Comentarios sobre la realidad política, social y económica de la sociedad peruana, sobre la base de diversos estudios y estadísticas de las ciencias sociales.
El Grupo Geographos ha elaborado un mapa estadístico muy útil en Google Maps que contiene los datos de electores, según la RENIEC, y de población, según el Censo 2005 de cada uno de los distritos donde no se llegó a elegir a un alcalde en las elecciones municipales del año pasado. Aparecen igualmente dos nuevos distritos, de reciente creación, que también deberán elegir este primero de julio a sus autoridades locales (ver el mapa aquí).
Destaco la elaboración de este mapa, porque se ha hecho con una herramienta de acceso libre y porque además luce más ilustrativo y didáctico que los tediosos mapas que ha elaborado la ONPE para presentar por ejemplo, la ubicación geográfica de sus oficinas descentralizadas, llamadas ODPE (Véase un ejemplo -borroso- aquí). Creo que los técnicos de la ONPE bien podrían presentar información de este tipo en Google Maps porque tendría un impacto muy positivo en el acceso a la información pública.
Una información que derivo de este gráfico, es la que denomino, la Tasa de Actividad Electoral, que no es otra cosa que la relación entre el número de electores y la población mayor de 18 años en tales distritos. Esta idea la he tomado prestada de la economía laboral donde se calcula la Tasa de Actividad Económica la cual resulta de dividir la Población Económicamente Activa entre la población en edad de trabajar (considerada a partir de los 14 años). La TAE electoral es un indicador, quizá muy grosero, del grado de efectividad que tiene la autoridad electoral competente (en este caso, el RENIEC) para registrar a la población en edad de votar, es decir, la que tiene más de 18 años. Si el indicador es menor de la unidad, nos indicaría que es necesario trabajar en una mayor incorporación de la población en el padrón electoral. Si el indicador es mayor que la unidad, esto nos podría indicar dos problemas: o bien el Censo o la población estimada a partir de ella está mal, o bien es necesario depurar el padrón electoral de los posibles muertos o migrantes que se han colado por allí.
El gráfico a continuación presenta el comportamiento de este indicador para todos los distritos que fueron censados el 2005. Debo señalar que he intentado correlacionar con el nivel de vida de estos distritos, pero sin éxito pues el coeficiente de determinación salió muy bajo (r2=0.009). Así que sólo muestro el ranking de estos distritos según el TAE. En naranja aparecen los distritos con menor nivel de IDH; mientras que en el otro extremo, en verde, aparecen los distritos con mayor nivel de vida relativo.
Roxana Barrantes, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, ha publicado una investigación donde analiza el concepto de "pobreza digital" en el Perú. Este texto se encuentra disponible en la web del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y puede descargarse en este enlace.
Según la investigadora, una definición simple de pobreza digital sería "la falta de bienes y servicios basados en Tecnologías de Información y Comunicación (TICs)". No obstante, esta definición no ha sido suficientemente trabajada. El concepto alternativo más popular ha sido el de "división digital" o "brecha digital" el cual trata acerca de las desigualdades de la población en el acceso y uso de TICs. Este es el enfoque que utiliza el INEI en su reciente Informe Técnico sobre las TICs en los hogares peruanos (ver aquí). De aquí que la autora exprese un concepto más preciso para pobreza digital (pág. 6):
Los individuos digitalmente pobres tienen falta de información y comunicación que sólo son posibles por tecnologias digitales debido a la falta de conocimiento sobre como usarlos, o por una falta de ingresos [...].
[...] Los individuos digitalmente pobres no son solamente personas de bajos ingresos o gente con necesidades básicas insatisfechas sin acceso o uso de TICs; los individuos digitalmente pobres pueden incluir a gente que no podrían llamarse pobres si se evaluaran sus condiciones económicas [...]
De acuerdo con este enfoque, los sectores marginales con bajos ingresos no son los únicos individuos digitalmente pobres. Los individuos digitalmente pobres pueden ser aquellos que no usan TICs debido a la falta de servicios o a la falta de habilidades para usarlos.
Siguiendo este enfoque ella propone cuatro categorías para evaluar la pobreza digital en una determinada población:
Ricos digitales: interactúan con el gobierno electrónicamente, realizan negocios por internet, crean contenidos.
Conectados: uso de correos y chat para comunicarse, búsqueda de información.
Pobres digitales: Acceso a televisión y radio, comunicación por voz vía telefónica (fijo o celular).
Pobres extremos digitales: Sin acceso a medios digitales, sólo a televisión o radio.
Estos conceptos son operacionalizados con la Encuesta de Hogares del 2003, donde ella encuentra en términos del total de la población peruana los siguientes porcentajes:
Ricos digitales: 0.4%
Conectados: 23.5%
Pobres digitales: 8.0%
Pobres extremos digitales: 68.1%
Total 100.0%
Las cifras son realmente dramáticas si comparamos con el nivel de pobreza que se maneja en la actualidad: 48%. No obstante, esto guarda consistencia con la apuesta de la investigadora de que la pobreza digital no necesariamente se encuentra asociada con la población de más bajos recursos.
La recomendación de política más importante que hace el documento, en mi opinión, es la que señala que debería "... expandirse el acceso a las TICs a través de la política educativa" dada la importancia de la juventud en la pirámide poblacional. Algo en lo que todos podemos estar muy de acuerdo.
Celebrando la publicación del artículo número 100 de este blog, quiero comentar algunos datos recientemente publicados en el informe técnico No. 2 del INEI sobre el grado de equipamiento, acceso y uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) de los hogares peruanos (descargue en este enlace).
Utilizando como base de información, la Encuesta de Hogares del primer trimestre del 2007, el informe nos indica que aun tenemos un bajo nivel de equipamiento de TICs en los hogares:
27.8% de los hogares tiene teléfono fijo.
35.9% de los hogares tiene celular.
13.2% de los hogares tiene televisión por cable.
4.6% de los hogares tiene instalado un acceso a internet.
El hecho que menos del 5% de los hogares tenga instalado internet no quiere decir que el acceso sea de la misma dimensión. El informe reporta que el 26% de la población de más de 6 años tiene acceso a internet encontrándose algunas diferencias en el acceso según la edad y el sexo, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, denominado "la pirámide de internautas":
Las diferencias observadas no sólo obedecen a características demográficas básicas como las que muestra el gráfico. También hay diferencias en el lugar de acceso (la mayoría se conecta a internet desde una cabina pública, 78.2%) y según el nivel educativo, encontrándose que el 41.5% de la población con educación universitaria o superior entra a internet por lo menos una vez por día.
Por último, resulta muy interesante conocer que un porcentaje mayoritario de la población utiliza internet para comunicarse ya sea por email o chat (75.7%), para obtener información (63.4%), para entretenerse (31.4%), para educarse (6%), para realizar operaciones de banca electrónica (3%), para interactuar con instituciones públicas (1.6%) y para realizar compras (1.1%).
Quiero destacar el penúltimo dato del párrafo anterior, en el marco de la tan promocionada transparencia de las organizaciones públicas. Que sólo el 1.6% del 26% de la población de más 6 años (debería quizás haberse hecho un límite más alto, digamos 15 años) interactúe a través de la Internet con instituciones públicas, es decir menos del 0.5% de la población, es realmente una minucia.
Dada todas las ventajas que se promocionan sobre el gobierno electrónico (hasta existe un concurso en nuestro medio para tal fin - ver aquí) debe incentivarse no sólo una mayor transparencia en las páginas web de los organismos del Estado al que sólo puedan acceder una élite de los ciudadanos. Debe brindarse todas las herramientas didácticas para que una mayor parte de la ciudadanía pueda acceder a la información necesaria o que demande los servicios necesarios por este medio.
Está claro, que aún estamos en pañales sobre este tema. Pero es preciso que se establezcan políticas públicas que acerquen al Estado a la ciudadanía para mejorar su nivel de información y satisfacción de sus derechos. Esto permitirá que, eventualmente, mejore el nivel de vida de la mayoría de la población.
¿Cuánto está afectando el incremento de los niveles de contaminación por plomo en la inteligencia de nuestros padres de la patria? ¿Es posible que las últimas decisiones erradas que tomó el Congreso sobre el TC, el TLC y cualquier otro TxyzC que exista hayan estado explicadas por el incremento de más de 119% de los niveles de contaminación por plomo que ronda las instalaciones del Palacio Legislativo?
Recientemente, el INEI ha publicado las estadísticas de contaminación ambiental en el centro de la ciudad limeña (ver aquí), con mediciones obtenidas por DIGESA a través de la estación experimental ubicada entre la Av. Abancay y el Jirón Ancash, los cuales revelan que la contaminación por plomo se han más que duplicado en la zona que circunda el centro de Lima, donde se aloja el edificio del parlamento peruano. El nivel de plomo alcanzado el mes de abril fue de 0.23 microgramos por metro cúbico. Este equivale a la mitad del límite máximo permisible establecido en 0.50 mg/m3. La localización del Congreso y del punto de monitoreo pueden apreciarse a continuación, gracias a GoogleEarth:
Hay que recordar que esta barrera ya ha sido rebasada en 1997 y 1998, lo que luego fue controlado (ver este enlace). No obstante, nuevamente vemos una comportamiento creciente que pondría en peligro la salud y la inteligencia de nuestros congresistas y junto con ellos, de toda la población que vive y labora en los alrededores. A continuación, puede apreciarse la estadística mensual de contaminación por plomo, en el corazón de Lima, desde el 2005 (en rojo he resaltado los cambios porcentuales que dieron pie al artículo):
De acuerdo con el informe, las principales fuentes de emisión de plomo son:
Minería
Fundiciones
Parque automotor deteriorado
Consumo de G84
Los sistemas del cuerpo humano más sensibles a este metal son:
Nervioso
Hematopoyético (producción de sangre)
Cardiovascular
Las consecuencias, según lo señala el informe son (pág. 6, énfasis mío):
A largo plazo, el plomo puede producir efectos neurológicos irreversibles, sobre todo en niños, como la disminución de la inteligencia, retraso en el desarrollo motor, deterioro de la memoria y problemas de audición y del equilibrio. En adultos, el plomo puede aumentar la presión sanguínea y afectar el funcionamiento renal.
¿Bastará con limitar la composición del parque automotor, limitar la producción o el consumo de G84, reducir las emisiones de las mineras o las fundiciones cercanas (como la que está alojada en el límite con El Agustino), o se propondrá cambiar las instalaciones del Congreso a un distrito más limpio, o quizá convenga cambiar de congresistas en una hipótetica elección por renovación por tercios?
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Los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) de los Estados Unidos tienen mayor información sobre las múltiples fuentes de contaminación por plomo y sus efectos. Ver mayor información aquí.
Revisando las estadísticas del Instituto Materno Perinatal de Lima (ver aquí), encontré algunas estadísticas dramáticas sobre la realidad de las niñas-madres en nuestro país. En verdad, esta afirmación es exagerada. Esta sería la realidad de las niñas-madres que, por buena o mala fortuna, llegan a un centro especializado del Estado para recibir atención médica profesional en la ciudad capital. Del resto, sabemos muy poco. La sección que contiene los datos relevantes para esta cohorte poblacional se encuentra donde aparece el título: "Atención diferenciada de la adolescente". A continuación comentaré algunos de sus datos más impactantes.
La primera cuestión que llamó mi atención es la media anual de mujeres adolescentes (estamos hablando de mujeres entre 11 y 19 años) atendidas por este instituto, entre el 2004 y el 2006, 2,290 personas. Esto equivale a una media de 191 niñas atendidas al mes, o 6 cada día. En promedio, cada una de estas mujeres se atiende unas tres veces si está embarazada, y sólo una vez si es puérpera (recién parida) o ginecológica. Ellas representan, respecto del total de las madres atendidas de toda edad, un 14% de las consultas (en el 2006).
La segunda información que destaco es que, de las adolescentes atendidas, existe un porcentaje creciente que está compuesto fundamentalmente por niñas entre 11 y 13 años (1.4%, 1.5% y 1.8% para el 2004, 2005 y 2006 respectivamente). Estamos hablando de 48 niñas en promedio, cada año. Habrá quienes se pueden poner a discutir sobre la edad exacta en que comienza la adolescencia para una niña en particular, pero es generalmente aceptado que esta se inicia alrededor de los trece años y concluye hacia los 17. Justo esta es la edad normativa -años más, años menos- para que las adolescentes reciban la educación secundaria.
Desde el punto de vista económico, al margen del valor de la vida de los bebes que nacen por medio de ellas, se pierde un enorme potencial económico por parte de estas mujeres al no haber podido completar su educación regular y por que no, también, una educación superior. Una aproximación, grosso modo, de esta pérdida incluye el costo de la inversión no realizada por cada estudiante embarazda (S/. 1168 al año para el 2005 según el informe del gasto social de UNICEF-Apoyo), más el valor actual del pago de la productividad que hubiera ganado con una remuneración media en Lima Metropolitana, más el costo medio incurrido por la atención en el instituto, entre otros costos indirectos que no son fáciles de medir. En un escenario como este, la pérdida absoluta por los casos de embarazo adolescente menores de 17 habría sido de alrededor de US$ 7.5 millones. Si asumimos una hipótesis más baja (con una remuneración mínima) la pérdida asumida por la sociedad es de aproximadamente US$ 4.5 millones. Ambas sumas no son nada despreciables si tomamos en cuenta los costos que el Congreso piensa incurrir para por ejemplo, asegurar nuestro 'pedazo de territorio' limítrofe con Chile.
Por último, pero no menos importante, la información estadística que más me abruma son los diagnósticos más frecuentes en cada una de las tres grandes categorías de atención a la adolescente: ginecología, puérperas y gestantes. Revisando únicamente el ranking del 2006, veremos que para el caso de ginecología los diagnósticos se concentran en (sólo destaco las tres o cuatro más importantes):
Vaginitis aguda,
Enfermedades inflamatorias pélvicas no esp. y
Hemorragia vaginal y uterina anormal SAI.
En el caso de las gestantes, los diagnósticos más frecuentes fueron:
Supervisión de primigesta muy joven,
Supervisión de embarazo de alto riesgo,
Infección vaginal que complica el embarazo, y
Anemia que complica el embarazo.
Por último, para el caso de las puérperas, tenemos:
Control post AMEU (Aspiración Manual EndoUterina) /LU,
Anemia que complica el embarazo, parto y puerperio, y
Dehiscencia de sutura obstétrica prerineal.
La revisión de cada una de estas definiciones de diagnóstico médico revelan una situación dramática para estas mujeres niñas y adolescentes. Varios de estos conceptos tienen que ver con consecuencias de violaciones, agresión, abortos clandestinos entre otras perlas más. La iniciativa legal acerca del sexo consentido con menores es apenas un instrumento miope para resolver el problema tan complejo que describe los datos estadísticos mostrados arriba. Lo mismo fue la conjura electorera de Alan García cuando proclamaba a los cuatro vientos, "pena de muerte para los violadores".
El Estado debería actuar en todos los frentes, con una propuesta integral que abarque desde i) laprevención, a través de una efectiva campaña de educación sexual para los menores, la provisión de opciones para la anticoncepción (condones, AOE, etc.); ii) la atención, facilitando al máximo el acceso a los servicios de salud física y mental para la madre adolescente; y finalmente, iii) la reconstrucción de la familia junto con, iv) la penalización de los violadores, no necesariamente a través de la pena de muerte, pues, este puede convertirse en un incentivo para encubrir a los responsables de tales situaciones indeseables para las niñas de nuestro país (ver aquí).
Un reciente estudio publicado en la web de la NBER (descargue aquí) ha encontrado que los pacientes mas ricos tienen una mayor probabilidad de coimear por acceder a los servicios de salud del sector público que los son más pobres. Este es un resultado particularmente indeseable, ya que se supone que debe haber un acceso equitativo o, en el mejor de los casos, con un mayor nivel de acceso para los más pobres. No obstante, este no parece ser el caso en nuestro país ni tampoco en Uganda.
Ambos casos son significativos, en opinión de la autora, porque en el ranking internacional de percepción de la corrupción, el Perú ocupa un lugar intermedio, mientras que Uganda se encuentra entre los países más corruptos. No es de extrañar por lo tanto que el estudio reporte que las tasas de soborno o coima son relativamente más bajas en nuestro país que para el caso de Uganda (0.8% versus 17% respectivamente). Pero lo que llama la atención es que en el caso peruano, esta se encuentra correlacionada con el nivel de vida de los pacientes, lo que no sucedería para el caso del país africano.
De acuerdo con la autora (Jennifer Hunt, WP 13034) las quejas más usuales sobre la corrupción en el sector salud público peruano tienen que ver con (pág. 4):
Incremento de precios de los servicios por encima de los oficiales los cuales son tomados como un ingreso adicional individual
Colusión entre el personal del hospital y las farmacias externas o proveedores externos de pruebas médicas
Elevado ausentismo de los médicos que cuentan con un trabajo secundario en el sector privado,
Médicos que remiten a sus pacientes a sus consultorios privados
Coimas de sexo o dinero para obtener empleos
Existen incentivos para la coima cuando los pacientes desean avanzar en las listas de espera para ser atendidos, o cuando estando hospitalizados desean obtener atención de un médico en particular o incluso para tener una cirugía. La fuente de datos utilizada por el estudio para el caso peruano es la Encuesta Nacional de Hogares del 2002 y el 2003, el cual puede ser descargado sin costo en el siguiente enlace en la web del INEI.
Debo anotar que la autora hace una exhaustiva revisión de la información estadística disponible en estas bases de datos para el caso de la coima, encontrándola poco significativa para nuestro país (apenas 95 casos de 12,262 estudiados). Por esta razón, toma modelos de estimación econométrica distintos entre el caso de Uganda y el de Perú, lo que hace poco comparables, en mi opinión, los resultados de ambos países. Por otra parte, el promedio de coima encontrada en esta muestra es de US$ 9.10 (alrededor de S/. 32) tal como se reporta en la tabla 2.
Esto no quiere decir, sin embargo que los hallazgos que esta autora realiza sean irrelevantes para establecer una política de acceso con equidad para los peruanos más pobres a los servicios de salud del Estado.
Una iniciativa legislativa pretende (1395-2006-CR), no se cuán en serio o cuán en broma, implementar la enseñanza de al menos una hora lectiva de ajedrez como una vía para mejorar el rendimiento académico de nuestros escolares, en especial en el área lógico matemático. Aunque hay algunos estudios realizados fuera de nuestro país (con realidades muy urbanas y de nivel de vida aceptable) sobre el tema en específico (ver aquí un breve compendio), la única hipótesis que ha sido comprobada en nuestro país es que el rendimiento escolar se encuentra explicado por múltiples factores, los cuales han sido agrupados en dos niveles: los socioeconómicos y los antecedentes familiares. La autora (Gabriela Carrasco, 2005, descargar aquí) tiene varias conclusiones interesantes que guían en un sentido más racional y objetivo la política educativa, lo que contrasta con la ridícula iniciativa legal presentada por el parlamentario Torres Caro. A continuación presento parcialmente algunas de ellas (cursivas mías):
[...] se observó que existen factores escolares que elevan el promedio escolar, pero no precisamente disminuyen las diferencias en los resultados escolares entre los alumnos de diferentes clases sociales, razas, etc. Es el caso de esta investigación, [...] la buena calidad de la infraestructura de la escuela, por un lado, impacta positivamente en el rendimiento escolar y por el otro aumentan la desigualdad en los resultados escolares entre los alumnos con diferente nivel socioeconómico. De acuerdo con estos resultados [...] la escuela, en general, estaría actuando como un ente reproductor de las desigualdades sociales, lo cual es totalmente indeseable. En ese sentido, la política educativa debería estar orientada a elevar la calidad en un marco de equidad.
No todos los alumnos tienen afición por el ajedrez. Ni tienen por qué tenerlo. Otros deportes de mesa también podrían ser considerados. Pero en el límite, la mejora de la calidad de la enseñanza va por el lado de los propios contenidos provistos por los maestros, algo que el MINEDU se ha propuesto abordar con seriedad desde hace muy poco.
[...] La baja calidad y los problemas de acceso a los recursos físicos y educativos como factor limitante del desempeño académico, ha sido reportado por diversas investigaciones. De ese modo, el Estado debería dotar a las escuelas de materiales educativos y de condiciones físicas adecuadas, dando prioridad a las más necesitadas. Sin embargo, esta medida per se no garantizará la mejora de la calidad de la educación, es preciso que vaya acompañada de otras políticas públicas.
Una visita a las escuelas de algunas zonas marginales, sólo alrededor de Lima, nos servirá para darnos cuenta de las deficiencias que existen frente a escuelas ubicadas en zonas más céntricas.
[...] El absentismo de los alumnos es un problema común en muchas escuelas. Los estudiantes que frecuentemente no asisten a la escuela, no solamente pierden la oportunidad de aprender y de socializarse, si no también pueden comprometer una carrera futura, estudios, relaciones sociales, etc. [...] [Varios estudios] encontraron que la asistencia asidua a la escuela tiene un efecto positivo sobre el rendimiento y la equidad. En ese sentido, las políticas que aseguren e incentiven la asistencia de los alumnos a la escuela debería ser uno de los objetivos de la política educativa. Un ejemplo de ese tipo es el programa Bolsa-Escola implantado en el Brasil. Este programa consiste en dar una una subvención económica a las familias de extrema pobreza a cambio de que sus hijos (entre 6 y 15 años) asistan a la escuela.
Las causas del ausentismo escolar han sido abordadas por diferentes estudios, lidiando con temas como el trabajo infantil, las inequidades de género, entre otras razones. En ese sentido, la recomendación dada por la autora es evidentemente, muy competente para resolver un conjunto de problemas reales que afectarán positivamente el rendimiento académico.
Pero recomendar y obligar que se provean de tableros de ajedrez y horas lectivas preciosas para niños y niñas que ni siquiera pueden ir a la escuela, y si van, lo hacen con el estómago vacío, es algo realmente sin sentido.
Los modelos mentales son mapas de la realidad socialmente compartidos. La primera vez que leí algo sobre este concepto fue a partir de las lecturas de Douglass North (ver aquí un buen conjunto de sus trabajos seminales, en especial este). Este economista se ha destacado por desarrollar toda una teoría acerca del rol que juegan las instituciones de una determinada sociedad en la explicación del crecimiento económico de ellas. Las instituciones, define North, son aquellos modelos o esquemas mentales, ideas, creencias, restricciones, compartidos por un determinado grupo de personas a partir de las cuales se originan los incentivos para que funcione y evolucione su respectiva realidad social y económica. El propone que esta es una forma complementaria o alternativa para explicar las decisiones de compra o inversión que realizan las personas según la teoría económica convencional (la que se basa en la elección racional), tal como se desprende de este texto (pág.1, Shared mental models, ideologies and institutions, Washington University):
El marco de análisis de la elección racional asume que los individuos actúan según su propio interés y realizan sus elecciones de acuerdo con ello. Pero, realmente lo hacen? [...] no es posible explicar los diversos comportamientos de la economía y la política tanto histórica como contemporánea si los individuos actuaran siempre de esa manera. En vez de ello, la gente actúa en parte sobre la base de mitos, dogmas, ideologías y teorías a "medio cocer".
[...] Los individuos con antecedentes culturales comunes y experiencias compartirán de manera razonable modelos mentales convergentes, ideologías e instituciones. Por su parte, los individuos con diferentes experiencias de aprendizaje (tanto en lo cultural como en su entorno) tendrán diferentes teorías (modelos, ideologías) para interpretar esa realidad.
[...] Los modelos mentales son representaciones internas que los sistemas cognitivos individuales crean para interpretar el ambiente; y, las instituciones son los mecanismos externos (a la mente) que los individuos crean para estructurar y ordenar el ambiente.
Algunos tipos de modelos mentales son compartidos intersubjetivamente. Diferentes individuos con modelos similares les habilita a comunicarse mejor y compartir su aprendizaje. Ideologías e instituciones pueden ser vistos como una clase de modelos mentales compartidos [...].
Entender el concepto de los mapas mentales sirve para describir los comportamientos sociales que siguen determinados grupos de personas (o cohortes si se quiere) a nivel micro que tienen un potencial impacto en los procesos demográficos, la salud pública, la economía y la política. Esto es, identificar un determinado mapa mental compartido por un grupo de personas o una cohorte en especial equivale a comprender el mecanismo que explica su modus operandi micro en la dimensión que se esté analizado. Esta aproximación aparece particularmente útil para la demografía ya que ayuda a entender la reticencia a bajar la tasa de natalidad en países como el nuestro, y por lo tanto, permite diseñar políticas públicas más acordes con nuestra realidad. Puesto que nuestro país es multicultural, se desprende que el diseño de políticas poblacionales debe integrar el diagnóstico de los respectivos mapas mentales que comprenden cada cohorte poblacional según su cultura, para que así tengan un mayor éxito en los objetivos políticos que se conciban sean beneficiosos para el total de la población.
¿Cuáles son los modelos mentales que comparte nuestra sociedad? ¿Cómo se diferencian entre las diferentes cohortes de edad? ¿Según sexos? ¿Según las regiones? ¿Cómo estos definen actitudes y prácticas en lo relativo a lo sexual, la salud, lo económico y lo político? ¿Qué modelos mentales deberían abandonarse en aras de una mejora cualitativa en cada una de estas dimensiones propuestas para la mayoría de la sociedad? Estas y otras preguntas son las que van dando vueltas en mi cabeza y que espero debatir en los siguientes artículos.
Se entiende por inercia o momentum poblacional a aquella situación en que la tasa de crecimiento natural poblacional se mantiene positiva pero decreciente a pesar que la población en edad reproductiva ha limitado su tasa de natalidad a su límite de reproducción y la población total sigue creciendo. Esta inercia durará más tiempo, mientras más joven sea la composición de la población y más rápido sea el cambio en la fecundidad. Esta idea es similar a lo que sucede con el frenado de un auto en plena marcha. Mientras más alta sea la velocidad en la que se aplica el freno, mayor será el tiempo que demore el auto en parar completamente. Las implicancias de esta situación para nuestro país son varias, entre ellas:
La presión por políticas públicas orientadas a proveer de empleos de calidad para la población en edad en trabajar. Este es un objetivo que podría alcanzarse financiando programas de inversión en capital humano a partir de los recursos generados por la minería.
La presión por políticas públicas orientadas a proveer de viviendas para alojar a las familias que se forman. Esta es una política que ha beneficiado a sectores de clase media y media alta, sin embargo, el mayor crecimiento poblacional se da en la población pobre. Asi que si no se provee de un plan de crecimiento urbano es probable que se tengan problemas conexos que deben ser resueltos tambien por el Estado por no haberlos previsto.
Puesto que no existen recursos o voluntad política para resolver a favor de políticas que promuevan el empleo, debería promoverse políticas que faciliten la migración internacional. En ese sentido, la representación del distrito electoral de los peruanos en el extranjero, la disminución de los costos de emigración (lease del costo de pasaporte entre otros) pueden significar un avance en ese sentido.
En cualquiera de los escenarios, debido a un aumento relativo de la población dependiente de ancianos (y principalmente ancianas por su mayor esperanza de vida) existirá una mayor presión por políticas de seguridad social.
Gracias a Google Trends, una herramienta de Google Labs, descubro que el tema más buscado por los internautas peruanos, a través del buscador Google es el empleo, antes que el crecimiento, la pobreza, la migración o la desigualdad (el que no he presentado en el gráfico por ser poco significativo). Este hallazgo está muy acorde con la preocupación principal que reportan muchas encuestas de opinión en nuestro país, las que se hacen al "ciudadano de a pie".
Las ciudades que lideran el ranking de búsqueda de este tema son: Lima, Callao, Surco, Huancayo, Trujillo, Huaral, Chiclayo, Arequipa, Talara y Chimbote.
Para ver las especificaciones técnicas sobre este reporte realizado por Google Trends ver aquí (explicaciones dadas sólo en inglés).
Una de las afirmaciones centrales del MMM 2008-2010 es que el actual dinamismo del crecimiento económico se encuentra explicado, junto con el aumento de las exportaciones, por el aumento de la demanda interna. Es probable que ello se deba a que las mujeres hayan aumentado su participación en el mercado, no sólo ofreciendo su fuerza de trabajo, sino también demandando más bienes y servicios. Esto implica que, teniendo una lectura algo antropológica y cultural, nuestra sociedad estaría dejando de ser menos 'machista' que en el reciente pasado. En algunos casos, la necesidad obliga. En otros, la educación los libera. Esto se desprende luego de revisar un estudio realizado por el Banco Mundial (con la colaboración del gobierno alemán y suizo) en más de 50 países en desarrollo, incluido el nuestro, donde se muestran datos interesantes de más de 120 indicadores de salud, nutrición y población (ver el estudio publicado en abril de este año aquí).
La sección que en particular llamó mi atención fue la que evalúa el estatus de la mujer (págs. 7, 17, 25 y 35) la cual contiene tres áreas de análisis: Toma de decisiones al interior del hogar, libertad de movimiento, otras áreas de toma de decisiones. Existen tres de los nueve indicadores que componen esta área, que impactan directamente en la demanda agregada de los hogares. Estos son:
Pueden hacer compras diarias para la casa: % de mujeres entre 15 y 49 años que pueden decidir por sí mismas o junto con otras personas las compras diarias para el hogar.
Pueden hacer compras mayores para la casa: % de mujeres entre 15 y 49 años que pueden decidir por sí mismas o junto con otras personas personas realizar las compras mayores para el hogar.
Pueden decidir cómo gastar su dinero: % de mujeres entre 15 y 49 años con trabajo remunerado que pueden decidir por sí mismas cómo gastar el dinero que ellas ganan.
Desafortunadamente, sólo puede evaluarse cambios en el último indicador, puesto que esta pregunta es la única que se incluyó repetidamente en las encuestas que sirven de base para las estimaciones (ENDES 2000 y ENDES 2006). A continuación el gráfico. Las cifras son porcentajes según las definiciones dadas arriba:
Nótese que el gráfico tiene una aproximación diferenciada según el quintil de riqueza al que pertenece cada mujer. La buena noticia de estos datos es que en todos los niveles el poder de decidir cómo gastar su dinero ha aumentado. En promedio, este porcentaje ha aumentado más de 15 puntos porcentuales, pasando de 63.7% en 1996 a 79% en el 2000. Es probable que a estas alturas del 2007 los porcentajes hayan aumentado aun más, impactando de manera considerable en el consumo interno de nuestra sociedad. Y si Invertia.com tiene razón, es probable que esto también explique el récord de morosidad bancaria que se ha alcanzado en la actualidad. Así que, una economía es más inteligente si promueve la equidad de los sexos en el mercado.
Pongo como anexo esta tabla que corresponde a la evaluación de la situación de la mujer peruana a nivel nacional en el año 2000. Datos estimados a partir de la ENDES del mismo año. Para otros países ver aquí.
El Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 (descargue) contiene una elevada dosis de optimismo sobre el comportamiento del crecimiento, la pobreza y la desigualdad. Respecto a la primera variable, el MMM proyecta -por pura fe- que ya no creceremos a un respetable 5% sino más bien a un 7% promedio anual, tal como lo explica aquí (Pág. 3, cursivas mías):
[...] el Marco considera como escenario base uno donde las condiciones externas e internas se mantienen todavía ligeramente favorables para los próximos años, permitiendo a la economía crecer por encima de su nivel tendencial. En particular, no se espera una desaceleración drástica de la economía mundial, sino más bien un "aterrizaje suave" donde los principales desequilibrios de las economías industrializadas se corrijan gradualmente. Bajo estas hipótesis, la economía peruana va en camino hacia la consolidación de un proceso de expansión y crecimiento sostenido pocas veces visto en América Latina, estimándose un crecimiento promedio de, por lo menos, 7% para los próximos años.
La segunda variable que el MMM enfoca es la pobreza. Fruto de la anterior construcción escénica, la pobreza podrá reducirse gracias a la existencia de una elasticidad de 0.5 puntos por cada punto de crecimiento del PIB per cápita. Esto le permite asegurar que en los próximos 4 años la pobreza se reducirá hasta alcanzar la meta del 40%, con las siguientes palabras (pág. 3):
Este escenario configura un contexto favorable para emprender el proceso de reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores sociales más importantes, objetivo final y principal de la política económica de la actual Administración. Ésta se ha fijado como meta reducir la pobreza a, por lo menos, 40% para el año 2011, lo que implicaría que más de 3 millones de personas dejen la condición de pobres al finalizar el presente Gobierno.
Ya hemos señalado en un artículo previo el grave error aritmético cometido en esta declaración, donde el número de personas que en realidad escaparán de la pobreza serán 1.5 millones (ver aquí). Al margen de este problema, debo señalar que el propio Marco relaja tímidamente sus expectativas iniciales en un recuadro posterior al resumen ejecutivo -fuera del texto principal- donde señala claramente que (pág. 61, cursivas mías):
[...] el impacto directo del crecimiento económico, [...] sobre la pobreza, [...] se ha ido reduciendo desde 1997, por ello la capacidad del crecimiento neutral para reducir la pobreza es hoy en día menor de lo que fue en el pasado.
¿Qué significa crecimiento neutral? Rastreando un poco los orígenes de esta idea pude encontrar una redacción más sencilla en el MMM 2006-2008 donde recita lo siguiente (pág. 61, cursivas mías):
Si se concibe el efecto “chorreo” como la relación entre crecimiento económico y pobreza, [...], se encuentra que la capacidad de reducción de la pobreza por efecto del crecimiento económico es considerable, aunque ha venido descendiendo. En el 2003, [...], por cada punto porcentual de crecimiento del consumo agregado, la pobreza total se reduce aproximadamente en 0,7 puntos porcentuales, si se mantiene constante la distribución del ingreso.
Es decir, toda la argumentación sobre el impacto del crecimiento económico sobre la pobreza se basa en la idea de que la distribución del ingreso no cambia, y en el mejor de los casos, no empeora. Esto es lo que el Banco Mundial denomina crecimiento neutralmente distributivo, o sencillamente, crecimiento neutro. Aquí tenemos entonces el tercer gran supuesto que el MMM no aborda de manera separada: ¿Qué pasará con la desigualdad? En el espíritu metodológico asumido por el Marco es que este al menos no será peor que antes. De acuerdo con las estimaciones del MMM 2006-2008, a pesar de los problemas aritméticos que destaqué en un artículo previo, esta bordearía el 52.5% en el 2004 (coeficiente de Gini, existe plena desigualdad cuando este indicador alcanza el 100% y plena igualdad cuando este se aproxima al 0%). No obstante, hay evidencias de que esto no necesariamente es así.
En primer lugar, tenemos el caso de la polarización de los ingresos que se advierte ha trastornado la estructura de ingresos del mercado laboral de Lima Metropolitana desapareciendo a la clase media, comentado en un artículo anterior (ver aquí). En segundo lugar, algo que el propio Marco destaca, es que el incremento desmesurado de los ingresos por canon y regalías que están recibiendo los departamentos y municipios que cuentan con yacimientos mineros en producción, está exacerbando las inequidades entre los departamentos (págs. 76-78).
Por consiguiente, los departamentos que no cuentan con minas, pozos petroleros y/o gasíferos, que en algunos casos pueden encontrarse entre los más pobres del país, no se benefician de este período excepcional que experimenta la economía internacional.
¿Qué pasará entonces si aumenta la desigualdad? Un estudio del Banco Mundial indica que si ocurriera un escenario como este, debe corregirse el nivel de crecimiento económico para disolver los problemas que este cambio acarreará sobre la pobreza. Es decir, para que la pobreza no aumente ante un eventual cambio en la desigualdad, el objetivo de crecimiento macroeconómico debe ser corregido en un porcentaje determinado. El cuadro siguiente resume los cálculos realizados por López & Servén (2005) para el Banco Mundial (tabla 4.4, pág. 69):
Como se puede apreciar del cuadro anterior, para el caso de Perú, ante un aumento de la desigualdad en un punto porcentual, el crecimiento económico debería corregirse en 1.6 puntos porcentuales adicionales para que la pobreza no aumente. El propio Marco sugiere algunas medidas concretas para que dicho escenario sea real (pág. 67):
Existen factores específicos que explican esta situación, sobre todo la elevada desigualdad de oportunidades que hace que la población más pobre no acumule capital humano (educación, salud y nutrición) que les permita generarse ingresos adecuados en el mercado laboral. Es urgente enfrentar este problema; una manera de hacerlo es, a través de mejoras en la atención básica de la primera infancia y en las transferencias directas condicionadas hacia los más pobres, con el objetivo de incrementar los niveles de productividad y, en consecuencia, aumentar los ingresos futuros permitiéndoles salir de la pobreza.
En pocas palabras, es necesario reducir las desigualdades abordándolas frontalmente desde el Estado. Esto será positivo en la medida que el crecimiento económico se esté comportando positivamente, ya que permitirá a esta población aprovechar los beneficios que este ofrece. Si no, será necesario promover un crecimiento aun mas acelerado (China está creciendo a tasas del 10% promedio anual) y de ancha base para reducir de manera efectiva la pobreza en nuestro país.
El título del presente post es una reproducción del texto que se utiliza como "muletilla" o "clisé" en la sección Análisis Costo Beneficio (ACB) de las iniciativas legislativas emitidas por nuestro Congreso de la República. Tome ud. al azar cualquier iniciativa legal de los últimos 3 o 4 años y verá que no me equivoco (ver para el 2006 el siguiente enlace). De las iniciativas que haya seleccionado, independientemente de qué bancada o qué legislador la emitió, más del 97% utiliza esta, u otras variaciones de esta fórmula. Yo he realizado esta prueba haciendo un muestreo de 247 iniciativas legales formuladas entre el 8 de mayo de 2006 y el 14 de junio del 2007, donde he encontrado las siguientes formulaciones que en el fondo, dicen lo mismo:
"La presente iniciativa legislativa...", o también, "El presente proyecto de ley...
... No irroga(rá) (mayor) gasto (costo) alguno al erario nacional ... No ocasiona(rá) egreso (costo) alguno al Estado ... No implica costo para el Estado ... No genera(rá) gasto alguno al Estado ... No importa creación, ni aumento del gasto público ... No genera gasto público alguno ... No genera egreso al Tesoro público ... No genera mayor mayor costo al presupuesto público ... No genera un impacto significativo en las finanzas públicas ... No contiene iniciativa de gasto, careciendo de impacto en el Tesoro público
Como queda evidente, esta sección es de las más pobres y ridículas de las iniciativas legales formuladas en el Congreso, a pesar que en el 2004 se presentó un manual que presenta una metodología paso a paso para que se formule adecuadamente este análisis (ver este enlace). El reglamento oficial de funcionamiento del Congreso obliga a que las iniciativas legales incluyan el análisis ACB (ver artículo 75 aquí), pero debería exigir más bien que se la presente cuando existe capacidad técnica suficiente para formularla bien. De hecho, los mejores intentos en ese sentido son solo una colección de declaraciones y afirmaciones cualitativas que no resisten la más mínima prueba de análisis.
Lo anterior, pone en tela de juicio los beneficios de la puesta en marcha del plan de Fortalecimiento Institucional del Congreso Peruano en el 2003, el cual tiene un costo de US$ 7 millones proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo a un plazo de 20 años (5 de gracia) y con tasa de interés variable, entre cuyas premisas se encontraba precisamente la implementación de una relación virtuosa entre un Centro de Investigación Parlamentaria que insuma de análisis políticos, económicos y sociales de elevada calidad técnica para la sustentación de los proyectos de ley (Vea el proyecto completo aquí; y vea las fotos de la firma del convenio aquí).
En este punto me pregunto, ¿Cuál es la capacidad técnica de los asesores en el parlamento peruano? ¿Por qué es tan baja la calidad técnica de las iniciativas legislativas? ¿Se debe al excesivo número de abogados que cuentan como asesores en el Congreso? ¿Es necesario prescindir de este análisis para que una propuesta de ley esté bien formulada?
Comenzaré respondiendo la última pregunta. En primer lugar, no todo proyecto de ley debe incluir el análisis ACB. De hecho, esta es una de varias herramientas con que cuenta la economía o en general, las ciencias sociales para evaluar la calidad de una recomendación de política. Señalaré sólo una más: el análisis costo efectividad. Es posible sustentar una propuesta de ley señalando las ventajas de un proyecto por el bajo costo de su implementación. Pero no puede engañarse a la sociedad de manera tan ingenua señalando que una propuesta en particular "no genera costos al erario nacional". Todo tiene su costo, o nada es gratis, esa es una ley fundamental de la vida. Ergo, sí se puede señalar que una decisión genera un costo menor que si no se la hubiera tomado.
Respecto a lo segundo (siempre en orden inverso), no puedo decir que el problema sea el excesivo número de abogados. Conozco abogados que manejan instrumentación técnica de manera muy respetable, tanto desde el punto de vista legal como económico. O en todo caso, tercerizan el trabajo a quienes corresponda (economistas, ingenieros, médicos, etc.) para completar adecuadamente el análisis, según el campo que cubra la iniciativa. No obstante, sería bueno balancear la composición de asesores en el Congreso, atendiendo a un número diverso de ramas profesionales competentes para la formulación de propuestas de ley.
En cuanto a lo tercero, la calidad de las propuestas va desde las muy buenas (atendiendo a la fundamentación o exposición de motivos) hasta las copias piratas de proyectos de ley de otros Parlamentos (ver este post). Habría que calificar las propuestas según un ranking de calidad de fundamentación técnica a través de algunos indicadores básicos, incluyendo el tema del análisis ACB, para después conocer realmente cuál es la proporción de ellas que son de excelente calidad, cuales son las regulares, y cuáles las pésimas. Quizá este trabajo lo deseen hacer los de Transparencia o Ciudadanos al día porque no creo que el propio Congreso pueda autoevaluarse.
Finalmente, sobre la última pregunta (o primera según aparición) no me queda otra cosa que sugerir que es necesario evaluar a los asesores como tal. No obstante, a pesar de los resultados que salgan, es preciso señalar que existe la falacia de pensar que una mejor sustentación técnica en las iniciativas legales del Congreso supondrán una mayor calidad de la democracia. Yo no creo en ello. Si creo que si se utilizan las herramientas científicas, deben ser usadas apropiadamente.
Una mayor calidad de la democracia para mí significa que todas las voces de todos las fuentes del conocimiento humano sean igualmente respetadas como razones válidas a ser consideradas en la formulación de las iniciativas legales. Esta declaración hace eco a las ideas de Feyerabend en su Tratado contra el método (1975). Esto implica que bien pueden existir razones políticas, sociales ó económicas, pero no necesariamente todas a la vez, ya que, tal como Giandoménico Majone sustenta, finalmente (pág. 33, Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, FCE, 1997):
La política pública está hecha de palabras. En forma escrita u oral, la argumentación es esencial en todas las etapas del proceso de formulación de políticas. Hay discusión en toda organización, privada o pública, y en todo sistema político, incluso en una dictadura; pero se encuentra tanto en la base de la política y de la política democrática, que se ha llamado a la democracia un sistema de gobierno mediante la discusión. Los partidos políticos, el electorado, la legislatura, el ejecutivo, los tribunales, los medios de difusión, los grupos de interés y los expertos independientes intervienen en un proceso continuo de debate y mutua persuasión.
Y tiene mucha razón. Así que si van a incluir el análisis ACB, o cualquier otro instrumento técnico, señores asesores del Congreso peruano, úsenlos bien! Por si las dudas, sería bueno también modificar el artículo 75 del reglamento del Congreso donde no se obligue a utilizar esta herramienta, sino más bien, que cuando se utilice, que esta tenga todo el rigor posible validado por uno o varios especialistas de rigor.
Explorando algunas de las estadísticas vitales de Lima Metropolitana en el INEI (ver Biblioinei), me topé con los datos registrados sobre las bodas y divorcios en Lima y Callao desde 1994 hasta el 2003. Me detuve a observar los datos, un tanto rezagados para el 2007, donde pude apreciar que el ranking de matrimonios es liderado por distritos populosos como son San Juan de Lurigancho y Comas. En contraste, los divorcios son liderados por distritos que podríamos decir son nivel socioeconómico medio y alto, como son Magdalena y Alto, respectivamente. La pregunta surgió inmediatamente: ¿Se explica el éxito matrimonial de una pareja por el nivel de desarrollo humano del distrito donde ella viva? Al parecer, la respuesta es afirmativa.
Para evaluar dicha pregunta se me ocurrió construir un indicador que relacione el grado de éxito matrimonial en cada distrito, definido como el porcentaje de divorcios ocurridos respecto de los matrimonios celebrados en un mismo periodo; y de otro lado, tomé los datos del nivel de vida de los distritos (definido a través del Indice de Desarrollo Humano publicado por el PNUD - puede bajarlo aquí) donde se producen tales eventos. Los resultados se pueden apreciar en el siguiente gráfico:
Puede apreciarse con claridad que los distritos de menor nivel de vida relativo tienden a explicar un mayor éxito matrimonial, mientras que del otro lado, en los distritos de mayor nivel de vida -o de desarrollo humano- la tasa de fracaso matrimonial es más elevada.
Es necesario evaluar con mayor tranquilidad los anteriores resultados pues podríamos obtener conclusiones erróneas para la formulación de recomendaciones útiles en nuestra ciudad. En primer lugar, no todo matrimonio que termina en divorcio significa un fracaso. A veces esta es la salida más eficiente para una relación deteriorada por la violencia, sea física o psicológica, sea para la mujer o el hombre o para los hijos e hijas. Una nota reciente del Diario El Comercio comenta este tema con mucha discreción el cual podría estar anidado en muchos de los supuestos matrimonios que perduran oficialmente "con éxito". En segundo lugar, no se han evaluado en este breve artículo los casos de parejas que deciden convivir, los que, de conocerse su grado de éxito en términos del indicador construido inicialmente, podrían revelar cuestiones interesantes sobre las decisiones de matrimonio o divorcio en nuestra ciudad. Finalmente, faltan evaluar otras variables que están asociadas a la calidad de los matrimonios y de los divorcios que se dan. No se sabe la edad de los que contraen nupcias, el momento en que tuvieron hijos (antes, durante o después), el nivel educativo, el modelo cultural (entre otras cosas, la religión de la pareja), entre otros puntos que explican con mayor riqueza la vida conyugal.
Un marco teórico muy rico para analizar las decisiones de nupcialidad, de convivir, de divorciarse o incluso, tener hijos ha sido el desarrollado por Gary Becker en su Treatise on the family, escrito en 1981, y ampliado una década después. Según este economista, la decisión de casarse tiene que ver con las expectativas de incremento de la productividad logrados a partir de la división del trabajo al interior del hogar. Cuando sucede lo contrario, las decisiones de la pareja se bifurcan en varios sentidos opuestos disolviendo finalmente la relación. No estoy seguro que tanto pueda servir este esquema de análisis puesto que en nuestro país existen prácticas culturales que divergen con las realizadas por los países del norte, como por ejemplo el servinacuy (o casamiento de prueba). En teoría, esta práctica heredada de los incas, y practicada en algunas regiones, podría minimizar los riesgos de un matrimonio fracasado. No se conoce que tanto perdura esta entre las nuevas generaciones de jóvenes o si existen prácticas alternativas.
Respecto al tema de la violencia, sólo he encontrado este artículo que comenta un estudio realizado sobre la violencia doméstica fundamentalmente hacia las mujeres.
Uno de los pocos científicos sociales de nuestro país que ha tocado el análisis de las estadísticas vitales es Carlos Eduardo Aramburú, del cual he encontrado este breve artículo que analiza la nupcialidad en nuestro país para el 2004, tomando información de las Encuestas de Salud (ENDES). Espero encontrar otros más para enriquecer la mirada sobre este tópico fundamental en nuestra sociedad.
Sobre los costos de casamiento en los distritos de Lima, hay un estudio algo desfasado comentado en el siguiente artículo del diario oficial El Peruano.
Finalmente, hay una muy reciente encuesta sobre la sexualidad en Lima realizada por la PUCP que vale la pena revisar.
Luego de mirar algunos de los momentos más significativos de la última temporada de CSI Las Vegas en YouTube, darme una vuelta por el centro de Lima, específicamente por la cuadra 11 y 12 de la Av. Wilson para conseguir la última versión de SPSS, comprar un dvd de la memorable "Cartas desde Iwo Jima" en "el Hueco", sacar fotocopias en la PUCP del reader que contiene capítulos enteros de libros inaccesibles para mi maestría, dejar a mis alumnos de ingeniería económica de la UNI un reader con capítulos de libros que la UNI no puede comprar con su conflictivo presupuesto, prender mi iPod para escuchar el último cd de The Corrs, hago un alto, y me pongo a pensar en lo que significa la piratería en nuestro país.
En primer lugar, reviso algunas definiciones modernas de este término. La Real Academia Española tiene lo siguiente:
3. f. Robo o destrucción de los bienes de alguien.
Por su parte, Wikipedia declara que la voz pirata proviene de una palabra griega (peirates) que significa "esforzarse", "tratar de", "intentar la fortuna en las aventuras". De manera que podemos advertir que hay una connotación moderna muy negativa de esta actividad, aunque no necesariamente tendría por qué serlo si atendemos a las raíces históricas del término.
Como sea, se concibe que la piratería es cualquier actividad de copia ilegal de un bien, sea tangible o intangible. En nuestro país, el Indecopi se ocupa formalmente de este problema. Y social y particularmente (ya que yo también escribo libros y artículos), creo que a nadie le gustaría ser "pirateado" en nuestro país; a menos que los pirateados sean los "otros". Y estos "otros" no son los que viven al otro lado de la isla de "Lost", sino más bien aquellos que viven en los territorios cuyo PIB per capita es superior a los 20 mil dólares. Como se recordará, en nuestro país apenas bordeamos el 10% de esa cifra; y para colmo, mal distribuido.
Los bienes pirateados parecen estar concentrados en algunos pocos rubros: software, música, video y libros. El IIPA (Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual, siglas en inglés) ha reportado que las pérdidas que ha generado la piratería en nuestro país durante el 2006 ha sido de alrededor de 90 millones de dólares (incluyendo un estimado propio de 10 millones por pérdidas en el negocio de los libros); lo que de manera agregada representa un 18% menos pérdidas que en el 2005. Las cifras aparecen en la siguiente tabla (tomada del informe del IIPA, pág. 363).
A pesar de estas cifras, el Perú se mantiene en la lista de observación de segunda línea, ya que en la primera (Lista de observación prioritaria) se encuentran los siguientes países: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Egipto, India, Israel, México, República Popular de China, Federación Rusa, Arabia Saudita, Tailandia, Turquía, Ucraina y Venezuela. Esto quiere decir que no necesariamente un mayor nivel de vida relativo resolverá el problema de la piratería (ya que tenemos a países como Canadá, Argentina o Chile), puesto que ella se desarrolla como una institución costo eficiente frente a las limitaciones formales impuestas por la globalización hacia el acceso de la información y la tecnología, al punto que algunos países, como Chile, pone en entredicho la firma del TLC con USA (Ver pág. 17, aquí).
Yo dividiría la piratería en dos: la piratería por restricciones a la globalización del conocimiento y la piratería por la pura diversión o entretenimiento. No es lo mismo pues, que una masa de estudiantes de las universidades públicas y privadas pirateen libros de ciencia para así poder completar sus estudios con éxito ya que el costo de acceder a los mismos es muy elevado todavía; que un estudiante del primer mundo que puede costearse sin problemas los libros que necesita o, si tuviera problemas, puede ir a su biblioteca y solicitarlo ya que en su país si se invierten en ciencia y tecnología más que proporcionalmente que en un país tercermundista. Mientras que un libro especializado cuesta alrededor de US$ 30 en alguna de las librerías más importantes de Lima, en las ferias de libros se venden copias piratas del mismo en un poco más de US$ 6.
Algo similar ocurre con el software para realizar los trabajos de investigación ya sea en la universidad o en las microempresas. El costo de la suite de MS Office cuesta alrededor de US$ 200, en tanto que en los centros de piratería puede costar el US$ 1.5 el CD o DVD de instalación donde se incluyen a veces otros programas relacionados. En el caso de SPSS, cada copia legal cuesta US$ 2 mil con lo que el dolar y medio que cuesta un DVD pirata con este programa es por demás barato. No se podrían elaborar miles de trabajos de investigación si se tuviera que pagar el costo por comprar tales programas pues sería prohibitivo. En ese sentido, diría que el país realmente perdería productividad por no acceder al software pirata cuyo uso se ha estandarizado.
Un problema distinto me parece el que acontece con la piratería de ideas ya sea en la academia o en las empresas. En el límite, yo creo que las ideas deben ser bienes de uso público en tanto se reconozca a quien lo dijo o produjo. Pero eso significa construir una economía distinta a la que actualmente funciona donde la propiedad privada es valorada a través del copyright mucho más que la propiedad pública o compartida. La propiedad puede ser privada, pero el beneficio y reconocimiento de ella debería ser público. Esta es una de las apuestas de Creative Commons a la cual me he sujeto a la hora de publicar mis ideas en este post.
Desde ese punto de vista, lo que realizan los estudiantes de las universidades (de pre y pos grado), que copian textos elaborados en sus centros de trabajo, en internet, o en bases de datos de informes técnicos de sus oficinas, o que bien mandan a elaborar sus monografías en centros que se apostillan al frente de las universidades con rótulos o avisos que dicen: "Se hacen TESIS - Cel. 9999999" realizan un trabajo que no genera valor agregado y ello si perjudica a la productividad del país. No acumulan. Depredan.
Por otra parte, es perfectamente posible basarse en las ideas producidas por otros, reconociendo su autoría, para producir nuevas ideas en un medio donde se goce de la confianza y reconocimiento mutuo. En nuestro país, no existe eso. Existe desconfianza, y no hay reconocimiento del otro, sino que más bien existe una cultura del "serrucho" (quitarle el puesto a alguien); o la del "explotador" (quitarle las ideas al practicante o subordinado). En ambos casos, creo que es una forma de piratería donde hay un ganador y un perdedor y que es una situación que como sociedad, arroja pérdidas totales y que deberían ser severamente penalizadas.
Concluyo entonces que la piratería del conocimiento que puede ser calificada como "buena" es aquella que propone un esquema "win-win" es decir donde todos salen ganando; mientras que la piratería que propone un esquema "win-lose" o de suma cero es perniciosa por cuanto no incentiva la productividad.
Respecto de la piratería por entretenimiento o diversión como son el cine y la música creo que debería afinarse un principio: puesto que las ganancias de estas actividades son extraordinarias, debería haber un límite (en alguna unidad de medida, ya sea de tiempo o de copias legales vendidas por el autor) a partir del cual la legalidad debería reconocer que estos bienes se transforman en un bien público. La primera vez que se escucha a un cantante o se ve una película se produce un impacto comercial de tal magnitud que se paga lo que sea por tener acceso a las ondas visuales y sonoras que emiten. La segunda, tercera, cuarta y eneava vez ya disminuye esa primera ansiedad de su disfrute. Incluso puede resultar más satisfactorio, si se tiene la habilidad, de cantarlo uno mismo, o de pagar a alguien para que lo haga en vivo, o de comentar la frase más relevante, o de imitar masivamente alguna mueca realizada por el actor favorito. Una iniciativa loable en ese sentido es la aplicada por Gianmarco, quien desde su página web se puede bajar 4 singles de su último disco, (Baje su último éxito No te avisa).
De esa manera, la secuencia de notas musicales o el patrón de luz emitido por las películas se convierte en un bien público, en muy poco tiempo con el desarrollo espectacular que han tenido los medios de comunicación. No queda otra cosa a los artistas que seguir produciendo nuevas secuencias de luz o música y realizar presentaciones en vivo o noticias por sus acciones destacadas en favor de los niños pobres o el medio ambiente, para mantener la popularidad y el beneficio espumoso de la fama.
Concluyo entonces con esta segunda proposición: la idea de limitar la piratería de entretenimiento tanto para los videos, la música o los dvds de juegos es ilusoria en el sentido del tiempo de permanencia (o en alguna medida equivalente) de la prohibición. Esta industria ha tenido su capacidad de disfrutar de sus beneficios tanto tiempo como lo ha permitido el avance de la tecnología que ha democratizado la diversión en los países pobres o altamente desiguales como el nuestro. A mayor tecnología, menor el tiempo que ha tenido esta industria para disfrutar de sus beneficios.
¿Debería la sociedad promover la piratería? Esta pregunta ya está respondida. La sociedad peruana lo está haciendo. ¿Qué puede hacer el Estado ante esta situación? El Estado puede promover formas alternativas que respeten los puntos de vista de los otros países pero sin doblegar su capacidad de defender el mercado de trabajo de quienes se sustentan con esta actividad. Piénsese un momento en los miles de personas y familias que ellas representan que sobreviven con este negocio. En el caso del software sorprenderá saber que muchos de ellos tienen educación superior técnica o superior (hay muchos ingenieros de sistemas en este negocio) que se la pasan viendo como "crakear" un nuevo producto. ¿Dónde se ubicarían estas personas si se les quita "su trabajo"? Por ejemplo, se dice que se ha limitado la importación formal de CDs y DVDs de 150 millones a 52 millones entre el 2005 y el 2006. Esto ha traído consecuencias funestas para el Estado puesto que ya no se paga impuestos por importar formalmente estos insumos de la piratería. En palabras del informe antes citado (pág. 364):
The Copyright Office of INDECOPI reported that blank OD imports have decreased from 140 million copies in 2005 to an estimated 52 million during 2006. This does not necessary mean that there is less blank media entering Peru. The reports do not indicate any increase or decrease in the imports of media with an uncertain destiny. Rather the data suggests that certain border measures have created incentives to smuggle the blank media into Peru as contraband, no longer being declared as imports. According to official 2005 customs statistics, the major blank media importer has moved to Iquique, a free port in the north of Chile, from which it is publicly known that significant amounts of contraband come to Peru.
Traduciendo libremente:
La oficina de Copyright del INDECOPI ha reportado que los medios ópticos (MO) en blanco han disminuido de 140 millones en el 2005 a 52 millones durante el 2006. Esto no significa necesariamente que hay menos entradas de MOs al Perú. Los reportes no indican algún incremento o decremento en las importaciones de estos productos con destino incierto. Al contrario, los datos sugieren que ciertas medidas tomadas han creado incentivos para que estos entren al país como contrabando, los cuales ya no son declarados como importaciones. De acuerdo con las estadísticas oficiales del 2005, el mayor importador de medios en blanco se ha mudado a Iquique, un puerto libre al norte de Chile, del cual es públicamente conocido que cantidades significativas de contrabando llegan al Perú.
Esto explica por qué a veces cuando uno toma un viaje hacia La Paz en Bolivia, o Puno en Perú, los CDs y DVDs son más baratos (por algunos centavos) y abundantes (al menos visualmente) que en el propio Lima. A pesar de lo señalado, no existe una política agresiva desde el Estado que promueva el uso del software libre o de código abierto que es altamente competitivo como el OpenOffice (el alter ego gratuito de MS Office) o Google Docs (que es gratuito pero depende de cuan extendido esté el uso de internet, que en nuestro país ese acceso todavía se encuentra limitado por el monopolio tácito de las comunicaciones a cargo de Telefónica), Thunderbird (en vez de MS Outlook), Epidata o CSPro como programas informáticos alternativos para la entrada y análisis de datos (en vez de SPSS y Dataentry), y muchos otros que no he explorado aún. Un país que ha tomado la decisión política para que su ciudadanía uso este tipo de software ha sido Venezuela, donde me di con la sorpresa de que la burocracia del sector público está obligado a utilizar OpenOffice (Decreto N° 3390, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38095 del 28 de diciembre del 2004). Hubo un costo de aprendizaje trasladado a su personal, pero este uso ha tenido un efecto multiplicador que está calando en mayores capas de su sociedad.
Finalmente, en el caso de los libros, es necesario que se bajen los costos relativos de los libros, eliminando los impuestos a la importación y promoviendo convenios con las propias editoras para que se provean de copias legales de los libros con un formato adecuado para nuestro país.
En conclusión, puedo decir que el tema de la piratería es de una naturaleza de doble filo. Ante la falta de alternativas democratizadoras del conocimiento, puede ser un elemento que posibilite un mayor crecimiento económico en los países menos desarrollados. En ese sentido, el Estado tiene ciertos márgenes de acción legítimamente posibles, a menos que haga el rol declaratorio siguiéndole la onda a la IIPA, pero no ejecutorio que parece seguir hasta la fecha. El punto sobre los bienes que conforman la industria de la diversión tiene visos de cambio no solo en los países del sur, sino también del propio norte lo que podría transformar la naturaleza de este mercado tal y como lo conocemos hasta ahora. Quizá, en algo como John Lennon cantaba en Imagine:
Imagine no possesions I wonder if you can No need for greed or hunger In a brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world...
You may say i'm a dreamer But i'm not the only one I hope some day you'll join us And the world will be as one
A través de la lista de distribución yahoo de Macroperu, donde buena parte de los economistas y sociólogos más destacados de nuestro país conversan tópicos de coyuntura, me entero de esta importante acotación realizada por el ex jefe del INEI, Farid Matuk, sobre la afirmación del MMM 2008-2010 de que este gobierno logrará reducir la pobreza en 3 millones de personas (Ver pág. 3 aquí). De acuerdo con Matuk, manteniendo el optimismo de los supuestos macroeconómicos del Marco, tendremos una reducción total de la pobreza de 1.5 millones de personas. A continuación su texto:
Como se recuerda, el Presidente Toledo informó al país el 28 de Julio de 2004 que habían 420,000 pobres menos, y como Jefe del INEI tuve la ingrata tarea de informar que no había matemática en la Tierra que permitieran llegar a esa cifra.
Un hecho similar se presenta en el último Marco Macroeconómico Multianual donde se afirma "que mas de tres millones de personas dejen la condición de pobres al finalizar el presente Gobierno", pero como en 2004 no hay matemática en la Tierra que permita llegar a esa cifra.
Para 2005, la población era 27.219 millones. Con una tasa de crecimiento poblacional de 1.3% anual, tenemos para 2006 la cifra de 27'572,847 personas y para 2011 la cifra de 29'412,290 personas.
De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual, se puede asumir 48% de pobres en 2006 que implican 13'234,867 personas, y 40% de pobres en 2011 que implican 11'769,916 personas. Al restar estas dos cifras se tiene una reducción de 1'469,951 personas.
Para redondear tendríamos 1.5 millones de pobres menos en 2011, y no los 3 millones pobres menos anunciados, un pequeño error del 100%.
Carlos Slim, considerado por la revista Forbes como el tercer hombre más rico del mundo (y el primero de América Latina), ha hablado hoy sobre cómo combatir la pobreza con éxito. A continuación, presento dos "pepitas" de su discurso magistral brindado ante el XIII foro de la Asociación Internacional de Escuelas de Negocios de Universidades Jesuitas, realizado hoy en Guadalajara, México:
"Es una equivocación pensar que la pobreza de un país se acaba con la caridad. Hemos visto que los donativos no sirven de nada"
"No es suficiente con que se regalen trillones de dólares o que haya miles de organizaciones, conferencias, instituciones, juntas y expertos dedicados a combatir la pobreza. Hemos visto que eso no ha funcionado, sólo es alivio temporal".
De acuerdo con Slim, la fórmula para acabar con la pobreza es invertir en el desarrollo del capital humano y físico. Las deudas o la condonación de ellas, tal como lo demuestra la experiencia de varios países asiáticos, nunca han resuelto este problema.
Estas declaraciones acaban de ser publicadas en la red Invertia.com, cuyo artículo completo puede leerse aquí.
Casualmente, la misma red, acaba de publicar una nota acerca del Informe del ICE (Indice de Clima Económico) preparado por el Instituto IFO y la Fundación Getulio Vargas, donde el Perú está rankeado como el segundo país con mejor clima para las inversiones, siendo superado unicamente por Uruguay y secundado por Argentina y Colombia. Ver la nota aquí.
Muy interesante me ha parecido el artículo publicado por la revista Finanzas y Desarrollo del FMI de este mes de junio, acerca del poder económico de las mujeres para influir en los niveles de vida de la población. La hipótesis central es que, reducir las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a oportunidades socioeconómicas tiene un impacto significativo en el crecimiento económico y el bienestar de los hogares y de la comunidad. El objetivo 3 de la lista de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que aborda el tema de género, es como sigue:
ODM # 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer
Y la meta concreta a conseguir es:
Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015.
En ese sentido, de acuerdo con las autoras del artículo (Mayra Buvinic y Elizabeth M. King), diseñar e implementar políticas públicas que apunten a desarrollar la autonomía de la mujer y reducir las disparidades de género es hacer que la economía en su conjunto no sea fría, ni torpe, sino mas bien, una economía inteligente. En efecto, invertir en las mujeres tiene un impacto costo eficiente en otros ODMs. De manera específica: Lograr el acceso a una educación primaria universal (ODM2), reducir la mortalidad infantil en los menores de 5 años (ODM4), mejorar la salud materna (ODM5), y reducir de la probabilidad de contraer HIV/SIDA (ODM6). El siguiente gráfico (tomado del artículo revisado) resume la cadena de eventos positivos desencadenados al abordar la equidad de género:
Tomando en cuenta todos estos beneficios, podremos apreciar que finalmente tenemos un impacto agregado en el ODM1: Reducir la pobreza y promover el crecimiento. Esto es gracias a que la mayor participación de la mujer en los mercados (trabajo, tierra y crédito) puede repercutir en una mejor distribución de sus ingresos entre los miembros del hogar, en especial, los niños y niñas. Existen estudios que muestran evidencia que el gasto de las mujeres que trabajan se dirige especialmente a mejorar la alimentación, la educación y la salud de sus hijos e hijas. En ese sentido, el retorno económico de una mayor educación en la mujer sobrepasa a ella misma, tanto para su familia como para su comunidad.
En el caso del Perú, tenemos los siguientes valores estimados para los indicadores del ODM3 (Elaborado por F. Matuk sobre la base la Encuesta Continua 2006):
Indicador 9: Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior.
Índice de Paridad de Género en enrolamiento primario (6-17 años) 97.1%
Índice de Paridad de Género en enrolamiento secundario (6-17 años) 96.3%
Índice de Paridad de Género en enrolamiento terciario (6-17 años) 144.4%
Indicador 10: Relación entre las tasas de alfabetización de mujeres y hombres entre 15 y 24 años.
Índice de Paridad de Género en alfabetismo de 15 a 24 años 96.9%
Indicador 11: Proporción de mujeres entre los trabajadores remunerados en el sector no agrícola.
Porcentaje de mujeres con empleo en sector no agrícola 51.9%
Porcentaje de mujeres con empleo asalariado en sector no agrícola 35.0%
Indicador 12: Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional
Porcentaje de mujeres en el parlamento nacional 29.1%
La línea de base para el presente gobierno está pintada. Sólo faltan ocho años para ver si se alcanzaron las metas previstas, y de acuerdo con el marco teórico revisado, si se presta atención al problema de la inequidad de oportunidades según género, podremos superar el objetivo mayor: reducir la pobreza al 25%.
Un nuevo estudio publicado por la ONPE, permite apreciar el grado de ausentismo electoral que tuvieron los militares habilitados para sufragar en las últimas elecciones generales del 9 de abril del 2006. De acuerdo con los resultados del estudio, el ausentismo electoral militar alcanzó el 36.55% del total de los electores listados (50,378 efectivos) siendo mayor la incidencia de este fenómeno en el grupo de oficiales del ejército peruano (54.75% de 19,883). En contraste, el grupo que tuvo un menor ausentismo -y por lo tanto el que tuvo un mayor ejercicio de su ciudadanía- fue la Marina de Guerra del Perú con el 21.76% (de un total de 20,500). En el nivel intermedio se ubicó la Fuerza Aérea del Perú con el 30.67% de ausentismo (de 9,995). De acuerdo con los autores de la investigación (Ana María Tamayo y José Robles, nov. de 2006) los factores que explican estos niveles de ausentismo son (págs. 87-88, las cursivas son mías):
La ausencia de un adecuado marco legal: Luego de la aprobación de la reforma constitucional que reconoció el derecho al voto a militares y policías, los poderes Ejecutivo y Legislativo no implementaron normas de desarrollo constitucional ni reglamentario para dar operatividad al ejercicio del derecho al voto otorgado a los militares y policías. [...]
La falta de una coordinación más fluida entre los organismos electorales y el Ministerio de Defensa: [...] Las instancias de coordinación electoral existentes para abordar los mecanismos de implementación del voto de militares y policías, no contaron con el suficiente respaldo político de sus respectivas jefaturas, como para hacer prevalecer dichas instancias sobre una dinámica de coordinación entre cada órgano electoral y el sector Defensa. [...]
Cultura institucional: Ante la ausencia de una dirección política decidida del Ministerio de Defensa para garantizar el efectivo ejercicio del derecho al voto del personal militar, cada comando institucional reinterpretó los planes, directivas y órdenes emitidas desde el Comando Conjunto hacia sus unidades dependientes; así privilegiaron, en algunos casos de forma más decisiva, el resguardo y la seguridad del proceso electoral sobre el ejercicio del derecho al voto, lo que trajo como consecuencia niveles de ausentismo diferenciado por Instituto. [...]
Cabe destacar que, al margen de las razones esbozadas por los investigadores, esta es la primera experiencia en la historia moderna peruana sobre el voto militar. En ese sentido, creo que es importante conocer no sólo el punto de vista del ente electoral que organiza las elecciones (a pesar que la ONPE deslinde su posición de la de los autores), sino también los puntos de vista de las otras instituciones que se vieron involucradas en el proceso, incluidos los de los propios militares. Sería más saludable, desde un punto de vista metodológico pluralista, que una entidad políticamente neutral pueda elaborar una sistematización de esta experiencia (y también por qué no de las ERM) para evaluar los pro y los contra de este proceso, a fin de tomar mejores opciones de política la próxima vez que se organicen elecciones de carácter nacional o subnacional.
De todas maneras, este primer esfuerzo es importante, porque permite establecer ciertas hipótesis macro que podrían ser evaluadas en el nivel más micro, con la finalidad de obtener lecciones prácticas que ayuden a organizar y ejecutar elecciones más limpias, coordinadas, eficientes y transparentes con una mayor participación de todos los ciudadanos e instituciones del país, entre ellos, a los oficiales de nuestras fuerzas armadas.
Una hipótesis, muy antojada de probar de mi parte, es aquella que intentaría relacionar el nivel de vida promedio de los oficiales de las tres instituciones militares versus su nivel de participación en las elecciones. Creo que hay una relación inversa entre el nivel de ejercicio de la ciudadanía -en su dimensión electoral- y el nivel socioeconómico que se reproduce al interior de las fuerzas armadas; tal como parece sugerir la evidencia macroelectoral para el caso de la sociedad en general. Quiere decir esto que el nivel de vida de los militares es inferior en promedio que el de los oficiales de la Fuerza Aérea, y estos a su vez que de los oficiales de la Marina? Habrá que probar dicha hipótesis.
