martes, septiembre 11, 2007

La consulta popular de Rio Blanco

El ya anunciado conflicto político y social sobre el proyecto minero Río Blanco, en Huancabamba, Piura, Perú, ha comenzado a estallar. Resulta interesante ver como los organismos del Estado han ingresado a la escena desde distintos vértices de acción: el Ejecutivo, el MEM y el JNE de un lado apelando al desarrollo y a la ilegitimidad de la consulta popular solicitada por el gobierno local de Huancabamba. Del otro lado se encuentran la Defensoría del Pueblo y la ONPE analizando el conflicto y apoyando la consulta promovida por el GL. En el interín, las ONGs como grupo son quizás el blanco político más fácil de atacar dada la coyuntura de la resolución del Tribunal Constitucional y el fuerte protagonismo de algunas de ellas frente al tema de la protección ambiental.

La ganadora expectante de este juego es la Minera Majaz, propiedad de Monterrico Metals plc, cuyo directorio (liderado por el ex embajador de Inglaterra en Perú entre el 2003-2006 y acompañado por varios inversionistas chinos) ha estimado que el depósito de cobre hallado en 1994 en Huancabamba los convertirá en uno de los veinte principales productores de este mineral en el mundo. Se estima que al año en promedio podrán sacar alrededor de 191 mil toneladas de cobre más 2.2 mil toneladas de molibideno superando a las mineras Bingham Canyon (250kt), Los Bronces (225kt), Olympic Dam (190kt) y Ok Tedi (185kt).

De lo anterior se explica la necesidad del Ejecutivo de apostar por este tipo de proyectos que podrían poner al Perú en una posición muy competitiva respecto de la principal productora de cobre del mundo: Chile. Así lo argumenta hoy día, el diario oficial El Peruano al publicar en su editorial titulada "Minería y Desarrollo" la necesidad de dejar pasar, dejar hacer a la minería por los múltiples beneficios que ella redituaría a la sociedad peruana: ingresos al fisco, divisas y salarios medios altos para los [pocos] trabajadores del sector.

También se presenta la idea de que las acciones civiles para la protección ambiental no deben convertirse en un instrumento que paralice el desarrollo del país. Es decir, quieren decir los gobiernistas, no debe paralizar la inversión minera. Sólo deberíamos exigirle, dice el artículo, que cumplan con ejecutar un buen Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tal como sugieren las siguientes palabras:
Es cierto que hay casos de contaminación ambiental por obra de la minería, pero a estas alturas de la historia toda corporación seria tiene una política orientada al respeto del medio ambiente debido a que, en sus países de origen, existen severas disposiciones acerca de la forma en que los proyectos de este tipo deben efectuar estudios de impacto ambiental.

En consecuencia, los peruanos solamente debemos exigir a las empresas mineras los mismos requisitos que se plantean en el mundo desarrollado y sería absurdo que ellas no pudieran cumplir aquí ese tipo de regulaciones.
Estas declaraciones nos llevan a indagar un poco más en la empresa y en el grado de seriedad específico de ella apelada por el Ejecutivo. La página web de esta empresa nos indica que es de reciente nacimiento y que se ha registrado en Londres, con un capital muy pequeño (apenas unas cuantas decenas de millones de dólares), para realizar operaciones exclusivamente en el Perú.

Respecto a su seriedad no tenemos registro alguno pues nos queda claro que el proyecto Río Blanco es su primera operación a realizar en todo el mundo. De allí sólo nos quedaría inspeccionar la experiencia individual que reportan sus directivos pero terminaríamos con un estudio de corte periodístico que no es mi intención abordar. Además en el límite, aún teniendo toda la información disponible es posible que nos quedemos con algunas dudas del grado de seriedad que pueden alcanzar en conjunto este grupo de inversionistas.

Así que lo único que si sabemos es que esta empresa ha avanzado en cumplir con las exigencias mínimas que tiene nuestra legislación: la realización del EIA y el EIS (Estudio de Impacto Social).

En el primer caso, de acuerdo con la web de Monterrico Metals plc, el EIA ha sido encargado a Knight Piésold Consulting quienes saben venderse bien en estos menesteres, según su web oficial:
Las evaluaciones del medio ambiente se realizan de conformidad a las pautas de las agencias institucionales internacionales de préstamos más importantes, incluyendo el Banco Mundial, y acatando la legislación ambiental del país en que se sitúa el proyecto. Los estudios llevados a cabo por la Empresa a menudo llevan a la creación de recomendaciones que afectan el diseño del proyecto, de manera de reducir al mínimo los impactos y lograr un equilibrio entre el desarrollo y la protección del medio ambiente.
Sospecho que esta empresa no hará más que validar las afirmaciones ya realizadas por la empresa donde señalan que el método de extracción abierto garantizará "un menor consumo de agua, facilidad de reciclaje del agua, reducción del área de impacto, y permite la rehabilitación y reforestación del sitio de manera progresiva".

Por otro lado, la consultora también señala que maneja bien la realización de los EISs:
Knight Piésold ha participado en numerosas evaluaciones importantes de impacto ambiental y social y sistemas de gestión preparadas para cumplir con las expectativas de "Equator Principles" e "International Finance Corporation". Como resultado de la combinación del conocimiento y la experiencia global colectiva de nuestro experto personal podemos ofrecer una integración de experiencias y perspectivas culturales únicas en una variedad de escenarios. Asi mismo tenemos extensa experiencia en una variedad de programas educacionales y de entrenamiento para todos los níveles de sofisticación empresarial. Nuestras evaluaciones de impacto social, programas de consulta pública, planes de desarrollo comunitario, planes de desarrollo para gente indígena y planes de reasentamientos se combinan para promover prácticas relevantes y globales de responsabilidad social.
No sabemos si Rio Blanco los contrató para tal fin, pero es muy probable que sí. Esto apunta directamente a lo segundo. Visitando una escueta página web del proyecto Río Blanco, se pueden apreciar varios números colgados de un boletín virtual donde dan cuenta de las acciones realizadas a beneficio de la comunidad desde mucho antes de mayo del 2005 que han dado vida a un Programa de Relaciones Comunitarias bastante avanzado. Estos boletines pueden ser descargados en el siguiente enlace (pdfs).

Sospecho que los inversionistas deben estar viviendo los días más estresantes previos a una gran inversión, teniendo como jugador más importante a su favor al Primer Ministro Jorge del Castillo. Luego de haber obtenido la bendición de firmar un acuerdo de estabilidad tributaria (pdf), las tasas de rentabilidad emergen imponentes y fortalecidas, comenzando por el periodo esperado de recuperación que se prevé en tan sólo cuatro años, y una vida aproximada, en su primera fase, de 20 años. Es decir, 16 años de jugosas de utilidades.

Por eso el argumento más importante para el Estado y para estos inversionistas que vieron el negocio en 1994 es que no molesten las ONGs [ambientalistas]. Llama la atención sin embargo que todos estos pasos se están dando a pesar de que aún no ha sido publicado el EIA esperado. Se supone que debió haber estado listo en diciembre pasado, pero aún no aparece colgado en la web del Ministerio de Energía y Minas.

Por lo pronto, sólo le queda al actual gobierno apostar porque la consulta popular sea un fracaso o que al menos se someta a una consulta no tan focalizada sino más bien a nivel regional o nacional. Eso haría que el JNE se refuerce como jugador por sobre la ONPE. No obstante, una encuesta realizada por CPI nos da indicios de que seguir este camino no necesariamente significaría que la población de Huancabamba salga perdiendo en su determinación por rechazar la minería en su territorio.

No sé que pasaría si se elevara la consulta al nivel nacional. Es muy probable que el actual gobierno no sospeche que el rechazo a la minería sea bastante importante por los diversos conflictos que se anidan a lo largo y ancho del país y la percepción de la desigualdad en la redistribución de los beneficios en amplios sectores de la sociedad. Quizá resulte que el número de votos que digan no a la minería sea mayor al obtenido por el propio Alan García para salir elegido Presidente.

Claro que ellos siempre tendrán como principal plaza y contrapeso a ganar a la población electoral de Lima. ¿Alguna encuestadora ha explorado que piensa Lima de la inversión minera en nuestro país?

Con todo, los resultados de una consulta popular como esta no tendría el impacto que la consulta de Tambogrande tuvo. Esto es así porque la empresa es de reciente creación y aunque la expectativa es grande, todavía su cotización no es tan importante como para que pierda mucho en el camino de implementación del negocio.

Una vez que pase la marea de la consulta, es probable que esta se convierta en sólo un elemento más de la negociación de la inversión a fin de asegurarles todos los beneficios futuros y posibles a Monterrico Metals plc a costa del Estado peruano y la sociedad peruana.

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