La CEPAL revisa su estimado a la baja

Nuevamente la CEPAL ha publicado un estimado del crecimiento económico en América Latina durante el 2009. Mientras que en abril había dado la cifra de -0.3% ahora esta ha sido posicionada en -1.7%. Una caída bastante fuerte asociada a la caída de los flujos comerciales, de los términos de intercambio y de las remesas (Ver aquí, html).

Cuál será el comportamiento estimado a nivel de países, especialmente Perú? Imposible saberlo por el momento pues recién el 15 de julio próximo se presentará el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009. Allí se darán los estimados para cada uno de los países que la CEPAL monitorea su avance.

O mejor dicho, ahora, su retroceso.

Masacre en Perú: ¿por qué contra aguarunas y huambisas? (I)

Comparto este excelente artículo escrito por Marco A. Huaco P.*:

Sí, aunque los diarios “El Comercio” y “Perú 21” sigan poniendo entre comillas la palabra “masacre”, la sociedad asiste horrorizada a las masacres del 05 y 06 de junio mientras el Presidente García y sus Ministros inventan justificaciones cada vez más alucinantes ahora hablando de conspiraciones internacionales (¿Ecuador-Bolivia-Venezuela?) para impedir que el Perú explote sus recursos petrolíferos, gasíferos, auríferos, hídricos y forestales…que es al final todo lo que le interesa al perpetrador intelectual de la política del “perro del hortelano”. Ahora todos aquellos que todavía no estaban convencidos constatan que aquella insultante etiqueta del “perro” no era proclamada como simple metáfora agraviante sino como figura muy literal con ribetes genocidas.

Los hechos del 05 de junio demuestran que la agresión armada comenzó a iniciativa policial y que le correspondió un contraataque indígena. Qué otra conclusión puede desprenderse de cabezas y rostros indígenas partidos a la mitad por bombas lacrimógenas disparadas desde helicópteros y un operativo iniciado a las 5 de la mañana por centenares de efectivos de las fuerzas especiales premunidos de fusiles AKM y munición de guerra; qué otra conclusión podemos obtener de los cuerpos de los policías baleados por su misma munición.

Y los hechos de los próximos días demostrarán ante todo el mundo, que a pesar de la desaparición de cadáveres mediante su quema, el entierro en fosas comunes y su arrojo en los ríos, la cifra de asesinados indígenas supera muy largamente el número de 09, cifra que la Defensoría del Pueblo, el Gobierno, los medios de comunicación y hasta periodistas normalmente independientes como César Hildebrandt, insisten en restregarnos para que todos creamos que un operativo policial planificado con anticipación se convirtió en una “emboscada indígena asesina contra policías”.

Esta matanza sorprende a todo el país, pero la pregunta sobre los bestiales acontecimientos permanece: ¿por qué se organizó una operación policial de este calibre contra Aguarunas y Huambisas?, ¿estamos ante gobernantes desquiciados, ante fríos gobernantes gravemente comprometidos con poderosos intereses extranjeros, o a una mezcla de todo esto y de muchas otras cosas?. ¿Se trató de una calculada acción para descabezar y liquidar de un solo golpe al movimiento indígena amazónico y así consolidar a sangre y fuego uno de los principales capítulos del modelo económico neoliberal?.

Por causa de la cómplice manipulación informativa de medios escritos y televisivos que sólo resaltan las imágenes de los policías masacrados mientras que las fotos de los nativos asesinados sólo circulan restringidamente por internet, y por causa de un gobierno que con racismo tan asombroso como repugnante declara duelo nacional sólo por los policías muertos mientras llama a los indígenas “terroristas” e insiste en “sólo nueve indígenas muertos”, lo siguiente debe decirse de todos modos:

A diferencia de la generalizada ignorancia que existe sobre quiénes son los pueblos jíbaros Awajún y Wampís, (ignorancia de la que cumplidamente se aprovecha este régimen para exhibirlos como “terroristas”), el Gobierno de García sí CONOCÍA perfectamente las especiales características de dichos pueblos. Nos referimos a su conocida y ancestral ferocidad cuando se les acosa, cuando muere uno de los suyos o deciden entrar en guerra; y luego a su eficaz conocimiento del manejo de armas de guerra ya que sus jóvenes y hombres han servido como tropa en las guerras entre Perú y Ecuador de 1941, 1981 y 1992, desarrolladas precisamente en la Cordillera del Cóndor, área de su territorio ancestral. Estos dos factores no eran ignorados por el Estado y, como demostraré luego, ya han sido explotados antes por este Gobierno y empresas mineras para azuzar a los indígenas e incitarlos de manera criminal a una reacción defensiva violenta como la ocurrida en Bagua. Sumado a lo anterior, considérese los graves conflictos locales acontecidos este año con empresas mineras, petroleras y el ministerio de energía y minas; todo lo cual convertía a Bagua en el foco más delicado de la protesta indígena en la Amazonía.

Y es que aunque antiguas prácticas como la Tsantsa (reducción de cabezas del enemigo) ya no se practiquen y hayan pasado felizmente al olvido, los reflejos bélicos de Wampís y Awajúns se han mantenido vivos debido a su participación en las guerras con Ecuador lo que ha reforzado un especial sentido de pertenencia y celo territorial por partida doble: por ser sus territorios tradicionales desde antes de la existencia de la república y por ser una tierra en la que sus propios hijos han derramado su humilde y anónima sangre defendiendo los límites del Estado republicano.

Las “usuales” agresiones y crímenes que los regímenes represivos cometen contra nuestra sociedad civil mestiza y que ella siempre soporta, olvida y hasta perdona, de ninguna manera reciben la misma reacción en el mundo de los Awajún y Wampís. Mientras los ciudadanos mestizos reaccionamos como masa de protesta que pelea con puños y piedras pero que finalmente se desbanda para proteger su propia vida, ellos reaccionan como pueblo guerrero que contraataca en busca de reducir al enemigo y tomarse vida por vida. Eso lo sabe absolutamente bien cualquier militar -oficial o soldado- que haya trabajado en la Amazonía jíbara. Y cómo no, lo sabía Alan García. ¿O es que su antropólogo cortesano Juan Ossio no se los advirtió o tampoco ellos tomaron en serio a este señor?.

Leamos por ejemplo, lo que el INRENA (hoy Servicio de Áreas Naturales Protegidas) escribía en 2007 a diversas carteras ministeriales en el proyecto de decreto supremo que mutilaba a la mitad el área de protección ecológica del “Parque Nacional Ichigkat Muja”, ubicado dentro de territorio tradicional indígena:

“Los pueblos aguaruna y huambisa, autodenominados awajun y wampis respectivamente, pertenecen a la familia lingüística Jíbara, la cual constituye una de las naciones indígenas amazónicas más numerosa y de importancia cultural y política de la Amazonía. Con un fuerte sentido de identidad, se han caracterizado como un pueblo guerrero que ha sabido defender su territorio frente a diferentes amenazas e intentos de dominación que se les han presentado en distintos momentos de su historia”.

“Una de las características de la cultura Jíbara, con predominio en los hombres, es su actitud guerrera. Los hombres jóvenes se preparaban durante años para una carrera espiritual, social y militar, y en resumen, lograr el perfil de “hombre guerrero” a través de la observación de prohibiciones conductivas y dietarias y del consumo repetido de alucinógenos extraídos de plantas semi cultivadas y salvajes, con el fin de lograr visiones de un futuro exitoso”.

En el documento “Valoración cultural de los Awajún y Wampís” producido por un proyecto del INRENA co-ejecutado con una organización privada conservacionista, se reseña lo siguiente:

“Durante los siglos XVII y XVIII los españoles realizaron varios intentos de subyugar a los Jíbaros, pero sin éxito. Así los Jíbaros mantuvieron su libertad durante el resto del período colonial”.

“La fiebre del caucho comenzó entre los años 1880 y 1914; y, si bien para muchos grupos nativos en el Perú, la época del caucho significó la condena a la esclavitud y tratos infrahumanos también esta época les representó un mayor acceso al tráfico de mercancías. (…) En 1904 los Awajún/Wampís hartados de los abusos de los caucheros, en una correría bien organizada, mataron a los caucheros y eliminaron todos sus puestos”.

Afirmaciones como éstas sobreabundan en expedientes y comunicaciones oficiales entre el INRENA y el Poder Ejecutivo a propósito de concesiones mineras, categorización de zonas ecológicas reservadas, evaluaciones ambientales, y discusiones intersectoriales. Y como puede comprobar cualquier persona que haya ingresado a territorios jíbaros respetando las autoridades y normas indígenas establecidas consuetudinariamente, los Pueblos Awajún y Wampís son normalmente pacíficos, hospitalarios y amistosos. Pero también pueden pasar a la defensa armada frente a ataques o injusticias que amenacen a sus familias. Y este contraste lo conocen muy bien funcionarios estatales, militares y profesionales de organizaciones civiles y religiosas.

No se trata de justificar lo que es injustificable apelando a razones culturales, sino de comprender la naturaleza política de la decisión del régimen en la sangría de Bagua y por la que tendrá que dar cuentas ante la justicia internacional: el comando Aprista de Gobierno, fiel a su trayectoria histórica de derramar sangre civil y policial –sea como partido de oposición insurrecto, sea como partido de gobierno-, eligió conscientemente la solución violenta contra Awajúns y Wampís sin importar las consecuencias, con pleno conocimiento de causa de lo que podría ocasionar. El Aprismo ha enviado al matadero a policías obligados a cumplir órdenes y ha asesinado a indígenas que defendían su derecho a existir como pueblos. El Aprismo ha escrito un nuevo capítulo en su sangrienta historia.

Pero de estos horrendos incidentes, García no se librará como lo hizo respecto a los crímenes del caso El Frontón en su primer gobierno cuando 111 subversivos presos ya desarmados fueron asesinados, pues no existe ninguna duda de que García, su primer ministro y la ministra del Interior serán acusados de crímenes de lesa humanidad y de genocidio por enviar a los efectivos policiales a una muerte segura y por consentir acciones bélicas contra civiles que luego de 55 días de protesta lograban mantener la cordura a pesar de la drasticidad de sus protestas.

En la segunda parte de este artículo expresaré cómo es que la hipótesis de la provocación deliberada contra los indígenas no es una exageración descabellada ni panfletaria, a la luz de conflictos ocurridos este año en comunidades aguarunas de El Cenepa.

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*Asesor Legal del Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui

Ver más artículos del autor en www.marcohuaco.com

Ahora resulta que la inflación es buena para reducir la pobreza

De acuerdo con la encuesta colgada por el diario El Comercio en su portal web vemos que de los casi más de 1000 internautas que se animaron a responderla, un 63% opina que la pobreza se redujo principalmente porque "hay más trabajo". En segundo lugar aparecen los que opinan que "los programas sociales" han hecho su parte en la lucha contra la pobreza, con el 24% de las respuestas. Finalmente, hay un importante 13% que no tiene claro porqué razones se ha reducido la pobreza de manera tan significativa. Sin embargo se ha animado a responder y dejar constancia de que no entienden porque esto ha sido así. Reproduzco la imagen de resultados de dicha encuesta para su examen a continuación:

Estos resultados contrastan con los resultados de otra encuesta colgada en el mismo portal donde se pregunta sencillamente: Percibe ud. que hay menos pobreza en el Perú? La distribución de respuestas es impresionante ya que hay casi 20 puntos porcentuales de diferencia a favor de los que responden que no perciben tal reducción de la pobreza frente a los que afirman si haberla percibido. Ello podría explicarse, haciendo de abogado del diablo, por el área de residencia de los que responden a ambas encuestas, son todos urbanos? son todos peruanos? Quien sabe más el webmaster del Comercio por el momento. Con todo, reporto los datos en cuestión enseguida:

Remitiéndonos a las declaraciones técnicas del Jefe del INEI, la pobreza habría bajado por causa de un rápido incremento de los ingresos de las familias rurales, en un contexto de mejora de los precios de los productos agrícolas. Así aparecen sus declaraciones en Peru21:

"Evidencia de ello es que los recursos de los productores agropecuarios de las áreas rurales aumentaron en 12.7%, probablemente por una mejora de precios, el año pasado, en el contexto internacional"

En otras palabras, la inflación internacional habría impactado favorablemente en la inflación interna, vía el componente de los productos agrícolas (los transables básicamente), lo que habría significado un mejor nivel de ingresos para la población rural y por lo tanto, una reducción de la pobreza.

Esta aseveración no es otra cosa que una repetición del argumento mostrado por el Banco Mundial hace unos meses en un estudio flash que publicó a propósito de la inflación internacional de los alimentos, o crisis alimentaria como se le denominó entonces. Ese estudio lo comenté aquí. Como se recordará, el evidencia central presentada por dicho estudio era que tanto en el caso de Vietnam como de Perú la inflación internacional de los alimentos reduciría la pobreza porque ellos implican un aumento neto de los ingresos para los productores cuyas familias se ubican básicamente en el área rural. En el caso de Perú, ello era posible fundamentalmente -en el caso del estudio- por el aumento de precios del maiz. No obstante, es posible extender el argumento para otros productos agrícolas que son colocados por los exportadores peruanos en los consumidores de los países industrializados como por ejemplo los espárragos, las paltas, las uvas, entre otros.

Es curioso apreciar que a diferencia del pasado, me refiero a la observada a fines de los ochenta, la inflación fue más bien la principal causa del vertiginoso aumento de la pobreza a nivel nacional. Pero en el último año, habríamos asistido a un proceso inflacionario que produjo menos pobres en nuestra realidad. Quizás estemos enfrentados a un fenómeno como el de la abundacia relativa de colesterol bueno y colesterol malo. Para el caso de la economía peruana, si queremos reducir la pobreza, necesitamos una inflación de precios de productos agrícolas para beneficiar los niveles de vida de la población rural, y por el contrario mantener abajo la inflación del resto de productos para que exista equidad en el progreso del bienestar conjunto.

El problema con este modelo es que al estar sujeto a los vaivenes del mercado internacional, estos precios se han desplomado como consecuencia de la crisis internacional dejando a los gobiernos de los países en desarrollo desarmados para combatir la crisis. Es necesario en este contexto que los gobiernos de estos países puedan introducir controles en los precios de estos productos básicos para evitar que la pobreza recrudezca, ya que estos ingresos se han perdido fuertemente. Pero es probable que con el resentimiento del consumo en los mercados globales, un retorno al proteccionismo refuerce el efecto negativo sobre los productos que se pretenden proteger.

Cuál es la solución? Un acuerdo global sobre las tarifas entre productos intercambiados por los países desarrollados y los países proveedores de materias primas. Algo que por desgracia no se ha podido concretar ni en las rondas de Doha ni en los foros de la OMC. Pero es una política necesaria porque es parte de la solución del problema global del crecimiento diferenciado entre las regiones del mundo. Sólo un acuerdo global sobre la forma como se intercambian nuestros productos en los mercados internacionales podría dar beneficios reales a los pequeños productores. Estos acuerdos pasan por revisar la moneda común de intercambio y la forma como se comercia en las subregiones del mundo.

Aparte de ello, un acuerdo doméstico sobre cómo direccionar la fuerza de los precios hará que la pobreza pueda reducirse adecuadamente sin provocar protestas innecesarias. Eso hará mayor impacto que cualquier programa de lucha contra la pobreza aplicada en nuestro país.

Midiendo el iceberg de la desigualdad

Asistí hoy a la presentación de las cifras oficiales de la pobreza por parte del INEI. Este tuvo lugar en una de las salas de la Biblioteca Nacional y contó con la presencia de varios académicos y ejecutores de políticas públicas de nuestro país, en especial de los programas sociales.

Como era de esperarse, la pobreza se ha reducido en casi tres puntos porcentuales adicionales comparado con el nivel observado el año 2007, pasando de 39.3% a 36.2% del total de la población del país. Con esto se habría probado que el crecimiento económico observado los últimos años, efectivamente, redujo la pobreza. Y también se habría reducido la pobreza extrema, pues sus cifras han pasado de 13.7% en el 2007 a 12.6% en el 2008.

Antes que criticar la calidad de la información producida, creo que me voy a centrar en una novedad que trae el informe del INEI: la presentación de las cifras de la desigualdad. En realidad, el año pasado ya se había presentado algunas cifras de la distribución de gastos medios por deciles de consumo. No obstante, nunca se habían publicado oficialmente las cifras de la desigualdad. En esta ocasión, el INEI ha utilizado el indicador más popular utilizado en el mundo académico conocido como el índice de Gini, el cual representa un mayor nivel de desigualdad mientras más cercano sea de la unidad, y un menor desigualdad cuando se aproxima a cero.

De acuerdo con este reporte, la desigualdad en el consumo habría caído pasando de 0.408 en el 2004, a 0.383 el 2008. Haciendo eco a este comportamiento, la desigualdad de los ingresos cayó de 0.492 a 0.479 en el mismo periodo de análisis. Por qué ha pasado este fenómeno? Hice la consulta pertinente a algunos de los investigadores que formaron parte del Comité Asesor, entre ellos Renos Vakis (del Banco Mundial), Francois Roubaud y Javier Herrera (ambos del IRD).

De acuerdo con las respuestas obtenidas pude darme cuenta una cuestión que es evidente. Que cada uno tiene una perspectiva particular de lo que pudo haber pasado, afortunadamente no contradictorios sino más bien complementarios. Integrando estos puntos de vista, la explicación parece ser como sigue: la desigualdad se ha reducido porque ha habido un aumento muy rápido de los ingresos y del consumo de los más pobres en contraste con la fuerte caída de los ingresos de los estratos más ricos de la población, como consecuencia probablemente de la crisis financiera internacional. Esto se aprecia mirando los cuadros 4.1 y 4.4 donde efectivamente los deciles más pobres (1, 2, 3 y 4) aumentan sus ingresos o consumo hasta en 13% mientras que el decil más rico (10) cae tanto para el nivel nacional, para Lima Metropolitana y el resto urbano. Este comportamiento no se observa en el medio rural donde todos los deciles tienen ingresos o consumos siempre crecientes.

A pesar de lo explicado, los especialistas consultados aceptaron el hecho del "problema internacional de las ENAHO" (las encuestas que se utilizan para medir los ingresos y el consumo de la población): que son un instrumento muy malo para medir la desigualdad porque los encuestadores tienen muchos problemas para llegar a entrevistar a los millonarios en sus viviendas. En el mejor de los casos, se puede llegar a entrevistar a aquellos personajes que se encuentran en el 70 percentil de la distribución de la riqueza nacional. A esto habría que añadir que las ENAHO tienen muy buenos módulos para medir los patrones de consumo alimentario, demografía y empleo, pero son por naturaleza muy deficientes para medir los servicios financieros y en general el movimiento de capital que son de acceso casi exclusivo por las capas más ricas de la sociedad peruana.

Y de allí saqué una conclusión importante: oficialmente, e internacionalmente, la desigualdad del consumo o de los ingresos que se mide, sólo es una parte de la desigualdad del consumo o los ingresos realmente existente. Sólo se mira una parte importante del iceberg. Hasta que la economía en su conjunto se topa de bruces con las dimensiones reales del problema y por lo tanto, la violencia social se manifiesta intentando cambiar tal situación de inequidad no tolerable.

En todo caso, sería importante diseñar y ensayar la aplicación de una encuesta que mire con mayor nitidez hacia la parte superior de la cola de la distribución: los ricos. Esto podría hacerse en nombre de las políticas de desarrollo del país. Como decía un reconocido investigador brasilero (Cattani, pdf) a los pobres se los investiga, se los mide, se los pesa, se les pregunta a donde va, en qué trabajan, a qué dedican su tiempo de ocio, qué estudian, cuales son sus expectativas de vida, en fin, miles de variables más. Con esta información recogida de miles de hogares pobres se diseñan políticas públicas, se financian programas masivos, se evalúan gobiernos, etc, etc, etc.

No obstante, a los ricos, quién los analiza? quién estudia cómo se hace un rico? cómo se generan las grandes fortunas familiares? cuáles son sus patrones de consumo? dónde estudian? qué relaciones establecen? qué estrategias siguen? asisten a los presupuestos participativos municipales? por qué si o por qué no? A todas luces, esta información forma parte de algunos artículos o entrevistas en los medios que se presentan como eventos casuales. Pura anécdota que dejan amplio espacio para la imaginación popular. Los ricos aparecen como seres míticos y extraordinarios, "talentosos, emprendedores, dinámicos, élites que constituyen objeto de veneración" que se encuentran por encima incluso del Estado de derecho.

Fuera de ello, nunca se ha ensayado una investigación sistemática y periódica que brinde información útil sobre este estrato de la sociedad a partir de los organismos técnicos responsables de tal hecho como es el INEI. Tampoco se ha utilizado esta información para diseñar políticas públicas que son pertinentes para el desarrollo de un país. Por ejemplo en cuestiones muy sensibles para la sociedad global como es la corrupción, o las estrategias de evasión fiscal, o aquellas que buscan asegurar quien quiera que salga elegido presidente que se "porte bien" ante quienes son los dueños del capital. Concuerdo totalmente con Cattani que estamos frente a un gran desafío de las ciencias sociales, en especial de la economía, en que concebimos que la pobreza es el problema y que la riqueza no lo es.

Creo que así como la declaración de la Comisión Técnica hace su llamado sobre varios aspectos que ponen en un delgado equilibrio los resultados obtenidos, también debe hacer explícita la observación de que la desigualdad que se ha medido aborda solo una parte del problema y que se está trabajando en mejorar las herramientas para su medición más acertada. Por lo pronto, sólo vemos oscuramente, como por un espejo... a través de uno que nos da poca evidencia de un problema que por otro lado se manifiesta de forma bastante rebelde. Algo que Adolfo Figueroa alguna vez llamó como la situación de "crisis distributiva" en su teoría del equilibrio distributivo (PUCP, 1993).

Sólo una pregunta para finalizar. Por qué si la desigualdad ha bajado tanto, la población se encuentra insatisfecha con el crecimiento económico observado? Cuando a todos se les reparte una proporción justa de la torta, las posiciones antisistémicas deberían ser menos fuertes. Sin embargo, el aumento de los conflictos a nivel nacional demuestran que el problema es más serio de lo que se piensa.

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Ver la nota de prensa oficial sobre las cifras de la pobreza 2008 (pdf).

Temporary debt moratorium: constraints of a proposal

At the end of last month, the Secretary-General of UNCTAD, Supachai Panitchpakdi, a strong advocator of global free trade, proposed to implement a temporary moratorium on the servicing of the public debt of developing countries, so as to help them successfully face the international economic and financial crisis. This proposal has attracted the attention of several civil society organisations since it would seem quite reasonable to support such an initiative, nevertheless, there are some points of Mr. Supachai’s proposal that need to be more broadly revised and discussed so as to improve it or replace it for a better proposal.

The news

At the end of last month, the Secretary-General of UNCTAD, Supachai Panitchpakdi, a strong advocator of global free trade, proposed to implement a temporary moratorium on the servicing of the public debt of developing countries (DC), so as to help them successfully face the international economic and financial crisis(1). This proposal has attracted the attention of several civil society organisations since it would seem quite reasonable to support such an initiative, so long as the aim is to achieve greater degrees of freedom for DCs in their management of public expenditure policies with a view to investing in the social sectors that have long been left behind in these countries: education and health care for most people in their societies.

The components of the proposal

Nevertheless, there are some points of Mr. Supachai’s proposal that need to be more broadly revised and discussed so as to improve it or replace it for a better proposal. Previously, however, it is necessary to understand that the proposal is not constrained to the issue of a temporary debt moratorium. This is only one part of a broader proposal presented by Mr. Supachai at the ECOSOC meeting that took place at New York on April 27 of this year, which is made up of two components:

- Temporary debt moratorium for DCs: according to Supachai, the temporary debt moratorium for DCs is aimed at using the scarcer foreign exchange earnings in developing countries for the purchase of imports rather than for debt servicing. This part of the proposal is presented as a win-win strategy, using the game theory jargon, where DCs would obtain a favourable response to a historical demand on their public debt management; and industrialised countries would obtain an additional incentive in order to dynamise their stagnated economies from these released resources.

- IMF supplementary funding should serve to expand the economies of DCs: this proposal in fact had already been mentioned at the G20 meeting in April. During that meeting, the need to change the principles that have ruled the IMF in the past had been pointed out, thus making its loans to be free of conditionalities and its governance more representative of member countries, particularly DCs. Supachai thus underlines the recommendation that IMF supplementary funding should serve to stimulate and expand DC economies, the same as in developed countries, liberating public expenditure and relaxing the monetary policy. This proposal would also include a win-win strategy conceived by the world’s 10 per cent of most powerful countries for the rest of the world.

Constraints of the proposal

With regards to the first part of the proposal, it is worth highlighting in the first place that the demand to release DCs of the debt burden has never been proposed in temporal terms. The idea is to cancel 100 per cent of debt in a permanent way. The tsunami experience –which affected several countries in Southeast Asia- has taught that temporary debt reliefs, once the crisis has abated, have allowed debt-related conditionalities to be re-applied with greater harshness than before the crisis(2). Another important lesson learned from the same experience is that, under the pretext of receiving the benefit of temporary debt relief, debtors have been forced to open up to foreign investment, which has literally swept away any possibility of recovery of those domestic economies that provided work to the thousands of families that survived in those places before the disaster. That is why the demand of the Jubilee 2000 campaign –the total and permanent cancellation of debt– would be a key requirement for DCs to successfully face the crisis.

In the second place, it should be pointed out that even in the case a temporary moratorium on external debt was supported, the resources released should serve to address the substantial social debt taken on by the States of DCs(3). In fact, the lack of capacity to self-finance the basic public services offered to the population (education, sanitation and health care), owing among other reasons to a low tax pressure, has contributed to the generation and intergenerational reproduction of poverty in DCs. In this sense, debt service has competed against social services for a larger allocation of public budget, thus forcing governments to continuously fall under social moratoriums(4), above all in times of crisis. Therefore, the State’s mechanism of ongoing indebtedness should be replaced for an increased tax pressure on DCs in order to adequately finance the public services offered to the population.

Finally, if we evaluate the second part of the proposal referred to the IMF, it is clear that its reform possibilities in view of the current crisis appear to be very limited. Neither have conditionalities been eliminated from IMF loans, nor the recommendations to reform the power and representation within the Fund have varied: to constrain public expenditure and toughen the monetary policy continue to be the usual recipe of the institution, even when the industrialised world does exactly the opposite –and advisable– to promote its economies. In order to make these changes effective, the representation and voting formula within multilateral institutions, specifically the IMF, should be reformed first. Then, it would be necessary to analyse the financial reforms needed so that the future operation of the Fund turns out to be fairer for the world’s poorest nations. Until then, who is to bell the cat?

By way of summary

To sum up, the proposal for a temporary debt moratorium is quite impressive but constrained in view of proposals that are more coherent with the reality of developing countries such as the total cancellation of existing debts to date, including odious and illegitimate debts. The resources released from debt should serve in the first place to reactivate domestic markets, thus preventing the increase of poverty as a result of the crisis. Once this process has been unleashed, it will bring about an increased demand for new imports(5). On the other hand, the new role given to the IMF could not turn out to be effective unless reforms regarding the distribution of power within the institution are also put in place. In this way, it is to be expected that reforms regarding funding policies for DCs in times of crisis end up being fairer and more adequate to their needs.

Notes:

(1) www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=4819〈=1
(2) www.fpif.org/media/opeds/2005/0110Engler-debt.html
(3) In this case, we should separate the cases of illegitimate and illegal debt which should be sued for and immediately cancelled for undoubtedly violating the human rights of all Peruvians.
(4) By ‘social default’ or ‘social moratorium’ we understand that situation in which the State fails to comply with the minimum payment necessary to cover the public services of citizens. It is a concept complementary to the idea of ‘social debt’ (a concept of stock) which is shown by the accumulation of poverty in a certain society.
(5) It is necessary to evaluate the report drawn up by the UNCTAD’s Secretariat entitled “Global economic crisis: implications for trade and development”. May 2009.www.unctad.org/en/docs/cicrp1_en.pdf. This is particularly important in view of the Secretary’s recent remarks that the economic encouragement plans for industrialised countries should be used to stimulate developing-country exports.
www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=15515&criteria1=comercio

Tomado de la web de Choike.