Favores políticos o creación de empleo

Cuando un gobierno decide favorecer a una determinado gremio empresarial que mantiene profundas conexiones políticas en su interior, se obtiene como resultado un perjuicio del crecimiento económico y una caída en la creación de empleos. El siguiente artículo demuestra cómo esta afirmación es verdad en la realidad de los países que conforman la región del MENA (Middle East and North Africa).

La traducción del artículo es mía y por supuesto perfectible. Pero lo más importante es que traigo a colación la idea central de que los cinco paquetazos de reactivación económica aprobados por este gobierno son la profundización de un continuo de favores políticos otorgados en términos económicos a un par o más de gremios empresariales. Esto se ha realizado bajo la promesa de recuperar un determinado ritmo de crecimiento económico, pero se ha hecho a costa de dos estrategias bien definidas:

1. Seguir achicando al Estado (por la vía de la disminución de su recaudación fiscal, la renuncia a la provisión de los servicios públicos vía APPs y la venta parcial de sus empresas públicas) y 
2. Recortar los derechos laborales de las nuevas generaciones de trabajadores que anhelen trabajar en el sector formal. 

Juzgue Ud. en qué extremos lo descrito a continuación se aplica a nuestra realidad.

Cómo los favores políticos impiden el crecimiento económico
Por Marc Schiffbauer, The World Bank, 01 de diciembre de 2014

La mayoría de las personas en edad de trabajar en la región del MENA se enfrentan a una elección: pueden estar desempleados; o pueden trabajar en empleos de baja productividad, esto es en las actividades de subsistencia que se encuentran a menudo en la economía informal. En particular, sólo el 19% de las personas en edad de trabajar en la región MENA tienen trabajos formales.

La razón principal es que el sector privado no crea suficientes empleos. Entre el 42% y el 72% de todos los puestos de trabajo están en las microempresas en la región del MENA, pero el problema es que estas microempresas no crecen. En Túnez, la probabilidad de que una microempresa crezca más allá de 10 empleados, cinco años después es del 3%.

¿Por qué la creación de empleo del sector privado ha sido tan débil?

Dado el crecimiento del desempleo en la región, uno podría sospechar que los determinantes de la creación de empleo son diferentes en el Medio Oriente y África del Norte. Pues no lo son! Los tipos de empresas que crean más puestos de trabajo en la región son los mismos que en otras regiones de rápido crecimiento.

1. Las Startups son las empresas que crean más puestos de trabajo. Las micro Startups representaron el 92% de la creación de empleo neto total en Túnez entre 1996 y 2010 y 177% de la creación neta de empleo total en el Líbano entre 2005 y 2010.
2. Las empresas más productivas crean más puestos de trabajo. Las empresas con mayor productividad inicial crean más puestos de trabajo en los próximos cinco años en todos los países de la región con datos.

El problema es que no hay suficientes nuevas empresas y el crecimiento de la productividad ha sido débil. Por ejemplo, por cada 10.000 personas en edad de trabajar, sólo seis nuevas empresas de responsabilidad limitada se crean cada año en los países de la región del MENA en comparación con un promedio de 26 nuevas empresas de todos los países en desarrollo en todo el mundo. Por otra parte, las empresas en Egipto y Túnez apenas aumentaron su productividad en los primeros 35 años después de su entrada, mientras que las empresas en México, India o Turquía a aumentaron su productividad de 2-3 veces en el mismo período.

¿Por qué el aumento de Startups y de la productividad ha sido tan bajas?

“Trabajos o Privilegios” demuestra que la razón de este fenómeno es el conjunto de políticas que privilegian a unas pocas empresas dominantes que las aíslan de la competencia. A continuación presentamos cuatro ejemplos de este tipo de políticas que ahogan la competencia leal en la región:

1. Las restricciones a las empresas extranjeras para entrar en los sectores de servicios se encuentran entre los más altos del mundo. La eliminación de las restricciones a la inversión extranjera directa en los sectores de servicios en Jordania crearía más puestos de trabajo en las empresas de servicio doméstico: un aumento del 1% en la participación del empleo en las empresas de servicios extranjeros aumentaría el crecimiento del empleo en las empresas de servicios nacionales en un 1% -punto en un período de cinco años.
2. La burocracia en Marruecos reduce la creación de empleo. En particular, el tratamiento desigual e impredecible por las administraciones fiscales, la corrupción y los obstáculos en el sistema judicial, y el alto costo de financiamiento limita el crecimiento de nuevas empresas, que son el motor de la creación de empleo.
3. Los generosos subsidios energéticos a la industria en Egipto socavan la competencia y cuestan empleos. Como resultado, a pesar que se observan salarios más bajos en Egipto con respecto a Turquía, las empresas manufactureras intensivas en trabajo en Egipto emplean 320.000 trabajadores menos.
4. La aplicación de políticas discriminatorias en el Medio Oriente y África del Norte crea un campo de juego desigual reduciendo la competencia entre las empresas. Por ejemplo, las empresas con profundas conexiones políticas en Egipto reciben menos inspecciones fiscales por parte de funcionarios del gobierno.

Teniendo en cuenta que estas políticas cuestan puestos de trabajo, ¿Por qué continúan vigentes?

Las políticas de la región a menudo han sido capturadas por un puñado de empresas con conexiones políticas que crearon privilegios en lugar de puestos de trabajo. Si bien el problema es regional, nos centramos en Egipto y Túnez. En ambos países, las empresas con conexiones políticas son empresas que son manejadas o son propiedad de hombres de negocios que bien controlan un alto cargo político en el gobierno o un partido en el poder, o cuyos activos han sido confiscados en el 2011 debido a que eran propiedad de una antigua familia gobernante.

“Trabajos o privilegios” considera que las actividades de las 469 empresas con conexiones políticas en Egipto y 215 empresas conectadas en Túnez se han generalizado en todos los sectores económicos. Y estos fueron los sectores que obtuvieron generosos privilegios políticos.

Por ejemplo, el 45% de las empresas conectadas en Egipto operan en industrias intensivas en el alto consumo de energía en comparación con sólo el 8% de todas las empresas manufactureras. ¡Las subvenciones a la energía conducen a privilegios en lugar de puestos de trabajo!

Por otra parte, el 43% de los sectores con al menos una empresa conectada en Túnez están protegidos contra la entrada extranjera en los sectores de servicios en comparación con sólo el 14% de los sectores no conectados.

Cuando los aranceles comenzaron a disminuir en Egipto, los obstáculos técnicos no arancelarios para importar aumentaron. Estas barreras no se impusieron al azar: el 71% de las empresas con conexiones políticas, pero sólo el 4% de todas las empresas venden productos que están protegidos de la competencia extranjera por barreras no arancelarias (The Economist: Friends in High Places).

Los privilegios suprimen la dinámica necesaria de las empresas para crear empleos. En Egipto hay menos Startups en sectores dominados por empresas con conexiones políticas a pesar de los generosos privilegios en estos sectores. La conclusión es que, cuando una empresa conectada políticamente entra en un sector no conectado en Egipto, la disminución del empleo alcanza los 1,4 puntos porcentuales al año.

¿A dónde llegaremos desde este punto?

La respuesta simple es: reformar las políticas que privilegian a unas pocas empresas conectadas a expensas de los millones de trabajadores y empresarios no conectadas. Pero, ¿cómo pueden estas políticas reformarse en contra del interés de algunos beneficiarios influyentes? ¿Qué se necesita para crear instituciones que salvaguarden la competencia? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en las instituciones que se supone deben proteger la competencia?

Este post apareció por primera vez en el blog del Banco Mundial para el Desarrollo Futuro.

Autor: Marc Schiffbauer es economista en la Unidad de la Reducción de la Pobreza y Gestión Económica para la región de Oriente Medio y Norte de África.

Fuente del artículo (original en inglés):

http://forumblog.org/2014/12/how-political-favours-hinder-economic-growth/?utm_content=buffer5e83e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

La política del drawback: desnudando la ineficiencia del sector privado

Que la CGTP, el SUTEP o los trabajadores del sector público anuncien una marcha en defensa de los derechos laborales, no llama la atención casi a nadie. Pero que un gremio empresarial anuncie una marcha por las calles para defender sus legítimos derechos, realmente es una noticia que no podría pasar desapercibida.

Dos casos me vienen a la memoria.

El primero ocurrió en octubre de 1987, cuando el ex presidente Alan García quiso estatizar la banca privada durante su primer gobierno. Esto motivó la movilización liderada por Francisco Pardo Mesones, entonces Presidente de la Asociación de Bancos y dueño del hoy extinto Banco Mercantil. La marcha logró convocar las muestras de solidaridad de buena parte de la ciudadanía por lo que el gobierno tuvo que retroceder de implementar la medida propuesta. Posteriormente, Pardo Mesones fue un protagonista político relevante en el Congreso y el BCR hasta mediados de los noventa.

Un segundo caso, estuvo a punto de ocurrir en septiembre de 2008, justo cuando se desataba la mayor crisis internacional desde los años 30. En aquel momento, José Luis Silva Martinot, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) anunció, que ante la falta de diálogo de parte del gobierno ellos iban a realizar una marcha para exigir al Ministro de Economía, Luis Valdivieso que atienda su demanda de aumentar el porcentaje de Drawback de 5% al 8% del valor de las exportaciones. Esto contradecía la propuesta del MEF que era exactamente lo opuesto: eliminar el drawback pues esta medida constituía un costoso subsidio otorgado a cerca de 1400 exportadores de diversos sectores no tradicionales (agrícola, textiles, pesca, químicos, entre otros). No era viable que si el costo de los aranceles a los insumos importados se calculaba entre 1 a 2% y el drawback era del 5%, era claro que había un exceso de recursos otorgados al subsector. La respuesta de Martinot señaló lo siguiente:

"[...] si una empresa exportadora paga como 1% de aranceles y recibe como 5% de drawback, no podemos decir que hay un aprovechamiento. Simplemente esa empresa está utilizando el drawback para ser más competitiva, pues tiene que asumir sobrecostos que pueden llegar al 80%"

Y aquí es donde comienza lo interesante. El discurso recurrente de la ineficiencia y los sobrecostos que ha enarbolado el sector en cuestión.

La cantaleta de los sobrecostos

El discurso de los sobrecostos apuntados por ADEX ha sobrevivido asombrosamente hasta hoy. De acuerdo con este gremio, los sobrecostos provienen de al menos tres fuentes: los excesivos impuestos pagados por los empresarios del sector, la falta de infraestructura y los sobrecostos laborales. Este discurso ha vuelto a ser esgrimido con ferocidad para hacer frente al reciente Decreto Supremo 312-2014 emitido por Alonso Segura, el actual Ministro de Economía, que pone a cero el arancel de más de 1800 partidas arancelarias y por lo tanto deja sin sustento la existencia de la política del Drawback. De hecho, el ministro ha tenido que retroceder.

Pero, curiosamente, este subsector ha sido uno de los más favorecidos por el Estado en las tres dimensiones señaladas. Veamos:

Con respecto al componente de infraestructura, con un costo total que supera los mil millones de dolares, el gobierno ha habilitado más de 144 mil has áreas agrícolas a través de grandes proyectos de irrigación como el de Chavimochic orientados casi exclusivamente para los medianos y grandes empresarios que operan en esta actividad productiva. Esta importante política, aunque positiva desde el punto de vista de la producción, ha generado un fenómeno de concentración de la tierra que incide en un aumento de la desigualdad en el país donde el ganador supremo es la costa. De acuerdo con LRA155, el último Censo Agropecuario del 2012 revela que el 1% de las unidades productivas acaparan la tercera parte de las tierras ubicadas en esta región natural. La importancia de este fenómeno radica en que el caso peruano verifica una observación bastante precisa que realiza Morley en su estudio de la desigualdad en América Latina:

"En América Latina los patrones de asentamiento eran completamente diferentes [a los observados en Norte América]. En primer lugar, la tierra no se puso a disposición de pobladores, sino que más bien estaba reservada por el Estado o regalado en grandes extensiones a unos pocos afortunados. Para asegurar una fuente de mano de obra con salarios suficientemente bajos para garantizar un excedente explotable, algunos países recurrieron a la esclavitud, otros a una variedad de sistemas de peonaje que ataban a los campesinos a la tierra." (pág. 64)

En la actualidad, el Estado ya no regala tan escandalosamente las tierras a los "pocos afortunados". Pero que lo hace a precio regalado, lo hace. Así tenemos que es el Estado uno de los principales agentes promotores de la desigualdad de activos (tierra) en nuestro país.

En lo tocante a la tributación, quiero destacar dos conceptos. El primero es el drawback -la restitución de los derechos arancelarios-, y el segundo el aporte tributario neto del sector. En lo referido al primer concepto, tenemos que la presión que ejerció Martinot a fines del 2008 resultó ser un éxito pues el gobierno decretó un aumento considerable del drawback de 5% a 8% que fue efectivo durante todo el 2009. Este beneficio se redujo a 6.5% durante el 2010 para luego restablecerse en 5% desde el 1 de enero de 2011. En términos monetarios, los datos de la SUNAT al 2012 revelan que el costo total del drawback ascendió a 863 millones de nuevos soles equivalentes a un 0.17% del PBI de ese año. Aproximadamente un 13% de estos recursos es aprovechado por el sector agroexportador que analizamos.

¿Cuál ha sido el resultado de esta política? Es difícil saberlo si primero no contamos con los Estados Financieros de todas las empresas que resultaron beneficiarias de esta política. Pero los resultados de una encuesta realizada por el propio Adex a una muestra representativa de los miembros de su gremio anotó cuál sería el efecto esperado entre ellos ante una eventual eliminación de este subsidio: un 43.6% señaló que operaría con pérdidas, un 43.2% reportó que caerían sus ventas, mientras que un 14.3% dijo que dejaría de exportar. Queda claro que el drawback constituye un subsidio clave para la supervivencia de los eficientes capitalistas de este sector.

Un segundo concepto a explorar es el del aporte tributario del sector. Para esto, un estudio realizado por CEPES ha demostrado que el sector agrícola recibe más de lo que aporta. El 2012, su presión tributaria fue la más baja de todos los sectores productivos alcanzando el 2.1% de su respectivo PBI en contraste con el 11.5% de la construcción y el 29.1% de la minería. Un dato más contundente es que -según el estudio revisado- el Estado terminaría devolviendo entre el 50 y 60% del monto total de impuestos (aranceles, IGV, IR e ISC) pagados por el sector. Podemos concluir que en términos netos, el subsector agroexportador es el engreído del Estado, en contraste con los productores agrícolas microempresariales.

Finalmente, respecto al aspecto laboral, no se sostiene el argumento de la persistencia de los sobrecostos, toda vez que existe un régimen especial diferenciado del general que se viene aplicando desde octubre de 2002. El siguiente cuadro resume las ventajas del régimen agrario que le ha concedido el Estado a los agroexportadores:

Este régimen que se estimaba temporal, ha sido extendido hasta el 2021. Esto en buena cuenta significa que el sector continuará gozando de un ahorro significativo de recursos a costa de los derechos de los trabajadores agrícolas que se encuentran en una categoría menor que el general.

Aquí es donde valoro en perspectiva la respuesta a la pregunta que motivó escribir este artículo. En mi opinión, me queda meridianamente claro que existe una alianza beneficiosa (ojo, que no digo mutua o al menos equilibrada) entre el Estado y el sector agroexportador. Lo mismo no se puede decir entre los empresarios de este sector y los trabajadores dada la persistencia de continuar con un régimen laboral marcadamente inferior al observado en el régimen general. Lo más dramático del caso es que ADEX recientemente pidió rebajar aún más los estándares legales para el factor trabajo en su sector, algo que de definitivamente debería ser rechazado frente a toda la ayuda monetaria directa que ellos continúan percibiendo.

Otra ruta al desarrollo es posible

¿Conviene quitarles de plano el subsidio rotulado como drawback a los agroexportadores? Mi respuesta es si y no. Esto pasa por reevaluar lo que entendemos como acuerdo tripartito para el desarrollo del sector agroexportador. En efecto, este sector se encuentra afrontando un grado de competencia probablemente más salvaje y competitivo que hace treinta años por la reciente proliferación de Tratados de Libre Comercio que nuestro país ha aceptado sin mayor oposición y reflexión. Esto le ha permitido a los países más adelantados expandir sus fronteras de innovación y producción en beneficio de sus propios productores agrícolas. De esta manera, países como los Estados Unidos y la China, por ejemplo, destinan gran cantidad de recursos en la forma de subsidios para hacer más competitivos los productos de sus agricultores en el concierto del comercio internacional. La gran diferencia es que estos subsidios se destinan principalmente a premiar el aumento de productividad (subsidio específico) antes que subsidios al valor de sus exportaciones (subsidio ad valorem).

Lo anterior sería una diferencia crucial con el tipo de beneficio otorgado a los agroexportadores de nuestro país. Lo que le estaría ocurriendo a nuestros empresarios, con la naturaleza que ha adquirido el drawback, es que estos se vuelven ineficientes en la producción al depender excesivamente de los subsidios ad valorem. En este esquema, para una empresa cualquiera le resultará sencillo absorber el subsidio como parte de sus utilidades en lugar de pasarlos a los consumidores en la forma de una reducción de precio. Por ello, queda claro que la política del drawback se ha convertido en un disfraz de la ineficiencia del sector agroexportador.

Por ello, mi opinión es que el drawback debería ser eliminado, en un proceso que debería ser gradual y pasar de allí a un sistema de incentivos a la competitividad e innovación (subsidios específicos). De esta manera, sólo se estaría premiando a los productores más eficientes y que realmente realizan un aporte al desarrollo del sector. Estos incentivos deberían sin embargo estar condicionados a la aceptación de un régimen laboral que genere empleo digno.

Opino de esta manera porque no considero correcto que se siga premiando la ineficiencia del sector agroexportador a costa de los derechos laborales de quienes trabajan en este sector. Si los primeros son beneficiados por el Estado y se permiten sobrevivir manteniendo un estatus económico rentable con los recursos públicos recibidos, estos deben estar condicionados a la creación de un empleo digno. No es posible que sigamos incluyendo a los trabajadores en cuanto a sus demandas sociales por la vía de la dádiva del Estado.

Tampoco es correcto que se siga distrayendo recursos tributarios aportados por otros sectores productivos para premiar un sector que trabaja con un subsidio ineficiente. Si el país apuesta por el desarrollo de este sector, este debería basarse en la innovación y el progreso tecnológico, no en la dependencia de recursos públicos escasos que son aportados por sectores que denotan mayor eficiencia productiva. En ese esquema, el acuerdo debe también considerar la creación de un empleo digno antes que un empleo de segunda categoría, que concibe que la dádiva social sea la forma adecuada de superar la pobreza.

El acuerdo nacional debe ser equitativo y justo entre los tres actores del desarrollo destacados: el trabajador, el empresario agroexportador y el Estado. Creo que es posible obtener un mayor retorno sobre el valor de estos recursos destinados como subsidios si fueran transformados en incentivos a la innovación productiva en el sector que incorpore un empleo digno para sus trabajadores.

Rescatando al sector privado

En el Perú, a diferencia de los países desarrollados, las APPs y las OxIs son el último grito de moda en políticas públicas diseñadas para rescatar al sector privado con recursos del Estado. Esta no es por supuesto, la primera vez que el Estado peruano está planificando ejecutar semejante aberración a la teología del libre mercado (recordemos el salvataje al Banco Latino). Pero, sinceramente, espero que esta sea la última vez que ejecute algo parecido. 

Lo cierto es que la reciente votación en mayoría lograda por el Congreso a favor del Proyecto de Ley 3690, por el que se propone "medidas para promover el crecimiento económico" se constituiría en uno de los esfuerzos más grandes y escandalosos del sector privado para favorecerse de los ingentes recursos acumulados por el Estado por lo menos en la última década. 

Todo este proceso por supuesto, se encuentra velado ante la opinión pública al confluir dos discursos interesados en capturar los recursos frescos que tiene custodiados el Tesoro peruano. El primero de ellos, el discurso de la crisis internacional y la "tramitología" o "permisología". De acuerdo con este discurso, es el Estado con sus trámites, reglamentos y permisos el culpable de que la economía no pueda seguir creciendo. El segundo de los discursos, es que el Estado descentralizado hasta la fecha es ineficiente y corrupto para ejecutar recursos y bajar la pobreza; por lo tanto, lo más conveniente es que el sector privado con su presunta eficiencia y efectividad asuma los roles del Estado en los que este es claramente ineficiente. 

Explicaré con más detalle porque estos discursos son falsos y como es que ahora se intenta capturar el Estado de una manera limpia, estética y sin mayor aspaviento frente a la sociedad desinformada.

"Me sobreendeudo, pero soy eficiente"

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el BCR, desde el 2do trimestre de 2013, el nivel de endeudamiento de mediano y largo plazo del sector privado ha crecido muy por encima del correspondiente nivel de endeudamiento del sector público. Las cifras, que representan miles de dólares nos dicen que a junio del presente año el sector privado tiene un nivel de endeudamiento con el sector externo que supera al sector público en más de 7.3 mil millones de dólares. Esto ha hecho que el endeudamiento del sector privado alcance a representar el 15.5% del PBI nacional. Si le añadimos el endeudamiento de corto plazo que es prácticamente el 100% por cuenta del sector privado tenemos que la deuda externa privada total a mediados de 2014 representa el 18.6% del PBI.

El sector público, por su parte, ha hecho su trabajo disciplinadamente desde los años noventa. Luego de ordenar las cuentas públicas y reinsertarse al sistema financiero internacional, el tótem del equilibrio fiscal se ha mantenido incólume como herramienta central de la gestión pública, a pesar de los altos costos de la corrupción y de las ineficiencias del que adolece nuestra precaria institucionalidad pública. Esto le ha permitido reducir las presiones propias del sistema financiero internacional ante la sostenibilidad en el manejo de la deuda externa pública. Con datos a junio de 2014, la deuda pública representa apenas el 9.8% del PBI.

Sin embargo, el rápido aumento del endeudamiento privado se ha convertido en un problema que ha llamado la atención a los organismos multilaterales como el BID. El presidente de esta organización, Luis Alberto Moreno, declaró que enfrentamos una situación que no es de urgencia, pero que si merece un llamado de atención para que las autoridades aborden esta problemática "sobre todo de las medianas y grandes empresas, que han recurrido a los mercados externos".

No es de extrañar entonces que uno de los más críticos neoliberales de nuestro medio se haya escandalizado al advertir que el sector privado se ha sobreendeudado tanto recientemente, revelando un crecimiento económico bastante "burbujito", por decir lo menos, en los últimos cuatro años. Sinceramente, este discurso de que el sector privado es eficiente, con estos resultados, deja mucho que desear. Es el propio Dionisio Romero Jr el que ha salido a la palestra a moderar la gravedad del problema al declarar que "No diría que ha habido sobreendeudamiento, lo que ha ocurrido es una reducción en el crecimiento económico y esto hace más difícil a los empresarios de todo tamaño [...], poder cumplir con sus obligaciones".

"Como soy eficiente y tu no, dame la plata"

Como ya lo afirmé más arriba, en este discurso de la crisis y el paquete de reactivación económica, el culpable de la situación siempre es el Estado. Siempre debe ser el Estado, lo que deja como alternativa positiva al sector privado. En efecto, como no dudarlo si el diagnóstico del título II del Dictamen de la Comisión de Economía realizado sobre el P.L. 3690/2014-PE señala lo siguiente:

"La propuesta de incorporar a ciertas entidades del Gobierno Nacional dentro de los alcances de la Ley Nro 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, obedece a la necesidad de impulsar la ejecución del presupuesto asignado toda vez que el promedio de su ejecución no bordea ni el 20%. 

Entre los ministerios involucrados en esta propuesta, se encuentran los de Educación (32%), Salud (9%), Agricultura y Riego (6%), Orden Público y Seguridad (12%), por lo que se ha propuesto que estos podrán disponer de un esquema que les permita agilizar la ejecución de sus proyectos de inversión pública con participación privada tanto en la etapa de concurso como en la etapa de ejecución, sobre todo en los sectores que tienen un mayor impacto económico y social." (pág. 33)

"[...] además de los cuatro ministerios inicialmente involucrados en la propuesta, también se incluya al sector turismo, a fin de revertir la tendencia de baja ejecución del presupuesto asignado a proyectos de inversión en este campo y dar mayor impulso al desarrollo de la infraestructura turística a nivel nacional." (pág. 35)

Lo mismo se asegura en el título III del mismo dictamen cuando se señala:

"La inversión privada en electricidad, en los últimos diez años ha tenido un incremento exponencial, el mismo que no guarda relación con la inversión realizada por las empresas públicas, por lo que es necesario impulsar medidas que reactiven este nivel de inversión.

A pesar del crecimiento, en los últimos 20 años, el índice de electrificación rural aun se encuentra en niveles bajos considerando las proyecciones que se tienen hasta el año 2016." (pág. 39)

"Frente a esta situación, la propuesta del Poder Ejecutivo, tiene por objeto establecer las condiciones que permitan la promoción y la eficiencia de las empresas del Estado, vinculadas al ámbito de la energía eléctrica, sobre todo estimulando la inversión privada, que iría entre el veinte por ciento (20%) al cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social con derecho a voto a través del mercado de valores. Con esta propuesta se mantiene al Estado como accionista mayoritario de dichas empresas. "(pág. 40)

Con respecto a estas dos cuestiones, es preciso señalar lo siguiente:

En primer lugar, la lenta ejecución de los sectores Salud, Educación, Agricultura e Interior resultan por decir lo menos, sospechosas. No es posible que a estas alturas del año los sectores hayan ejecutado en promedio alrededor del 20% de su presupuesto. Revisando las cifras de ejecución de inversiones al último mes disponible (septiembre) queda claro que estos datos no representan la realidad actual. Queda por descartar la hipótesis que los datos correspondan a la fecha en que se presentó el proyecto de ley, esto es, el 28 de julio del presente año. Sin embargo, revisando los informes de Mayo, Junio y el propio mes de Julio vemos que los datos del dictamen no corresponden con ninguno de los sectores, excepto Salud que muestra 9% de ejecución para el mes de Mayo coincidiendo con el dato provisto por el Dictamen.

Los ministerios priorizados por el proyecto del Ejecutivo para el mecanismo de OxI se encuentran en manos de economistas altamente calificados. Al parecer, estas cualidades no han sido suficientes para hacer más eficiente la ejecución. A duras penas han podido replicar los montos de inversión del año anterior, lo que queda claro es insuficiente para las demandas siempre crecientes de la sociedad. Pareciera que habría habido una suerte de concertación para restringir la inversión pública con la finalidad de ayudar a evidenciar el discurso de incapacidad del Estado para ejecutar sus recursos. Economistas de la talla como Waldo Mendoza se preguntaba en el mismo sentido porqué el gobierno seguía con una política fiscal tan restrictiva justo en un periodo de desaceleración económica que demanda un mayor ritmo de gasto fiscal. De esta manera, se da pie al objetivo real que es materia del proyecto de ley, esto es, a redirigir dichos recursos hacia las APP y las Obras por Impuestos (OxI). La razón de ello sería como ya lo expliqué mas arriba, la necesidad de recursos frescos de parte del sector privado para mejorar su posición de endeudamiento que ha afectado al crecimiento económico. He ahi, las razones internas del decrecimiento económico. Estamos pues, frente a un decrecimiento inducido por el MEF.

La pregunta que cabe aquí es, ¿Se otorgarán todos estos recursos y facilidades de manera temporal o será más bien un negocio de mediano plazo? Para esto sería bueno explorar algunos de los riesgos que el Banco Mundial señala expresamente con respecto a la implementación de estas políticas, que se añadirían a los riesgos propios de hacer las cosas a la tole tole. Sólo quiero destacar tres de ellas: la primera, el problema de incurrir en costos más altos en el diseño e inversión que en los procesos tradicionales de licitación pública. Luego, se encuentra la observación que la empresa privada sólo cumplirá las metas y servicios a los que se comprometerá por escrito en el contrato respectivo. Esto implica que si por ejemplo, una empresa X se compromete a atender a 2 millones de personas con una determinada enfermedad cada año, por ninguna razón realizará un mayor número de servicios si existiera un fenómeno imprevisto que incrementara la demanda por este servicio específico. No serán pequeñas las disputas legales y juicios al Estado, en caso de emergencia nacional ante un caso específico. Finalmente, relacionado con lo anterior, queda el tema de la reglamentación y qué organismo del Estado asumirá la supervisión a escala nacional y local de la provisión de los servicios vía APPs. No tiene sentido en este escenario de proliferación de APPs un fortalecimiento de la Contraloría, sino más bien la creación de otras instancias que cumplan con el rol de fiscalización.

En segundo lugar, me parece desproporcionado comparar como lo hace el dictamen de la Comisión de Economía, la rentabilidad de las empresas públicas eléctricas frente a las empresas del sector privado. Esto es así, porque muy aparte del rol público que asumen las empresas públicas por naturaleza propia, la Constitución de 1993 con su respectivo ordenamiento jurídico les otorga la preferencia a las empresas privadas para expandir sus operaciones allí donde lo considera rentable. Al mismo tiempo, el Marco Macroeconómico Mutianual exige a las empresas públicas cumplir con determinadas metas de provisión de recursos para el Tesoro Público lo que en la práctica involucra que las empresas públicas se vean limitadas de reinvertir sus utilidades para incrementar operaciones y por lo tanto su cobertura. En otras palabras, a pesar de las limitaciones legales impuestas a las empresas públicas, en contraste con las empresas privadas que se les otorga todas las facilidades, las primeras obtienen utilidades cumpliendo su rol público en beneficio de los ciudadanos que se encuentran incluso fuera del ámbito urbano.

La pregunta entonces en esta instancia no es tanto cómo las empresas públicas se verán beneficiadas por la incorporación de capital "fresco" de parte de las empresas privadas, sino al revés. Cómo las empresas privadas expandirán y mejorarán sus operaciones subvencionadas por la eficiencia lograda por las empresas públicas.

"¿Eficiente yo?, ¡Por favor!"

¿Cuán eficientes son las ejecuciones actuales de las APPs? El argumento central por el que el Gobierno apela a utilizar este tipo de mecanismo es que el sector privado sabe hacer las cosas con mayor calidad y con mayor eficiencia que lo que puede hacer el sector público. Antes que evaluemos los datos para responder a esta pregunta, primero habría que evaluar cuales son las dimensiones de los recursos comprometidos por este mecanismo a la fecha. De acuerdo con el Reporte Presupuestal de Septiembre de 2014 del MEF (pág. 22), el monto total asciende a 3850 millones de nuevos soles. Este presupuesto equivale, soles más, soles menos, al PIM del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El porcentaje de ejecución de estos proyectos es, comparativamente muy similar a lo mostrado por los sectores que supuestamente se pretende beneficiar con este mecanismo: 44% del PIM. Descubrimos entonces que no existen diferencias significativas entre uno y otro sector a la hora de comparar el ritmo de ejecución de inversión pública. Probablemente, el problema de la baja ejecución durante el año tenga factores explicativos distintos a los esgrimidos por el proyecto de ley, pues es bien sabido que generalmente hacia el último trimestre del año es que se desembalsan las inversiones públicas a nivel nacional.

A manera de conclusión

El reciente informe Doing Business del Banco Mundial señala que el Perú se encuentra como el segundo país, después de Colombia, donde es más fácil hacer negocios en América Latina. Creo que el Estado peruano ha hecho bastante en ese sentido, no sólo para mantener una férrea disciplina fiscal y por tanto hacer atractivo el entorno para las inversiones privadas en el país. 

No obstante, considero inoportuna la falta de debate informado (con impactos medidos) sobre quienes serán los beneficiarios reales de lo que el actual gobierno de nuestro país ha venido preparando para mejorar los índices macroeconómicos. 

No me opongo a que se prueben nuevos esquemas de inversión público privada cuando su objetivo es beneficiar a la sociedad en su conjunto. No obstante, si me opongo a la necesidad de introducir esquemas deformados de asociatividad público privadas cuando las razones para su uso son distintas que las de mejorar las condiciones de vida y la calidad de los servicios públicos para los ciudadanos de mi país. Y sobre todo, desmantelando lo poco de Estado que aún tenemos.

Una cuestión que queda por esclarecer es, que empresas privadas serán beneficiarias de este shock de recursos públicos via APPs. Resulta indicativo que exista una disputa entre la CONFIEP, ADEX y la SNI por cuestiones que en el fondo, merecen ser tomadas en cuenta. La repartición del ingreso debe ser considerada óptima para la multiplicidad de intereses y actores que entran en juego en el gran debate de presupuesto que se cerrará este fin de mes.

Crisis de lobbies en medio de una crisis económica

El modelo económico que nos ha regido desde los noventa es el lobbismo pragmático y autoritario disfrazado del discurso neoliberal democrático. Comenzando desde el inefable Ministro de Economía Carlos Boloña, quien ante las jóvenes mentes universitarias de aquellos años solía pontificar con el prolijo discurso del neoliberalismo, tenía las agallas para preparar la legislación necesaria para reformar el sistema de pensiones que darían paso a las AFP, una de las cuales fue su negocio particular; hasta llegar en la actualidad al Ministro Luis Miguel Castilla, quien ¡Oh casualidad! se ha visto desnudado por diversas denuncias de lobbismo, incluyendo una profundización del negocio de las AFPs. Asistimos pues, como asegura Francisco Durand, a una crisis de los lobbies.

A ambos ministros en los extremos de este ciclo les ha resultado conveniente la Constitución de 1993, con la sola diferencia que en el primer caso, los negocios se iniciaban con todas las prerrogativas que les otorgaba un Estado pseudo democrático haciendo cien por ciento viables sus inversiones, con total desconocimiento de la sociedad, y aún violentando sus derechos. Ahora, no es que estemos viviendo en el paraíso de la democracia, pero gracias a la profusa accesibilidad a información por canales alternativos, y a la chispa liberadora de los hackers, hemos asistido a la primera crisis de los lobbies. Luis Castilla, hijo de este modelo de política económica, renunció dando paso a Alonso Segura, su jefe de asesores durante el último año y medio. 

El parco recibimiento de parte del empresariado a Segura -sobre todo del Grupo El Comercio-, revela que la inesperada salida del lobbista más aplicado de los últimos años sea sólo un interludio que probablemente dure el tiempo que la economía toque fondo como lo asegura Raúl Wiener. Luego de pasada la tormenta, el gobierno y la Confiep pedirá a gritos el retorno del aprendiz, para que se gradue exitosamente al frente del Ejecutivo, tal como lo hizo Luis Carranza durante el segundo gobierno de Alan García.

¿Será esto así? Difícil saberlo, considerando la magnitud y la cantidad de los fracasos ocurridos: El primero, el anuncio de Castilla realizado el 21 de agosto último acerca de que el gobierno convocará a una auditoría internacional para despejar de una vez por todas, las dudas en torno a las concesiones más significativas otorgadas por su gestión, esto es, la línea de Metro 2 y el Gasoducto Sur Peruano. Estos proyectos fueron posibles de la mano de dos funcionarios de ProInversión, ahora renunciados, como Luis Ortigas (ex presidente de PerúPetro y del Comité de Proyectos de Energía e Hidrocarburos, fuertemente cuestionado por dirigentes de Petroperú por favorecer continuamente a InterOil); y, Carlos Puga (ex presidente del Comité de Proyectos de Infraestructura Vial a pesar de la larga lista de denuncias por abuso de autoridad). El segundo fracaso es una retahíla de beneficios "menores" otorgados a un conjunto de empresas de una variedad de sectores (Exalmar, AFP Hábitat, Lindley, y otras por destapar) que tenían el privilegio de ser parte del mismo círculo de amigos y profesionales que operó al interior de la PCM y el MEF; pero que no necesariamente eran las empresas más eficientes, ecológicas o de mayor productividad que necesitaba el país.

Mientras tanto, los nuevos funcionarios elegidos para ocupar los lugares que quedaron vacíos momentáneamente no son unos advenedizos. Varios de ellos forman parte del mismo grupo de jóvenes profesionales que fueron formados durante la época en que PPK, Carranza y otros neoliberales "de boca" ocuparan la cartera de Ministros de Economía del modelo económico al cual defiende y le rinden culto. Este modelo en piloto automático que busca desesperadamente reinventarse, en medio de una crisis económica que podría en realidad sepultarlo. La mayor tragedia de este lobbismo es probablemente la falta de ideas de sus miembros -jóvenes y viejos- para superar su propia crisis dentro de una crisis económica que no logran entender bien aún.

Pero ¿Podrá el lobbismo actualmente asentado en el corazón del gobierno renunciar a su generosa cuota de poder para dar paso a un modelo económico realmente liberal y democrático? A mi modo de ver, sólo quedarían dos opciones, o bien se procede a un endurecimiento del modelo económico bajo condiciones de gobierno cada vez más autoritarias para poder hacer rentable sus operaciones monopólicas; o bien, se procede a la refundación de un modelo económico con un Estado fuerte -vía reforma tributaria- que promueva un mercado competitivo, diversificado y democrático como existen en los países industrializados. Es un hecho que ningún país ha logrado el desarrollo de la mano con Estados débiles y autoritarios. Todo lo contrario. Por lo pronto, la duración de la crisis económica parecerá coincidir con las elecciones generales del 2016, donde nuevamente el país se pronunciará por el cambio de modelo que tanto ha reclamado hasta la fecha, sin haber sido escuchado.

El otro Luis Miguel

Luis Miguel Castilla se acaba de retirar de la cartera de economía, en medio de serios cuestionamientos técnicos, políticos y éticos. En lo técnico, porque no ha tenido la capacidad suficiente para reaccionar adecuadamente para enfrentar la crisis económica. En lo político, por quebrar la institucionalidad de las relaciones ministeriales (en especial con el Premiarato). Y en lo ético, por las claras acciones de lobby a favor de determinados grupos económicos en nombre de la reactivación económica.

Por su parte, Luis Miguel Valdivieso Montero, actual Presidente de la Asociación de AFPs, dejó el cargo de Ministro de Economía en enero de 2009 bajo circunstancias algo similares a las que Castilla ha estado resistiendo. Durante los casi siete meses que fue ministro del segundo gobierno de Alan García, le tocó enfrentar la crisis económica más severa de las últimas décadas. Su política fiscal fue claramente austera siguiendo las recomendaciones ortodoxas tan cuestionadas del FMI. De no haber sido cambiado por Luis Carranza, el daño asumido por los sectores sociales habría sido mayor. Veremos más adelante por qué.

La preocupación que me provoca destacar en esta oportunidad es si el actual Ministro Alonso Segura -más allá de las calificaciones académicas- podrá capear una coyuntura crítica como la actual. En términos figurativos, si Segura será un Carranza para este periodo de cierre del gobierno. Las condiciones macro económicas descritas hasta el momento nos indican que el estilo de conducción de la política económica debería ser revisado, o al menos mejorado.

The Economist pronostica 4% de crecimiento este año y 4.9 para el 2015

El tema es que, luego de la crisis de 2008-2009, el Perú se recuperó rápidamente, al menos desde el punto de vista del ritmo de crecimiento del PBI. Como se recordará, ese año, el ex presidente Alan García propuso la tesis de que la crisis económica internacional iba a ser sólo "un pequeño contratiempo" y que su recuperación sería veloz gracias al avance de la tecnología y su poder para democratizar la información. Los datos parecieron apoyar su perspectiva ya que el 2010 y 2011 hubo un crecimiento que superó las dos cifras porcentuales. Al parecer hubo un exitoso efecto "rebote" de la economía como consecuencia de la implementación de 40 medidas económicas aplicadas por García para acelerar la inversión privada. Esto sin embargo debería ser verificado por la investigación económica, ya que buena parte de estas medidas estuvieron acompañadas por un discurso similar al de la actualidad: el destrabe de "los obstáculos que aún tiene la inversión privada para desarrollarse".

Las evolución favorable del PBI post crisis no fue acompañado por el desempeño de los sectores sociales, básicamente educación y salud. En este post me concentraré en describir lo que ocurrió en el sector educación, el cual pagó parte de la factura y daré evidencia de que el daño ocasionado por la austeridad del Ministerio de Economía -siete años después- aún no ha podido ser revertido.

El gasto público en educación creció solo hasta el 2008

Como se aprecia en el gráfico superior, el gasto público en educación durante el segundo gobierno de Alan García solo creció hasta el 2008, año en que se manifestó la crisis. Después de ello, el gasto se desplomó hasta tocar fondo durante el 2010 y 2011. Luego, desde el 2012 ha ocurrido una lenta recuperación que se espera llegue a alcanzar el 3.1% este 2014, es decir se espera que lleguemos a estar casi en el mismo punto que quedó en el 2008. De acuerdo con la nueva propuesta de presupuesto público 2015, el gobierno propone priorizar el presupuesto en Educación al punto que alcancemos el 3.5% del PBI, justo en época de crisis.

Como comprenderán, aquí hay espacio abundante para el escepticismo. En primer lugar, porque en una época de crisis es necesario identificar si la política fiscal a implementar por el actual ministro de economía efectivamente será expansiva, priorizando los sectores sociales. Una cosa es alcanzar el 3.5% por un incremento del Presupuesto en el sector referido durante una etapa expansiva de la economía; y otra cosa muy distinta es lograr el mismo 3.5% congelando el monto presupuestal de un año a otro frente a una caída del PBI.

La tabla a continuación ejemplifica la idea antes señalada. Siendo ´t´el año de inicio, utilizando cifras hipotéticas para facilitar la exposición, podemos simular en cuánto deberá crecer el presupuesto en educación para diferentes escenarios de crecimiento económico de modo que se logre el porcentaje ofrecido. En el primer escenario, que he denominado de 'crecimiento' al 4%, el presupuesto en educación debería subir hasta en 17.4% para alcanzar la meta ofrecida. En el segundo escenario (t+1') que he denominado de desaceleración, el presupuesto en educación le bastaría subir en 15.2% para lograr la meta deseada. Finalmente, en un escenario de cero crecimiento (t+1''), el presupuesto sólo le sería necesario crecer en 12.9%. Para todos los efectos, un incremento de presupuesto en más del 10% en cualquier escenario es el que el gobierno debe hacer cumplir.

En segundo lugar, se encuentra el problema que aún en el caso de que se priorice el gasto público en educación, este ocurrirá en una proporción menor a la necesaria para compensar la pérdida económica ocurrida desde el 2009. De acuerdo con la pendiente de la curva de presupuesto descrita entre el 2006 y 2008 podríamos extrapolar la tendencia lineal para darnos cuenta de que el gasto en el sector podría haber alcanzado el 4.7%. Es decir, si el gobierno de García no habría renunciado a priorizar el gasto en educación pública, a pesar de la crisis, este 2015 habríamos estado a 1 punto porcentual de alcanzar la meta del Acuerdo Nacional a favor de la educación. El problema es que este sector pagó parte de la crisis económica y por ello la situación tan deplorable en que nos encontramos tanto si nos comparamos con nuestros propios estándares como si nos comparamos a nivel internacional. De acuerdo con mis cálculos, la pérdida de presupuesto acumulada (representada por el área entre la línea proyectada desde el 2008 y las cifras observadas) se encontraría cercana a los 7 puntos del PBI (Véase metodología para el cálculo de esta pérdida explicada por el FMI para el caso de Korea el 2009).

Sin ánimo de ser masoquista, cabe preguntarnos ¿Cuál fue la magnitud del daño del ajuste presupuestal concentrado en la educación? Los datos revelados por el Ministro de Educación en mayo de este año nos ayuda a encontrar una respuesta.

El daño en la educación por el ajuste fiscal de Luis Miguel Valdivieso

El gráfico revela que el desempeño satisfactorio de los estudiantes de segundo grado se estancó inmediatamente después de producida la crisis económica para el caso de matemáticas, mientras que para el caso de comprensión lectora el impacto se mostró a partir del 2010. Si el presupuesto en educación no se hubiera restringido, la pendiente de crecimiento de ambas curvas nos revela que en el caso del área de matemáticas, el desempeño satisfactorio podría haber alcanzado el 30.1% de los estudiantes y no el 16.8% que se alcanzó según la última ECE disponible. Esto es, 13 puntos de diferencia. Por su parte, para el caso de la comprensión lectora, las mejoras nos habrían permitido alcanzar un desempeño satisfactorio para el 46% de los estudiantes, pero según la misma fuente, esta sólo alcanzó el 33%. Nuevamente aquí, 13 puntos de diferencia.

¿Por qué el área de matemáticas sería más sensible a la crisis económica que la comprensión lectora? Las respuestas se las dejo a los especialistas del área educativa. Pero lo que si queda claro es que en conjunto, el desempeño académico de los estudiantes se vió severamente afectado por la austeridad fiscal aplicada por el ex ministro de economía Valdivieso.

En este momento es pertinente realizar otra pregunta, ¿Es este el sujeto al frente de la Asociación de las AFPs en quien debemos confiar nuestro futuro previsional? A todas luces, está claro que no pero no existen herramientas institucionales de parte de los afiliados (como una participación en el directorio, por ejemplo) para retirarlo de su cargo, a pesar que se nos ha vendido la idea de que un privado es mejor que público. Ni Luis Miguel Valdivieso, ni Luis Miguel Castilla han implementado las políticas económicas óptimas para asegurar el futuro digno de la alicaída clase media de nuestro país. Sólo se han preocupado por incrementar el número de afiliados en vez de asegurar la rentabilidad de los fondos de los pensionistas. En ambos casos, ha sido necesario que se retiren, antes que sigan haciendo más daño del ya ocasionado.

Industrialicemos primero la minería

El XI Simposio del Oro ha sido el escenario perfecto para que el empresariado minero y sus voceros cuestionen el Plan de Diversificación Productiva propuesto a discusión pública por el Gobierno.

"El modelo primario exportador es un mito que está generando políticas equivocadas" aseveró PPK atacando de esta manera el corazón del diagnóstico de la propuesta gubernamental. De acuerdo con PPK países como Noruega y Australia exportan minerales y son economías desarrolladas. Con ello reafirma la visión de que el modelo primario exportador no es pues el problema, sino, la principal solución para el futuro del Perú.

En esa misma línea se pronunció la ex ministra Mercedes Aráoz al señalar que se debe simplificar los trámites y permisos para la minería para que ella sea la base del motor de desarrollo que impulse a otras industrias en el país. En otras palabras, que la minería sea la locomotora del país. El problema con esta idea es que las posibilidades de encadenamiento y de creación de empleos masivos siempre han sido un desafío para la minería, un sector caracterizado por la elevada inversión en capital y tecnología antes que en trabajadores.

Como broche de oro, Roque Benavides se encargó de demoler sutilmente la propuesta al asegurar con aplomo que antes que diversificar o tentar otros sectores "hay que regresar a ser mineros". La idea según el empresario, es que es necesario eliminar "la permisología" y con ello destrabar las inversiones para que el Plan pueda tener éxito. Con esto obviamente se refería directamente a las quejas del sector en torno a las exigencias ambientales, arqueológicas y licencias sociales que son irrelevantes para su lógica de acumulación.

¿Qué es lo que la prensa especializada ha evaluado? Semana Económica, la revista fundada por Felipe Ortiz de Zevallos y que se califica como "brazo independiente" del Grupo Apoyo, ha cuestionado en un artículo el liderazgo del actual Ministro de Producción, Piero Ghezzi, como para implementar con éxito la creación de la Dirección de Políticas y Regulación del Produce. Para que un curso de acción como este sea exitoso el ministro "debería tener mucha influencia política dentro del gobierno" y por tanto "duda de si una iniciativa de ese tipo puede trascender a un cambio de ministros". Esta medida sería muy optimista lo que es otra forma de decir que es inviable.

Desde la otra cornisa, Humberto Campodónico ha saludado la presentación del Plan, aunque se haya hecho algo tarde para este gobierno. No obstante, critica el hecho de que el Plan aborde un enfoque equivocado del problema de la informalidad al echarle la culpa del funcionamiento de la economía cuando es precisamente todo lo contrario. Por esta razón el Plan desempolva el discurso de los sobrecostos y regulaciones laborales lo que finalmente tendremos más de lo mismo, recorte de derechos laborales como medida concreta para impulsar el crecimiento económico. Campodónico hace bien finalmente en señalar que el texto del Plan no debe ser considerado como un debate técnico sino más bien político y por lo tanto debe convocar a los espacios de consenso democrático necesarios para enrumbar la economía de nuestro país.

Mi opinión es que si queremos proponer un modelo de industrialización viable en el país, primero hay que hacerlo en el sector que está acumulando, esto es, el minero. En efecto, nuestra economía se encuentra concentrada exclusivamente en la extracción de los minerales, tanto los conocidos como el oro, plata y cobre como también los metales raros. El problema que persiste en la actualidad es que todo lo que se extrae de nuestro suelo se exporta casi sin ningún valor agregado. Estas "piedras" sin mayor valor son procesadas posteriormente en las refinerías asentadas en otros países donde se separan los minerales convenientemente. De allí se pasa a los procesos de aleación para finalmente pasar a la producción de bienes de consumo final y masivo. Como se entenderá, todavía no nos diferenciamos demasiado de las economías de enclave que existían en el pasado.

Es necesario que el Estado plantee una ruta de industrialización del sector minero que tenga asiento en nuestro territorio para crear valor agregado exportable. Se necesita una inversión e integración en toda la cadena de valor del sector minero. De esta manera creo que se podrá convertir a este sector en la locomotora que pretende ser para el resto del país y así trasladar sus beneficios a la mayoría de la población. Lo clave aquí es que se logre hacer todo esto sobre territorio peruano.

La economía de las familias homosexuales

Existe muy poca o nula investigación sobre la economía de las familias homosexuales. Esto a pesar que es un tema de discusión de larga data. Una búsqueda rápida en la web de Jstor utilizando diferentes palabras clave, revela que existen menos de una decena de estudios indexados sobre esta temática. Destacan "The Economics of Lesbian and Gay Families" (Black, Sanders & Taylor 2007), "The Economic Cost of Homosexuality: A Multilevel Analysis" (Baumle & Poston Jr, 2011) y "The Sexual Orientation Wage Gap: The Role of Occupational Sorting and Human Capital" (Antecol, Jong & Steinberger, 2008). Este problema se basa en el hecho de que existen pocas encuestas masivas que ayuden a dar una idea aproximada sobre las dimensiones y características socioeconómicas de esta población.

Entre los hallazgos más interesantes de tales estudios, que podrían ser evaluados en nuestra realidad, tenemos:

• Un número menor de niños son criados por las familias homosexuales que las familias heterosexuales.
• Los gays y lesbianas afrontan costos relativos más altos para adoptar niños, lo que reduce significativamente sus posibilidades de criar niños.
• Debido al hallazgo anterior, las familias homosexuales tienen preferencias por encontrar satisfacción provenientes de fuentes alternativas que no sea la crianza de niños, lo que les motiva a mudarse a ciudades donde puedan "consumir" estos otros "bienes no niños" como por ejemplo, San Francisco y New York.
• Las mujeres lesbianas tienen un mayor éxito laboral (tanto en ingresos como en estabilidad) que las mujeres heterosexuales. Todo lo contrario sucede con los varones homosexuales quienes tienen una importante penalidad en sus remuneraciones respecto de aquellos que son heterosexuales.
• Las diferencias referidas en el punto anterior parecen ser más significativas si son casados que si son convivientes dependiendo del sexo. En efecto, los gays tienen una mayor penalidad si son casados que si son convivientes. En contraste, existe un mayor premio para las mujeres lesbianas cuando son convivientes que cuando son casadas.

En el Perú, el problema de falta de información estadística es mucho más grave que en el resto de Occidente puesto que los GLBT son invisibilizados tanto en las encuestas (como la ENDES por ejemplo) como en los reportes estadísticos elaborados por el INEI. Este es un problema sufrido por otros grupos minoritarios en el país -- en mayor o menor grado -- como por ejemplo las etnias nativas, los discapacitados o incluso los grupos religiosos diferentes a la religión predominante en el país. La última vez que se hizo un esfuerzo abierto por parte del Estado para medir grupos minoritarios fue en la Encuesta Nacional Continua aplicada durante el 2006 donde se requería información acerca de la Población Discapacitada, la Autopercepción Étnica y la Religión. Pero en dicha ocasión, no se recogió información sobre la identidad sexual del respondente.

¿Cuál es la población que se podrá beneficiar con la aprobación del proyecto de ley denominado de "unión civil"? De acuerdo con las entrevistas brindadas por Carlos Bruce, el congresista que ha realizado la propuesta legislativa de marras, señala que esta ley beneficiaría entre dos y tres millones de peruanos homosexuales. Esto significaría que se maneja que un 10% de la población nacional tendría esta orientación sexual. ¿De dónde proviene esta estadística?

Una primera fuente de consulta es el propio proyecto de ley 02647/2013-CR en cuya exposición de motivos (pág.11) se señala lo siguiente:

"Toda sociedad, incluida la peruana, tiene un porcentaje de personas lesbianas y gais que se estima entre el 4 y el 8% dependiendo de la fuente que se consulte." 

De acuerdo con esta afirmación, si el porcentaje se estima entre 4 y 8% entonces la población GLBT calculada para el Perú se encontraría entre 870 mil y 1.7 millones de personas adultas. Claramente, el congresista Bruce exagera al señalar que la población beneficiaria sería alrededor de 3 millones. Esto probablemente lo hace para dar un efecto conocido dentro de la ciencia política como el "problema de la proximidad" al duplicar la cifra que su propia iniciativa señala.

Con la finalidad de comprobar la afirmación señalada en el proyecto de ley, me puse a revisar algunos estudios estadísticos realizados a nivel mundial, encontrando la siguiente tabla comparativa que muestra resultados de encuestas en Reino Unido, Noruega, Canadá y los Estados Unidos. Estos datos comparativos y otros más específicos sobre los resultados de la medición en el Reino Unido pueden ser descargados en este enlace.

Quizá una de las primeras apreciaciones que se puede realizar es acerca de las dimensiones del tamaño de la muestra de cada una de las encuestas. La idea de fondo es que a un mayor tamaño de muestra (se entiende probabilística), se corresponde una mejor estimación de los indicadores estudiados. A todas luces, la encuesta aplicada en el Reino Unido ha sido la más grande con casi un cuarto de millón de hogares entrevistados. Las encuestas más pequeñas son las correspondientes a los Estados de Vermont y de North Dakota con 4.2 y 3 mil hogares visitados, respectivamente.

Una segunda apreciación tiene que ver con la naturaleza de las encuestas realizadas. Mientras que la mayoría de las encuestas ha tenido un objetivo específico en su abordaje, a saber, el de la salud; la encuesta aplicada en el Reino Unido ha sido multipropósito. De allí la nota al pie de la tabla mostrada donde se señala que probablemente esta característica podría explicar las diferencias en los resultados hallados con respecto a las otras encuestas.

Sin embargo, las dimensiones las cifras reveladas son bastante pequeñas, siendo las más bajas las reportadas en el Reino Unido (1.4%), Noruega (1.2%) y finalmente North Dakota (1%). Las más altas se encuentran en California y Vermont con 4.1% y 4.6%. Un último estudio, que no aparece reportado en este listado, reporta que 3.5% de la población adulta en los Estados Unidos son GLBT, lo que en términos absolutos significa que dicho país se cuenta con casi 9 millones de americanos adultos (Gates, 2011).

En este punto, cabe la pregunta ¿Cómo es posible que en el Perú tendríamos 3 millones de homosexuales con una población total de 30 millones cuando las proporciones manejadas por países industrializados del mundo de Occidente se tiene un porcentaje entre 1 y 4%? Tomando en cuenta la demografía peruana, la población mayor de 15 años al 2013 es de 21.7 millones de personas, lo que utilizando el rango de 1 a 4% -- en vez de 4% a 8% -- nos reportaría una población GLBT entre 217 mil y 870 mil ciudadanos. ¿Cuál será la cifra precisa? Sólo un estudio no sesgado de parte del INEI podría revelar de qué magnitud estaríamos hablando con meridiana precisión, que en el mejor de los casos se aproximaría al millón de personas. En el límite, la cantidad calculada por mucho o por menos no debería ser óbice para que el Estado reconozca legalmente el derecho a la unión civil que esta población reclama sobre la base de la igualdad ante la Constitución Política y los Derechos Humanos.

Algunas preguntas lógicas a continuación serían ¿Qué proporción de la población estimada estarán dispuestos a realizar una unión civil o simplemente continuar conviviendo? ¿Cuántos celebrarán uniones civiles con separación de bienes ante la posibilidad de afrontar potenciales disoluciones de las mismas? ¿Cuál será la estabilidad de tales uniones en comparación con las parejas heterosexuales? ¿Cuál será el grado de violencia en estas familias? ¿Existen diferencias según nivel socioeconómico?

Al margen de que se apruebe o no la propuesta legislativa del congresista Bruce, si creo que resulta importante que el INEI realice una medición periódica de esta población como otras poblaciones minoritarias demandan, ya sea a través de la Encuesta de Hogares como la ENDES. Esto haría visible la problemática que afecta a estas cohortes poblacionales para evaluar los costos y beneficios económicos que afrontan en la dinámica de la abigarrada sociedad peruana.

Muchas preguntas se han abierto a partir de esta iniciativa, no solo en torno a las implicancias de que la unión civil de parejas homosexuales sea una realidad. También se encuentra en el tintero el reclamo y ejercicio de otros derechos conexos que la población GLBT reclamaría lógicamente ampliando su frontera de derechos ganados, como por ejemplo, la crianza de niños. Llama la atención que en el discurso todavía no aparecen reclamos sobre las diferencias en las remuneraciones (en un sentido más amplio, los problemas de discriminación laboral) con respecto a este grupo poblacional, un problema que ya está siendo abordado en la realidad norteamericana.

Considero que es urgente que se responda con información confiable producida por el INEI y otras instituciones académicas que puedan abordar estos desafíos adecuadamente. Tal información será pertinente para el diseño y evaluación de las políticas públicas para las grupos poblacionales minoritarios en general. Pero no podremos responder con propiedad a menos que se comience a dimensionar adecuadamente a la población GLBT y sus respectivas realidades.

¿El Peru vs Kuznets o el Perú vs H. de Soto?

Richard Webb acaba de publicar una curiosa discusión acerca de la relación entre la evolución de la desigualdad y el PBI per capita en el Perú. El artículo sugiere que el Perú habría encontrado su propio camino hacia el desarrollo contradiciendo el camino señalado por Simon Kuznets en su teoría económica conocida ahora como la U invertida de Kuznets. Tal como explica Webb, el proceso migratorio entre los ámbitos rural y urbano de la mano con el tránsito del país desde una economía básicamente extractiva hacia una economía fundamentalmente terciaria pasando por la industria, es el camino que el Perú precisamente no habría seguido.

Gráfico 1. La teoría U invertida de Kuznets

Mi curiosidad radica en que la contraposición propuesta por el economista Webb -el Perú versus Kuznets- debió haber sido más bien entre el Perú versus Hernando de Soto.

De hecho, De Soto escribió el libro "El otro sendero" al presentar su atractiva propuesta de simplificar las trabas burocráticas y legalistas del país para incorporar a los informales a la economía y así lograr el desarrollo. A pesar de la amplitud y elegancia del concepto, su propuesta se reducía a legalizar las viviendas construidas por los informales, las cuales no necesariamente eran un capital atractivo para el sector financiero.

Luego de millones de títulos de propiedad otorgados por el COFOPRI, aún no ha quedado claro si las familias que se han beneficiado de este programa lograron escapar de la pobreza gracias a este mecanismo ya que, en la práctica, ellas continúan desempeñándose en el sector informal.

Por otro lado, entre el 2004 y 2007, Renos Vakis del Banco Mundial publicó un estudio sobre la reducción de la pobreza en el Perú durante ese periodo, donde afirmó lo siguiente (pág. 17. Ver también cuadro 2 en el anexo):

[...] el sector informal ha sido el motor principal de la reducción de pobreza, de hecho, más del 70 por ciento de la disminución observada entre los años 2004 y 2007 fue debido a mejoras en bienestar de los hogares vinculados al sector informal, en comparación a 13 por ciento correspondiente a hogares con vínculo al sector formal. (Cursivas nuestras)

¿Cómo? ¿La reducción de la pobreza se explicó principalmente por pertenecer al sector informal? ¿Dónde queda De Soto? En efecto, al margen de lo que nuestros más connotados economistas opinen, la reducción de la pobreza observada entre el 2004 y 2007 ha sido posible gracias al gran dinamismo económico observado en el sector informal, dedicado principalmente al sector terciario, esto es comercio y servicios.

Ese mismo periodo ha visto caer la desigualdad significativamente. De acuerdo con este estudio de la Universidad del Pacífico, esta caída habría sido consistente ya sea utilizando las cifras estimadas a partir de las ENAHO como por las calculadas utilizando las Cuentas Nacionales (págs. 14-16). Con este resultado, es probable que la desigualdad también ha podido ser explicada por el gran dinamismo económico observado por el sector informal.

En conclusión, la reducción de la pobreza y la mejora en la equidad estaría explicada fundamentalmente por la existencia y dinamismo del sector informal. Eso esta probado. Por lo tanto, el sector informal no sería el problema. El sector informal es más bien la solución. Este es al parecer, el camino hacia el desarrollo que ha elegido el Perú.

Por supuesto que estoy en desacuerdo con este inevitable silogismo. Estas son las trampas en las que nuestra discusión académica pretende encauzarnos para que nuestras recomendaciones sean siempre las mismas. Lo que debemos hacer, es repensar los conceptos e importancias a la luz de los nuevos hechos que inundan nuestra realidad contemporánea.

El problema de una sociedad que reclama a la informalidad como la mejor manera de crecer debe ser balanceada con el hecho de que existe un creciente bloque de la economía que no pasa por las cuentas nacionales y que explica buena parte del dinamismo económico que las teorías estándares no incorporan. Es la economía sombra, la subterránea, la que no declara lo que realmente exporta, la que no declara que es lo que realmente extrae del mar, la que soborna estructuralmente a la policía y a cualquier cargo público, todo para evitar la violencia, no pagar impuestos o beneficios sociales y que su tamaño curiosamente creció a la par del boom económico desde el 2001, pasando de representar menos del 60% en 1999 a 63.4% en el 2006 (pág. 21). Pero nuevas estimaciones revelan que el 2007 esta economía representó 66.3% del PBI nacional (pág. 22).

¿Qué sectores económicos están explicando el renovado y bienestar de las familias rurales? ¿Cómo se trasladan esos beneficios al sector urbano? ¿Debe llamarse sector informal a la economía sombra? ¿Qué es lo que está pasando realmente con la economía y el bienestar en el Perú? ¿Cuál es, al fin de cuentas, el camino del Perú hacia el desarrollo?

Relocalización de la pobreza en un contexto de reducción de la pobreza

El fenómeno más importante que ha reportado el INEI en su reciente informe de pobreza no ha sido el aumento de la incidencia de la pobreza en ocho regiones del país tal como lo señalan diversas notas periodísticas en estos días. La pobreza ha aumentado en Pasco, Amazonas, Madre de Dios, Tumbes, San Martín, Piura, Ucayali y Tacna. Esto es 4 regiones predominantemente selváticas, 2 predominante costeras y fronterizas, y finalmente una región minera de la sierra y una región agrícola norteña.

Tampoco ha sido el fenómeno de que la región Cajamarca haya desplazado a Huancavelica, Ayacucho o Apurímac como la región que lidera el ranking departamental de pobreza del país. Este dato sin embargo ha servido para que el grupo de opinólogos de derecha responsabilice a Manuel Santos por haber bloqueado megaproyectos mineros como Conga, así como la reducción del turismo por el elevado clima de conflictividad en la región.

En mi opinión, el fenómeno mas importante que reporta el informe es la relocalización de la pobreza en las áreas urbanas del país en un contexto de reducción nacional de la pobreza.

Este fenómeno no sería nuevo en nuestra sociedad puesto que un informe previo del INEI para los años 1997-2000 (pág.35), ya había hecho esta afirmación. En aquella ocasión, la pobreza era un fenómeno creciente a nivel nacional, siendo más extensa y costosa para las áreas urbanas del país, por lo que la pobreza a fines del 2000 se había "urbanizado".

La diferencia ahora se encuentra en el hecho de que el proceso de empobrecimiento observado en las ciudades entre el 2009-2013 se está dando en un contexto de reducción nacional de la pobreza. En la práctica esto significa que las corrientes migratorias son las que estarían permitiendo a los pobres relocalizarse geográficamente en las ciudades puesto que no existirían más oportunidades de mejora socioeconómica en el ámbito rural.

Veamos la tabla que describe este proceso en el reciente informe de la pobreza del INEI (pág. 52):

Como se puede apreciar, en la sección de la tabla que se reporta la distribución del número de pobres entre el área urbana y rural, esta ha ido aumentando lenta pero decididamente en el periodo bajo análisis hasta que en el 2013 sobrepasó a la proporción de pobres que existía en el área rural. Si bien es cierto que yo he señalado que la migración sería la explicación más obvia de este proceso, habria que identificar cómo y bajo qué condiciones se está dando este proceso. ¿Los pobres se mudan a las ciudades para trabajar en qué sectores económicos? ¿Viven con sus familiares que ya han migrado previamente? ¿A qué dedican sus escasos recursos para intentar escapar de la pobreza? ¿Los programas sociales y las oportunidades económicas ya han "tocado su techo" para el área rural?

La sección de la tabla donde se describe estas proporciones entre las regiones naturales nos echa alguna luz de que en la sierra y la selva, la pobreza ha estado decayendo aceleradamente, mientras que en la costa ha ido aumentando. ¿Nos encontramos frente a un nuevo fenómeno de migración masiva de los pobres hacia la costa en busca de nuevas oportunidades de mejorar económicamente? ¿Qué puede hacer el Estado para promover programas de rápida inclusión laboral para los trabajadores de estas familias?

Finalmente, la sección de la tabla que reporta la distribución del número de pobres extremos nos presenta un proceso errático en mi percepción, pues aumentan y bajan las proporciones de un año para otro entre el área urbana y rural. Pero lo que se ve imponente, brutal y creciente es cómo la población en pobreza extrema en la sierra peruana ahora representa más del 70% de la pobreza extrema nacional. Esto es un proceso lamentable que nuestro país no puede darse el lujo de seguir asistiendo sin desatar un proceso de crecimiento socioeconómico de ancha base en tales regiones. En este caso, la incapacidad de poder migrar estaría explicando el incremento de la pobreza extrema en la sierra. Hay privación evidente de una libertad básica para que esta población pueda funcionar adecuadamente.

En conclusión, el año 2013 es el año en que la pobreza en el Perú ha presenciado una relocalización absoluta de los pobres en el área urbana. Desde el 2013, más del 50% de los pobres se encuentran en el área urbana. Esto es fruto de un largo proceso de reducción perversa de la pobreza donde muchas familias parecen haber escapado de la pobreza en las áreas rurales, pero las que no pudieron han decidido relocalizarse masivamente en las áreas urbanas. Es probable que esta nueva categoría de pobres, los pobres migrantes, al no encontrar oportunidades de inserción laboral urbanas puedan estar explicando el incremento de la violencia en las ciudades, sobre todo en la costa. Pero quizás es demasiado pronto para asegurar algo como esto.

El 2013 también es el año en que la proporción de pobres extremos sigue acumulándose en la sierra, lo cual es muy deplorable, advirtiendo los procesos históricos que se podrían desatar al no poder encontrar oportunidades para movilizarse por lo menos hacia las grandes ciudades para buscar nuevas opciones de crecimiento.

El desafío por lo tanto no se encuentra sólo en qué es lo que podemos hacer para reducir la pobreza en las zonas más alejadas del país a través de los clásicos programas sociales, puesto que, ahora resulta que una parte importante de los pobres se están mudando a las ciudades y se necesita de otro tipo de estrategias para que puedan mejorar su nivel de vida en nuestra variopinta sociedad. Pero ¿Y la otra parte? ¿Por qué no se movilizan? ¿Existen condicionamientos estructurales o individuales que inhiben movilizarse? Ese será un tema a explorar en otro post con mayor información disponible.

Ghezzi y el salario mínimo - Parte I

El debate sobre el posible incremento del salario mínimo ha alcanzado un elevado nivel de confrontación política en nuestro país. Primero ocasionó la escandalosa salida de un Primer Ministro al ser desmentido por la esposa del Presidente por este tema y luego virtualmente despedido por el Ministro de Economía y Finanzas. Como segundo acto, se produjo el impasse del voto de confianza del Congreso al Gabinete Cornejo del 14 de marzo, donde por primera vez las fuerzas políticas de oposición se unieron en un voto de abstención mayoritario. Luego de un velado diálogo público ventilado en los medios, el lunes 17 el voto de confianza fue otorgado ajustadamente por el Congreso ante la promesa del nuevo Primer Ministro que la ciudadana Nadine Heredia, presidente del Partido Nacionalista Gana Perú, no volverá a abrir la boca como vocera del gobierno. Como cierre de este periplo, el flamante Primer Ministro, René Cornejo ha vuelto a poner 'oficialmente' el tema en agenda, dando lugar a un enfrentamiento singular entre el futuro Ministro de Economía en incubación, Piero Ghezzi, y la mejor carta técnica invitada por el Aprismo, Luis Carranza Ugarte.

Piero Ghezzi ha seguido el discurso de que el salario mínimo de no debería ser incrementado. Las razones expuestas han sido hasta cierto punto, algo novedosas. En diálogo con RPP expuso el siguiente argumento:

"Además lo que hizo este gobierno fue aumentar el salario mínimo en 25% al comienzo (de su gestión) y no hemos tenidos crecimientos en el Producto Bruto Interno (PBI) nominal de 25%". En otras palabras, lo que ha dicho el Ministro de la Producción es que no se justifica un mayor aumento del salario mínimo porque la producción nacional no ha crecido al mismo ritmo. ¿Es verdad este argumento? Veamos.

En primer lugar, de manera similar al caso de los sueldos de los ministros (y otros funcionarios seleccionados), un aumento del salario mínimo, no se trata en sí de un aumento, sino mas bien de una corrección con justicia de la caida de poder adquisitivo que tenía el salario mínimo hace más de 30 años. En efecto, como se puede apreciar en el gráfico inferior, el salario mínimo actual representa en términos reales el salario observado un poco antes que ocurriera el desastre económico del primer gobierno de Alan García. A precios de 1994, el salario mínimo observado durante el primer quinquenio de los años setenta fue casi tres veces mayor al actualmente observado. Los sucesivos incrementos en el salario mínimo realizados durante el periodo de recuperación económica solo han permitido recuperar el nivel de ingreso real observado en 1987. El salario mínimo tendría que aumentar a aproximadamente S/. 1750 nuevos soles para tener la capacidad de ingreso observado a principios del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y mucho más, si queremos nivelarnos a lo que se percibía antes de la crisis de 1973. De acuerdo con estas observaciones, una primera propuesta a evaluar es que el gobierno debería decretar un aumento (mínimo) del 100% a los trabajadores que perciben sus salarios sobre la base del salario mínimo.

En segundo lugar, debemos ponernos de acuerdo en cómo se mide la productividad del trabajo. El argumento esbozado por Ghezzi lo reduce a observar el nivel de producción total nominal acumulado en los últimos años, se entiende correspondientes al actual gobierno de Ollanta Humala. En mi opinión, mirar el producto total no resulta en un buen indicador de la productividad puesto que lo usual es tomar grosso modo el producto medio del trabajo. Esto es, dividir el nivel de producción nominal entre el número de trabajadores ocupados. Sin embargo, cualquier economista te exigirá medir la productividad en términos reales, no nominales puesto que de lo que se trata es de observar el aumento físico de la producción y no el que se podría ver inflado por la inflación. Pero este no ha sido el camino seguido por el Ministro de Producción. Luego nos ocuparemos de mirar estos datos.

Antes, tenemos que ponernos de acuerdo con el razonamiento técnico que justifica el aumento del salario, ¿Aumentamos el salario mínimo en un porcentaje determinado para obtener en consecuencia un aumento del producto de similar o mayor magnitud? ¿O no es más bien que como resultado de haber aumentado el producto corresponde pagar un mejor salario al trabajador? Yo creo que el sentido correcto es el esbozado en la segunda pregunta y no tanto el sentido ofrecido por Ghezzi. Con todo, veamos los datos.

El incremento del salario mínimo durante el gobierno de Alan García fue de 20%, pasando de S/.500 a S/.600. ¿Cuál fue el incremento del nivel del producto nominal? El incremento acumulado fue de 60.9%. Quiere decir que el aumento del 20% se quedó corto y que si seguimos el argumento planteado por Ghezzi faltaría un aumento de 40 puntos porcentuales adicionales. Claro, durante el gobierno de Humala, se ha completado un aumento de 25%, pero resulta que el producto ha seguido creciendo en 14.8% más. Para no marearnos con las cifras, desde el 2006 hasta el 2013, el crecimiento acumulado del salario mínimo ha sido de 50%, mientras que el incremento acumulado del PBI total ha sido de 84.6%. ¿Todavía debería crecer más el PBI total para recién justificar un nuevo aumento del salario mínimo? !No bromeen por favor! Para que estemos 'emparejados' el salario mínimo tendría que haber aumentado hasta alcanzar S/.923 nuevos soles. Y aquí estaríamos alcanzando un techo más razonable (desde el punto de vista de los dueños del capital) que el propuesto en mi primera observación.

De lo expuesto hasta este punto quedan dos propuestas a evaluar,

1. Aumentar como mínimo un 100% el actual salario mínimo para recuperar o "corregir" (como le gusta decir al gobierno para justificar el nuevo salario de los ministros) el nivel de ingreso real observado en 1980.
2. Aumentar el actual salario mínimo en 23.1% para equiparar al ritmo de crecimiento del producto desde el segundo gobierno de Alan García.

De estas dos opciones, recomendaría la segunda puesto que esta sería más viable de implementar y además tendría un cierto sustento en el razonamiento expuesto por el Ministro de Producción.

No obstante, como señalé más arriba, la manera más adecuada para medir el nivel de productividad de un factor de producción no es pues el producto total en sí. Lo correcto, grosso modo, es dividir el nivel de producto real (no el nominal) entre sus factores de producción, siendo los más importantes capital y trabajo. Así, si yo divido el nivel de producción entre el número de trabajadores ocupados obtendré un valor más aproximado a la contribución de este factor en el crecimiento.

Tomando de esta manera el producto medio real del trabajo, obtenemos que el crecimiento total de la este factor ha alcanzado entre el 2006 y 2013 el valor acumulado de 35.9%. En dicho periodo, el crecimiento del salario mínimo real ha sido de 21%. Esto significa que para equiparar el crecimiento del salario mínimo con el crecimiento del producto medio real del trabajo el salario mínimo tendría que aumentar hasta S/.841.9. Redondeando, acabaríamos por apuntar a una propuesta razonable de S/.850 nuevos soles. Este valor coincide con lo propuesto o aceptado por algunos economistas reconocidos en nuestro medio (Ej. PPK, González Izquierdo, etc), por lo que su incremento se hace meritorio por las razones expuestas por el Ministro de la Producción, claro que con el sentido aclarado aquí. Un aumento de S/.100 nuevos soles es lo técnica y políticamente viable para zanjar este asunto hasta el 2016.

Si el Presidente Ollanta Humala ha sido capaz de corregir el bajón de salarios para los ministros ocasionado por el segundo gobierno de Alan García, ojalá tenga el mismo valor para corregir (hasta la fecha) el desfase acumulado desde entonces en el crecimiento del salario mínimo con un aumento del 13% aproximadamente.

Queda por comentar un segundo argumento expuesto por el ministro Ghezzi que merece un post separado para su discusión.