso.gob.pe/dgp/didp/inicio.htm
• 7 http://www.iri.org/countries-and-programs/latin-america-and-caribbean/peru

Marchas de protesta en Lima capturados por Street View - Google

A tono con la reciente ola de protestas sociales en la ciudad de Lima, Google Street View ha capturado algunas imágenes de una de ellas en la Plaza Bolognesi.

 

 

La marcha graficada por Google fue realizada el año pasado, por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. En ella se solicitaba a la actual Ministra del Trabajo cumpla con el pliego de reclamos presentado, centrado fundamentalmente en la reglamentación de la ley que regula los fondos de jubilación de los trabajadores del sector.

La protesta, entre otras medidas, tuvo los resultados esperados tal como señala el diario El Comercio aquí.

Sobre la inflación y el salario mínimo

¿Cuál es la relación entre el salario mínimo y la tasa de inflación? Esta es una de las preguntas centrales que la sociedad peruana se esta preguntando en la actualidad en el marco del debate sobre la pertinencia de implementar la segunda parte del aumento del salario mínimo ofrecido por el Presidente Ollanta Humala. El día de hoy el BCRP, apoyado únicamente en el poder que le confiere su supuesta investidura técnica mas no en los hechos, ha sugerido que la relación es directa, es decir que el salario mínimo causa inflación. Todo el mundo conoce con precisión que la oleada inflacionaria que se nos viene corre por cuenta de shocks internacionales en los precios de los alimentos. Y el Perú, por contar con una canasta de consumo compuesta en su mayor parte de alimentos, se encuentra más expuesta a este tipo de shocks. Por ello, la afirmación realizada por el BCRP se enmarca más bien en algunos hechos concretos de la política peruana que paso a señalar y discutir:

1. La promesa de Ollanta Humala durante su candidatura a la presidencia y su posterior afirmación en el primer discurso dado a la nación de aumentar el salario mínimo en 150 nuevos soles. Probablemente, esta propuesta junto con cuna mas, beca 18, y pensión 65 haya sido parte del paquete de medidas sociales orientado a cautivar con éxito el voto urbano de menores ingresos y con acceso limitado a la protección social.
2. El cumplimiento de tal promesa durante los primeros cien días como presidente, pero en un primer tramo equivalente al 50% de lo ofrecido, realizado en agosto del presente año. Es probable que la promulgación de este aumento haya tenido un impacto positivo en la imagen presidencial frente al electorado objetivo, beneficiario inmediato de esta medida. Resta el cumplimiento de la otra mitad a ejecutarse en algún momento no definido del 2012. Esta es una de las aristas a discutirse respecto del segundo tramo del aumento y que el ministro de economía habría sugerido que solo se necesita definir con precisión en que momento deberá; hacerse.
3. La renuncia del primer gabinete de gobierno liderado en su mayor parte por profesionales liberales como consecuencia de la crisis del manejo de negociaciones del proyecto minero Conga, y su posterior recomposicion hacia un gabinete mas amigable a la inversión privada. En esta recomposicion ha sido clave asegurar la colocación del ministro del interior como primer ministro para ejercer una imagen de que se va a hacer respetar el orden constitucional necesario para proteger la inversión privada. También ha sido clave colocar como ministro de trabajo a un emisario del Ministerio de Economia que pudiera hacer eco, antes que resistencia, de las políticas promovidas por el MEF.
4. Las declaraciones cada vez mas preocupantes realizadas por los organismos internacionales sobre los pronósticos de los indicadores económicos y financieros para el 2012, que indican que el mundo entero se sumergiria en una nueva recesión. Una rápida mirada a las estadísticas de producción mensual nos revelan que efectivamente la recesión mundial esta afectando y afectará al Peru significativamente. La profundidad, duración y naturaleza de esta segunda recesión son materia de discusión en distintos foros, donde personajes como Alan Garcia aparece una vez mas como una de las voces mas positivas que los entendidos en la materia.
5. Finalmente, el aumento imparable de los precios internacionales de los productos alimenticios básicos que ha repartido presiones inflacionarias no solo en Perú sino en todo el mundo, tal y como ocurrió durante el 2008, es decir, en la antesala de la crisis financiera del 2009.

Como se puede apreciar, las declaraciones del MEF, el BCRP y el nuevo ministro de Trabajo se encuentran alineadas cual eclipse solar para impedir o postergar indefinidamente el segundo tramo del aumento del salario mínimo. Como se recordará, el primer tramo del aumento corrió no poca oposición de parte de los dueños del capital, logrando por lo menos aplazar durante un mes el aumento declarado oficialmente, gracias a los argumentos tecnicos legales ofrecidos por abogados como Toyama o Ferro.

El problema no es tanto el aumento en si, sino la magnitud del mismo, la poca previsibilidad del aumento como para ser incorporados en los planes de negocio empresariales y la fase del ciclo económico mundial en que nos encontramos. La magnitud del aumento es pues muy significativo. Durante el anterior gobierno de Alan Garcia, los incrementos realizados fueron de una magnitud promedio de 25 soles. En realidad fueron dos aumentos de 50 soles, repartidos en tramos de 30 y 20 soles ocurridos en dos momentos distintos, el primero durante la etapa del crecimiento y el segundo a punto de entrar en la recesión. El incremento propuesto por Humala ocurre apenas unos meses después del aumento otorgado por el anterior gobierno y los 150 nuevos soles propuestos representan un 25% de aumento respecto del anterior salario. Eso, desde el punto de vista empresarial, es inmanejable en el corto plazo y queda claro que ninguno de ellos quiere poner en juego sus utilidades cuando estas tienen una amenaza mas grave de ser consumidas por los embates del temporal internacional en ciernes. Por ello, la amenaza de trasladar los nuevos costos hacia los consumidores parece ser una herramienta importante a esgrimir por parte de sector empresarial, lo que sin embargo debe evaluarse con fino cuidado, sector por sector. No me imagino bien, por ejemplo como las empresas textiles o las agroexportadoras pueden trasladar los precios de sus productos a sus consumidores locales, cuando su produccion esta orientada en su mayor parte al mercado internacional de ingresos altos. Una discusión sobre la necesidad de tener salarios mínimos diferenciados según sector económico o regional puede ser pertinente en este sentido para evaluar qué sectores pueden ser más factibles de aumentar el salario mínimo frente a otros para evitar posibles semillas inflacionarias.

Aquí sin embargo es donde entra a tallar otro problema fundamental que se ha postergado innecesariamente: el hecho de que los aumentos del salario minimo estén sujetos a las necesidades políticas del gobierno de turno es un juego demasiado caro que afrontar por el sector empresarial. Mientras que se tenga a un presidente pro mercado, no hay problema. Pero frente a un aumento exagerado de la desigualdad y el mayor nivel de insatisfacción de la población que produzca candidatos antisistema cada vez peores, lo mas racional y justo para las partes seria institucionalizar una politica de aumento anual del salario minimo en una magnitud quizá pequeña de 3 o 4% (o 25 soles en promedio) durante los próximos cinco años de manera que se establezca un horizonte de planificación que pueda ser manejable y predecible. Esto para todas las partes interesadas. Lamentablemente, con la actual configuración gubernamental, donde el Ministerio de Trabajo -que es el que se supone debiera equilibrar la balanza de poder entre los empresarios y los trabajadores- se encuentra ahora colonizado por la administración del MEF, es poco probable que una propuesta así pueda prosperar.

Finalmente, el problema de realizar un aumento en una fase recesiva es un problema serio pero que no debiera necesariamente ser resuelto con una postergación del aumento ya prometido. En mi opinión, ha habido un aumento suficiente de la productividad del trabajo que justifica bien el aumento anunciado por el actual presidente. Sin embargo, ante la inminente caida del producto en los próximos dos años (la que por cierto no se espera sea negativa, sino solo una desaceleración), el aumento del salario minimo puede funcionar como un incentivo a la demanda interna. O en otras palabras, puede actuar como un paquete de estímulo a la economia desde la demanda interna como compensación a la caída de la demanda externa.

Así que, lo más importante ahora sería cumplir con la promesa ofrecida porque después no se volverá la ventana de oportunidad para realizar el aumento necesario puesto que entonces, serán más bien los empresarios los que estarán llorando por reducciones de impuestos o subvenciones directas como parte de un paquete de estímulo a la economía pro empresarial unicamente.

Una clase media miserable

A continuación un artículo que recoge mis comentarios relacionados con el estudio publicado por Macroconsult sobre la desigualdad de los ingresos de las familias peruanas.

86% de familias peruanas vive con menos de 1000 soles mensuales

Y no sólo se trata de desigualdad: el ingreso familiar de 86 de cada 100 hogares es o inferior o casi exactamente el que se necesita para cubrir la canasta mínima de una familia de 4 miembros

Internacional | Jesús María-Foro Salud | 23-05-2011

¿El Perú avanza? Un estudio realizado porMacroconsult y publicado por el diario Gestión revela que, pese al crecimiento, las desigualdades de ingresos familiares en el país siguen siendo gigantescas.
Tal vez este fracaso económico, que mantiene a las familias peruanas en la pobreza o al borde de la misma, pueda explicar en buena medida los resultados de la primera vuelta electoral, que expresaron un descontento con la clase política que ha gobernado en los últimos 10 años, justo los del “boom” económico.
Según publica hoy Gestión, sólo 14 de cada 100 hogares tiene un ingreso mayor a 1000 solesmensuales, lo que significa que 86% de hogares tiene un ingreso menor o igual a 1000 soles. La estructura de ingresos, según el informe, es como sigue:

• en el primer lugar se encuentran 115 mil hogares (1.58% aproximadamente) con un ingreso mayor a 3 mil soles;

• luego vienen 379 mil hogares (5.2% aproximadamente) cuyo ingreso es de entre 1500 y 3mil soles;

• un tercer grupo está conformado por las 551 mil familias (7.7% aproximadamente) cuyo ingreso está entre 1000 y 1500 soles;

• luego, un grueso sector de 1 millón 542 mil familias (21.2% aproximadamente) percibe entre 550 y 1000 soles mensuales;

• en quinto lugar se encuentra el sector más numeroso de la población, con 2 millones 518mil (34.6%) familias percibiendo entre 247 y 550 soles mensuales;

• luego encontramos a un sexto sector, también muy grande, de 1 millón 210 mil familias(16.5%) cuyos ingresos van de 144 a 247 soles mensuales;

• finalmente se encuentra el sector más excluido, con 972 mil hogares (13.3%) que perciben menos de 144 soles mensuales.

Cabe indicar que, de acuerdo con el INEI, la línea de pobreza en nuestro país está en torno a los 260 soles mensuales por persona: por debajo de ese ingreso, es imposible cubrir los costos de la canasta básica. De acuerdo con las cifras presentadas por Macroconsult, más del 80% de los hogares tiene ingresos inferiores a los 1000 soles. Sabiendo que el promedio de individuos por hogar en el país es de alrededor de 4, estos datos podrían indicar que las incidencia de pobreza monetaria es mayor a la que el Gobierno indica.
De acuerdo al estudio, sin embargo, la situación ha mejorado en los últimos años, aunque en proporciones muy modestas. El número de familias que tiene ingresos superiores a 3000 soles(lo que no significa tampoco una situación de opulencia) se ha duplicado desde el 2004, y lo mismo ha ocurrido con aquellas que tienen ingresos mayores a 1000 soles.
Enfoque: “Es una clase media miserable”
Alerta Perú buscó al economista Raúl Mauro para comentar estas cifras:
AP: De acuerdo a estas cifras, ¿cuál es la clase media? ¿se puede hablar de una clase media cuando el 86% de hogares percibe menos de 1000 soles mensuales?
RM: De acuerdo con estas cifras, pues es una clase media miserable. En las cifras, el “top” está representado por 115 mil hogares que perciben "más de 3000 soles", pero eso no es un “top”. Calquiera sabe que con 3 mil soles no sostienes a una familia de 4 miembros. No es suficiente, tal como las cosas han ido en los últimos años. En el Perú considero que, para los precios como van, 1200 o 1500 soles debería ser el ingreso medio para comenzar la escala de “clase media”, por persona. Si ya tienes 4 miembros, entonces hablamos de 6 o 7 mil soles. Ahora bien, la idea de “clase media” es una idea más amplia, no sólo es ingresos. “Clase media” hace la idea de una capa social que tiene derechos ganados como por ejemplo los laborales, que conecta junto con lo pensional mirando en el largo plazo el acceso a justicia, acceso a cultura, profesionalizarse, tener casa...
AP: En el informe dice que ese grupo de familias que percibe más de 1000 soles se ha duplicado en los últimos 5 años, pasando de 7 a 14. Y que, en general, todos los sectores han aumentado sus ingresos gracias al crecimiento. ¿Eso demuestra que hay que seguir con este modelo porque poco a poco está llegando? ¿o sí hay que hacer algunos ajustes?
RM: No es una sorpresa decir que la desigualdad sigue intacta a pesar del crecimiento económico elevado y sostenido que se está observando. Porque el Estado ha abandonado su rol distributivo, y eso a pesar de los Juntos y programas alimentarios existentes. Un estado redistributivo debe invertir fuerte en educación, salud, promoción del empleo, justicia e infraestructura. En nuestro país, ese rol ha sido abandonado y entonces obtienes que la teoría del chorreo, o goteo, no ha funcionado. No es que el modelo tiene que ser corregido: el modelo está incompleto porque el Estado ha abandonado su rol redistributivo y promotor de los derechos ciudadanos, sólo ha asumido y hecho su bandera el rol promotor del crecimiento. El modelo “déjame invertir, para que yo empresario genere empleo” funciona, pero es el Estado el que hace que el empleo sea de calidad, lo que implica remuneraciones mejores y derechos laborales. (PM)

Precisiones sobre el problema del empleo, la pobreza y el crecimiento

El siguiente artículo del diario El Comercio aparecido ayer (ver aquí) recoge un comentario mío realizado telefónicamente el último sábado por la tarde. Quiero señalar que en este artículo, mi opinión no aparece con claridad.

De acuerdo con el artículo, yo aparezco sosteniendo lo siguiente (resaltado mío):

"Como ya lo dejó en claro el ex ministro de Economía Luis Carranza, la única forma para sacar a una persona de la pobreza es con la generación de empleo y un aumento progresivo en el ingreso de las familias. Para apuntalar esta teoría, Raúl Mauro, investigador de Desco, incide en que la reducción de la pobreza de los últimos años (de 48,7% en el 2005 a 34,8% en el 2009) no se debió a un aumento en los programas sociales, sino al hecho de que miles de familias elevaron su nivel de vida y hubo más oportunidades de empleo por el crecimiento económico sostenido."

En efecto, la teoría con la que yo estoy de acuerdo es que la única manera de reducir la pobreza de manera sostenida es mejorando las oportunidades del empleo de calidad brindadas por un crecimiento económico sostenido. El rol redistributivo del Estado es coadyuvante en este proceso, lo cual quiere decir que las políticas sociales no son accesorias. Diversos conceptos novedosos introducidos por el Banco Mundial o el BID tratan de describir estas ideas al llamar al crecimiento económico pro-pobre o crecimiento económico de "amplia base". Por el momento prefiero no detenerme en la discusión de estos conceptos para abordar el tema de la imprecisión que quiero discutir.

El problema del actual estilo de crecimiento económico es que para que las familias hayan podido mejorar su nivel de vida, por encima de la línea de pobreza, han tenido que incrementar su oferta de horas de trabajo, de un lado; y del otro, han incrementado la participación de los miembros de familia en el mercado de trabajo. Este doble fenómeno ha ocurrido fundamentalmente en el mercado del sector informal. Ello implica que el proceso de reducción de la pobreza se ha dado en un contexto de un crecimiento nulo o muy imperceptible de las remuneraciones medias. De aquí se concluye que la reducción de la pobreza se ha dado a pesar que las oportunidades de empleo de calidad han sido prácticamente nulas y a pesar que el Estado ha renunciado a destinar un mayor presupuesto para el sector social (básicamente, educación, salud, trabajo y justicia). En realidad, el Estado se ha limitado a proveer políticas sociales asistencialistas, los cuales, no coadyuvan en reducir la pobreza de manera costo-efectiva.

Las evidencias sobre los fenómenos que acabo de describir se encuentran expuestas en un post que publiqué en el 2008 (ver aquí) cuando comenté la paradoja de la reducción de la pobreza en el Perú que se condice con la tesis de Hernando de Soto: la reducción de la pobreza de los últimos años se ha dado gracias al dinamismo del sector informal! Pero se ha hecho a costa de un aumento de la oferta de horas de trabajo y de la mayor participación laboral de los miembros de las familias peruanas. Es decir, con un deterioro generalizado de la calidad del empleo.

No por gusto resulta importante destacar que ambos candidatos parecen coincidir en las propuestas relativas al problema del empleo, de cara a la segunda vuelta electoral.

En el caso de la actual candidata del Fujimorismo, esto resulta aun más notable, pues su campaña se ha dirigido a alimentar las esperanzas de soluciones concretas para el problema cotidiano del empleo, en abierto contraste con la muy distante y casi impersonal problemática de la corrupción y la democracia que sigue abordando Ollanta Humala. En efecto, la creación de la Superintencia del Trabajo apunta a la idea de que se va a buscar qué hacer respetar los derechos de los trabajadores. Paradójicamente, la mayor parte de estos derechos fueron arrasados durante el primer gobierno del Fujimorismo, y por otro lado, su propuesta implicaría el incremento de la burocracia pues se deja de lado al ya minimizado Ministerio de Trabajo. Por su parte, la propuesta del programa Mi Primera Chamba aborda frontalmente el grave problema en que se ha convertido el desempleo de la juventud. Como la mayoría de los economistas sabe, el desempleo juvenil siempre ha sido alto, sobre todo durante los primeros tres meses del año ya que los jóvenes terminan sus clases y salen despavoridos en busca de una oportunidad de empleo. No obstante, desde el 2006, osea desde que comenzó el segundo gobierno aprista, esta cifra está aumentando rápidamente para el caso de Lima Metropolitana pasando de 15.7% a 18.2% (comparando 1er trimestre de cada año), a pesar que el crecimiento económico sigue con viento en popa durante los mismos meses.

En el caso de Ollanta, según la hoja de ruta, se incide en el problema de la calidad al proponer como solución el funcionamiento del Consejo Nacional de Trabajo. Es decir, mejorar la institucionalidad, lo que implica pues establecer una mesa de trabajo y negociación donde el Ministerio de Trabajo juegue un rol más activo antes que el pobre y pasivo que cumple en la actualidad, entre las partes interesadas, el empresario y el trabajador. Del mismo modo, la fiscalización del respeto de los derechos laborales implica el fortalecimiento del rol fiscalizador del Ministerio de Trabajo, una función a la que ha renunciado sistemáticamente, haciendo pues que el empleo sea simplemente un insumo de producción y no un medio para crear riqueza y bienestar.

En conclusión, el problema de la precariedad del empleo generado en los últimos años nos habla de un crecimiento económico vigoroso pero poco saludable en términos sociales porque no crea un bienestar duradero por medio del empleo. Este estilo de crecimiento económico no genera mayores oportunidades de empleo de calidad para las grandes mayorías. Esto es algo que ha sido señalado por diversos economistas del medio, y también extranjeros, independientemente de su tendencia política. A pesar de ello, el gobierno actual enfatiza la importancia de que la pobreza monetaria se ha reducido, pero ello no quiere decir que no se siga sufriendo de pobreza. ¿Por qué? Porque los derechos laborales, civiles, de género, entre otros más igualmente importantes, han sido violentados sistemáticamente haciendo que la sociedad permanezca sumida en la pobreza aunque monetariamente así no lo parezca. 

Aquí entonces viene la importante pregunta de cuál es la candidatura que según mi opinión abona en la eliminación de la pobreza en estas dimensiones. Creo que la propuesta de Gana Perú es la que busca reducir esta pobreza en el ejercicio de los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas. Esto permitiría que la ganancia obtenida en términos monetarios se consolide y se permita un incremento generalizado del bienestar para la población más allá del mínimamente exigido por los actuales defensores del modelo de crecimiento sin desarrollo. Pero desafortunadamente, en mi opinión, la población se encuentra tan concentrada en la sobrevivencia del dia a dia (y vive bombardeada de los mensajes provistos por los medios de manera tan elocuente e interesada) que poco o nada le importa la mejora de la institucionalidad democrática. A ello juega Keiko, y definitivamente, esto le está funcionando para el público objetivo que reside en Lima.