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viernes, septiembre 11, 2015

¿Por qué los municipios son la clave para combatir el Cambio Climático?

Por Michael Bloomberg

Aunque la historia no suele enseñarse de esta manera, se podría argumentar que las ciudades han jugado un papel más importante en la transformación del mundo que los imperios. Desde Atenas y Roma a París y Venecia o a Bagdad y Pekín, las ideas y los innovadores urbanos han dejado marcas indelebles en la vida humana. Al concentrar el capital intelectual de la humanidad en áreas geográficas relativamente pequeñas, las ciudades han promovido los tipos de interacciones que fomentan la creatividad y los avances tecnológicos. Ellas han sido los motores del progreso a lo largo de la historia, y ahora, cuando la economía del conocimiento está alzándose en pleno vuelo, están a punto de desempeñar un rol de liderazgo para abordar los retos del siglo XXI.

Hace cien años, aproximadamente dos de cada diez personas en el planeta vivían en zonas urbanas. En 1990, unos cuatro de cada diez lo hicieron. Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y para el tiempo en que el niño que hoy entra en la escuela primaria cumpla 40 años, casi el 70 por ciento vivirá en las ciudades. Esto significa que en las próximas décadas, alrededor de 2,5 mil millones de personas se convertirán en residentes metropolitanos.

La Primera Generación Metropolitana está a punto de entrar a la mayoría de edad. Como resultado, el mundo va a ser modelado cada vez más por los valores metropolitanos: la laboriosidad, la creatividad, el espíritu emprendedor, y, lo más importante, la libertad y la diversidad. Esto es un desarrollo esperanzador para la humanidad, y un contrapeso importante de las fuerzas represivas y la intolerancia que surgen del fanatismo religioso y que ahora representan una grave amenaza para la seguridad de las naciones democráticas.

Cuando la Generación Metropolitana comience a asumir posiciones de liderazgo, las ciudades se convertirán no sólo en espacios culturalmente más importantes, sino también políticamente más poderosas. La influencia cambiará gradualmente desde los gobiernos nacionales hacia las ciudades, sobre todo en los países que sufren de parálisis burocrática y de estancamiento político.

Esta tendencia ya ha surgido, y es más pronunciada en los Estados Unidos. El Congreso comenzó al reducir el financiamiento de la infraestructura a finales de 1960, un error que, junto con la pérdida de empleos en la manufactura, asestó un duro golpe a las ciudades. Sin embargo, la desinversión federal también produjo un importante beneficio: las ciudades, finalmente, reconocieron que el mejor reemplazo para el financiamiento federal perdido fue la innovación en la política local.

Varias ciudades alrededor del mundo han llegado a la misma conclusión. En consecuencia, muchas de las nuevas iniciativas más importantes de este siglo, desde la prohibición de fumar adoptada en la ciudad de Nueva York hasta el sistema pionero de tránsito rápido de autobuses en Bogotá, han surgido de las ciudades. Los alcaldes están convirtiendo a sus ayuntamientos en laboratorios de  política, realizando experimentos a gran escala y aplicando ideas de gran escala para hacer frente a problemas como el cambio climático, que a menudo dividen y paralizan a los gobiernos nacionales.

Las mismas cualidades que hacen de las ciudades catalizadoras dinámicas para el cambio político también, paradójicamente, las hacen fuentes de estabilidad política. Como Nassim Taleb y Gregory Treverton escribieron a principios de este año, la fragilidad en los países se debe a "un sistema centralizado de gobierno, una economía poco diversificada, la deuda excesiva y el apalancamiento, la falta de pluralidad política, y sin antecedentes de sobrevivir más allá de las crisis." Las ciudades pueden contrarrestar cada una de estas debilidades. Ellas son, por definición, una fuerza descentralizadora, y las más fuertes de entre ellas cuentan con economías bien diversificadas, balances financieros sanos, un enfoque pragmático para resolver problemas, libres de partidismo excesivo, y una gran capacidad para sobrevivir a las crisis externas, ya sea una crisis financiera, un desastre ambiental o un ataque terrorista.

Ahora más que nunca, las ciudades también están colaborando más allá de las fronteras nacionales: intercambiando ideas; formando coaliciones; y desafiando a sus gobiernos nacionales a adoptar políticas, tales como los experimentos en la gestión de los residuos urbanos y la educación en Curitiba, Brasil, que están demostrando ser eficaces a nivel local. La nueva era urbana verá más medidas adoptadas para reducir la pobreza, mejorar la salud, aumentar los niveles de vida, y promover la paz. Pero junto con ello también vienen serios desafíos que las ciudades deberán empezar a afrontar, como el cambio climático.

Una ventaja competitiva
Las ciudades representan al menos el 70 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Al final, ellas son las que también enfrentarán los peores riesgos como consecuencia de estas emisiones, dado que el 90 por ciento de las ciudades fueron construidas sobre tierras costeras. Conviene, entonces, que siendo las ciudades las principales impulsoras y las víctimas más probables del cambio climático que tengan el antídoto también.

El cambio climático ha hecho un llamamiento para que las sociedades actúen con rapidez, y las ciudades tienden a ser más ágiles que los gobiernos nacionales, que son más propensos a ser capturados o neutralizados por grupos de intereses específicos los cuales tienden a ver los problemas a través de lentes ideológicos antes que unos de tipo pragmático.

La necesidad de una acción rápida y los riesgos asociados con el cambio climático están bien documentados. El aumento del nivel del mar es indiscutible, como lo es el calentamiento de los océanos. Ambos pueden multiplicar la intensidad de las tormentas y los daños causados ​​a las ciudades costeras, como la que experimentó la ciudad de Nueva York en el 2012 con el huracán Sandy. Además, el consenso científico sostiene que las temperaturas más altas producirán muy probablemente grandes trastornos en la agricultura y un incremento en las enfermedades, desplazando a comunidades enteras y amenazando la supervivencia de especies que desempeñan un papel integral tanto en el ecosistema como en la cadena alimentaria.

El hacer caso omiso de estas amenazas no haría más que pasar los verdaderos costos del progreso económico actual a la siguiente generación. A lo largo de la historia de los EE.UU., cada generación ha hecho sacrificios para que sus hijos puedan disfrutar de un nivel de vida más alto. Hoy en día, todo el mundo se enfrenta con la necesidad de poner en primer lugar a las futuras generaciones, pero esta vez, ningún sacrificio será necesario. De hecho, los métodos más eficaces de lucha contra el cambio climático son también la mejor manera de mejorar la salud pública y de aumentar los niveles de vida.

Tradicionalmente, el desarrollo económico urbano se ha centrado en la retención de industrias y atraer nuevos negocios con paquetes de incentivos. Pero en el nuevo siglo, un modelo diferente y mucho más eficaz ha surgido: centrarse en primer lugar en la creación de las condiciones que atraen a la gente. Cada vez más las ciudades están demostrando que el talento atrae al capital de manera más eficaz que el capital atrae al talento. La gente quiere vivir en comunidades que ofrecen estilos de vida saludables y favorables a la familia: no sólo buenas escuelas y calles seguras, sino también aire limpio, parques hermosos y sistemas eficientes de transporte masivo. Y donde la gente quiere vivir, las empresas quieren invertir.

Para los alcaldes, la reducción de la contaminación por carbono no es un costo económico; es una necesidad competitiva. A principios de este año, Pekín anunció que iba a cerrar sus centrales eléctricas de carbón, ya que los beneficios financieros marginales que esperaban obtener fueron hundidos por sus costos netos, entre ellos los de atención de la salud y la inversión económica no percibida. El aire sucio es un compromiso importante para el entorno empresarial de una ciudad.

Beijing no es la última ciudad que reducirá su huella de carbono por razones económicas. De hecho, uno de los mayores cambios en la gobernanza urbana en este siglo ha sido el reconocimiento de los alcaldes que la promoción de la inversión privada requiere la protección de la salud pública. La congruencia entre la salud y los objetivos económicos es también el mayor progreso en la lucha contra el cambio climático.

Los alcaldes ya no ven primariamente a la economía y el medio ambiente como prioridades en conflicto. En cambio, los ven como las dos caras de una misma moneda. Es por eso que los alcaldes han acogido con tanto entusiasmo el reto de la lucha contra el cambio climático como un medio para promover el crecimiento económico, y ahora tienen muchas herramientas a su disposición para hacerlo. Por ejemplo, el simple acto de plantar árboles puede ayudar a refrescar los barrios y limpiar el aire. En la ciudad de Nueva York, en 2007, se creó una asociación público-privada con las organizaciones sin fines de lucro y las empresas para plantar un millón de árboles en toda la ciudad.

La modernización de las redes de transporte ofrece la más clara y, en muchos casos, la más grande-ganancia ambiental y económica para las ciudades. Desde la introducción de las máquinas de vapor en la ciudad de Nueva York hasta los teleféricos de San Francisco, las ciudades siempre han sido innovadoras en lo que respecta al transporte. En los últimos años, los programas de préstamo de bicicletas han dado a las ciudades una nueva configuración de redes de transporte público, y cada vez más ciudades están invirtiendo en autobuses eléctricos, en flotas de taxis de bajo consumo de combustible, y en las estaciones de recarga de vehículos electrónicos.

Los edificios ofrecen otra oportunidad importante para el progreso. Desde Londres a Seúl, las grandes ciudades han iniciado programas de reconversión a gran escala de sus edificios existentes, instalando todo: desde la iluminación LED hasta los sistemas de calefacción y refrigeración que extraen su energía de la tierra bajo los edificios. En Nueva York, alentamos a los propietarios de los edificios a pintar sus techos de blanco para ahorrar en sus costos de refrigeración, que, junto con muchas otras medidas, ayudó a la ciudad a reducir su huella de carbono en un 19 por ciento en tan sólo ocho años.

Las ciudades también están jugando un papel principal en la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, el Noveno Distrito Bajo de Nueva Orleans, la zona más afectada por el huracán Katrina, se ha convertido en un líder nacional en la adopción de energía solar en las azoteas. Mumbai, reconociendo la efectiva protección proporcionada por los manglares ante las marejadas, se ha movilizado de manera efectiva para protegerlos y nutrirlos. Y en la ciudad de Nueva York, después del Huracán Sandy, hemos desarrollado y comenzado a implementar un plan integral a largo plazo para mitigar los efectos de las grandes tormentas.

El liderazgo urbano sobre el cambio climático también ha llevado a un nivel de cooperación entre ciudades sin precedentes. El Grupo de Liderazgo de Ciudades contra el Cambio Climático conocida como C40, en la cual me desempeño como Presidente de la Junta, ha reunido a más de 75 ciudades que se han comprometido a compartir las mejores prácticas y la difusión de soluciones comprobadas. La evidencia es clara en cuanto a que esta estrategia de redes de trabajo está funcionando, ya que muchos proyectos de reducción de carbono se han extendido a varias ciudades de todo el mundo. Por ejemplo, en el 2011 sólo seis ciudades del grupo de la C40 tenían programas de préstamos de bicicletas. En el 2013, 36 de ellas ya las tenían. Como alcalde de Londres, Boris Johnson, dijo en 2013, "Al compartir las mejores prácticas entre la C40 y apropiarse atrevidamente de las mejores ideas de otras ciudades, podemos tomar acción sobre el cambio climático y mejorar la calidad de vida de nuestros residentes."

Las ciudades también están trabajando juntas a través del Pacto de los Alcaldes, una iniciativa desarrollada por la C40 y otras redes urbanas para ayudar a las ciudades a medir el avance hacia la reducción de gases de efecto invernadero y hacerlas responsables de sus propios resultados. Esto brinda razones adicionales a los gobiernos nacionales para establecer objetivos ambientales ambiciosos y  empoderar a las ciudades para que abran el camino para alcanzarlos.

A prueba del clima
Un estudio realizado por Bloomberg Philanthropies y las ciudades miembros de la C40 el 2014, en conjunto con el Instituto Ambiental de Estocolmo, encontró que si las ciudades actúan agresivamente, podrían reducir sus emisiones anuales de carbono en aproximadamente cuatro mil millones de toneladas más allá de lo que los gobiernos nacionales están actualmente en camino de hacerlo, en sólo 15 años. Eso sería equivalente a la eliminación de alrededor de una cuarta parte de las emisiones de carbono de hoy en día.

De hecho, el cambio climático puede ser el primer problema global donde el éxito dependerá de cómo se proveen los servicios municipales tales como la energía, el agua y el transporte a los ciudadanos. Recién las ciudades han comenzado a aprovechar las oportunidades que tienen para hacer cambios que pueden producir beneficios tanto locales como globales. La cantidad de infraestructura que se construirá a mediados de siglo es unas cuatro veces más que el total disponible en la actualidad.

La modernización de las redes de infraestructura es costosa, pero no necesita tener un costo prohibitivo. Los gobiernos municipales están recurriendo cada vez más a los inversores privados para ayudar a financiar este tipo de proyectos, y es una asociación natural. Después de todo, la mayoría de las empresas están localizadas en las ciudades, y la mayoría de las ciudades están en ubicadas en aguas costeras. Ambos, los alcaldes y los gerentes generales tienen un incentivo para mitigar los peores efectos del cambio climático. Cada vez más países y empresas están reconociendo que los costos incrementales de construir infraestructura baja en carbono y resistentes a los desastres son modestos en relación con los beneficios económicos obtenidos.

Las empresas están cada vez más dispuestas a aportar capital para proyectos de infraestructura que luego les permitan obtener una parte de los ingresos resultantes. Las asociaciones público-privadas hacen que esto sea posible, y ellos están ayudando a financiar grandes proyectos alrededor del mundo, desde la construcción de un nuevo túnel en Miami que permite el tráfico portuario eludiendo las calles del centro de la ciudad hasta la construcción de prácticamente una nueva ciudad por el gobierno municipal en Shantou, China.

En otros casos, las empresas están pidiendo únicamente que los gobiernos despejen todos los obstáculos regulatorios que les impiden invertir y beneficiarse. En los Estados Unidos, por ejemplo, una serie de Estados, como Florida, tienen leyes que impiden a las empresas de energía solar el arrendamiento de paneles solares para los propietarios de viviendas, a pesar de que el modelo ha tenido éxito en California y en otros lugares. Muchos otros estados, como en New Hampshire, disuaden que las utilidades entren al mercado de la distribución de energía renovable. Estas barreras artificiales de mercado perjudican a los consumidores y obstaculizan los esfuerzos para enfrentar el cambio climático, y las ciudades pueden ayudar a abrir el paso en el impulso para su eliminación.

Al igual que las empresas, los gobiernos municipales también pueden encontrarse con barreras que impiden las inversiones sostenibles. Para pedir dinero prestado en los mercados de capital, por ejemplo, las ciudades necesitan una calificación crediticia; fuera de los Estados Unidos y Europa, no obstante, muchas de ellas no las tienen. El Banco Mundial estima que sólo el cuatro por ciento de 500 ciudades más grandes del mundo en desarrollo tienen calificaciones de crédito internacionalmente reconocidas, y sólo el 20 por ciento tiene una calificación doméstica. Sin embargo, estas ciudades tienen una demanda anual de proyectos de infraestructura en transporte, energía, tratamiento de residuos y suministro de agua de alrededor de $700 mil millones. Facilitarles el acceso al crédito podría convertirse en una de las maneras más eficaces para luchar contra el cambio climático, impulsar el crecimiento económico y mejorar la salud pública.

Arreglar el problema debería ser relativamente fácil. En Perú, por ejemplo, el Banco Mundial ayudó a la ciudad de Lima a asegurar una calificación crediticia por lo que podría recaudar $130 millones para modernizar su sistema de tránsito rápido de autobuses. El nuevo sistema de buses reducirá drásticamente la contaminación por carbono, y le ayudará a reducir la congestión vehicular, ahorrar dinero a las empresas y mejorar la productividad. El proyecto representa un ejemplo más de la alineación natural entre objetivos ambientales, salud y económicos.

Los países también pueden potenciar a sus ciudades para que logren sus metas al dejarles la libertad para que regulen sus propias fuentes de alimentación. Los alcaldes de algunas ciudades, como Chicago, Seattle, Helsinki, y Toronto, gozan de diversas formas de apalancamiento sobre sus suministros de energía. Algunos son dueños de su propia energía, otros poseen el sistema de distribución, y otros tienen la autoridad para firmar contratos con cualquier generador de energía independiente que seleccionen. El gobierno chino ha dado a grandes ciudades, como Shenzhen, poderes ampliados para cambiar el carbón por formas de energía más limpias. En Dinamarca, el gobierno nacional decidió otorgar poderes regulatorios independientes a Copenhague. La ciudad ahora está en el camino hacia la total neutralidad de carbono, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas al cabo de una década.

Los gobiernos centrales no se apresuran a delegar el poder, pero lo están haciendo con mayor frecuencia al reconocer los beneficios nacionales que pueden devenir de un mayor control local. Esta tendencia se acelerará cuando el mundo se vuelva cada vez más urbanizado y las ciudades se vuelvan más interconectadas entre sí, promoviendo la difusión de las mejores prácticas a través de las fronteras nacionales.

Será un gran desafío para las naciones dar cabida a la marejada de población urbana que se avecina. En la mayoría de los casos, las poblaciones urbanas están creciendo sobre infraestructura anticuada o sobre ninguna infraestructura en absoluto. Sin embargo, los avances en la tecnología están haciendo posible los avances en la transformación de la infraestructura, lo que permitirá a las ciudades del mundo en desarrollo a ponerse al día, e incluso saltar a ciudades bien asentadas hacia la construcción de metrópolis modernas.

No hay mejor ejemplo de esto que la energía solar, que puede ahorrarles a los gobiernos los gastos de construcción de nuevas y costosas redes de transporte de energía. El modelo tradicional de una planta proveedora de energía centralizada a una región entera implica enormes costos. Pero las microrredes de energía solar y la distribución de otras energías renovables pueden proveer de energía de una manera mucho más eficiente.

Las naciones y las ciudades que fallen en prepararse para los riesgos de la explosión de la población urbana, o para el empeoramiento de las condiciones de los tugurios que asustan a los inversionistas, perpetuarán una subclase permanente, e impedirán el progreso nacional. La mejor manera de prepararse no es mediante la implementación de programas centralizados de arriba hacia abajo, de una sola talla para todos, sino más bien por ciudades empoderadas para resolver problemas por sí mismos, invirtiendo en su futuro, y aprovechando el potencial de sus residentes.

El desafío que enfrenta la Generación Metropolitana, esto es, construir ciudades modernas para una nueva civilización urbana es tanto monumental como esencial. El éxito extenderá la prosperidad a nivel mundial, y la innovación en las ciudades ayudará a reducir las diferencias entre los países desarrollados y el mundo en desarrollo. Los líderes urbanos deberán ser lo suficientemente fuertes como para acoger y tratar como iguales a todos aquellos que busquen oportunidades y no como ciudadanos de segunda clase. También deberán ser lo suficientemente previsores ​​para invertir en infraestructura que genere los máximos beneficios económicos, ambientales y de salud.

La ciudad no podrá reemplazar al Estado-nación en la búsqueda de soluciones climáticas o políticas para reducir la pobreza, mejorar la seguridad, combatir la enfermedad, y expandir el comercio. Los líderes de las ciudades buscarán no desplazar a sus contrapartes nacionales, sino más bien  convertirse en plenos socios de su trabajo- un acuerdo que los líderes nacionales consideran cada vez más no sólo como algo beneficioso, sino también necesario.

Traducción libre por Raúl Mauro.

Frozen 2: El BCRP eleva la tasa de interés de referencia

De manera sorpresiva, el directorio del BCRP ha anunciado el aumento de la tasa de interés de referencia de 3.25% a 3.50%. Esta medida de política macroeconómica considerada como de naturaleza "enfriadora", se habría dispuesto por las siguientes razones (ver detalle aquí):

  • El aumento de las expectativas inflacionarias,
  • El aumento de los precios de algunos alimentos,
  • Las señales mixtas en la recuperación de la economía global (??),
  • La recuperación gradual de nuestra economía, (???!!!)

Este aumento ha causado sorpresa pues varios economistas ya se habían venido pronunciando en contra de esta medida, al menos a esta hora en la que la economía peruana aún se encuentra muy débil. Técnicamente, estamos enfrentando el impacto de una tormenta perfecta de doble ojo: la caída de los precios internacionales de las materias primas y la presencia del Fenómeno del Niño. La siguiente nota de El Comercio señala que de 19 economistas entrevistados por Bloomberg, sólo tres esperaban que se realice este incremento en este momento. Elmer Cuba escribía elocuentemente ayer en Gestión lo siguiente:
¿Qué puede hacer la política macroeconómica para alcanzar un cuadro de estabilidad? [...] Por el lado del BCR, dejar deslizar más el tipo de cambio y no adelantarse a la FED en el inicio del retiro del estímulo monetario."
Entonces, el punto de vista compartido era ver primero cómo se comportaba la economía peruana luego que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunciara el aumento de su respectiva tasa de interés. Algo que hasta el Banco Mundial está recomendando que no lo haga todavía por las consecuencias negativas que tendría en los países emergentes como el nuestro. Pero al parecer, el BCR ha salido tempranamente a enfriar la actividad económica, algo que quizá el MEF deberá compensar incrementando la inversión pública que tanto también se está reclamando.

miércoles, septiembre 09, 2015

La eficiencia del mercado en cuestión: Caso AFPs

Leo hoy en el diario Gestión sobre el caso de las pérdidas millonarias de los fondos pensionarios administrados por las AFPs: 4,535 millones de nuevos soles. Este monto es equivalente al 0.8% del PBI de 2014, o si prefieren 3.2% del Presupuesto Público de 2015, o en última instancia equivalente al Presupuesto del Ministerio de Vivienda y Construcción del 2016. Todo esto perdido en tan solo un mes. ¡Qué eficiencia!

Fuente: Diario Gestión 9.09.2015, pág. 10

¿De quien es la culpa? Para los ortodoxos, el mercado no puede ser el culpable pues este siempre asigna eficientemente los recursos. Si un inversionista se equivoca en la colocación de sus recursos, pues no pasa nada con el mercado. Este cargará con sus errores y deudas y será expulsado del sistema sin mayor problema para el resto de la sociedad.

No obstante, el caso de las AFPs contradice esta ideología categóricamente. Aparte de constatar que este sector es uno de los menos competitivos del mercado -a pesar de los esfuerzos de la SBS por introducir cierto grado de competencia-, está claro que el negocio tiene un diseño especial en el que la administradora del Fondo de Pensiones se asegura que nunca tendrán pérdidas, sea que hagan ganar o perder a sus afiliados. ¡¿En qué cabeza cabe que se puede defender a este mercado oligopólico en el que el cliente (los asegurados) son perjudicados en el corto y en el largo plazo?!

Por otro lado, para crecer más allá de los aportes fijos de sus afiliados, las AFPs tienen básicamente dos caminos, a) Capturar una creciente masa de afiliados entre los trabajadores formales y luego los informales, ó b) Especular con los fondos de pensiones en mayor proporción en activos foráneos. En el primer caso, como se sabe, las AFPs concertaron con el MEF para capturar a la población trabajadora independiente para que aportaran a los fondos que ellas administran (ley 29903 de julio de 2014). Afortunadamente, la población reaccionó enérgicamente e hizo retroceder al gobierno (con responsabilidades compartidas con la SBS y el MEF), pero sobre todo a la empresa en su manipulación del gobierno para obtener nuevas cuotas de afiliados entre los no asegurados, sobre todo los más jóvenes y de menores ingresos.

En el segundo, ha habido mayor éxito en la presión por una mayor apertura para usar los fondos en el exterior concedida por el Banco Central de Reserva hasta por un máximo de 42% del total de los mismos, vigente desde el 1ro de enero de 2015. En 2006 este límite operativo de inversiones en el exterior apenas alcanzaba el 10.5% del total de recursos. El problema con esta política es que lo poco que el Fondo recuperó en este año, ha sido borrado de un plumazo por la reciente crisis de las bolsas de valores del mes pasado. Muchos economistas se pronunciaron en su momento sobre la necesidad de mantener un grado de apertura mínimo para evitar exposiciones al riesgo de las especulativas finanzas internacionales que no se estabilizan aún desde la crisis del 2008.

Si el FED hace caso omiso a la presión de diferentes entidades globales para incrementar sus tasas de interés de referencia, es casi seguro que tendremos una turbulencia financiera que provocará entre otras cosas, el rápido aumento del tipo de cambio y la consiguiente salida masiva de inversionistas foráneos de países emergentes como el nuestro.

En conclusión, la oferta de las AFPs, tal como están diseñadas, no sólo constituye una patente estafa para la población peruana, pues con la excusa de que el mercado internacional falló, enfrentamos la imposibilidad futura de reclamar ante ninguna entidad por la valía de nuestros derechos, pues cuando lleguemos a la edad de la jubilación, el Estado será tan pequeño que ni para ser Estado servirá. Mientras tanto propuestas inteligentes de reforma mixtas como la elaborada por un grupo de investigadores de la Universidad del Pacífico seguirán siendo desoídas a pesar que su valor social sería superior a la ofrecida por la actual configuración del Sistema Privado de Pensiones (se puede descargar el estudio aquí).




lunes, diciembre 01, 2014

Favores políticos o creación de empleo

Cuando un gobierno decide favorecer a una determinado gremio empresarial que mantiene profundas conexiones políticas en su interior, se obtiene como resultado un perjuicio del crecimiento económico y una caída en la creación de empleos. El siguiente artículo demuestra cómo esta afirmación es verdad en la realidad de los países que conforman la región del MENA (Middle East and North Africa).

La traducción del artículo es mía y por supuesto perfectible. Pero lo más importante es que traigo a colación la idea central de que los cinco paquetazos de reactivación económica aprobados por este gobierno son la profundización de un continuo de favores políticos otorgados en términos económicos a un par o más de gremios empresariales. Esto se ha realizado bajo la promesa de recuperar un determinado ritmo de crecimiento económico, pero se ha hecho a costa de dos estrategias bien definidas:

  1. Seguir achicando al Estado (por la vía de la disminución de su recaudación fiscal, la renuncia a la provisión de los servicios públicos vía APPs y la venta parcial de sus empresas públicas) y 
  2. Recortar los derechos laborales de las nuevas generaciones de trabajadores que anhelen trabajar en el sector formal. 

Juzgue Ud. en qué extremos lo descrito a continuación se aplica a nuestra realidad.

Cómo los favores políticos impiden el crecimiento económico
Por Marc Schiffbauer, The World Bank, 01 de diciembre de 2014

La mayoría de las personas en edad de trabajar en la región del MENA se enfrentan a una elección: pueden estar desempleados; o pueden trabajar en empleos de baja productividad, esto es en las actividades de subsistencia que se encuentran a menudo en la economía informal. En particular, sólo el 19% de las personas en edad de trabajar en la región MENA tienen trabajos formales.

La razón principal es que el sector privado no crea suficientes empleos. Entre el 42% y el 72% de todos los puestos de trabajo están en las microempresas en la región del MENA, pero el problema es que estas microempresas no crecen. En Túnez, la probabilidad de que una microempresa crezca más allá de 10 empleados, cinco años después es del 3%.

¿Por qué la creación de empleo del sector privado ha sido tan débil?

Dado el crecimiento del desempleo en la región, uno podría sospechar que los determinantes de la creación de empleo son diferentes en el Medio Oriente y África del Norte. Pues no lo son! Los tipos de empresas que crean más puestos de trabajo en la región son los mismos que en otras regiones de rápido crecimiento.

  1. Las Startups son las empresas que crean más puestos de trabajo. Las micro Startups representaron el 92% de la creación de empleo neto total en Túnez entre 1996 y 2010 y 177% de la creación neta de empleo total en el Líbano entre 2005 y 2010.
  2. Las empresas más productivas crean más puestos de trabajo. Las empresas con mayor productividad inicial crean más puestos de trabajo en los próximos cinco años en todos los países de la región con datos.

El problema es que no hay suficientes nuevas empresas y el crecimiento de la productividad ha sido débil. Por ejemplo, por cada 10.000 personas en edad de trabajar, sólo seis nuevas empresas de responsabilidad limitada se crean cada año en los países de la región del MENA en comparación con un promedio de 26 nuevas empresas de todos los países en desarrollo en todo el mundo. Por otra parte, las empresas en Egipto y Túnez apenas aumentaron su productividad en los primeros 35 años después de su entrada, mientras que las empresas en México, India o Turquía a aumentaron su productividad de 2-3 veces en el mismo período.

¿Por qué el aumento de Startups y de la productividad ha sido tan bajas?

Trabajos o Privilegios” demuestra que la razón de este fenómeno es el conjunto de políticas que privilegian a unas pocas empresas dominantes que las aíslan de la competencia. A continuación presentamos cuatro ejemplos de este tipo de políticas que ahogan la competencia leal en la región:

  1. Las restricciones a las empresas extranjeras para entrar en los sectores de servicios se encuentran entre los más altos del mundo. La eliminación de las restricciones a la inversión extranjera directa en los sectores de servicios en Jordania crearía más puestos de trabajo en las empresas de servicio doméstico: un aumento del 1% en la participación del empleo en las empresas de servicios extranjeros aumentaría el crecimiento del empleo en las empresas de servicios nacionales en un 1% -punto en un período de cinco años.
  2. La burocracia en Marruecos reduce la creación de empleo. En particular, el tratamiento desigual e impredecible por las administraciones fiscales, la corrupción y los obstáculos en el sistema judicial, y el alto costo de financiamiento limita el crecimiento de nuevas empresas, que son el motor de la creación de empleo.
  3. Los generosos subsidios energéticos a la industria en Egipto socavan la competencia y cuestan empleos. Como resultado, a pesar que se observan salarios más bajos en Egipto con respecto a Turquía, las empresas manufactureras intensivas en trabajo en Egipto emplean 320.000 trabajadores menos.
  4. La aplicación de políticas discriminatorias en el Medio Oriente y África del Norte crea un campo de juego desigual reduciendo la competencia entre las empresas. Por ejemplo, las empresas con profundas conexiones políticas en Egipto reciben menos inspecciones fiscales por parte de funcionarios del gobierno.

Teniendo en cuenta que estas políticas cuestan puestos de trabajo, ¿Por qué continúan vigentes?

Las políticas de la región a menudo han sido capturadas por un puñado de empresas con conexiones políticas que crearon privilegios en lugar de puestos de trabajo. Si bien el problema es regional, nos centramos en Egipto y Túnez. En ambos países, las empresas con conexiones políticas son empresas que son manejadas o son propiedad de hombres de negocios que bien controlan un alto cargo político en el gobierno o un partido en el poder, o cuyos activos han sido confiscados en el 2011 debido a que eran propiedad de una antigua familia gobernante.

Trabajos o privilegios” considera que las actividades de las 469 empresas con conexiones políticas en Egipto y 215 empresas conectadas en Túnez se han generalizado en todos los sectores económicos. Y estos fueron los sectores que obtuvieron generosos privilegios políticos.

Por ejemplo, el 45% de las empresas conectadas en Egipto operan en industrias intensivas en el alto consumo de energía en comparación con sólo el 8% de todas las empresas manufactureras. ¡Las subvenciones a la energía conducen a privilegios en lugar de puestos de trabajo!

Por otra parte, el 43% de los sectores con al menos una empresa conectada en Túnez están protegidos contra la entrada extranjera en los sectores de servicios en comparación con sólo el 14% de los sectores no conectados.

Cuando los aranceles comenzaron a disminuir en Egipto, los obstáculos técnicos no arancelarios para importar aumentaron. Estas barreras no se impusieron al azar: el 71% de las empresas con conexiones políticas, pero sólo el 4% de todas las empresas venden productos que están protegidos de la competencia extranjera por barreras no arancelarias (The Economist: Friends in High Places).

Los privilegios suprimen la dinámica necesaria de las empresas para crear empleos. En Egipto hay menos Startups en sectores dominados por empresas con conexiones políticas a pesar de los generosos privilegios en estos sectores. La conclusión es que, cuando una empresa conectada políticamente entra en un sector no conectado en Egipto, la disminución del empleo alcanza los 1,4 puntos porcentuales al año.

¿A dónde llegaremos desde este punto?

La respuesta simple es: reformar las políticas que privilegian a unas pocas empresas conectadas a expensas de los millones de trabajadores y empresarios no conectadas. Pero, ¿cómo pueden estas políticas reformarse en contra del interés de algunos beneficiarios influyentes? ¿Qué se necesita para crear instituciones que salvaguarden la competencia? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en las instituciones que se supone deben proteger la competencia?

Este post apareció por primera vez en el blog del Banco Mundial para el Desarrollo Futuro.

Autor: Marc Schiffbauer es economista en la Unidad de la Reducción de la Pobreza y Gestión Económica para la región de Oriente Medio y Norte de África.

Fuente del artículo (original en inglés):

http://forumblog.org/2014/12/how-political-favours-hinder-economic-growth/?utm_content=buffer5e83e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

miércoles, noviembre 12, 2014

La política del drawback: desnudando la ineficiencia del sector privado

Que la CGTP, el SUTEP o los trabajadores del sector público anuncien una marcha en defensa de los derechos laborales, no llama la atención casi a nadie. Pero que un gremio empresarial anuncie una marcha por las calles para defender sus legítimos derechos, realmente es una noticia que no podría pasar desapercibida.

Dos casos me vienen a la memoria.

El primero ocurrió en octubre de 1987, cuando el ex presidente Alan García quiso estatizar la banca privada durante su primer gobierno. Esto motivó la movilización liderada por Francisco Pardo Mesones, entonces Presidente de la Asociación de Bancos y dueño del hoy extinto Banco Mercantil. La marcha logró convocar las muestras de solidaridad de buena parte de la ciudadanía por lo que el gobierno tuvo que retroceder de implementar la medida propuesta. Posteriormente, Pardo Mesones fue un protagonista político relevante en el Congreso y el BCR hasta mediados de los noventa.

Un segundo caso, estuvo a punto de ocurrir en septiembre de 2008, justo cuando se desataba la mayor crisis internacional desde los años 30. En aquel momento, José Luis Silva Martinot, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) anunció, que ante la falta de diálogo de parte del gobierno ellos iban a realizar una marcha para exigir al Ministro de Economía, Luis Valdivieso que atienda su demanda de aumentar el porcentaje de Drawback de 5% al 8% del valor de las exportaciones. Esto contradecía la propuesta del MEF que era exactamente lo opuesto: eliminar el drawback pues esta medida constituía un costoso subsidio otorgado a cerca de 1400 exportadores de diversos sectores no tradicionales (agrícola, textiles, pesca, químicos, entre otros). No era viable que si el costo de los aranceles a los insumos importados se calculaba entre 1 a 2% y el drawback era del 5%, era claro que había un exceso de recursos otorgados al subsector. La respuesta de Martinot señaló lo siguiente:
"[...] si una empresa exportadora paga como 1% de aranceles y recibe como 5% de drawback, no podemos decir que hay un aprovechamiento. Simplemente esa empresa está utilizando el drawback para ser más competitiva, pues tiene que asumir sobrecostos que pueden llegar al 80%"
Y aquí es donde comienza lo interesante. El discurso recurrente de la ineficiencia y los sobrecostos que ha enarbolado el sector en cuestión.

La cantaleta de los sobrecostos

El discurso de los sobrecostos apuntados por ADEX ha sobrevivido asombrosamente hasta hoy. De acuerdo con este gremio, los sobrecostos provienen de al menos tres fuentes: los excesivos impuestos pagados por los empresarios del sector, la falta de infraestructura y los sobrecostos laborales. Este discurso ha vuelto a ser esgrimido con ferocidad para hacer frente al reciente Decreto Supremo 312-2014 emitido por Alonso Segura, el actual Ministro de Economía, que pone a cero el arancel de más de 1800 partidas arancelarias y por lo tanto deja sin sustento la existencia de la política del Drawback. De hecho, el ministro ha tenido que retroceder.

Pero, curiosamente, este subsector ha sido uno de los más favorecidos por el Estado en las tres dimensiones señaladas. Veamos:

Con respecto al componente de infraestructura, con un costo total que supera los mil millones de dolares, el gobierno ha habilitado más de 144 mil has áreas agrícolas a través de grandes proyectos de irrigación como el de Chavimochic orientados casi exclusivamente para los medianos y grandes empresarios que operan en esta actividad productiva. Esta importante política, aunque positiva desde el punto de vista de la producción, ha generado un fenómeno de concentración de la tierra que incide en un aumento de la desigualdad en el país donde el ganador supremo es la costa. De acuerdo con LRA155, el último Censo Agropecuario del 2012 revela que el 1% de las unidades productivas acaparan la tercera parte de las tierras ubicadas en esta región natural. La importancia de este fenómeno radica en que el caso peruano verifica una observación bastante precisa que realiza Morley en su estudio de la desigualdad en América Latina:
"En América Latina los patrones de asentamiento eran completamente diferentes [a los observados en Norte América]. En primer lugar, la tierra no se puso a disposición de pobladores, sino que más bien estaba reservada por el Estado o regalado en grandes extensiones a unos pocos afortunados. Para asegurar una fuente de mano de obra con salarios suficientemente bajos para garantizar un excedente explotable, algunos países recurrieron a la esclavitud, otros a una variedad de sistemas de peonaje que ataban a los campesinos a la tierra." (pág. 64)
En la actualidad, el Estado ya no regala tan escandalosamente las tierras a los "pocos afortunados". Pero que lo hace a precio regalado, lo hace. Así tenemos que es el Estado uno de los principales agentes promotores de la desigualdad de activos (tierra) en nuestro país.

En lo tocante a la tributación, quiero destacar dos conceptos. El primero es el drawback -la restitución de los derechos arancelarios-, y el segundo el aporte tributario neto del sector. En lo referido al primer concepto, tenemos que la presión que ejerció Martinot a fines del 2008 resultó ser un éxito pues el gobierno decretó un aumento considerable del drawback de 5% a 8% que fue efectivo durante todo el 2009. Este beneficio se redujo a 6.5% durante el 2010 para luego restablecerse en 5% desde el 1 de enero de 2011. En términos monetarios, los datos de la SUNAT al 2012 revelan que el costo total del drawback ascendió a 863 millones de nuevos soles equivalentes a un 0.17% del PBI de ese año. Aproximadamente un 13% de estos recursos es aprovechado por el sector agroexportador que analizamos.

¿Cuál ha sido el resultado de esta política? Es difícil saberlo si primero no contamos con los Estados Financieros de todas las empresas que resultaron beneficiarias de esta política. Pero los resultados de una encuesta realizada por el propio Adex a una muestra representativa de los miembros de su gremio anotó cuál sería el efecto esperado entre ellos ante una eventual eliminación de este subsidio: un 43.6% señaló que operaría con pérdidas, un 43.2% reportó que caerían sus ventas, mientras que un 14.3% dijo que dejaría de exportar. Queda claro que el drawback constituye un subsidio clave para la supervivencia de los eficientes capitalistas de este sector.

Un segundo concepto a explorar es el del aporte tributario del sector. Para esto, un estudio realizado por CEPES ha demostrado que el sector agrícola recibe más de lo que aporta. El 2012, su presión tributaria fue la más baja de todos los sectores productivos alcanzando el 2.1% de su respectivo PBI en contraste con el 11.5% de la construcción y el 29.1% de la minería. Un dato más contundente es que -según el estudio revisado- el Estado terminaría devolviendo entre el 50 y 60% del monto total de impuestos (aranceles, IGV, IR e ISC) pagados por el sector. Podemos concluir que en términos netos, el subsector agroexportador es el engreído del Estado, en contraste con los productores agrícolas microempresariales.

Finalmente, respecto al aspecto laboral, no se sostiene el argumento de la persistencia de los sobrecostos, toda vez que existe un régimen especial diferenciado del general que se viene aplicando desde octubre de 2002. El siguiente cuadro resume las ventajas del régimen agrario que le ha concedido el Estado a los agroexportadores:


Este régimen que se estimaba temporal, ha sido extendido hasta el 2021. Esto en buena cuenta significa que el sector continuará gozando de un ahorro significativo de recursos a costa de los derechos de los trabajadores agrícolas que se encuentran en una categoría menor que el general.

Aquí es donde valoro en perspectiva la respuesta a la pregunta que motivó escribir este artículo. En mi opinión, me queda meridianamente claro que existe una alianza beneficiosa (ojo, que no digo mutua o al menos equilibrada) entre el Estado y el sector agroexportador. Lo mismo no se puede decir entre los empresarios de este sector y los trabajadores dada la persistencia de continuar con un régimen laboral marcadamente inferior al observado en el régimen general. Lo más dramático del caso es que ADEX recientemente pidió rebajar aún más los estándares legales para el factor trabajo en su sector, algo que de definitivamente debería ser rechazado frente a toda la ayuda monetaria directa que ellos continúan percibiendo.

Otra ruta al desarrollo es posible

¿Conviene quitarles de plano el subsidio rotulado como drawback a los agroexportadores? Mi respuesta es si y no. Esto pasa por reevaluar lo que entendemos como acuerdo tripartito para el desarrollo del sector agroexportador. En efecto, este sector se encuentra afrontando un grado de competencia probablemente más salvaje y competitivo que hace treinta años por la reciente proliferación de Tratados de Libre Comercio que nuestro país ha aceptado sin mayor oposición y reflexión. Esto le ha permitido a los países más adelantados expandir sus fronteras de innovación y producción en beneficio de sus propios productores agrícolas. De esta manera, países como los Estados Unidos y la China, por ejemplo, destinan gran cantidad de recursos en la forma de subsidios para hacer más competitivos los productos de sus agricultores en el concierto del comercio internacional. La gran diferencia es que estos subsidios se destinan principalmente a premiar el aumento de productividad (subsidio específico) antes que subsidios al valor de sus exportaciones (subsidio ad valorem).

Lo anterior sería una diferencia crucial con el tipo de beneficio otorgado a los agroexportadores de nuestro país. Lo que le estaría ocurriendo a nuestros empresarios, con la naturaleza que ha adquirido el drawback, es que estos se vuelven ineficientes en la producción al depender excesivamente de los subsidios ad valorem. En este esquema, para una empresa cualquiera le resultará sencillo absorber el subsidio como parte de sus utilidades en lugar de pasarlos a los consumidores en la forma de una reducción de precio. Por ello, queda claro que la política del drawback se ha convertido en un disfraz de la ineficiencia del sector agroexportador.

Por ello, mi opinión es que el drawback debería ser eliminado, en un proceso que debería ser gradual y pasar de allí a un sistema de incentivos a la competitividad e innovación (subsidios específicos). De esta manera, sólo se estaría premiando a los productores más eficientes y que realmente realizan un aporte al desarrollo del sector. Estos incentivos deberían sin embargo estar condicionados a la aceptación de un régimen laboral que genere empleo digno.

Opino de esta manera porque no considero correcto que se siga premiando la ineficiencia del sector agroexportador a costa de los derechos laborales de quienes trabajan en este sector. Si los primeros son beneficiados por el Estado y se permiten sobrevivir manteniendo un estatus económico rentable con los recursos públicos recibidos, estos deben estar condicionados a la creación de un empleo digno. No es posible que sigamos incluyendo a los trabajadores en cuanto a sus demandas sociales por la vía de la dádiva del Estado.

Tampoco es correcto que se siga distrayendo recursos tributarios aportados por otros sectores productivos para premiar un sector que trabaja con un subsidio ineficiente. Si el país apuesta por el desarrollo de este sector, este debería basarse en la innovación y el progreso tecnológico, no en la dependencia de recursos públicos escasos que son aportados por sectores que denotan mayor eficiencia productiva. En ese esquema, el acuerdo debe también considerar la creación de un empleo digno antes que un empleo de segunda categoría, que concibe que la dádiva social sea la forma adecuada de superar la pobreza.

El acuerdo nacional debe ser equitativo y justo entre los tres actores del desarrollo destacados: el trabajador, el empresario agroexportador y el Estado. Creo que es posible obtener un mayor retorno sobre el valor de estos recursos destinados como subsidios si fueran transformados en incentivos a la innovación productiva en el sector que incorpore un empleo digno para sus trabajadores.